La alcaldía gobernada por Nancy Núñez se posiciona entre las demarcaciones con mayor reducción de delitos de alto impacto en la Ciudad de México durante el primer bimestre del año.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que Azcapotzalco logró una reducción del 25% en los delitos de alto impacto durante el primer bimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, resultado de la coordinación entre autoridades locales, capitalinas y federales en materia de seguridad.
El anuncio se realizó durante la instalación del Gabinete de Coordinación entre las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial de Fútbol 2026, donde se revisaron las estrategias de seguridad que se implementarán para garantizar condiciones de tranquilidad en la capital del país ante el evento deportivo internacional.
De acuerdo con datos de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Azcapotzalco se ubica en el cuarto lugar entre las alcaldías que más han logrado disminuir la incidencia delictiva durante enero y febrero de 2026, consolidando avances importantes en materia de prevención y combate al delito.
La mandataria capitalina subrayó que estos resultados se deben a la estrategia de seguridad impulsada por la alcaldesa Nancy Núñez, la cual se articula con las acciones del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México para atender de forma integral los retos en la demarcación.
Brugada destacó que la coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno ha permitido fortalecer operativos, mejorar la vigilancia y atender las causas que generan violencia, con el objetivo de mantener la tendencia a la baja en la incidencia delictiva.
Asimismo, señaló que a menos de 100 días del Mundial de Fútbol 2026, la capital del país intensificará el trabajo conjunto con las alcaldías para garantizar que la Ciudad de México sea un anfitrión seguro y preparado para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.
Finalmente, reiteró que la seguridad seguirá siendo una prioridad para el gobierno capitalino, por lo que se continuará fortaleciendo la coordinación institucional y la presencia territorial para consolidar una ciudad más segura para sus habitantes y visitantes.
El Gabinete de Seguridad confirmó la captura de Regulo Gilberto “N” y Karina Guadalupe “N”, presuntos operadores del Cártel de Sinaloa buscados en Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas sintéticas.
En un nuevo golpe contra el Cártel de Sinaloa, fuerzas federales lograron la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula criminal, entre ellos Regulo Gilberto “N”, alias “Tobilio”, y Karina Guadalupe “N”, quienes estarían vinculados con la distribución de fentanilo y la producción de drogas sintéticas.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de labores de inteligencia, vigilancia y patrullajes terrestres y aéreos en el estado de Sinaloa.
Las autoridades señalaron que “Tobilio” es identificado como presunto líder de una red de distribución de fentanilo, una de las drogas sintéticas más peligrosas que circulan en el mercado ilegal. Por su parte, Karina Guadalupe “N” habría fungido como responsable de la logística y la adquisición de precursores químicos utilizados para la fabricación de narcóticos.
Resultado de trabajos de inteligencia y patrullaje terrestre y aéreo en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa, entre ellos Regulo Gilberto “N”, alias “Tobilio”, identificado como líder de una… pic.twitter.com/LvyFE2llrn
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 5, 2026
Ambos detenidos cuentan con órdenes de arresto en Estados Unidos, lo que los coloca como objetivos prioritarios dentro de las acciones bilaterales para combatir el tráfico de drogas entre México y la Unión Americana.
Durante el despliegue de seguridad, las autoridades también localizaron y aseguraron un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de metanfetaminas, además de tres armas largas, cargadores, vehículos, precursores químicos y equipo especializado para la producción de droga.
Tras conocerse la captura, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció públicamente el trabajo de las fuerzas mexicanas. A través de un mensaje, felicitó a la Marina, la SSPC y al Gabinete de Seguridad por lo que calificó como “otra operación exitosa contra los narcóticos mortales y quienes se benefician de su distribución”.
El operativo forma parte de la estrategia del Gobierno de México para debilitar las estructuras del narcotráfico, particularmente aquellas dedicadas a la fabricación y tráfico de drogas sintéticas, un fenómeno que ha generado creciente preocupación en la región.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que recientemente alcanzó los 97 años de existencia, atraviesa el periodo más crítico de su historia.
Lo que alguna vez fue definido por Mario Vargas Llosa como “la dictadura perfecta” —un sistema de partido casi único que gobernó México por siete décadas ininterrumpidas— se ha transformado en una fuerza política que lucha por su supervivencia, asediada por escándalos de corrupción sistémica y una fuga masiva de cuadros hacia otras fuerzas políticas.
La represión de 1968 y el “Halconazo”
El momento de mayor ruptura ética entre el PRI y la sociedad civil ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, el Estado utilizó al ejército y a grupos paramilitares para masacrar a estudiantes que exigían libertades democráticas. Este evento no solo fue un crimen de lesa humanidad, sino que destruyó el mito del “gobierno de la Revolución” que trabajaba para el pueblo. La cifra oficial de muertos nunca fue clara, pero las estimaciones de testigos y organismos internacionales hablan de cientos de víctimas.
Apenas tres años después, el 10 de junio de 1971, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, ocurrió la “Matanza del Jueves de Corpus” o El Halconazo. Un grupo paramilitar entrenado por el Estado, “Los Halcones”, atacó una manifestación estudiantil con armas de fuego y varas de bambú frente a la policía que solo observaba. Estos eventos inauguraron la llamada Guerra Sucia, un periodo donde el PRI utilizó la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial para aniquilar a cualquier disidencia política de izquierda o movimientos guerrilleros.
La herencia de estos años es un estigma de autoritarismo que el partido jamás pudo sacudirse del todo. La figura de Luis Echeverría permaneció hasta su muerte como el símbolo de la represión sistémica, siendo el primer expresidente en ser procesado (aunque bajo arresto domiciliario) por genocidio.
El colapso económico: “La docena trágica” y el error de diciembre
El siglo XX priista también estuvo marcado por una gestión económica que pasó de la estabilidad del “Milagro Mexicano” al desastre absoluto por decisiones populistas y técnicas deficientes.
Los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (1970-1982) llevaron al país a una inflación descontrolada y un endeudamiento externo masivo. López Portillo es recordado por su frase “defenderé el peso como un perro”, solo para presenciar una devaluación histórica que pulverizó los ahorros de millones de mexicanos mientras él lloraba en su último informe de gobierno.
Posteriormente, en 1994, el país vivió el famoso “Error de Diciembre” al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, pero gestado en las políticas de Carlos Salinas de Gortari. La falta de reservas internacionales y el manejo político de las variables económicas provocaron una crisis financiera que se extendió por todo el mundo, conocida como el “Efecto Tequila”. Esto derivó en el rescate bancario a través del Fobaproa, una deuda privada que el PRI convirtió en deuda pública y que los mexicanos siguen pagando hasta el día de hoy, afectando el presupuesto nacional por generaciones.
El fraude del 88 y el magnicidio de 1994
El sistema político del PRI se basaba en el control absoluto de las elecciones, pero en 1988 ese control fue desafiado por la corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas. La famosa “caída del sistema”, operada por Manuel Bartlett (entonces Secretario de Gobernación), es el fraude electoral más documentado y cínico de la historia moderna de México. Cuando los resultados preliminares favorecían a la oposición, el sistema de cómputo se detuvo sospechosamente; al “reiniciarse”, Carlos Salinas de Gortari apareció como ganador, una mancha de ilegitimidad que persiguió a su gobierno desde el primer día.
El año de 1994 representó el punto de quiebre violento dentro de la propia estructura del partido. El asesinato de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, sacudió los cimientos del país. La teoría del “asesino solitario” nunca convenció a la población, que vio en el magnicidio una purga interna o una respuesta de los sectores más conservadores del PRI (los llamados “dinosaurios”) ante las promesas de reforma del candidato. Meses después, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido, confirmó que el PRI estaba en una guerra intestina sangrienta.
La quiebra ética: el sexenio de Enrique Peña Nieto
El regreso del PRI a la presidencia en 2012, tras doce años de gobiernos panistas, fue presentado como el nacimiento de un “Nuevo PRI”. Sin embargo, este periodo se convirtió rápidamente en el catálogo más extenso de corrupción en la historia moderna de México.
Casos como la Casa Blanca, una lujosa residencia propiedad de la esposa del presidente construida por un contratista favorecido por el gobierno, rompieron la confianza ciudadana de manera irreversible.
A este escándalo se sumó La Estafa Maestra, un sofisticado mecanismo de desvío de recursos públicos a través de universidades públicas y empresas fantasma que involucró a múltiples dependencias federales. La percepción de impunidad se consolidó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, un evento que no solo exhibió la ineficiencia del Estado, sino también la colusión de autoridades locales priistas con el crimen organizado, marcando el inicio del fin para la legitimidad del sexenio.
El costo político de estos eventos fue devastador. El partido no solo perdió la presidencia en 2018 con su peor votación histórica, sino que quedó marcado como una marca “tóxica” para el electorado.
Los “gobernadores de la vergüenza” y el saqueo estatal
Uno de los puntos más bajos del PRI fue la conducta de su nueva generación de gobernadores, a quienes el propio Peña Nieto llegó a llamar el “rostro de la renovación”. Personajes como Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo) terminaron en prisión o prófugos tras dejar sus estados en la quiebra financiera y sumidos en crisis de violencia.
En Veracruz, el caso de Javier Duarte fue emblemático: se le acusó de administrar quimioterapias falsas (agua destilada) a niños con cáncer mientras desviaba miles de millones de pesos. Por su parte, César Duarte fue señalado por crear un banco propio con recursos públicos, y Roberto Borge por el remate ilegal de terrenos del patrimonio estatal a familiares y amigos. Estos nombres se volvieron sinónimos del PRI ante la opinión pública nacional.
El desmantelamiento territorial: de 32 a 2 gubernaturas
La pérdida de poder territorial es, quizás, el síntoma más claro de la agonía del PRI. Tras las elecciones de 2024, el partido quedó reducido a su mínima expresión histórica, conservando únicamente las gubernaturas de Coahuila y Durango. Este declive es asombroso si se considera que, hasta antes del año 2000, el PRI gobernaba todas las entidades federativas del país sin excepción.
La debacle se aceleró con la pérdida del Estado de México en 2023, el bastión más importante, poblado y simbólico del priismo. Perder “la joya de la corona” después de casi un siglo de dominio ininterrumpido del Grupo Atlacomulco fue el golpe de gracia. Esta derrota no solo fue electoral, sino financiera, ya que el partido perdió el acceso a la mayor estructura de recursos y burocracia que le permitía operar a nivel nacional.
Actualmente, el PRI enfrenta una crisis de relevancia en el Congreso y en los estados. Con una militancia que disminuye año tras año y la pérdida de registros locales en varias entidades, el partido ha pasado de ser el “gran elector” a un actor secundario que debe aliarse con su antiguo rival, el PAN, simplemente para no desaparecer.
Crisis de dirigencia de “Alito” Moreno
La figura de Alejandro “Alito” Moreno, actual dirigente nacional, representa para muchos críticos el último clavo en el ataúd del partido. Su gestión ha estado plagada de controversias, incluyendo la filtración de audios donde se le escucha hablar de supuestos pagos ilícitos a periodistas y maniobras financieras dudosas. Bajo su mando, el PRI ha perdido más gubernaturas que en cualquier otra dirigencia en la historia.
Además de Alito, el partido ha sido lastrado por figuras como Carlos Salinas de Gortari, quien sigue siendo el villano favorito de la narrativa política mexicana, y Emilio Lozoya, cuyo proceso judicial por el caso Odebrecht ha mantenido vivos los señalamientos de sobornos para aprobar reformas estructurales. Estas figuras impiden que el PRI pueda presentarse como una opción de “cambio” o “renovación” ante un electorado que los asocia con el pasado más oscuro.
La reciente reforma a los estatutos para permitir la reelección de la dirigencia actual provocó una fractura interna sin precedentes. Figuras históricas y exdirigentes han abandonado las filas del partido, denunciando un “secuestro” de la institución por parte de una cúpula que prioriza sus intereses personales sobre la viabilidad del proyecto político.
El programa cultural recorrerá las 32 entidades con más de 200 actividades musicales y artísticas para fortalecer el tejido social y acercar la cultura a millones de jóvenes.
El cantante sonorense Carín León encabezará el arranque del Circuito Nacional de Conciertos por la Paz en Tijuana, una iniciativa cultural que forma parte de la estrategia de paz del gobierno de Claudia Sheinbaum para fortalecer el tejido social a través del arte, la música y la cultura.
Este programa contempla más de 200 actividades culturales en todo México, con conciertos y presentaciones que abarcan regional mexicano, jazz, banda tradicional, hip-hop, música electrónica y fusiones urbanas, con el objetivo de acercar expresiones artísticas a comunidades donde históricamente han tenido menos acceso a este tipo de eventos.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó que la construcción de la paz no se decreta, sino que se construye diariamente desde el territorio, impulsando la identidad cultural y generando oportunidades para las comunidades.
En el mismo sentido, la secretaria de Cultura estatal, Alma Delia Ábrego, señaló que el objetivo es garantizar el acceso real al arte y la cultura, llevando espectáculos y actividades culturales directamente a la población.
Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que esta iniciativa forma parte del proyecto “Territorios por la Paz”, el cual inició en 2025 y contempla programación cultural intensiva durante dos semanas en zonas prioritarias del país, con eventos gratuitos dirigidos principalmente a jóvenes.
El Circuito Nacional de Conciertos por la Paz tendrá presencia en las 32 entidades del país y busca impactar a más de 7 millones de jóvenes, especialmente en estados como Estado de México, Oaxaca, Puebla y Baja California, donde la cultura se convierte en una herramienta clave para fomentar comunidad, identidad y convivencia pacífica.
El veterano Brian McGinnis fue retirado por la fuerza de una audiencia legislativa; denunció que Washington pretende enviar tropas a un conflicto que, asegura, “nadie quiere pelear”.
Un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos fue retirado por la fuerza de una audiencia del Senado luego de manifestarse contra una posible intervención militar de Washington en Irán, en un hecho que quedó captado en video y que rápidamente se viralizó en redes sociales.
De acuerdo con reportes de CBS News, el ex marine identificado como Brian McGinnis, quien además es candidato del Partido Verde al Senado por Carolina del Norte, interrumpió una sesión del Subcomité de Preparación y Apoyo a la Gestión de las Fuerzas Armadas para expresar su rechazo a la escalada bélica.
En imágenes difundidas en la red social X se observa el momento en que agentes de la Policía del Capitolio lo levantan y lo sacan por la fuerza del recinto, mientras el veterano grita: “¡Nadie quiere luchar por Israel!”. Diversas fuentes señalaron que durante el forcejeo McGinnis habría sufrido la fractura de un brazo, aunque hasta el momento no existe un reporte oficial sobre su estado de salud.
Durante el altercado intervino el senador republicano Tim Sheehy, quien posteriormente aseguró que su intención fue “ayudar a calmar la situación” dentro de la sala.
Horas antes del incidente, el propio McGinnis había difundido un video en redes sociales donde explicó que se encontraba en Washington para protestar contra la posibilidad de una guerra con Irán. En su mensaje advirtió que el gobierno estadounidense pretende enviar tropas al conflicto pese a que, según dijo, los funcionarios electos habían asegurado que no habría una guerra mundial.
Cabe señalar que la audiencia donde ocurrió el incidente no estaba relacionada con la votación reciente del Senado en la que se rechazó una resolución destinada a limitar los poderes del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán, ya que dicho procedimiento legislativo se realizó en una sesión separada.
El Instituto Nacional Electoral detectó egresos sin comprobar, gastos no reportados y otras irregularidades en la fiscalización del financiamiento de partidos durante 2024.
El Instituto Nacional Electoral (INE) colocó al Partido del Trabajo (PT) como el partido con mayores multas por irregularidades en ingresos y gastos durante 2024, al acumular sanciones por 215 millones de pesos, de acuerdo con los proyectos que serán analizados por el Consejo General del organismo electoral.
El monto forma parte de un total de 706.9 millones de pesos en sanciones a partidos políticos, resultado de la revisión de millones de documentos y reportes financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2024, un año electoral en el que se disputaron 629 cargos federales —incluida la Presidencia de la República— y más de 20 mil puestos locales.
Según fuentes electorales, entre las irregularidades detectadas en el PT destacan cuentas por cobrar con más de un año de antigüedad y gastos que no pudieron comprobarse, como el caso de boletos de avión reportados sin evidencia de uso. Tan solo en el ámbito federal, las anomalías atribuidas a su dirigencia nacional derivaron en investigaciones que suman aproximadamente 181 millones de pesos.
En la lista de sanciones le siguen el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 112.1 millones de pesos en multas, además de 87.7 millones adicionales correspondientes a dirigencias estatales. En tercer lugar aparece el Partido Acción Nacional (PAN), con 85.6 millones de pesos, mientras que Morena podría enfrentar sanciones por 84.8 millones.
Más atrás se encuentran Movimiento Ciudadano (MC) con 43 millones de pesos, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 40.3 millones, la mayoría de estas últimas relacionadas con irregularidades en el ámbito local.
El análisis del INE también revela que las faltas más comunes entre los partidos políticos son los egresos no comprobados y los gastos no reportados, que en conjunto representan 45.44% de las sanciones aplicadas.
Durante 2024, los partidos políticos recibieron más de 9 mil 900 millones de pesos de financiamiento público, de los cuales 6 mil 609 millones fueron para gasto ordinario y 3 mil 304 millones para campañas electorales.
El propio INE advirtió que las multas aplicadas en procesos electorales anteriores no han sido suficientes para frenar estas prácticas, por lo que insistió en fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos por parte de los partidos políticos.
Tras el operativo que dejó 18 detenidos en Nochistlán, parientes y vecinos afirman que varios de los arrestados son trabajadores y no integrantes del crimen organizado.
La polémica crece en Zacatecas luego de que familiares y vecinos de seis de las 18 personas detenidas en un operativo contra el crimen organizado denunciaran que no pertenecen al narcotráfico ni al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Las detenciones ocurrieron el 27 de febrero en el municipio de Nochistlán de Mejía, durante un operativo coordinado por autoridades estatales con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El despliegue tenía como objetivo capturar a Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, identificado como presunto líder de una célula criminal en la región.
Sin embargo, el presunto líder logró escapar, aunque las autoridades reportaron la captura de 18 personas: 15 hombres y tres mujeres, entre quienes presuntamente se encontraría el segundo al mando del grupo criminal y la pareja sentimental del jefe de la organización.
A casi una semana del operativo, familiares y amigos de seis de los detenidos han alzado la voz en redes sociales, asegurando que se trata de integrantes de la familia López Saldívar, personas conocidas en la comunidad por dedicarse a trabajos como la albañilería, la música y actividades domésticas.
Entre los arrestados —según denuncian— habría cuatro albañiles, un adulto mayor, un adolescente de 16 años y una mujer, todos descritos por vecinos como personas trabajadoras y sin antecedentes criminales.
Los inconformes exigen al gobernador David Monreal Ávila y al fiscal estatal Cristian Paúl Camacho Osnaya revisar el caso y liberar a quienes consideran inocentes, al señalar que las autoridades podrían estar presentando detenciones como “resultados” sin investigar a fondo.
Vecinos del barrio de San Sebastián en Nochistlán respaldaron públicamente a la familia, afirmando que se trata de personas conocidas por su trabajo y conducta tranquila, por lo que piden una investigación imparcial y respeto a los derechos de los detenidos.
Hasta el momento, la Fiscalía de Zacatecas no ha emitido una postura oficial sobre las denuncias de los familiares, quienes continúan exigiendo que se esclarezca el caso y se determine si hubo detenciones erróneas durante el operativo.
La Fiscalía acusa al exsecretario de Administración del IPN de otorgar contratos por más de 11 millones de pesos a una empresa catalogada como facturera por el SAT.
Un nuevo caso de presunta corrupción en instituciones públicas salió a la luz luego de que una juez federal vinculara a proceso a Javier Tapia Santoyo, exsecretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones, conductas que podrían alcanzar penas de hasta 18 años de prisión.
La decisión fue tomada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. No obstante, la juzgadora rechazó imponer prisión preventiva, al considerar que la Fiscalía no acreditó riesgos suficientes de fuga o amenazas a la investigación.
En su lugar, el exfuncionario deberá entregar su pasaporte y visa, no podrá salir del país y tendrá que firmar periódicamente ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), Tapia Santoyo habría autorizado tres contratos por alrededor de 11 millones de pesos a la empresa Interacción Biomédica, una compañía que fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la lista de empresas “fachada” o factureras.
Los hechos se remontan a cuando el ahora imputado se desempeñaba como tesorero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En el mismo caso también fueron vinculados a proceso Roberto Alberto Rodríguez Briseño y María Dolores Arellano Semas, exsubdirector médico y exfuncionaria de finanzas del hospital, quienes enfrentan las mismas medidas cautelares.
Cabe recordar que desde noviembre de 2025, el Instituto Politécnico Nacional informó sobre la suspensión temporal de Tapia Santoyo, luego de recibir la instrucción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para investigarlo por posible desvío de recursos y enriquecimiento oculto, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La investigación complementaria tendrá un plazo de cuatro meses, periodo en el que la FGR y la defensa deberán reunir pruebas para determinar la responsabilidad del exfuncionario en el presunto esquema de contratos irregulares con empresas fantasma.
El dirigente priista Alejandro Moreno pidió mantener una coalición opositora rumbo a 2027, mientras el partido celebra su aniversario con un auditorio a medio llenar y viejos cuadros del priismo.
En medio de un ambiente marcado por nostalgia política y llamados desesperados a la unidad opositora, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebró su 97 aniversario en su sede nacional, donde su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió al Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Ciudadano (MC) mantener una alianza para enfrentar a Morena en las elecciones de 2027.
Durante el acto, conocido por muchos como otro capítulo del PRI intentando recordar sus años de gloria, “Alito” Moreno lanzó un exhorto para que la oposición se mantenga unida. Incluso incluyó a MC —partido al que ha criticado repetidamente— dentro de la posible coalición, aunque dejó entrever que probablemente no aceptarán acompañar al tricolor.
“Si no hay coalición será porque el PAN y MC no quisieron”, afirmó el dirigente priista, intentando deslindar al PRI de un posible fracaso opositor y advirtiendo que quien no se sume estaría “al servicio de Morena”.
El evento también sirvió para anunciar que los legisladores priistas votarán en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciativa que busca reducir costos del sistema electoral y modificar la representación política.
La ceremonia evidenció los tiempos difíciles que atraviesa el viejo partido del régimen. A diferencia de otros aniversarios donde el auditorio Plutarco Elías Calles lucía repleto de gobernadores, secretarios y figuras del poder, esta vez gran parte de los asistentes llegaron en camiones desde municipios cercanos del Estado de México, mientras varias butacas permanecían vacías.
De hecho, solo uno de los dos gobernadores priistas asistió al evento: Esteban Villegas Villarreal, mandatario de Durango. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se ausentó argumentando una gira de trabajo.
En el acto también se otorgaron reconocimientos a perfiles históricos del partido, entre ellos a José Ángel Gurría, ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Este miércoles, la Cámara de Diputados dio un paso importante en el ámbito político al recibir la iniciativa presidencial de reforma electoral.
La presidenta de la cámara, Kenia López Rabadán, recibió el documento en una ceremonia que tuvo lugar a las 14:30 horas. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y el enlace de Gobernación, Juan Ramiro Robledo, también estuvieron presentes para este momento clave.
Monreal expresó su confianza en que, tras el trámite, se realizará un debate productivo entre las diferentes bancadas. Esta misma tarde se programan reuniones con los líderes de otros partidos para establecer el camino a seguir en la discusión.
El clima parece favorable, ya que Monreal describió a sus colegas como razonables y listos para abordar el tema con seriedad y respeto.
