Activistas en Estados Unidos denuncian que detrás del endurecimiento migratorio y las deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump, dos empresas privadas, CoreCivic y Geo Group, son las grandes beneficiadas al gestionar, construir y operar prisiones para migrantes, de acuerdo con una investigación de Claudia Arellano para La Razón.
Según la investigación, Michael, empleado de logística en CoreCivic, aseguró que cerca del 90% de los migrantes arrestados por las autoridades están recluidos en estos centros, y se preparan al menos nueve nuevas prisiones para sostener el programa de deportaciones.
Concha Walker, activista y periodista, señaló que en seis meses se han detenido más de 150 mil migrantes, lo que ha obligado a ampliar la capacidad carcelaria, mientras las empresas privadas aumentan sus ganancias gracias a contratos millonarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En entrevista para La Razón, el abogado Enrique Zavala destacó que la reapertura del centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey, bajo contrato por mil millones de dólares con Geo Group, ha sido rechazada por comunidades migrantes y autoridades locales. Además, CoreCivic planea reabrir otro centro en Texas, con costos aproximados de 165 dólares diarios por migrante recluido.
La denuncia refleja la profunda crisis humanitaria y el negocio lucrativo que ha surgido alrededor de la política migratoria estadounidense, en un contexto de protestas y creciente rechazo a estas prácticas.
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