Ricardo Fernández Acosta, subsecretario de Seguridad y encargado del sistema penitenciario de Chihuahua, figura como socio y administrador de una empresa sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con una red financiera del Cártel de Sinaloa.
El gobierno de Maru Campos vuelve a quedar bajo la lupa. Ahora, uno de sus funcionarios más cercanos en materia de seguridad, Ricardo Fernández Acosta, fue exhibido como socio de una empresa vinculada por autoridades estadounidenses a operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información de Julieta Cruz y Angélica Vázquez para El Universal.
Se trata de la empresa Grupo Especial Mamba Negra, sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, la compañía estaría conectada con una red encabezada por Alfredo Orozco Romero, identificado como operador financiero ligado al cártel. Documentos del Registro Público de Comercio revelan que Fernández Acosta aparece como socio desde febrero de 2022 y llegó incluso a presidir el Consejo de Gerentes de la empresa, con facultades para administrar y dirigir sus operaciones.
El funcionario estatal intentó deslindarse con una explicación que terminó generando más dudas que respuestas. “Me estafaron”, aseguró en entrevista, argumentando que pensó que se trataba únicamente de una empresa de seguridad privada. También afirmó que intentó salir de la sociedad, aunque reconoció haber fungido como representante legal de la compañía y dijo no saber que aún aparece oficialmente como socio. Todo muy conveniente: encargado de las cárceles estatales, pero supuestamente sin enterarse de con quién hacía negocios.
La situación se agrava porque Fernández Acosta no reportó esta ni otras empresas en sus declaraciones patrimoniales, pese a que registros oficiales lo vinculan con al menos cuatro sociedades adicionales. Además, en su declaración de 2025 aparecieron ingresos superiores a 190 millones de pesos atribuidos a su cargo público, cifra que después justificó diciendo que fue “un error de la secretaria”. Sí, claro: casi 200 millones de pesos “por accidente”.
El historial del funcionario muestra que ha ocupado cargos estratégicos en seguridad desde gobiernos anteriores, pero fue durante la administración de Maru Campos cuando tomó mayor relevancia dentro de la estructura estatal. Actualmente se desempeña como encargado del Sistema Penitenciario de Chihuahua bajo las órdenes del secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez.
El escándalo golpea nuevamente a la administración panista, justo cuando crecen los cuestionamientos por la relación de funcionarios estatales con agencias estadounidenses y por el manejo de la seguridad en Chihuahua. Mientras el gobierno de Maru Campos presume estrategias como el Proyecto Centinela, las investigaciones y revelaciones sobre sus colaboradores comienzan a pintar un panorama cada vez más incómodo para Palacio de Gobierno.
Con información de Julieta Cruz y Angélica Vázquez para El Universal
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