La detención de Yesenia “N” se dio tras avances federales en el caso; autoridades la señalan como pieza clave por su cercanía con la agenda del ex edil y de la actual alcaldesa.
Autoridades federales y estatales detuvieron a Yesenia “N”, ex secretaria particular de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan asesinado, y de Grecia Quiroz García, actual presidenta municipal y viuda del ex edil, como parte de las investigaciones por el homicidio ocurrido durante un acto público en los festejos de Día de Muertos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se realizó la tarde del 8 de enero a las afueras de la Casa de Cultura de Uruapan, Michoacán. La captura fue confirmada luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentara avances del caso, lo que derivó en una nueva línea de investigación.
Yesenia “N” mantenía el mismo cargo en dos administraciones: primero con Carlos Manzo y, tras su asesinato, con Grecia Quiroz, quien fue nombrada alcaldesa sustituta. Durante el gobierno de Manzo, la ahora detenida fungía como encargada del despacho de la Presidencia Municipal, lo que le otorgaba acceso directo a información sensible, agendas, recorridos y actividades oficiales.
Reportes preliminares indican que su cercanía con el ex alcalde y con la actual edil la colocó en el círculo más íntimo del poder municipal, por lo que las autoridades la consideran una figura relevante para esclarecer el crimen. En perfiles públicos, Yesenia “N” se describía como una “mujer trabajadora, valiente y con carácter”.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una imputación formal y subrayan que la detenida goza de presunción de inocencia. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones conforme avancen las indagatorias por el asesinato que sacudió a Uruapan y a Michoacán.
Mientras crecen las marchas contra el alza del pasaje, el gobierno estatal ofrece un “descuento” condicionado a una tarjeta emitida por una financiera señalada por presunta corrupción y fallas en controles antilavado.
El malestar social en Jalisco por el aumento a la tarifa del transporte público, que pasó de 9.50 a 14 pesos, continúa en ascenso. Pese a dos protestas recientes y una movilización masiva anunciada en Guadalajara, el gobierno encabezado por Pablo Lemus ha optado por mantener el tarifazo y promover la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, con la que el cobro sería de 11 pesos, no de 14.
La polémica se agudizó luego de confirmarse que los plásticos serán emitidos por Servicios Broxel, empresa bajo investigación federal por la Secretaría Anticorrupción por presuntas irregularidades en licitaciones y con sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplimientos en prevención de lavado de dinero y entrega de información falsa.
Broxel obtuvo un contrato directo para distribuir cinco millones de tarjetas de débito vinculadas a Visa, con el argumento de fomentar la “inclusión financiera”. Además de pagar el transporte, las tarjetas permitirán recibir apoyos gubernamentales y manejar recursos personales, según el Ejecutivo estatal.
El incremento de más de 47% ha sido rechazado por partidos de oposición, la Universidad de Guadalajara y colectivos ciudadanos, que acusan al gobernador de favorecer a concesionarios y aplicar un aumento que consideran ilegal y desproporcionado, especialmente frente a una inflación de 3.69% en 2025, de acuerdo con Banxico.
Lemus aseguró que el estado subvencionará la diferencia entre los 11 y 14 pesos, con una bolsa inicial de mil 200 millones de pesos. Para acceder al descuento, los usuarios deberán registrarse con datos personales, presentar INE o CURP, comprobar domicilio en Jalisco, además de proporcionar correo electrónico y teléfono.
Aunque el aumento entrará en vigor el 1 de abril, el gobierno deberá emitir y entregar cinco millones de tarjetas en poco más de dos meses, lo que implicaría distribuir al menos 66 mil diarias, incluidos fines de semana. Pese a las dudas, el Ejecutivo estatal desestimó las protestas, mientras los usuarios advierten que las movilizaciones continuarán hasta revertir el tarifazo.
Con información de Juan Carlos G. para La Jornada.
El Gobierno de Bolivia vincula el crimen con amenazas previas por negarse a participar en actos de corrupción dentro del Senasag.
La violencia política volvió a sacudir a Bolivia tras el asesinato de Mauricio Aramayo, colaborador cercano del presidente Rodrigo Paz Pereira y exdirector departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). El crimen ocurrió la noche del jueves en el centro de la ciudad de Tarija, donde la víctima fue atacada a tiros por hombres armados.
De acuerdo con el reporte policial, Aramayo circulaba en su vehículo cuando una motocicleta se le emparejó y sus ocupantes abrieron fuego directamente contra el automóvil. Tras el ataque, el coche quedó detenido sobre el camellón, mientras los agresores, encapuchados, huyeron del lugar.
Aunque el exfuncionario aún presentaba signos vitales, fue trasladado de emergencia en ambulancia, pero murió minutos después debido a la gravedad de las heridas, confirmaron las autoridades. La Policía Boliviana activó el Plan Z, un operativo especial de búsqueda para localizar a los responsables del homicidio.
La vocera presidencial, Carla Faval, señaló que el asesinato estaría relacionado con amenazas previas que Aramayo recibió durante su gestión en el Senasag, luego de negarse a aceptar sobornos. En un mensaje difundido en redes sociales, la portavoz aseguró que el exfuncionario enfrentó a redes de corrupción y pagó con su vida esa decisión.
“Hizo lo correcto, defendió la legalidad y enfrentó a las mafias. Hoy esa valentía nos duele profundamente”, expresó Faval, quien también garantizó que el Gobierno acompañará a la familia y no permitirá que el crimen quede impune.
Aramayo fue una figura clave durante las elecciones generales de 2025, donde se desempeñó como coordinador departamental del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en ambas vueltas electorales. Tras su paso por el Senasag, renunció al cargo para postularse a las elecciones regionales previstas para marzo.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, confirmó la apertura de una investigación de oficio para esclarecer el móvil del crimen y dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato.
El ataque ocurrió en plena movilización oficialista frente al Congreso, en medio de la disputa política por la validación de los resultados electorales que dieron el triunfo a Nasry Asfura.
Una diputada hondureña del Partido Nacional resultó con heridas luego de ser impactada por un explosivo artesanal mientras dialogaba con medios de comunicación en las inmediaciones del Congreso Nacional de Honduras, en Tegucigalpa, informaron autoridades locales. El hecho se registró en un clima de alta tensión política, a pocos días de la toma de posesión del presidente electo Nasry Asfura.
La legisladora Gladis López, integrante del partido conservador que llevó a Asfura a la presidencia, conversaba de manera informal con periodistas cuando el artefacto explotó, impactándola a la altura del cuello. Videos difundidos en redes sociales muestran a la diputada con manchas de sangre, lo que generó alarma entre comunicadores y asistentes.
López fue trasladada de inmediato a un hospital, donde más tarde confirmó que se encontraba fuera de peligro y que sólo presentaba malestares leves derivados del impacto, sin lesiones de gravedad. El explosivo utilizado corresponde a un artefacto de fabricación rudimentaria, disparado mediante una lanzadera artesanal, similar a los usados en disturbios recientes en el país.
El ataque ocurrió durante una movilización de simpatizantes del oficialismo de izquierda, quienes respaldaban una sesión legislativa convocada para analizar la legalidad de los resultados electorales del pasado 30 de noviembre, proceso que mantuvo al país en incertidumbre durante más de tres semanas. En protestas previas, un militar resultó herido en el rostro por un artefacto similar.
Asfura, quien asumirá la presidencia el próximo 27 de enero, condenó el hecho y llamó a la calma. “No quiero pensar que sea por motivos políticos… son cosas que no pueden seguir sucediendo”, declaró el mandatario electo.
Desde el Partido Nacional, diputados como Netzer Mejía responsabilizaron a seguidores del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, mientras que el presidente del Congreso, Luis Redondo, ordenó una investigación inmediata. Cabe destacar que el Congreso no tiene facultades legales para revisar los resultados electorales, lo que ha intensificado la confrontación política.
La ministra de la SCJN destacó los avances en paridad judicial y pidió redoblar esfuerzos para erradicar la violencia y las brechas estructurales que frenan el desarrollo de las mujeres.
Durante la reunión de inicio de año del Colectivo 50+1, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, afirmó que existe una meta clara en la lucha por la igualdad sustantiva y aseguró que “no retrocederemos, la vamos a alcanzar”, al subrayar la fuerza colectiva del movimiento de mujeres en México.
En el encuentro realizado en la Ciudad de México, Esquivel Mossa señaló que 2025 marcó avances históricos en materia de igualdad, entre ellos la paridad en el Poder Judicial de la Federación, un logro que durante años parecía inalcanzable. Destacó que hoy más mujeres participan en la impartición de justicia, impulsando resoluciones con perspectiva de género y mayor sensibilidad hacia los sectores más vulnerables.
La ministra también hizo referencia a las reformas constitucionales y legales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocadas en proteger y ampliar los derechos de las mujeres, garantizar la igualdad sustantiva y fortalecer el derecho a una vida libre de violencia. Subrayó que estas acciones buscan superar la desigualdad histórica y abrir espacios reales para la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos.
Asimismo, reconoció el trabajo de María Elena Orantes, presidenta internacional del Colectivo 50+1, por consolidar una red de mujeres que trabajan por mujeres, con el objetivo común de cerrar brechas y transformar estructuras de exclusión.
Ante diputadas, senadoras y representantes del colectivo, Esquivel reiteró el compromiso de combatir la desigualdad y la violencia, abatir barreras estructurales y fortalecer el empoderamiento femenino. “Por cada niña y mujer que vive discriminación y exclusión, tenemos la obligación de no rendirnos”, concluyó.
El plan incluye colectores de drenaje, modernización de plantas de tratamiento, control de inundaciones y restauración ecológica en más de mil hectáreas de la cuenca del río Tula.
Durante 2026, el gobierno federal y el Gobierno de Hidalgo invertirán 900 millones de pesos en un programa integral de restauración y saneamiento del río Tula, con el objetivo de mejorar la calidad del agua, reducir riesgos por inundaciones, recuperar zonas ambientalmente degradadas y fortalecer la conservación forestal en la región.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detalló que el plan contempla la construcción de 38 kilómetros de colectores de drenaje en la zona metropolitana de Tula, Atotonilco y Atitalaquia, así como el mejoramiento operativo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, la rehabilitación de la planta de la CFE y la construcción de humedales de tratamiento para reducir la carga contaminante.
Como parte del combate a la contaminación, se reforzarán las labores de inspección y vigilancia para prevenir descargas ilegales en la cuenca del río. Estas acciones darán continuidad a los operativos de 2025, cuando se realizaron 53 inspecciones a industrias para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.
El proyecto también prevé el fortalecimiento del sistema de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, que actualmente opera con más de 90 puntos de monitoreo manual, 21 estaciones automáticas y un centro de visualización, lo que permitirá un seguimiento permanente del estado del río Tula.
En materia de protección contra inundaciones, se ejecutarán obras de estabilización en 1.6 kilómetros de taludes, la rehabilitación de dos kilómetros de bordos erosionados, trabajos de control de azolve y la instalación de infraestructura para retención de residuos sólidos en puntos estratégicos del cauce.
Además, se impulsarán acciones de restauración y conservación ecológica para consolidar más de mil hectáreas bajo esquemas de protección ambiental, incluyendo la revegetación de márgenes del río y la atención integral al entorno de la presa Endhó, con medidas de saneamiento y recuperación ecológica.
El presidente de Estados Unidos confirmó que la líder opositora venezolana llegará la próxima semana a la Casa Blanca, en un contexto de presión política, acusaciones de narcotráfico y promesas de inversión petrolera en Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, viajará a Washington la próxima semana, encuentro que, dijo, espera con entusiasmo. El anuncio se dio durante una entrevista con Fox News, donde el mandatario adelantó que sostendrá una reunión directa con la dirigente antichavista.
“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy deseando saludarla”, expresó Trump, quien además calificó a Machado como “una persona muy agradable”.
En días previos, Machado declaró a la misma cadena que le gustaría entregar el Premio Nobel de la Paz a Trump por su papel en el intento de restaurar la democracia en Venezuela. Cuestionado sobre ese planteamiento, el presidente respondió que “sería un gran honor”, confirmando la cercanía política entre ambos.
Durante la entrevista, Trump también arremetió contra Nicolás Maduro, al asegurar que su captura “no fue una decisión difícil” y acusarlo de narcotráfico, violaciones a derechos humanos y desestabilización regional. Afirmó que existió consenso político en Washington para actuar contra el régimen venezolano y lo responsabilizó de permitir la salida de personas peligrosas hacia Estados Unidos.
El mandatario sostuvo que el gobierno venezolano “vacío prisiones e instituciones psiquiátricas”, y vinculó directamente al régimen con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, señalando que su administración logró reducir en 97% el ingreso marítimo de estupefacientes.
Trump aseguró que Estados Unidos mantendrá su intervención en Venezuela hasta que el país “se enderece” y adelantó que su gobierno ya observa avances concretos, como la liberación de presos políticos. Además, reveló que su administración tomó control de un buque petrolero ruso que operaba en Venezuela y anunció que empresas energéticas planean invertir más de 100 mil millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera del país sudamericano.
La Presidenta ordenó a la Cancillería dialogar con el secretario de Estado, Marco Rubio, para reforzar la cooperación en seguridad sin vulnerar la soberanía nacional.
Ante los recientes dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el combate a los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a establecer contacto directo con el secretario de Estado, Marco Rubio, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
Durante la Mañanera del Pueblo en Acapulco, Guerrero, Sheinbaum subrayó que México y Estados Unidos ya cuentan con acuerdos y canales institucionales que regulan la colaboración en seguridad, por lo que cualquier acción debe darse en ese marco. Reconoció que el mandatario estadounidense suele emplear un tono particular en sus declaraciones, pero aclaró que, de ser necesario, ella misma podría sostener una conversación telefónica con Trump para afianzar la coordinación entre ambos países.
Ante las declaraciones de Donald Trump (@POTUS) sobre un posible ataque terrestre a México para combatir a los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) afirmó que su gobierno apostará por fortalecer la comunicación y la cooperación con Estados Unidos. En ese… pic.twitter.com/DLHhZZby1W
La mandataria también se refirió a la posibilidad de operativos marítimos conjuntos, luego de cuestionamientos sobre una eventual presencia de embarcaciones militares estadounidenses en aguas cercanas a México. Precisó que existe un entendimiento entre la Guardia Costera de EUA, el Comando Norte y la Secretaría de Marina, mediante el cual, ante la detección de naves sospechosas, la autoridad estadounidense notifica a México para que sea la Marina quien actúe dentro del mar territorial.
“No queremos pensar en otro escenario, sino en una coordinación más estrecha con pleno respeto a la soberanía”, afirmó la presidenta, al descartar acciones unilaterales.
En otro tema, Sheinbaum informó que sostuvo una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien la invitó a realizar una visita oficial en mayo. Ambos mandatarios abordaron la posibilidad de ampliar la relación económica, tras una reciente visita de empresarios brasileños a México, así como la problemática de la violencia contra las mujeres en sus respectivos países.
El hackeo masivo a la UNAM sacó a relucir que el director de su sede en Canadá, Constantino Macías, ha sido señalado por acoso sexual y abuso de poder.
Antes de su designación, realizada por el polémico exrector Enrique Graue, el también director del Instituto de Ecología ya había sido señalado en una auditoría por no haber transparentado más de 15 mil millones de pesos del CONACYT.
Ahora bien, no es la primera vez que la máxima casa de estudios sufre ataques cibernéticos.
En septiembre de 2015, la UNAM ya había sido presa de un monumental hackeo que reveló algunas de sus prácticas más oscuras.
El hackeo masivo de la Universidad expuso los abusos de autoridad, el nepotismo, la complicidad y la omisión que rodean la operación de sus sedes en el extranjero.
La información difundida reveló que hay personajes allegados a la institución que atesoran un fuerte y pernicioso poder político o cultural, como la escritora Sandra Lorenzano, quien coordina el Centro de Estudios Mexicanos en Chile, o bien el exconsejero del INE, Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos en España.
Pero eso no fue todo.
El hackeo masivo a la UNAM también exhibió las deleznables prácticas en las que ha incurrido el personal de la institución en Canadá.
Documentos puestos a la venta en un servidor web revelaron que Constantino de Jesús Macías García, investigador del Instituto de Ecología, ejerce abusivamente su puesto como director del centro UNAM Canadá.
De acuerdo con esta acusación, Constantino Macías, es alcohólico, racista e incluso un acosador sexual en potencia.
En la carta dirigida a la Máxima Casa de Estudios, los denunciantes narran que el “profesor” llega a la sede en estado de ebriedad, imponiendo al personal de la sede el cuidado de su mascota o favores personales, tales como el envío de regalos personales a su familia.
Además, la carta expone el racismo de Constantino Macías, quien se ha negado a participar en las celebraciones folklóricas con temática mexicana, debido a un desprecio por el embajador Carlos Manuel Joaquín González y por la cultura nacional.
“En diversas ocasiones ha manifestado su desagrado por lo folklórico, la comida mexicana y la cultura de su país. “El Sr. Macías ha mostrado un comportamiento inadecuado fuera de la sede. Particularmente cuando las mujeres asisten con vestimenta que resalta su figura”, consigna el documento.
Dicha actitud la habría perpetrado contra escritoras y asistentes a la Feria Iberoamericana del Libro o con la propia embajadora de Panamá, Romy Vásquez.
En ese sentido, los acusantes señalan que aquellos que se nieguen o se rebelen contra la autoridad de Constantino Macías son despedidos de inmediato.
Por si no bastaran las acusaciones contra él, el “investigador” se ha dado el lujo de despilfarrar los recursos de la institución, solicitando productos Apple para su uso personal y el vehículo de la institución, de la cual cobra el combustible que utiliza en sus paseos por el país.
UNAM omite hackeo, niega problemas en Canadá
En un escueto comunicado, la “máxima casa de estudios” minimizó el hackeo masivo, asegurando que sólo cinco de sus más de 100 mil servidores fueron vulnerados. Además, la Dirección General de Cómputo negó que la información de alumnos o profesores hubiera sido sustraída.
Sin embargo, tanto los correos divulgados por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, muestran una historia totalmente distinta.
Respecto al caso de acoso y alcoholismo de Constantino de Jesús Macías, la Rectoría de Eduardo Lomelí guardó silencio.
Meses antes de que la acusación formal fuese enviada a la institución educativa, las instancias administrativas habían premiado con un año sabático a Constantino.
Del 1 de enero al 31 de diciembre, el investigador había solicitado una licencia en el Instituto de Ecología, donde era titular.
La UNAM no explicó cómo un académico con licencia y en año sabático de pronto estaba dirigiendo la sede en Canadá.
Las acusaciones que realizó el personal de la sede en aquel país no son las únicas que pesan sobre el investigador.
La última auditoría realizada en 2018 al Instituto de Ecología que dirigió Macías muestra su grave tendencia a la opacidad, pues no pudo explicar el destino de más de 15 mil 443 millones de pesos que el CONACYT había destinado al instituto.
Meses más tarde la UNAM cerró la investigación señalando que se habían atendido las recomendaciones y del dinero, jamás volvió a explicar nada.
Desde que ingresó a la UNAM, universidad en la que también trabajó su padre, Macías fue adquiriendo poco a poco poder e influencia, sobre todo con la elección de Enrique Graue como rector, pues fue él quien lo nombró director del Instituto de Ecología y también quien lo designó director de la sede UNAM-Canadá, antes de terminar su rectoría en 2023.
Así, el investigador de la UNAM fue convirtiéndose en una figura de amplia influencia, ejerciendo su cargo, según apuntan, desde el nepotismo, el abuso y el amiguismo.
Con el aumento vigente desde enero, México se coloca en el cuarto lugar de América Latina en salario mínimo medido en dólares, reflejo de una política sostenida de recuperación del poder adquisitivo.
El salario mínimo en México arrancó 2026 con un salto histórico que lo coloca entre los cinco más altos de América Latina, de acuerdo con un comparativo regional elaborado con el tipo de cambio vigente al 1 de enero. El avance consolida un cambio de rumbo frente a años de rezago y ubica al país en el cuarto lugar regional, solo detrás de Costa Rica, Uruguay y Chile.
En 2018, México figuraba al final del ranking con un salario mínimo mensual de 136.84 dólares. Para 2026, el monto asciende a 531.68 dólares, resultado de una política de incrementos graduales impulsada desde hace más de un sexenio. Este avance se reforzó con el acuerdo tripartita alcanzado en diciembre entre empresarios, sindicatos y el gobierno federal.
En términos nacionales, el ajuste fue de 13% al salario mínimo general, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte el incremento alcanzó 5%. Así, el pago diario obligatorio quedó en 315.04 pesos en la mayor parte del país y en 440.87 pesos en municipios fronterizos. A nivel mensual, esto equivale a 9 mil 582.47 pesos y 13 mil 409.80 pesos, respectivamente.
En sólo un año, México pasó del sexto al tercer lugar en salario mínimo entre los países de América Latina.
Con justicia social fortalecemos la economía de las familias; por el bien de todos, primero los pobres. pic.twitter.com/1IaF2ZLsVJ
En el comparativo latinoamericano de 2026, Costa Rica encabeza la lista con 750 dólares mensuales, seguida de Uruguay (629.26) y Chile (598.29). México se coloca por encima de países como Guatemala, Belice y Ecuador, consolidando una mejora sostenida en los ingresos base.
Desde el ámbito laboral, autoridades han subrayado que pagar por debajo del mínimo es ilegal y puede derivar en sanciones y multas. En redes sociales, Luisa María Alcalde destacó que México pasó de los últimos lugares a la parte alta del ranking regional, como parte de una estrategia para recuperar el poder adquisitivo.
El nuevo posicionamiento del salario mínimo en México en 2026 se ha convertido en uno de los indicadores económicos más relevantes del inicio de año, por su impacto directo en millones de trabajadores y en el consumo interno.
