El gobierno ecuatoriano mantendrá durante 60 días más las medidas extraordinarias en diez provincias, incluyendo allanamientos sin orden judicial y revisión de correspondencia para combatir a grupos criminales.
La crisis de seguridad que enfrenta Ecuador sigue sin dar tregua. Ante la persistencia de los altos niveles de violencia vinculados al crimen organizado, el presidente Daniel Noboa decidió extender por otros 60 días el estado de excepción en diez provincias y tres localidades del país, una medida que evidencia que la estrategia gubernamental aún no logra contener la escalada delictiva.
Mediante un decreto ejecutivo, el mandatario justificó la ampliación de las restricciones por la existencia de una “grave conmoción interna”. La medida abarcará las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones de La Maná, Las Naves y La Troncal, considerados puntos críticos por la actividad de grupos criminales.
Entre las facultades extraordinarias otorgadas a las fuerzas de seguridad destaca la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, lo que permitirá realizar allanamientos sin los procedimientos ordinarios cuando existan indicios razonables de que en un inmueble se esconden integrantes de organizaciones delictivas, armas, explosivos, drogas u otros objetos relacionados con actividades ilícitas.
El decreto también suspende temporalmente la inviolabilidad de la correspondencia, otorgando a las autoridades mayores capacidades para revisar comunicaciones y obtener información que les permita prevenir ataques o desarticular operaciones criminales. Aunque el gobierno sostiene que estas acciones son necesarias para enfrentar la emergencia, sectores defensores de derechos civiles han advertido sobre los riesgos que implican este tipo de restricciones a las libertades fundamentales.
Otra de las medidas incluidas en la disposición presidencial es la posibilidad de requisar temporalmente bienes y servicios en las zonas bajo estado de excepción. El gobierno aseguró que cualquier recurso utilizado por las autoridades deberá ser devuelto una vez concluido el periodo extraordinario, aunque la decisión amplía significativamente el margen de actuación estatal en territorios afectados por la violencia.
La nueva extensión del estado de excepción refleja la magnitud del desafío que enfrenta la administración de Daniel Noboa. Pese a los operativos militares y policiales desplegados en los últimos meses, la inseguridad continúa golpeando a Ecuador, obligando al gobierno a recurrir nuevamente a medidas extraordinarias para intentar recuperar el control en regiones dominadas por la delincuencia organizada.
