El exgobernador de Baja California permanecerá en el penal del Altiplano mientras avanza la investigación por un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos que involucra millones de litros de combustible.
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso por un juez federal por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, derivados de una investigación sobre una red de huachicol fiscal. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la misma resolución contra otras siete personas señaladas de formar parte del esquema de tráfico ilegal de combustibles.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados fueron detenidos tras un operativo encabezado por el Gabinete de Seguridad, resultado de una indagatoria sobre presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de hidrocarburos. Luego de varias jornadas de audiencia y la presentación de cerca de un centenar de pruebas por parte de la FGR, el juez determinó iniciar el proceso penal en su contra.
Ruffo Appel, junto con otros implicados, permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, mientras continúa el proceso judicial. Otros acusados obtuvieron prisión domiciliaria por razones de salud, mientras que una de las imputadas seguirá su proceso en el penal de Nezahualcóyotl Sur.
Las autoridades señalan que el exmandatario panista es accionista mayoritario de la empresa Ingemar, firma que presuntamente estaría relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila. Además, la compañía también es investigada por otros aseguramientos de aproximadamente 7 millones de litros de combustible en Tamaulipas. Antes de su captura, Ruffo sostuvo que su empresa únicamente realizaba trámites logísticos y aduanales para la importación de combustibles.
El llamado huachicol fiscal consiste en introducir combustible al país mediante documentación falsa o declaraciones irregulares para evadir el pago de impuestos.
En muchos casos, los cargamentos son declarados como aceites u otros productos distintos a los hidrocarburos, lo que permite su ingreso ilegal y posterior comercialización en el mercado nacional o clandestino.
Las investigaciones federales apuntan a que este mecanismo ha sido utilizado por redes dedicadas al contrabando de combustibles, generando millonarias pérdidas al erario y fortaleciendo estructuras del crimen organizado.
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