Lo que comenzó como una de las “grandes promesas” de modernización para Monterrey, terminó convertido en una mala planeación, decisiones cuestionables y recursos públicos comprometidos sin resultados visibles. Después de cinco años de conflictos, modificaciones y retrasos, el contrato entre Adrián de la Garza y Next Energy “concluyó”.
El alcalde priísta de Monterrey, Adrián de la Garza, fue uno de los principales impulsores de un proyecto valuado en 7 mil 370 millones de pesos, presentado como una promesa que supuestamente generaría ahorros para la ciudad durante años; sin embargo, la realidad fue distinta: lo que se anunció con grandes expectativas nunca reflejó resultados concretos ni beneficios para los ciudadanos.
Monterrey quedó atrapado en un contrato por 30 años, ya que la planta solar proyectada para Cerralvo nunca se construyó. En lugar de energía y ahorros, el proyecto sólo acumuló retrasos, litigios y señalamientos.
La empresa Next Energy, junto con su socio Eólica de Santa Catarina, sólo generó incumplimientos. Cada renegociación sólo fue un intento de rescatar un proyecto fallido en vez de ser una solución verdadera para los regios.
El plan original fue modificado para instalar supuestamente 45 mil paneles solares; sin embargo, reportes señalaron que apenas se colocaron alrededor de 6 mil, evidenciando el incumplimiento de la empresa. El proyecto quedó marcado por la falta de permisos federales, litigios, pagos millonarios y constantes choques políticos.
El caso de Next Energy no se limita a Monterrey, ya que la empresa y sus directivos también han enfrentado problemas legales en otras entidades, como Aguascalientes.
La compañía quedó envuelta en señalamientos por un contrato similar relacionado con proyectos energéticos que tampoco dieron resultados, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y la viabilidad de este tipo de acuerdos.
La polémica se elevó cuando Eugenio Javier Maiz Domene, propietario y principal directivo de Next Energy, fue detenido en diciembre de 2025 por autoridades de Aguascalientes, acusado de fraude relacionado con esos contratos.
Finalmente, el priista De la Garza apostó por un proyecto que nunca funcionó, dejando a Monterrey sin la energía prometida, con recursos públicos comprometidos y sin beneficios tangibles para la ciudadanía. El caso permanece como el recuerdo de un negocio millonario que jamás entregó resultados capaces de justificar un compromiso de tal magnitud con el dinero de los ciudadanos.
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