Organizaciones civiles exigen una investigación inmediata y denuncian presuntas violaciones a derechos humanos tras la captura de un defensor que documentó acciones contra comerciantes en la Zona Rosa.
La polémica por el operativo encabezado por Alessandra Rojo de la Vega en la Zona Rosa continúa creciendo. Diversos colectivos y organizaciones civiles denunciaron la presunta detención arbitraria del activista y defensor de derechos humanos Luis Fernando Luna Olivares, quien días antes documentó y cuestionó públicamente las acciones realizadas por la Alcaldía Cuauhtémoc contra comerciantes de la zona.
De acuerdo con la abogada Diana Guerrero, representante legal del activista, Luna Olivares fue detenido el pasado martes por elementos de la Policía de Investigación (PDI) cuando salía de su domicilio. La defensora aseguró que durante la intervención no se presentó ninguna orden judicial y que los agentes le habrían advertido que se había “metido con alguien muy pesado”, antes de trasladarlo a instalaciones de la Fiscalía capitalina.
La defensa también denunció inconsistencias en la versión oficial. Mientras las autoridades sostienen que el activista fue interceptado tras mostrar una supuesta actitud sospechosa y que portaba una sustancia ilícita, la abogada afirmó que existen registros fotográficos que muestran la presencia de agentes vigilando el domicilio desde horas antes de la detención. Según su versión, el operativo ya estaba preparado y no fue resultado de una revisión fortuita.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos debido a las denuncias realizadas por el propio activista. Durante su asistencia legal, Luna Olivares aseguró que fue presionado para entregar el PIN de su teléfono celular, además de denunciar golpes, lesiones y la imposibilidad de comunicarse con su familia durante varias horas. Estos señalamientos han encendido alertas sobre posibles abusos de autoridad.
La controversia ocurre apenas un día después del enfrentamiento registrado en la calle Génova, donde comerciantes de la asociación PRODIANA acusaron a la alcaldía de romper el diálogo y desplegar un operativo acompañado de elementos de seguridad. Luna Olivares había difundido fotografías y videos de esos hechos, además de publicar mensajes críticos contra la estrategia de reordenamiento impulsada por Rojo de la Vega, a la que calificó como una forma de “limpieza social”.
Ante estos acontecimientos, colectivos ciudadanos exigieron la liberación inmediata de Luis Fernando Luna Olivares, una investigación independiente sobre la actuación de las autoridades involucradas y garantías para la seguridad del activista y su familia. El caso suma un nuevo capítulo a la creciente polémica que rodea la gestión de la alcaldesa de Cuauhtémoc y reabre el debate sobre el respeto a la libertad de expresión y la protesta social en la Ciudad de México.
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