El máximo tribunal redujo de mil 400 a 56 los expedientes rezagados y emitió criterios relevantes sobre derechos indígenas, lavado de dinero, abuso sexual infantil y acceso al agua.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumple este martes un año desde su renovación derivada de la reforma judicial, periodo en el que realizó 163 sesiones públicas y resolvió más de 2 mil 600 asuntos, de acuerdo con un balance de su primer año de labores.
Entre los casos de mayor impacto destaca la resolución de litigios fiscales de empresas de Ricardo Salinas Pliego, a las que confirmó créditos fiscales por más de 48 mil 326 millones de pesos. Además, el máximo tribunal estableció criterios en materia de lavado de dinero, factureras, violencia vicaria y protección de menores víctimas de abuso sexual.
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, calificó como “sumamente positivo” el desempeño de la nueva Corte y destacó el combate al rezago. Explicó que los ministros recibieron más de mil 400 asuntos pendientes, algunos acumulados durante seis años, y que actualmente sólo quedan 56. También confió en que este año pueda resolverse el tema de la prisión preventiva oficiosa.
Entre sus resoluciones, la Corte reconoció a pueblos indígenas y afromexicanos como terceros interesados en controversias constitucionales que involucren sus derechos. También validó la extinción de 109 fondos y fideicomisos federales, limitó intereses por créditos fiscales pagados en exceso y permitió reclamar una pensión compensatoria por concubinato incluso después del fallecimiento de la pareja.
En materia de seguridad y derechos humanos, el máximo tribunal avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele cuentas ante indicios suficientes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, sin orden judicial ni solicitud internacional. Asimismo, protegió a menores víctimas de abuso sexual de nuevos interrogatorios y amparó a ejidatarios de San Salvador Atenco para recibir una compensación por afectaciones relacionadas con el Lago de Texcoco.
La Corte también emitió fallos para garantizar el acceso al agua en comunidades de Chihuahua y Ecatepec, además de ordenar medidas contra riesgos de contaminación y uso de glifosato en comunidades mayas de Hopelchén, Campeche. Con ello, la nueva integración busca consolidar una visión centrada en derechos humanos y comunidades históricamente vulneradas.
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