La sanción incluye inhabilitación por 10 años para cuatro exservidores públicos señalados por el uso indebido de recursos destinados a programas alimentarios y de apoyo al campo.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impusieron una sanción histórica de 777.8 millones de pesos e inhabilitación por una década a cuatro exfuncionarios de Segalmex, hoy denominada Alimentación para el Bienestar (AliBien), por irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos federales.
De acuerdo con las investigaciones, los exservidores públicos María G., René G., Miguel C. y Juan R., quienes desempeñaban funciones en áreas de Planeación, Precios de Garantía, Estímulos y Administración y Finanzas, incurrieron en el uso indebido de recursos durante 2019. Las autoridades determinaron que se destinaron fondos del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos operativos y para financiar el Programa de Fertilizantes, contraviniendo la normatividad vigente.
La dependencia federal destacó que esta es una de las sanciones económicas más relevantes derivadas de las acciones emprendidas para combatir la corrupción en el servicio público. Además, informó que otros 23 funcionarios federales fueron sancionados por diversas faltas graves y no graves en instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Entre los casos señalados destaca la inhabilitación de un trabajador de la CFE en Torreón por recibir dinero a cambio de eliminar adeudos de energía eléctrica; así como sanciones a empleados del IMSS, Pemex y el INM por conductas que incluyeron uso indebido de bienes públicos, faltas administrativas, falsificación de documentos y comportamientos contrarios a la normatividad institucional.
La Secretaría Anticorrupción precisó que todas las resoluciones fueron emitidas conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas acreditadas. Asimismo, recordó que las personas sancionadas conservan el derecho de impugnar las resoluciones ante las instancias correspondientes, aunque aseguró que defenderá cada caso con base en las pruebas y procedimientos legales que sustentaron las sanciones.
Con estas acciones, el Gobierno de México reafirmó su estrategia de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad cometida por servidores públicos a través de los mecanismos oficiales. La dependencia sostuvo que el fortalecimiento de la ética y la legalidad es fundamental para consolidar la confianza de la población en las instituciones del Estado.
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