La gobernadora de Chihuahua confirmó la investigación contra César Jáuregui, pero sus propias declaraciones sobre operaciones realizadas sin informarle abren otra pregunta: ¿qué responsabilidad tiene ella en el escándalo de El Pinal?
La gobernadora María Eugenia Campos Galván confirmó que existe una carpeta de investigación relacionada con su exfiscal general, César Jáuregui Moreno, por los hechos vinculados con el narcolaboratorio descubierto en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos. El caso vuelve a sacudir al gobierno de Chihuahua y pone bajo la lupa tanto al exfuncionario como a la mandataria que encabezaba la administración estatal durante los acontecimientos.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) buscan esclarecer lo ocurrido durante el operativo del 17 de abril, marcado por la participación de ciudadanos estadounidenses. Después, dos de ellos y dos integrantes de corporaciones de seguridad de Chihuahua murieron en un accidente relacionado con estos hechos, que también desató cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades.
Campos ha sostenido que Jáuregui y otros funcionarios realizaron operaciones sin mantenerla informada. Pero esa explicación no basta para apartarla del problema: si la gobernadora desconocía decisiones de tal relevancia, debe explicar cómo funcionaban los mecanismos de supervisión de su gobierno; y si estaba enterada, debe aclarar qué sabía y cuándo lo supo. En ambos escenarios, su responsabilidad política merece respuestas.
Ahora que el exfiscal está relacionado con una investigación, las preguntas alcanzan a todo el círculo de poder estatal. ¿Qué información tiene Jáuregui sobre el operativo y qué funcionarios participaron en las decisiones cuestionadas? La posibilidad de que sus declaraciones comprometan a otros actores es una interrogante política, pero hasta ahora no hay evidencia pública de que haya anunciado que delatará a Campos.
El escándalo también llega en un momento delicado para Jáuregui, mencionado como posible aspirante a la alcaldía de Chihuahua en 2027. Mientras las autoridades esclarecen los hechos, Maru Campos no puede limitarse a señalar a su antiguo colaborador ni presentar el asunto como una diferencia personal. La ciudadanía tiene derecho a conocer quién autorizó las acciones, quién las supervisó y si hubo irregularidades. La investigación debe alcanzar los hechos y las responsabilidades que las pruebas permitan establecer, sin excluir de antemano a la gobernadora.
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