El Tribunal de Disciplina Judicial acreditó conductas misóginas, acoso sexual y abuso de poder dentro de la Unidad de Notificadores de Tribunales Colegiados.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) sancionó a 16 funcionarios adscritos a la Ciudad de México por violencia laboral y acoso, tras una investigación encabezada por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) a través de su Comisión de Disciplina. Entre los responsables se encuentran dos jefes de la Unidad de Notificadores y 14 auxiliares de actuarios de la Unidad de Notificadores Común de Tribunales Colegiados de Circuito.
De acuerdo con el TDJ, 13 servidores públicos recibieron suspensiones de entre 30 y 90 días, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por periodos que van de tres meses a un año. En tanto, otros tres funcionarios fueron destituidos por causas previstas en la ley, derivadas de la gravedad de las conductas acreditadas.
El magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, afirmó que en el PJF “no hay intocables” y que se aplicará todo el peso de la ley, sin importar el cargo de quienes infrinjan la norma. La resolución se sustentó en pruebas documentales y testimoniales presentadas por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Durante la sesión, se acreditó que los sancionados ejercían de forma reiterada violencia laboral contra personal subordinado y compañeros, mediante lenguaje altisonante, amenazas, intimidaciones y comportamientos agresivos. El expediente también contiene constancias de conductas misóginas y de connotación sexual no consentida, incluyendo contacto físico indebido, que vulneraron la esfera íntima de las víctimas.
Asimismo, se comprobó acoso laboral sistemático, como grabaciones, fotografías, seguimiento y vigilancia sin consentimiento, incluso hacia un superior jerárquico. En un caso específico, se acreditó acoso sexual reiterado, con comentarios y acercamientos físicos no consentidos, generando un entorno laboral hostil. También se documentó el uso indebido de personas externas para realizar notificaciones, desacato a órdenes y la asistencia al trabajo en condiciones inaceptables para el servicio público.
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