Etiqueta: Abelardo de la Espriella

  • Colombia repudia video de De la Espriella entre cadáveres

    Colombia repudia video de De la Espriella entre cadáveres

    El presidente colombiano generó una ola de indignación al difundir imágenes caminando entre cuerpos de disidentes abatidos.

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, difundió un video que muestra los resultados de la Operación Azarías, ejecutada el 30 de agosto en Guaviare contra el Frente Carolina Ramírez. En el material aparece el mandatario acompañado por la cúpula militar y policial mientras camina junto a varios cuerpos colocados sobre el suelo y cubiertos con sábanas.

    La operación dejó un saldo de 23 integrantes del grupo armado muertos y seis capturados, entre ellos alias Tigre o Pintado, señalado como cabecilla de la estructura disidente. Sin embargo, la controversia no giró en torno al resultado militar, sino a la manera en que el Gobierno decidió mostrarlo.

    Las imágenes generaron un rechazo inmediato entre distintos sectores políticos del país. El congresista Daniel Monroy calificó la escena como una de las más extrañas vistas en la política colombiana y acusó al mandatario de invocar a Dios para justificar lo que llamó un espectáculo innecesario.

    La senadora Alejandra Omaña fue todavía más contundente en su crítica pública. Aseguró que alguien organizó los cuerpos en filas para que el presidente caminara entre ellos ante las cámaras.

    El expresidente Gustavo Petro también cuestionó duramente la publicación a través de redes sociales. Comparó la conducta del mandatario con las prácticas de grupos criminales que exhiben a sus víctimas como trofeos de guerra.

    El senador Ariel Ávila coincidió en que exhibir cadáveres no fortalece la imagen de un gobernante. Advirtió que esa estrategia tampoco mejora su capacidad como estratega político ni su respaldo popular.

    Analistas señalaron además que la secuencia combina el recorrido presidencial con tomas aéreas del bombardeo. Ese formato recuerda al empleado por Donald Trump en sus ataques contra embarcaciones señaladas como parte del narcotráfico.

    Desde la Presidencia, De la Espriella defendió la publicación como una muestra de los resultados obtenidos contra grupos armados ilegales. El mandatario insistió en que la operación representa un golpe contundente contra las disidencias de las FARC.

    Pese a esa justificación, buena parte de la opinión pública considera que exhibir cuerpos vulnera la dignidad de las víctimas. La discusión abre un debate más amplio sobre los límites éticos en la comunicación oficial de los gobiernos.

  • Mauricio Tobón: de llamar “zurdos de mierda” a Sheinbaum a la embajada en México

    Mauricio Tobón: de llamar “zurdos de mierda” a Sheinbaum a la embajada en México

    Mauricio Tobón fue designado por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, pese a su escasa experiencia diplomática y a sus ataques contra Claudia Sheinbaum y otros gobiernos progresistas.

    Mauricio Tobón fue designado embajador de Colombia en México, pero llegaría al cargo rodeado de polémica por su discurso de ultraderecha y sus constantes ataques contra dirigentes de izquierda. En abril pasado llamó “zurdos de mierda” a Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Sánchez y otros líderes progresistas, en un mensaje publicado en redes sociales.

    El nombramiento resulta cuestionable porque Tobón tiene una trayectoria principalmente empresarial y política, pero poca experiencia en diplomacia. Fue concejal de Medellín y aspiró sin éxito en dos ocasiones a la gubernatura de Antioquia; en 2023 obtuvo apenas 2.15% de los votos con una campaña que incluso planteaba la independencia de ese departamento.

    Su postura política tampoco parece la más adecuada para representar a Colombia ante un gobierno mexicano con el que existen importantes vínculos diplomáticos. Tobón se ha declarado abiertamente de derecha, ha atacado a gobiernos y medios de izquierda, cuestiona la Agenda 2030 y sostiene discursos contra el llamado “globalismo”, mientras admira públicamente a figuras de la ultraderecha como Donald Trump, Javier Milei y Santiago Abascal.

    Tobón aún no cuenta con el beneplácito de la Cancillería mexicana y ha generado inconformidad entre colombianos residentes en México por realizar reuniones con simpatizantes de De la Espriella y excluir a otros representantes de la comunidad. Así, el nuevo gobierno colombiano de derecha  parece apostar por un “vendedor” político antes que por un diplomático capaz de tender puentes, justo cuando la relación con México requiere diálogo y no confrontación ideológica.

  • De la Espriella está silenciando a la prensa crítica en Colombia

    De la Espriella está silenciando a la prensa crítica en Colombia

    A menos de un mes de asumir el poder, el gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta señalamientos por restringir el acceso a información pública, centralizar la comunicación oficial y mantener una relación hostil con periodistas y medios críticos, un patrón que organizaciones de libertad de prensa consideran preocupante.

    A menos de un mes de haber tomado posesión, el gobierno de Abelardo de la Espriella acumula cuestionamientos por lo que organizaciones periodísticas califican como una creciente hostilidad contra la prensa independiente. Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Sindicato Colombiano de Periodistas (Síncope) han advertido sobre decisiones judiciales y administrativas que, desde su perspectiva, pueden terminar intimidando, restringiendo o condicionando el trabajo de los medios.

    El antecedente no es menor. La FLIP documentó 109 denuncias por injuria y calumnia presentadas por De la Espriella contra periodistas y medios entre 2008 y 2019, la mayoría archivadas por falta de pruebas. RSF llegó a describirlo como “el tigre del lawfare”, al señalar un patrón de litigios que, según la organización, puede generar presión económica y favorecer la autocensura. Ya como presidente, además, un tribunal de Bogotá le ordenó retractarse públicamente por comentarios de connotación sexual dirigidos contra la periodista Laura Rodríguez, mientras otras comunicadoras, como María Lucía Fernández y Camila Zuluaga, también han sido blanco de sus ataques.

    La tensión alcanzó un punto particularmente delicado después del terremoto del 10 de agosto, que dejó 281 muertos, 3 mil 971 heridos y 348 desaparecidos. El gobierno restringió el acceso a la plataforma de evaluación situacional en tiempo real de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, decisión que Síncope calificó como “el primer acto de censura” de la nueva administración. Cabe recalcar que esta restricción ocurrió precisamente durante una emergencia en la que la ciudadanía necesitaba información pública para conocer la situación de sus comunidades y familiares.

    El cerco también alcanzó a los medios de comunicación. El 31 de agosto, el programa Mañanas Blu 10:30, conducido por Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo, salió abruptamente del aire. Caracol Televisión atribuyó la decisión a problemas de audiencia y dificultades con anunciantes, mientras que La Silla Vacía publicó versiones de fuentes cercanas a la decisión que apuntaron a señales de incomodidad del gobierno con el contenido del espacio. La coincidencia temporal con un encuentro entre De la Espriella y el empresario Alejandro Santo Domingo, propietario del canal, alimentó todavía más las dudas sobre el contexto de la salida.

    A esto se sumó la controversia por las 20 Emisoras de Paz, creadas como parte del Acuerdo Final de Paz. El senador Iván Cepeda anunció una acción de tutela contra el MinTIC e Inravisión por la suspensión de estas estaciones, argumentando que la medida vulneraría los derechos a la información, la libertad de expresión y la paz. Mientras tanto, el 3 de septiembre, la Presidencia oficializó una directiva que obliga a ministros y altos funcionarios a consultar y coordinar con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa antes de conceder entrevistas o emitir declaraciones a medios.

    La medida de comunicación, vigente durante los cuatro años del mandato, supone una concentración inédita de la vocería gubernamental: las declaraciones de los funcionarios quedan sujetas a una instancia central antes de llegar a la prensa. Para sus críticos, esto reduce el acceso directo a las fuentes oficiales y facilita que el gobierno controle qué mensaje sale, quién lo transmite y bajo qué condiciones.

    El contexto regional tampoco es menor. RSF ya había advertido en mayo sobre un incremento de la hostilidad hacia la prensa entre gobiernos latinoamericanos cercanos a Donald Trump, señalando entre otros casos al gobierno de Javier Milei. Colombia ocupa actualmente el puesto 102 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, por lo que las nuevas restricciones generan preocupación sobre un posible deterioro adicional.

    El problema, por tanto, va mucho más allá de las diferencias personales entre De la Espriella y determinados periodistas. Litigios contra comunicadores, restricciones a información pública durante una emergencia, desaparición de espacios críticos y una vocería oficial sometida a control centralizado conforman un conjunto de decisiones que sus críticos consideran incompatible con una prensa verdaderamente libre e independiente. 

    ¿Cuánto espacio quedará para que el periodismo colombiano cuestione al poder sin enfrentar represalias judiciales, económicas o administrativas?

  • De la Espriella elimina las APPA y de la nada “aparecen incendios forestales” 

    De la Espriella elimina las APPA y de la nada “aparecen incendios forestales” 

    En Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó derogar las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), para proteger territorios frente a actividades como la minería y la expansión urbana. Y, prácticamente de la nada, comenzaron a aparecer incendios forestales en distintos municipios del Tolima, varios de ellos en zonas que coinciden con territorios con intereses mineros.

    Las APPA no son una “ley” que haya desaparecido de un plumazo, sino una figura creada en 2023 mediante el artículo 32 de la Ley 2294, que para mayo de 2026 protegía más de 864 mil hectáreas en 48 municipios. Apenas llegó al poder, De la Espriella instruyó a su ministro de Agricultura para derogar las resoluciones que las establecieron, bajo el argumento de eliminar restricciones al uso productivo de la tierra y recuperar la confianza de productores e inversionistas. El problema es que hasta su propia cartera advirtió que la medida podría significar un retroceso en el derecho humano a la alimentación y en la protección de los derechos campesinos.

    La decisión adquiere una dimensión todavía más delicada ante los incendios forestales registrados en municipios del Tolima como Alvarado, Villahermosa, Rovira, Chaparral y Coyaima. El gobierno los atribuye a disidencias de las FARC y redes de minería ilegal que buscarían generar caos, pero el senador Kevin Gómez Paz sostiene otra hipótesis: denunció que varios de los terrenos afectados coincidirían con zonas APPA, Zonas de Reserva Campesina y predios con solicitudes de títulos mineros. En el departamento existen, según su denuncia, 655 solicitudes mineras que abarcan unas 767 mil hectáreas, además de otras 374 mil hectáreas bajo interés relacionado con el fracking.

    La acusación más grave es que el fuego podría terminar convirtiéndose en una herramienta de despojo: incendiar tierras protegidas, modificar las condiciones del suelo y posteriormente abrirlas a otros intereses económicos. Gómez Paz pidió congelar la entrega de títulos mineros sobre los predios incendiados, mientras análisis que han cruzado información oficial de minería, imágenes satelitales de la NASA y cobertura terrestre han encontrado coincidencias geográficas entre áreas bajo presión extractiva y zonas donde se detectaron anomalías térmicas. El gobierno de De la Espriella debería responder con absoluta transparencia, especialmente después de haber decidido desmontar las protecciones territoriales.

    Si el gobierno elimina las barreras que protegían tierras agrícolas y, al mismo tiempo, aparecen incendios en territorios sometidos a presión minera, lo mínimo exigible es una investigación antes de permitir que esos terrenos terminen convertidos en mercancía. No basta con invocar “inversión” y “productividad” mientras se debilitan mecanismos destinados a garantizar la producción de alimentos y proteger al campesinado. 

  • De la Espriella ofrece disculpas tras violar la laicidad del Estado… ¡Para violarla de nuevo!

    De la Espriella ofrece disculpas tras violar la laicidad del Estado… ¡Para violarla de nuevo!

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofreció disculpas públicas tras ser obligado por un juez a reconocer que vulneró la neutralidad religiosa del Estado durante su investidura. Sin embargo, ¡el mandatario volvió a cerrar su mensaje con una expresión religiosa! Lo que reaviva las críticas sobre la indebida mezcla entre sus creencias personales y el ejercicio de la Presidencia.

    De la Espriella tuvo que ofrecer disculpas públicas luego de que un juez determinara que su ceremonia de investidura vulneró el principio de neutralidad religiosa establecido por la Constitución colombiana. El acto presidencial incluyó cánticos, oraciones y la participación de representantes católicos, evangélicos y judíos, además de una imagen de la Virgen de Fátima.

    El problema no está en que el presidente tenga una religión ni en que practique su fe en su vida personal. El punto es que cuando actúa como jefe de Estado representa a todos los colombianos, incluidos quienes profesan otras religiones o no tienen ninguna. Utilizar una ceremonia oficial para proyectar una identidad religiosa particular desdibuja precisamente la separación que debe existir entre el Estado y las iglesias.

    Y aunque De la Espriella reconoció que su actuación pudo generar incomodidad y aseguró respetar la separación entre Iglesia y Estado, terminó su mensaje con un “¡Qué viva Cristo!” y pidió que Dios bendiga a Colombia. La contradicción resulta difícil de ignorar: después de recibir una orden judicial por vulnerar la neutralidad religiosa, el presidente vuelve a colocar su credo personal en el centro de un pronunciamiento institucional.

    La libertad religiosa protege al ciudadano y también al mandatario, pero la Presidencia no es un púlpito ni el Estado pertenece a una confesión. Si De la Espriella quiere ejercer libremente su fe, está en todo su derecho; lo que no debería hacer es convertirla en un componente de los actos oficiales. En un Estado laico, el presidente debe gobernar para creyentes de todas las religiones y para quienes no creen, sin hacer de sus convicciones personales una bandera institucional.

  • Colombia bajo el signo del “milagro”: así es el plan oculto de De la Espriella

    Colombia bajo el signo del “milagro”: así es el plan oculto de De la Espriella

    Un documento filtrado del DNP revela que el nuevo gobierno colombiano prioriza banderas ideológicas sobre criterios técnicos.

    Una presentación interna filtrada este jueves encendió la polémica en Colombia. El documento, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, se titula “El ciclo del milagro”.

    En sus primeras semanas de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella ha marcado un rumbo claro. Sus prioridades apuntan más al fanatismo ideológico y religioso que a la preparación técnica.

    El material filtrado detalla siete ejes para construir lo que De la Espriella llama la “patria milagro”. Cada uno lleva el nombre de un “milagro” distinto, con metas muy específicas.

    El primero, llamado “milagro de la vida”, plantea revertir el derecho al aborto en el país. También busca cadena perpetua para quienes cometan violación contra menores de edad.

    Después aparece el “milagro del amor”, con propuestas que han generado fuerte rechazo en varios sectores. Este eje busca prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

    Además, plantea legalizar el porte de armas para el ciudadano considerado “decente” por el gobierno. Incluye también la fumigación aérea de 330 mil hectáreas de cultivos de coca.

    Por su parte, el “milagro de servir” se enfoca en la estructura del Estado y las finanzas públicas. Propone reducir el número de ministerios de 19 a solo 13.

    Ese mismo eje contempla un ajuste fiscal de 70 billones de pesos. La meta busca equilibrar las cuentas públicas en medio de un panorama económico exigente.

    Analistas y organizaciones sociales advierten sobre el contraste entre los anuncios públicos y estos documentos internos. Por ahora, el gobierno no ha confirmado oficialmente el contenido completo del material.

  • Petro exige justicia contra Negre y Cerimedo

    Petro exige justicia contra Negre y Cerimedo

    Colombia vive un nuevo capítulo de tensión política. El expresidente Gustavo Petro denunció una presunta red de manipulación electoral y pidió acciones penales contra dos figuras clave de la ultraderecha.

    Gustavo Petro encendió la conversación política en Colombia con una denuncia contundente. El exmandatario acusó a Fernando Cerimedo y Javier Negre de participar en una supuesta manipulación de las elecciones presidenciales de este año.

    El colombiano exigió abrir una investigación penal contra ambos. Según explicó, buscan aclarar su nivel de responsabilidad en los comicios que definieron al nuevo gobierno del país.

    Petro compartió su postura a través de redes sociales. Ahí retomó la investigación forense realizada al teléfono del exasesor de Javier Milei, un caso que ya genera ruido en varios países de la región.

    Para el exmandatario, Cerimedo y Negre construyeron una matriz de mentiras que afectó a toda América Latina. Además, aseguró que esa maquinaria habría alterado los resultados del 21 de junio en Colombia.

    “Las elecciones en Colombia deben ser anuladas, si tenemos una justicia valiente”, escribió Petro en su mensaje.

    El expresidente también puso en duda el triunfo de Abelardo de la Espriella. Después señaló que su perfil ultraderechista coincide con el de los señalados en esta polémica.

    Asimismo, Petro habló de una posible intervención de bots operados desde Estados Unidos. Afirmó que granjas automatizadas habrían usado perfiles falsos para influir en el ánimo de los votantes.

    “Ya sabemos que a través de dos millones de bots, perfiles falsos, manejados por granjas automatizadas desde diversos puntos del planeta”, señaló el exmandatario.

    Por otra parte, Petro insistió en que un triunfo limpio habría beneficiado a otro candidato. Según su versión, en una contienda libre y transparente, Iván Cepeda habría llegado a la presidencia.

    Esta acusación llevó a Petro a solicitar formalmente a la Fiscalía que abra una investigación penal. Es la primera vez que se vincula directamente a Cerimedo con el proceso electoral colombiano.

    En tanto, Javier Negre ya había sido relacionado antes con el actual presidente. Ambos compartieron espacios vinculados a la campaña que lo llevó al poder.

    Finalmente, Petro pidió llevar el caso ante la ONU. Solicitó denunciar una violación sistemática al derecho a elegir en varios países de la región, entre ellos México, Brasil y Argentina.

  • De la Espriella exhibe traslado de presos y presume política penitenciaria inhumana “a lo Bukele”

    De la Espriella exhibe traslado de presos y presume política penitenciaria inhumana “a lo Bukele”

    El presidente Abelardo de la Espriella difundió un video del traslado de personas privadas de la libertad, con el cabello cortado y uniformes, bajo el argumento de acabar con las llamadas “zonas de confort” en las cárceles. La medida y la forma de exhibirla públicamente generan cuestionamientos sobre una política que privilegia la imagen de mano dura y el espectáculo político por encima de una discusión seria sobre seguridad, derechos y administración penitenciaria.

    El presidente Abelardo de la Espriella volvió a apostar por una imagen de mano dura contra los presos, al publicar un video en el que se observa el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia Bogotá. Los internos aparecen con el cabello cortado y uniformados, una puesta en escena que recuerda inevitablemente al modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele en El Salvador.

    De la Espriella justificó la medida bajo la premisa de que “se acabaron las zonas de confort” para quienes presuntamente continúan delinquiendo desde las cárceles. Diez de los trasladados estaban en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla; posteriormente serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país durante los próximos 15 días.

    El mandatario acompañó las imágenes con un discurso particularmente agresivo: “El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado”, además de advertir que irá “por todos” los cabecillas, extorsionistas y sicarios. El problema es que convertir los traslados penitenciarios en un espectáculo propagandístico puede terminar reduciendo una compleja política de seguridad a videos intimidatorios, consignas y demostraciones de autoridad.

    Combatir el crimen organizado desde las cárceles es una obligación del Estado, pero hacerlo con seriedad exige inteligencia, control penitenciario, investigación y respeto irrestricto a la ley. Gobernar no debería confundirse con posar para las cámaras ni con importar gestos de otros gobiernos para construir una imagen de “mano dura”. Si De la Espriella pretende demostrar que en Colombia manda el Estado, tendrá que demostrarlo también mediante instituciones eficaces y resultados sostenibles, no solamente mediante videos de presos rapados y uniformados.

  • Juez ordena a De la Espriella disculparse por mezclar religión con el Estado

    Juez ordena a De la Espriella disculparse por mezclar religión con el Estado

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, deberá ofrecer disculpas públicas por la inclusión de elementos religiosos durante su posesión presidencial, luego de que un juez determinara que se vulneró la neutralidad religiosa del Estado. Ha sido señalado que, en su primer acto oficial como presidenta no respetó la separación entre sus creencias personales y las instituciones públicas.

    La decisión judicial cuestiona el acto de posesión del pasado 7 de agosto en Cali, donde se incluyeron espacios de “invocación y alabanza”, participaron representantes de distintos sectores religiosos y se colocó una imagen de la Virgen de Fátima en el recinto. Para el juez, estos elementos vulneraron los derechos relacionados con la libertad de conciencia y de culto, al proyectar una inclinación religiosa desde un acto institucional del Estado.

    El problema no es que De la Espriella tenga creencias religiosas ni que pueda practicarlas en su vida privada. El problema es que un presidente no puede convertir una ceremonia oficial del Estado en un acto asociado a un credo particular. La separación entre religión y Estado no es un detalle decorativo ni una sugerencia: es un principio que las autoridades están obligadas a respetar. Que el propio jefe de Estado tenga que ser corregido por un juez por algo ocurrido el mismo día en que asumió el cargo resulta, cuando menos, profundamente cuestionable.

    El fallo ordena al mandatario ofrecer disculpas públicas en radio y televisión antes del 30 de septiembre de 2026 y comprometerse a no repetir conductas que impliquen una inclinación hacia la Iglesia católica o cualquier otra confesión. Además, deberá emitir una directiva presidencial para recordar a los servidores públicos su obligación de mantener la neutralidad religiosa en los actos oficiales. El Congreso también deberá pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido.

    Más allá de las disculpas, el episodio deja una pregunta incómoda sobre la forma en que De la Espriella entiende el ejercicio del poder. Si desde su primer día como presidente no fue capaz de distinguir entre sus convicciones personales y la naturaleza laica y neutral de la institución que representa, ¿qué puede esperarse de su gobierno en asuntos donde esa separación resulte todavía más importante? 

    La Presidencia no pertenece a una religión, a una iglesia ni a un credo: representa a toda la ciudadanía, sea creyente o no.

  • Patrimonio millonario de Abelardo de la Espriella deja dudas: números no cuadran

    Patrimonio millonario de Abelardo de la Espriella deja dudas: números no cuadran

    La declaración patrimonial del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfrenta cuestionamientos por presuntas inconsistencias entre sus ingresos y su patrimonio. El documento reporta más de 10 mil millones de pesos, pero deja vacíos en bienes, sociedades y fuentes de recursos, lo que ha generado dudas sobre la transparencia con la que el mandatario informa su situación financiera.

    La declaración de bienes y rentas de Abelardo de la Espriella presenta diferencias difíciles de pasar por alto. Mientras en el documento de Función Pública aparece una cifra de 10 mil 272 millones 863 mil pesos bajo el concepto de “otros ingresos y rentas”, en su declaración de renta ante la Dian esa misma cantidad aparece relacionada con inversiones e instrumentos financieros. Especialistas consultados por El Colombiano cuestionaron que se pueda confundir un patrimonio de esa magnitud con ingresos generados durante el año.

    El problema no termina ahí. De acuerdo con los especialistas citados por el medio, los ingresos reales reportados en la declaración de renta serían de apenas 87 millones 834 mil pesos, mientras que el patrimonio bruto asciende a más de 10 mil 595 millones de pesos. Además, permanecen sin diligenciar rubros como salarios, honorarios y arrendamientos, y no se ofrece una explicación suficientemente clara que permita seguir la ruta del dinero y entender cómo se conformó semejante patrimonio.

    La declaración también levanta dudas por las empresas y sociedades vinculadas públicamente al mandatario. Aunque De la Espriella ha sido relacionado con compañías y negocios como De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S., Ron Defensor, Cosenza, De la Espriella Style y el restaurante Místico en Miami, en el documento aparece que no es socio de ninguna compañía. Tampoco se detallan inversiones en Colombia o en el extranjero, mientras que los bienes reportados ante la Dian tampoco permiten explicar con claridad la composición de su patrimonio.

    Más allá de que una inconsistencia administrativa pueda corregirse, el asunto resulta especialmente delicado tratándose del presidente de Colombia y una Persona Expuesta Políticamente. La información patrimonial de un mandatario debería ser clara, coherente y verificable, no un documento en el que las cifras parezcan cambiar de significado dependiendo del formulario. Por ahora, las dudas persisten: ¿cómo se construyó un patrimonio superior a 10 mil millones de pesos, dónde están las inversiones y sociedades que lo respaldan y por qué los números no coinciden?La transparencia presidencial debería empezar precisamente por responder esas preguntas.