El gobierno de Abelardo de la Espriella ha autorizado las operaciones militares conjuntas con Estados Unidos bajo el argumento de combatir al narcotráfico. La decisión acerca a Colombia a una estrategia de seguridad que concede a Washington un papel directo en operaciones dentro del territorio colombiano, lo que plantea dudas sobre su soberanía y autonomía nacional.
El gobierno de Abelardo de la Espriella ha decidido estrechar su alianza con Estados Unidos hasta un punto particularmente delicado: Colombia autorizó operaciones militares conjuntas con fuerzas estadounidenses para combatir al narcotráfico y al llamado “narcoterrorismo”. La decisión fue anunciada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que Colombia se convertirá en el miembro número 19 de la Coalición contra los Carteles de las Américas. Más que una simple cooperación diplomática, se trata de una medida que abre la puerta a una participación militar directa de Washington en territorio colombiano.
La gravedad del anuncio está precisamente en que el gobierno colombiano parece dispuesto a convertir la lucha contra el crimen organizado en argumento para ampliar la presencia y capacidad de acción de Estados Unidos dentro de sus propias fronteras. De acuerdo con lo informado, Colombia solicitó al Departamento de Guerra estadounidense participar junto con sus fuerzas en operaciones contra organizaciones criminales. La soberanía no debería tratarse como una ficha de intercambio en una estrategia de seguridad, mucho menos cuando la potencia extranjera que recibe mayores facultades militares es Estados Unidos, un país con una larga historia de intervenciones en América Latina.
La decisión además encaja con el giro político de De la Espriella, quien desde su llegada al poder ha planteado una política de confrontación frontal contra los grupos armados y ha descartado negociaciones de paz. A esto se suma el anuncio estadounidense de una ayuda de 1.000 millones de dólares para seguridad en Colombia. Resulta difícil no advertir el peligro de que la dependencia financiera y militar termine transformándose también en dependencia estratégica: mientras Washington aporta recursos y capacidades, el gobierno colombiano corre el riesgo de ceder cada vez más espacio para que Estados Unidos determine cómo y dónde se libra la guerra contra el narcotráfico.
Combatir al narcotráfico y a las organizaciones criminales es, por supuesto, una obligación del Estado colombiano, pero delegar o compartir crecientemente esa responsabilidad con una potencia extranjera no debería presentarse como un triunfo sin consecuencias. La administración de De la Espriella está apostando por una fórmula que puede fortalecer temporalmente su capacidad militar, pero que también normaliza una presencia estadounidense mucho más profunda en Colombia. Bajo la bandera de la seguridad, el gobierno colombiano está abriendo las puertas a un intervencionismo que históricamente América Latina ha pagado muy caro.
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