La Fiscalía de Nuevo León acusa al empresario inmobiliario de operar un esquema que provocó pérdidas superiores a los 100 millones de pesos; inversionistas exigen ampliar las investigaciones.
Después de casi un año de denuncias y señalamientos, autoridades detuvieron en Querétaro a Alejandro “N”, propietario de la desarrolladora inmobiliaria Tamayo Capital, por su presunta responsabilidad en un fraude que habría afectado a más de 60 inversionistas, entre ellos empresarios de Nuevo León. La captura fue realizada en el sector Bosques del Acueducto, como parte de una investigación encabezada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
De acuerdo con las autoridades, el empresario es señalado por el delito de fraude, luego de que presuntamente utilizara la firma inmobiliaria para captar recursos de inversionistas que entregaron distintas cantidades de dinero bajo promesas de rendimientos y proyectos inmobiliarios que nunca se concretaron. La Fiscalía de Querétaro confirmó que el operativo se realizó en coordinación con detectives investigadores de Nuevo León.
Las denuncias contra Tamayo Capital crecieron durante los últimos meses, luego de que representantes de las víctimas revelaran que el daño patrimonial supera los 100 millones de pesos. Los afectados también acusaron que la empresa habría seguido operando bajo otro nombre e incluso en otras entidades del país, pese a las investigaciones abiertas y los señalamientos públicos.
Además del empresario detenido, inversionistas afectados exigieron que las autoridades amplíen el alcance de las indagatorias hacia notarías públicas presuntamente involucradas en la operación de los contratos y movimientos financieros relacionados con la inmobiliaria. Entre las señaladas se encuentran las notarías 37, 147 y 3, mencionadas por las víctimas desde principios de año.
El caso tomó mayor relevancia el pasado 6 de marzo de 2025, cuando agentes ministeriales catearon oficinas de Tamayo Capital. Durante el operativo fueron detenidas seis personas y asegurados equipos de cómputo, teléfonos celulares, documentos, identificaciones y diversa papelería que ahora forma parte de la carpeta de investigación. Las autoridades buscan determinar el alcance total del presunto esquema fraudulento y deslindar responsabilidades.
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