El gobierno de Daniel Noboa dio otro paso en la entrega de la soberanía de Ecuador a Estados Unidos. Mediante acuerdo ministerial amparado en el Estatuto de las Fuerzas, Ecuador abrió sus puertas a militares, empleados civiles del Departamento de Guerra y contratistas estadunidenses, quienes podrán ingresar sin visa y operar con inmunidad frente a cualquier proceso judicial.
El jefe del Comando Sur, Francis Donovan, se reunió con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el titular del Comando Conjunto, Henry Delgado, para revisar operaciones conjuntas bajo el pretexto del combate al “narcoterrorismo”, el mismo discurso que Estados Unidos ha usado históricamente para justificar su intervencionismo militar otros países.
Las tropas estadounidenses entrarán y saldrán sin control migratorio, sin registro claro de identidad ni de funciones, protegidas por un escudo legal que las vuelve intocables.
Ecuador renuncia a juzgar en su propio territorio a fuerzas extranjeras que ahí actúen, sin importar el daño que causen.
El acuerdo establece que el personal estadounidense podrá permanecer hasta 180 días por año, con entradas múltiples, presentando solo pasaporte y una orden de movimiento del Departamento de Guerra, sin necesidad de visa ecuatoriana.
Se suman exenciones de tasas migratorias, protección frente a sanciones administrativas y tramitación diplomática automática cuando haya personal con inmunidad involucrado. Es decir, un régimen de excepción diseñado a la medida del Pentágono de los Estados Unidos.
Aunque el acuerdo no aclara cuántos militares ingresarán a Ecuador, si quedarán identificados con nombre, empresa o función, en qué provincias o instalaciones operarán, si portarán armas o participarán en ataques directos, ni qué jurisdicción investigará muertes, lesiones o daños a civiles.
Cuando un gobierno cede la jurisdicción sobre su propio territorio a las fuerzas armadas de una potencia extranjera, no está “cooperando en seguridad”: está subordinando la vida y los derechos de su gente a los intereses geopolíticos de Washington.
El acuerdo ministerial no fue debatido públicamente, no pasó por consulta a la Asamblea, y deja fuera del radar democrático una decisión que compromete la soberanía territorial y judicial de Ecuador por al menos los próximos años de “cooperación”.
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