El asesinato de un menor durante un violento robo expone el colapso de la estrategia de seguridad del gobierno ultraderechista, mientras crecen las demandas de militarización y endurecimiento penal.
La inseguridad en Chile volvió a sacudir a la opinión pública tras la muerte de un niño de 12 años durante una violenta “encerrona” en el municipio de San Bernardo, al sur de Santiago. El menor viajaba con su padre y su tía cuando delincuentes interceptaron el vehículo para robarlo, en un hecho que terminó en tragedia.
De acuerdo con los reportes, la familia fue obligada a descender del automóvil, pero el menor quedó atrapado entre el cinturón de seguridad y la vía, siendo arrastrado por los asaltantes durante aproximadamente tres kilómetros antes de ser abandonado. Horas más tarde, autoridades informaron la detención de tres presuntos responsables, dos de ellos adolescentes.
El crimen provocó una ola de indignación en un país donde la percepción de inseguridad se ha convertido en la principal preocupación ciudadana. Casos como este reavivan el debate sobre el aumento de la violencia y el avance del crimen organizado, fenómeno que sectores políticos reconocen como fuera de control.
El impacto político fue inmediato. A solo meses de iniciado su mandato, el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, que basó su campaña en el combate frontal a la delincuencia, enfrenta crecientes críticas por lo que ya se califica como un fracaso en su estrategia de seguridad. La respuesta oficial no logró contener el malestar social.
El propio ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reconoció el alcance de la crisis al admitir que “el Estado falló” en su deber de garantizar la integridad de las personas. Sin embargo, su declaración contrastó con la exigencia de justicia y la promesa de mano dura contra los responsables del crimen.
En paralelo, autoridades locales como el alcalde de San Bernardo, Christopher White, exigieron la intervención del Ejército en tareas de patrullaje urbano, argumentando que la policía ha sido rebasada. La propuesta ha sido respaldada por sectores oficialistas y de oposición, reflejando la presión política ante el deterioro de la seguridad.
Mientras tanto, en el Congreso se impulsa endurecer las leyes, incluida la reducción de la edad de imputabilidad penal a los 12 años. No obstante, expertos advierten que estas medidas no frenan la criminalidad y podrían profundizar el problema al exponer a menores a entornos carcelarios vinculados al crimen organizado.
El caso del menor asesinado en San Bernardo se suma a otros episodios similares ocurridos en años recientes y evidencia un escenario donde la violencia urbana sigue escalando sin respuestas estructurales claras, mientras el gobierno de Kast enfrenta crecientes cuestionamientos por su incapacidad para contener la crisis.
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