Mientras Chihuahua enfrenta violencia e inseguridad, funcionarios ligados al proyecto Centinela fueron captados en reuniones con snacks de lujo dentro de la polémica torre señalada por opacidad, sobrecostos y vínculos con agencias extranjeras.
La llamada Plataforma Centinela de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Esta vez no por resultados en seguridad, sino por imágenes y señalamientos sobre las cómodas “reuniones de trabajo” realizadas en la Torre Centinela, donde funcionarios estatales y presuntos agentes extranjeros habrían compartido encuentros rodeados de comida, botanas y lujos pagados con recursos públicos.
Las críticas crecieron luego de que circularan imágenes de estas reuniones en las instalaciones del megaproyecto de seguridad valuado en más de 4 mil 710 millones de pesos, contrato entregado a la empresa Seguritech Privada bajo un esquema que ha sido señalado por opacidad y adjudicación directa. “Hay que tratar bien a la CIA para que no sufra de hambre”, ironizaron usuarios en redes sociales al observar las escenas dentro de la Torre Centinela.
De acuerdo con una investigación de Zona Free, la Plataforma Centinela no sólo representa uno de los mayores gastos del sexenio de Maru Campos, sino también un modelo de presunta corrupción protegido desde la Auditoría Superior del Estado. El medio reveló que el auditor Héctor Acosta Félix habría entregado un informe prácticamente testado, con 25 de 27 páginas censuradas, encubriendo irregularidades relacionadas con retrasos, pagos excesivos y multas jamás cobradas a Seguritech.
Según la documentación expuesta, el gobierno estatal dejó pasar sanciones por más de 98 millones de pesos pese a incumplimientos detectados desde 2023 en cámaras de vigilancia, arcos carreteros, subcentros y hasta en la propia construcción de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, la cual acumula más de dos años de retraso. Aun así, el estado continuó pagando cerca de 204 millones de pesos trimestrales a la empresa beneficiada.
La investigación también advierte que dentro del piso 18 de la Torre Centinela se pretende instalar personal de agencias estadounidenses como la DEA, FBI, CBP y ATF, tras acuerdos firmados entre Maru Campos y el gobernador texano Greg Abbott para frenar el flujo migratorio. Esto habría derivado incluso en el intercambio ilegal de datos biométricos obtenidos mediante videovigilancia en Chihuahua.
Mientras el gobierno panista presume tecnología de “vanguardia”, las denuncias apuntan a que la Torre Centinela terminó convertida en un símbolo de derroche, opacidad y presunta subordinación extranjera. Para muchos chihuahuenses, la pregunta ya no es si la plataforma funciona, sino quién está vigilando realmente a quienes manejan los miles de millones destinados a la seguridad pública.
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