Derecha brasileña busca abrir tierras indígenas de la Amazonía a la minería

Organizaciones indígenas y ambientalistas alertan que el nuevo equilibrio legislativo podría facilitar la minería en territorios indígenas y debilitar las leyes que protegen los bosques.

Las elecciones legislativas de Brasil encendieron las alertas entre organizaciones indígenas y ambientalistas por el avance de fuerzas de derecha y extrema derecha en el Congreso, ante el riesgo de que impulsen cambios que afecten la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos originarios.

El Partido Liberal (PL), ligado al expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo cerca de un tercio de los escaños del Senado y casi una cuarta parte de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en la fuerza con mayor representación en ambas cámaras. Este nuevo escenario podría favorecer iniciativas para ampliar actividades como la minería en tierras indígenas, independientemente de quién gane la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el 25 de octubre.

La preocupación no se limita al partido bolsonarista. Legisladores de otras fuerzas también han respaldado la minería en la Amazonía o cuestionado operativos de fiscalización ambiental. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) advirtió que el país tendrá un Congreso con mayor presión contra los derechos indígenas.

La importancia de estos territorios va más allá de sus habitantes. Son una especie de escudo natural contra la deforestación: un análisis de MapBiomas encontró que las tierras indígenas perdieron apenas 1 por ciento de su vegetación nativa en tres décadas, frente a 20 por ciento en tierras privadas. Sin embargo, la minería de oro se expandió casi siete veces entre 2016 y 2024, aumentando también la contaminación por mercurio.

En Brasil, cualquier actividad minera en territorios indígenas requiere aprobación del Congreso y consulta con las comunidades. El próximo Legislativo, que asumirá en febrero de 2027, deberá discutir una regulación sobre el tema por orden del Supremo Tribunal Federal. Aunque el gobierno de Lula ha reducido la deforestación amazónica y combatido la minería ilegal, organizaciones indígenas consideran que aún existen pendientes en materia de protección territorial.

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