Las sanciones del INE y los embargos laborales siguen vaciando las arcas del tricolor, que ahora ve cómo buena parte de su financiamiento público se destina a pagar sus propios adeudos.
Al PRI en Hidalgo ya no solo le cuesta trabajo ganar elecciones, ahora también batalla para mantener a flote sus finanzas. El partido acumula 17 millones 279 mil 918 pesos en multas y embargos, una cifra que refleja años de irregularidades administrativas, problemas de fiscalización y conflictos laborales. Mientras presume ser una opción política, el tricolor destina buena parte de sus prerrogativas a cubrir deudas en lugar de fortalecer su estructura.
Del monto total, 16 millones 734 mil pesos corresponden a cinco sanciones firmes impuestas por irregularidades detectadas en procesos electorales y en la revisión de los informes anuales de 2019, 2022 y 2023. Entre ellas destacan 2.4 millones de pesos por anomalías en la elección local de 2024, además de multas por 6.3 millones y 7.6 millones de pesos derivadas de observaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Incluso, el partido fue sancionado por omitir comprobantes fiscales durante la fiscalización.
Como si el panorama no fuera suficiente, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) deberá descontar de manera gradual estas cantidades de las prerrogativas que recibe el PRI, pues las resoluciones ya quedaron firmes. En otras palabras, el financiamiento público del partido terminará sirviendo para pagar los errores acumulados durante años. Parece que el viejo lema de “vivir del presupuesto” ahora viene acompañado de una larga lista de adeudos.
El tricolor también enfrenta dos embargos derivados de laudos laborales. Uno ordena retener 85 mil 116 pesos a favor de un extrabajador, mientras que otro asciende a 460 mil 685 pesos, aunque por ahora solo podrán descontarse 149 mil 283 pesos, debido a que primero deben cubrirse las multas y los salarios del personal. Los embargos aún pueden ser impugnados, pero evidencian que los problemas financieros del partido van mucho más allá de las campañas electorales.
Por si faltara otro dolor de cabeza, el PRI y el PT impugnaron la redistribución de prerrogativas aprobada por el IEEH para financiar a nuevos partidos políticos. Sin embargo, con un historial de multas millonarias y recursos comprometidos, el reclamo del tricolor resulta difícil de vender: antes de exigir más dinero público, quizá debería explicar por qué terminó convirtiendo sus prerrogativas en una caja para pagar sanciones. Al PRI de Hidalgo no solo le pesan los años; también le pesan las cuentas por pagar.
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