La Fiscalía acusa al exsecretario de Administración del IPN de otorgar contratos por más de 11 millones de pesos a una empresa catalogada como facturera por el SAT.
Un nuevo caso de presunta corrupción en instituciones públicas salió a la luz luego de que una juez federal vinculara a proceso a Javier Tapia Santoyo, exsecretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones, conductas que podrían alcanzar penas de hasta 18 años de prisión.
La decisión fue tomada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. No obstante, la juzgadora rechazó imponer prisión preventiva, al considerar que la Fiscalía no acreditó riesgos suficientes de fuga o amenazas a la investigación.
En su lugar, el exfuncionario deberá entregar su pasaporte y visa, no podrá salir del país y tendrá que firmar periódicamente ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), Tapia Santoyo habría autorizado tres contratos por alrededor de 11 millones de pesos a la empresa Interacción Biomédica, una compañía que fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la lista de empresas “fachada” o factureras.
Los hechos se remontan a cuando el ahora imputado se desempeñaba como tesorero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En el mismo caso también fueron vinculados a proceso Roberto Alberto Rodríguez Briseño y María Dolores Arellano Semas, exsubdirector médico y exfuncionaria de finanzas del hospital, quienes enfrentan las mismas medidas cautelares.
Cabe recordar que desde noviembre de 2025, el Instituto Politécnico Nacional informó sobre la suspensión temporal de Tapia Santoyo, luego de recibir la instrucción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para investigarlo por posible desvío de recursos y enriquecimiento oculto, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La investigación complementaria tendrá un plazo de cuatro meses, periodo en el que la FGR y la defensa deberán reunir pruebas para determinar la responsabilidad del exfuncionario en el presunto esquema de contratos irregulares con empresas fantasma.
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