El titular de Seguridad llegó al mediodía a San Lázaro para explicar a los coordinadores parlamentarios qué logró en dos años de gobierno y qué le falta por resolver.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, comparece este jueves 8 de octubre ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados. Es parte de la rendición de cuentas por los dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, avisó de su llegada en la red social X. Según escribió, la reunión busca fortalecer la seguridad del país.
La cita transcurre a puerta cerrada, y los medios solo tendrán un breve espacio para hacer preguntas. Todos los secretarios del gabinete pasan por este ejercicio cada año. Este encuentro sirve además para discutir el Segundo Informe de Gobierno en materia de seguridad.
Los legisladores esperan que Harfuch explique la estrategia federal que aplica desde el inicio del sexenio. Eso incluye el trabajo coordinado con las 32 entidades del país. Además, deberá reconocer los pendientes que aún tiene su dependencia.
Lo que dijo en su comparecencia anterior
Harfuch acudió por última vez a la Jucopo el 26 de mayo de 2025. Ese día presentó un balance de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y respondió las dudas de los grupos parlamentarios.
Monreal contó entonces que la conversación tocó la cooperación con Estados Unidos y los operativos federales. También habló de las consecuencias de esos operativos. El morenista la describió como un diálogo directo entre los diputados y el responsable de la política de seguridad.
En aquella ocasión, el secretario informó que el gobierno federal sumaba más de 21 mil detenciones desde el arranque de la administración. Atribuyó esas cifras al trabajo conjunto de las corporaciones de seguridad y las instituciones de justicia.
Harfuch también reportó el aseguramiento de más de 11 mil armas de fuego en los primeros seis meses de gobierno. Para lograrlo, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República salieron a operar en distintos estados.
En Las Tinajas, los marinos hallaron precursores químicos, tres destiladores y dos vehículos en un laboratorio clandestino para fabricar drogas sintéticas.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en el poblado Las Tinajas, municipio de Elota, Sinaloa. Los marinos actuaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El operativo forma parte del reforzamiento de la seguridad en el estado. Además, busca debilitar a los grupos criminales que fabrican drogas sintéticas.
En el sitio, los marinos aseguraron 150 litros de precursores químicos líquidos. También encontraron más de 92 kilos de precursores químicos sólidos. Esas sustancias sirven para producir drogas que después llegan a las calles.
El equipo del laboratorio muestra que el lugar trabajaba a gran escala. Los marinos aseguraron tres destiladores, dos centrifugadoras y tres mezcladoras. Además, decomisaron una báscula, ventiladores, tres bombas de agua y varias herramientas. También retiraron dos vehículos.
Con este golpe, el Gabinete de Seguridad busca frenar la producción y la distribución de drogas. Su meta es que estas sustancias no lleguen a las familias ni a los jóvenes. Así, las autoridades quieren fortalecer la seguridad de quienes viven en Sinaloa.
A menos de tres semanas del balotaje, jóvenes universitarios llenaron el centro de Río de Janeiro con consignas por la democracia y la soberanía de Brasil.
Miles de estudiantes vestidos de rojo recorrieron este miércoles el centro de Río de Janeiro. Protestaron contra la posibilidad de que Flávio Bolsonaro llegue a la presidencia de Brasil. El candidato de derecha superó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta.
Los jóvenes caminaron entre dos plazas históricas de la ciudad. Coreaban consignas y llevaban pancartas sobre la soberanía y la democracia. Según ellos, ambas están bajo amenaza.
Entre la multitud destacaba Talita Amaral, de 19 años, estudiante de ciencias ambientales. Llevaba la camiseta amarilla y verde de la selección de fútbol, que muchos simpatizantes de Bolsonaro suelen usar. Para ella, era una forma de recuperar los colores del país. “Estamos luchando por Brasil, no por Lula”, afirmó.
Talita no se permite el desánimo. “No tenemos tiempo para estar tristes”, dijo. Explicó que hay que ocupar las calles y mandar mensajes por grupos de WhatsApp para convencer a otros votantes. Mientras hablaba, el cántico “Olé olé olé ola, Lula Lula” resonaba en la plaza Cinelandia.
El domingo pasado, ni Flávio Bolsonaro ni Lula superaron el 50 % de los votos. Por eso se enfrentarán en una segunda vuelta impredecible el 25 de octubre. Flávio es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
Además, Flávio llega con dos ventajas. Primero, recibió 2 millones de votos más que Lula. Segundo, los candidatos que quedaron en tercero, cuarto y quinto lugar están a la derecha. Entre los tres sumaron más de 8 millones de votos.
Bolsonaro también carga con un problema legal. Enfrenta una investigación por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal por sus vínculos con el fallido Banco Master. Muchos manifestantes mencionaron ese caso durante la marcha.
Otros recordaron la pandemia de coronavirus durante el gobierno de Jair Bolsonaro, cuando murieron más de 700 mil personas. Algunas pancartas decían “Brasil no es el patio trasero de nadie” y “No voto por alguien que vende a Brasil”.
Muchos integrantes de la izquierda temen un giro en la política exterior. Creen que Flávio alinearía por completo al gobierno brasileño con Estados Unidos, por la cercanía de su familia con Donald Trump. El año pasado, Trump ordenó un arancel de 50 % a productos brasileños. También sancionó a un juez del Supremo Tribunal Federal por el juicio contra Jair Bolsonaro, al que llamó “cacería de brujas”.
João Victor Vieira, estudiante de literatura de 20 años, expresó ese miedo sin rodeos. “Si Bolsonaro gana, Brasil se convertirá en una colonia de Estados Unidos”, afirmó. Dijo que Bolsonaro amenaza a las minorías, como las personas de color, las mujeres y la comunidad LGBTQ+.
João Victor admitió que los resultados del domingo lo golpearon. Aun así, la marcha le devolvió la esperanza. “Esta protesta muestra que los movimientos sociales siguen muy vivos”, sostuvo. Y cerró con una promesa: “Resistiremos”.
Con su segundo C-130J-30, la Fuerza Aérea Mexicana se convierte en la primera de América Latina en integrarse a la flota global de este avión.
La embajada de Estados Unidos en México aplaudió este miércoles la compra de un segundo avión de transporte táctico C-130J-30 Super Hércules. La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) lo adquirió a empresas estadounidenses. La sede diplomática calificó la operación como “otro logro para la alianza estratégica entre Estados Unidos y México”.
En un mensaje en la red social X, la embajada felicitó a la FAM y a Lockheed Martin, la fabricante de la aeronave. Además, destacó que la compra fortalece los vínculos comerciales. También dijo que impulsa la cooperación bilateral en seguridad regional.
La noticia tiene un antecedente reciente. El 23 de septiembre, la empresa informó que este avión se suma a otro que la FAM compró este mismo año. Con esa primera unidad, México se volvió el primer país de América Latina en entrar a la flota global del Super Hércules.
Para la FAM, el Hércules no es un desconocido. La institución opera estos aviones desde hace más de cinco décadas. Ahora renueva su flota con la versión C-130J-30, más larga que el modelo tradicional. Esa variante ofrece unos 4.5 metros más de espacio de carga. También tiene más potencia, mayor alcance y mejor rendimiento de combustible.
Trish Pagan, vicepresidenta de Movilidad Aérea y Misiones Marítimas de Lockheed Martin, destacó el peso de este avión en el mundo. Afirmó que el C-130J es “la columna vertebral del transporte aéreo mundial”. Según Pagan, la inversión de México muestra confianza en una plataforma que dura décadas. Añadió que puede trabajar sin fricciones con las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados.
La empresa también detalló lo que puede hacer la nave. El C-130J tiene certificación para 20 tipos de misiones. Entre ellas figuran el lanzamiento de carga, la búsqueda y el rescate, el combate de incendios y la evacuación médica. Hoy, más de 570 aeronaves de este tipo vuelan en el mundo.
Las empresas que insistan con publicidad por teléfono pagarían hasta 2 millones 345 mil pesos. La reforma ya pasó al Senado y ahora llega a Diputados.
Contestar el teléfono para rechazar otra vez la misma oferta cansa a cualquiera. El Senado de la República quiere acabar con esa rutina. Este miércoles aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor. El cambio castiga a las empresas que llaman una y otra vez sin permiso.
La reforma modifica los artículos 18 Bis y 127 de la ley. Las multas irían de 56 mil 570 pesos a 2 millones 345 mil 728.71 pesos. Hoy, la sanción que se mencionó en el debate es de apenas 760 pesos. El dictamen no recibió reservas y obtuvo 96 votos a favor, en lo general y en lo particular.
La senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón presentó la iniciativa el 21 de octubre de 2025. Su idea es sencilla: si una persona dice que no quiere publicidad, la empresa debe respetarlo. Ante el pleno, explicó que nadie debería rechazar las ofertas de la misma compañía una y otra vez. Para ella, la tranquilidad de las familias no puede depender de cuántas veces digan “no”.
La reforma también cierra una puerta que algunas empresas usan. Si una compañía contrata a otra para hacer las llamadas, no se libra de su responsabilidad. Seguirá respondiendo por el manejo de la información de los consumidores.
Además, la propuesta prohíbe que los proveedores llamen de forma reiterada y persistente con fines comerciales. Esa regla aplica a quienes usan datos del consumidor para vender o promocionar. También cubre otros medios que la persona no haya autorizado.
La senadora del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura respaldó el dictamen y destacó el aumento de las multas. Según explicó, la medida apunta a las empresas que insisten en vender productos, servicios o tarjetas de crédito. Lo hacen aunque el cliente ya dijo que no le interesa. Corona Nakamura también preguntó cómo consiguen esas empresas los números de teléfono. Por eso pidió reforzar la protección de los datos personales.
El problema pesa en el día a día de los mexicanos. Los argumentos del dictamen citan datos de la aplicación Truecaller. Según esa información, México está entre los países con más llamadas no deseadas. Cada usuario recibe entre 20 y 25 llamadas spam al mes.
Durante el debate solo hablaron dos senadoras: Martínez Simón y Corona Nakamura. Corona Nakamura sostuvo que la gente no debería gastar su tiempo en rechazar llamadas ni en explicar que no quiere comprar.
Ahora la Cámara de Diputados analizará el dictamen. Si completa el proceso legislativo, las nuevas reglas cambiarán las sanciones para las empresas que llamen sin autorización y con insistencia. Los consumidores conservarán su derecho a decir que no quieren publicidad, y las empresas pagarán más caro si lo ignoran.
Con un video casero, el presidente brasileño pide a jóvenes y trabajadores salir a votar el 25 de octubre ante Flávio Bolsonaro.
Luiz Inácio Lula da Silva cambió su forma de hacer campaña. El presidente de Brasil grabó un video en formato selfie, sin estudio ni producción, y llamó a movilizarse antes del balotaje. “¡Vamos a la calle! ¡Vamos a ganar estas elecciones para no permitir que el retroceso vuelva a este país!”, dijo a sus bases.
Lula dirige el mensaje a los trabajadores y a los sectores democráticos. Según su campaña, esos votantes rechazan el regreso de un proyecto neoliberal y conservador. El mandatario habla directo a la cámara, sin intermediarios, como lo haría cualquier persona con su teléfono.
El giro llegó tras la primera vuelta, que dejó un país muy dividido. Más de 158 millones de personas podían votar y la participación alcanzó 78,92 %. Nadie superó el 50 % de los votos válidos. Flávio Bolsonaro sumó 47,03 % y Lula 45,16 %, según el conteo del Tribunal Superior Electoral (TSE). Por eso, ambos se medirán de nuevo el 25 de octubre.
Los nuevos videos apuntan a los más jóvenes. También buscan a quienes piden un empleo digno y la oportunidad de estudiar. La campaña quiere llegar a ellos por las redes, porque los medios tradicionales no les hablan igual. Además, el tono casero busca un vínculo más cercano con la gente.
Fuera de la pantalla, el Partido de los Trabajadores (PT) también se mueve. Sus brigadas recorren los barrios periféricos de São Paulo, Río de Janeiro y el Nordeste. Los militantes conversan cara a cara con quienes aún no deciden su voto. Con ese trabajo, el partido espera recuperar a los electores que se quedaron en casa en la primera vuelta.
Mientras tanto, el proceso electoral también genera tensión institucional. Kassio Nunes Marques, presidente del TSE, defendió la confiabilidad de las urnas electrónicas y la transparencia del escrutinio. Por su parte, la Policía Federal abrió investigaciones de inteligencia tras las denuncias de la Abogacía General del Estado. Los agentes revisan posibles maniobras de injerencia externa durante los comicios.
Ahora, los dos candidatos salen a buscar los votos que no lograron en la primera vuelta. La diferencia entre ambos es estrecha, así que cada barrio y cada centro de trabajo cuentan. El 25 de octubre, los brasileños decidirán quién gobierna el país.
Con 325 votos a favor, la reforma obliga a plataformas a suspender el servicio a quienes violen derechos de autor de forma reiterada.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general, reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. Los cambios fijan reglas para los proveedores de Internet. El bloque mayoritario los defendió como una forma de proteger el trabajo de artistas y creadores en el entorno digital.
La votación dejó 325 sufragios a favor, de Morena, PT y PVEM. En contra votaron 114 legisladores del PRI, PAN y MC. También se sumaron el pevemista Julio Scherer Pareyón y la petista Martha Aracely Cruz. Olga Sánchez Cordero, de Morena, se abstuvo. Explicó que las normas en esta materia “son muy abiertas y dejan a mucha discrecionalidad por parte de la autoridad administradora sancionadora”.
La reforma pide a las plataformas digitales y a los proveedores de Internet retirar o suspender el servicio a los usuarios que violen derechos de autor de forma reincidente. Los proveedores tendrán responsabilidad cuando “contribuyan, induzcan o tengan conocimiento directo” de esas infracciones.
Además, el texto prevé multas de hasta 4.6 millones de pesos. Pagarán esa sanción los proveedores que no tomen medidas contra quienes infrinjan los derechos de autor una y otra vez en el entorno digital.
El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, defendió la iniciativa presidencial en tribuna. Leyó varios fragmentos del texto para, según dijo, aclarar de qué trata. Explicó que el objetivo es actualizar el marco legal ante el mundo digital. Para ello, la reforma establece reglas sobre la responsabilidad secundaria y la corresponsabilidad de los proveedores.
Sandoval también recordó que México debe cumplir compromisos del T-MEC. El capítulo 20 de ese tratado fortalece la protección de la propiedad intelectual en línea. Además, incluye reglas para los proveedores de servicios de Internet. “No hay violación a la libertad de expresión”, recalcó el petista.
Algunos legisladores de oposición pidieron más claridad sobre el alcance de la reforma. Jesús Antonio Nader, del PAN, advirtió que los proveedores podrían retirar contenidos por miedo a las multas. Mario Zamora Gastélum, del PRI, reconoció que hace falta proteger a los creadores frente a la piratería.
La sesión tuvo un ritmo especial. Morena quería terminarla pronto para que sus diputados llegaran a los festejos por el 15 aniversario del partido, en el Auditorio Nacional. Al final, los legisladores no salieron de San Lázaro. La discusión en lo particular continúa.
Ante diputados, la alcaldesa de Uruapan pidió que la FGR atraiga el caso de su esposo y denunció que solo recibió el expediente por partes.
La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, habló este miércoles en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Según Quiroz, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le dijo que no debía entregar el celular de su esposo, Carlos Manzo.
La alcaldesa contó que habló con el funcionario unos días antes. Quería saber qué hacer ante el requerimiento de la Fiscalía de Michoacán, un tema que ya acaparaba titulares. “Su respuesta fue: ‘Presidenta, usted no tiene por qué entregar ese aparato telefónico. Nosotros ya tenemos toda la información que necesitábamos de ese aparato telefónico’”, afirmó.
Además, Quiroz relató que Harfuch le explicó otra ruta para conocer los mensajes de Manzo. Según ella, las autoridades federales pueden pedirlos a las compañías telefónicas. “Tenemos todo el poder para ir a las compañías de ese teléfono, precisamente para solicitar las comunicaciones que Carlos tuvo, los mensajes que le mandaron”, dijo al atribuir esas palabras al secretario.
La disputa por el aparato lleva meses. El 3 de junio, el entonces fiscal Carlos Torres Piña consideró que las investigaciones podían avanzar sin el celular. Casi tres meses después, el 28 de agosto, la Fiscalía notificó un nuevo requerimiento para someter los equipos a peritajes.
El 29 de septiembre, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez subió el tono. Advirtió que las medidas de apremio podían llegar hasta un arresto si persistía la negativa. Entre las diligencias pendientes, mencionó la revisión de posibles alteraciones en el WhatsApp de Manzo, a quien asesinaron el 1 de noviembre de 2025. Esa advertencia habló de un posible arresto como medida de apremio. No anunció una orden de aprehensión contra Quiroz.
La alcaldesa ya había contado que gestionaba con Harfuch una extracción de datos a cargo de las autoridades federales. El 30 de septiembre también aseguró que el teléfono ya había pasado por revisión.
En San Lázaro, Quiroz defendió su postura con la Constitución. Explicó que el artículo 16 protege las comunicaciones privadas y que cualquier acceso requiere autorización judicial. Con ese argumento, rechazó que la Fiscalía pueda arrestarla por no entregar el teléfono.
“Yo creo que lo que ellos quieren es meterse en la vida personal y eso no lo vamos a permitir”, expresó. Para ella, la insistencia busca desviar la investigación del asesinato.
Quiroz no ocultó su temor. “Que si pueden atreverse a meterme a la cárcel, por supuesto que sí, tienen todo el poder, tienen todo a su favor”, dijo. Pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que revise cómo actúan las fiscalías y los gobernantes.
La alcaldesa llegó acompañada por la diputada federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, conocida como Lupita Arias. La legisladora presentó un punto de acuerdo para exhortar a la FGR a atraer la investigación del homicidio. El texto pide aclarar toda la cadena del crimen, desde la planeación y el financiamiento hasta el encubrimiento y los posibles beneficiarios. Arias presentó la propuesta sin anunciar su aprobación en el pleno.
Quiroz reiteró su llamado a Sheinbaum y a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, para que la instancia federal asuma el caso. Además, denunció que sus abogados siguen sin ver el expediente completo, once meses después del crimen. “No he obtenido al 100% esa carpeta de investigación, me lo han dado en partes”, reclamó. Por eso busca una Fiscalía que considera más neutral.
Los diputados de Movimiento Ciudadano también la respaldaron. La coordinadora, Ivonne Ortega Pacheco, apoyó la petición y acusó a Morena de encubrimiento, acoso y omisión. Por su parte, Laura Ballesteros acusó a las autoridades de Michoacán de fabricar expedientes para perseguir a Quiroz y frenar al Movimiento del Sombrero. También señaló un presunto conflicto de interés en la investigación.
Quiroz insistió en que no llegó como política, sino como víctima. Pidió que su presencia junto a los legisladores se entienda como un acto de solidaridad. Aseguró que enfrentó acusaciones sin fundamento, filtraciones y versiones sin sustento para manchar el nombre de su esposo. “Hoy me quieren silenciar, hoy no quieren que Grecia Quiroz siga exigiendo justicia”, sostuvo.
Cerró con una frase sencilla. “No pido un privilegio, pido que se aplique el derecho, no pido venganza tampoco, pido verdad. No pido un favor, vengo a exigir justicia”, expresó.
La Ciudad de México cambiará la forma en que atiende a las personas en situación de calle con un nuevo modelo que busca ir más allá de los albergues tradicionales y ofrecer acompañamiento integral para recuperar derechos, autonomía y, cuando sea posible, acceder a una vivienda.
📹 #Vídeo | Esta mañana, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), presentó la Red de Atención, Cuidados y Construcción de Autonomía para Personas en Situación de Calle, donde el secretario de Bienestar, Pablo Yañez Riso, explicó que la idea es que estas personas… pic.twitter.com/JK42XVmjNY
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Red de Atención, Cuidados y Construcción de Autonomía para Personas en Situación de Calle, con la que se pondrán en marcha nuevas Comunidades de Cuidados, además de brigadas, servicios médicos, atención diurna y alternativas para la recuperación de proyectos de vida.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Brugada señaló que vivir en la calle representa una de las expresiones más graves de exclusión y pobreza, pues no sólo implica perder un hogar, sino también enfrentar la ruptura de vínculos, problemas de salud y dificultades para recuperar la autonomía.
“Queremos que nadie tenga la calle como destino y que toda persona encuentre una puerta abierta para recuperar sus derechos, su autonomía y su futuro”, afirmó.
Como parte del nuevo esquema, el Gobierno capitalino habilitará cuatro Comunidades de Cuidados, dos de ellas dentro del Perímetro A del Centro Histórico y otras dos en zonas cercanas, que en conjunto representan alrededor de 16 mil metros cuadrados. Estos espacios sustituirán gradualmente al modelo de albergues y estarán diseñados para evitar la sobrepoblación y ofrecer condiciones de mayor privacidad.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), detalló que este nuevo plan integral de cuidados permitirá atender a las personas que más lo necesita y adelantó 1ue ya se tienen cuatro centros de comunidad de cuidados, antes llamados albergues. pic.twitter.com/IQkUu5hDP5
La intención es que las personas ya no sean atendidas en grandes dormitorios colectivos, sino en habitaciones para grupos pequeños, con espacios recreativos, culturales y deportivos. También habrá áreas destinadas a familias para evitar separaciones y, en algunas comunidades, espacios para recibir a los animales de compañía de quienes requieran atención.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), detalló que en este nuevo modelo se privilegiara el derecho a la privacidad, en ese sentido ya no habrán grandes galerones con muchas camas, habra muchas habitaciones para privilegiar su privacidad, ademas se respetará a sus… pic.twitter.com/jNtDBjxd18
El Gobierno capitalino también contempla instalaciones especializadas para niñas y niños en situación de abandono, bajo la responsabilidad del DIF, mientras que los espacios destinados a personas con discapacidad física o intelectual y quienes enfrenten problemas de adicciones tendrán una participación más directa de la Secretaría de Salud.
La nueva red pondrá especial atención en la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. En cada Comunidad de Cuidados habrá servicios especializados y se desarrollarán esquemas de atención residencial intensiva para casos que requieran procesos más prolongados, con estancias que podrían ir de uno a seis meses.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que la atención comenzará desde el territorio, mediante brigadas que acudirán directamente a los lugares donde se encuentran las personas en situación de calle. Estos equipos contarán con personal de medicina, psicología, odontología, enfermería y laboratorio.
El objetivo será que la persona no tenga que recorrer por su cuenta las distintas instituciones para recibir ayuda. Una vez identificadas sus necesidades, un equipo especializado realizará una valoración y dará seguimiento al caso para conectarlo con los servicios correspondientes.
Uno de los cambios centrales será que la atención se ofrecerá de manera voluntaria y con respeto a las decisiones de cada persona. El modelo contempla reducción de riesgos y daños y establece que, ante una crisis médica o psiquiátrica que requiera hospitalización, el regreso a la red deberá hacerse de manera acompañada, evitando que la persona salga del hospital nuevamente a la calle sin seguimiento.
La estrategia también contempla hogares protegidos para personas con discapacidad psicosocial que requieren cuidados continuos. Los primeros espacios estarán relacionados con la reconversión de las instalaciones de Cascada y Cuemanco, donde se establecerán distintos niveles de apoyo, dependiendo de las necesidades de cada persona.
Además de la atención residencial, el gobierno capitalino desplegará servicios que llegarán directamente a las calles. Habrá brigadas en las 16 alcaldías, centros de atención diurna y unidades móviles para ofrecer servicios de salud, higiene, asesoría jurídica y otros apoyos.
Entre las medidas anunciadas se encuentran baños móviles con sanitarios y regaderas, así como la posibilidad de acceder a cambios de ropa. También se implementarán clínicas móviles para acercar los servicios de salud a los puntos donde se concentran las personas en situación de calle.
El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, explicó que la nueva política estará basada en lo que denominó las “Cinco A”: acercamiento, atención, activación de alternativas, acompañamiento y construcción de autonomía.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
La estrategia contempla además valoración y diagnóstico integral, alimentación, higiene, atención médica y psicológica, restitución de derechos, vinculación familiar, educación, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, acceso a vivienda y acompañamiento después del egreso de las comunidades.
Cada persona tendrá un expediente y un plan individual de atención, debido a que las autoridades reconocen que no existe una sola causa ni una misma trayectoria para quienes viven en la calle. La intención es que cada caso sea acompañado por profesionales y que el proceso pueda adaptarse conforme cambien las necesidades de la persona.
Yanes destacó que esta política se vincula con la reciente Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, que reconoce por primera vez a las personas en situación de calle como parte de este sistema y plantea el cuidado como un derecho y una responsabilidad pública.
El nuevo modelo también contempla atención diferenciada para mujeres y personas LGBT+ en situación de calle, con espacios seguros, acompañamiento psicológico y jurídico y servicios especializados.
Brugada insistió en que las Comunidades de Cuidados no serán espacios obligatorios ni lugares de encierro, sino alternativas para quienes decidan recibir apoyo. Al mismo tiempo, reconoció que existen conflictos entre personas en situación de calle y vecinos o comerciantes, así como casos en los que algunas personas pueden cometer delitos, por lo que la política deberá buscar un equilibrio entre derechos, seguridad y convivencia.
La apuesta del gobierno capitalino es que la atención deje de limitarse a resolver una emergencia y se convierta en un proceso continuo que permita recuperar salud, vínculos, empleo, vivienda y autonomía.
“Nadie sobra en esta ciudad y nadie debe de ser invisible”, sostuvo Brugada, al señalar que el propósito final es que quienes perdieron su hogar puedan contar con una oportunidad real para reconstruir su proyecto de vida.
La tregua no frenó la violencia en Gaza ni en Cisjordania. Cifras de la ONU y de organizaciones palestinas muestran el costo humano de una guerra que golpea a niños, maestros y presos.
Han pasado tres años desde el 7 de octubre de 2023 y Gaza todavía no vive en calma. El alto al fuego no detuvo la violencia. Tampoco devolvió a las familias una vida normal.
Para entender esta fecha hay que mirar más atrás. Israel ocupa los territorios palestinos desde 1967 y mantiene un bloqueo sobre Gaza desde 2007. Durante décadas, los asentamientos, las restricciones de movimiento y las operaciones militares marcaron la vida de millones de personas.
El ataque de Hamás de 2023 abrió una etapa aún más devastadora. La ofensiva israelí que siguió devolvió la cuestión palestina al centro de la agenda mundial. Según las cifras citadas, Israel ha matado a 74 mil 040 palestinos y ha herido a 175 mil 168 desde entonces.
La destrucción de amplias zonas del enclave dejó a miles de familias sin casa. Por otra parte, en Cisjordania la población convive con allanamientos, redadas, detenciones y órdenes de demolición. Además, los controles militares limitan sus movimientos cada día.
El tema también llegó a los tribunales. En 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal. Asimismo, exigió el fin de las políticas ligadas a esa situación. Mientras tanto, crecieron las protestas de apoyo al pueblo palestino en muchos países.
Maestros bajo presión
Las aulas también cargan con el peso del conflicto. El Ministerio de Educación palestino informó el domingo que más de 800 docentes han muerto y otros 3 mil 300 han resultado heridos desde octubre de 2023. Además, más de 170 maestros siguen presos en condiciones difíciles.
En vísperas del Día Mundial de los Maestros, el 5 de octubre, el ministerio habló de un “genocidio integral” contra el sistema educativo. En Cisjordania, los retenes y las restricciones impiden que muchos profesores lleguen a sus escuelas. Masafer Yatta, al-Mughayyir, el Valle del Jordán y la Zona C sufren los mayores obstáculos.
La Zona C abarca cerca del 60 por ciento de Cisjordania y está bajo control israelí desde los Acuerdos de Oslo II, de 1995.
A esto se suma una crisis económica. Israel recauda impuestos en nombre de la Autoridad Palestina, según el Protocolo de París de 1994. Esos fondos representan cerca del 56 por ciento de los ingresos públicos palestinos. Israel empezó a descontarlos en 2019 y luego frenó las transferencias. Por eso, la Autoridad no logra pagar sus salarios completos, y los maestros viven con angustia y precariedad.
El ministerio pidió una respuesta internacional inmediata. También exhortó a la ONU y a los sindicatos de otros países a presionar por la liberación de los docentes presos.
La infancia, la mayor víctima
Los niños pagan el precio más alto. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño registró al menos 16 mil 756 menores muertos y 6 mil 168 heridos entre el 7 de octubre de 2023 y el 10 de septiembre de 2024. Miles más podrían yacer bajo los escombros. Esa cifra supera la de adultos, hombres y mujeres, fallecidos en el mismo periodo.
La presidenta del Comité, Ann Skelton, recordó que los menores siempre tienen la condición de civiles. Matarlos viola el derecho internacional humanitario.
Los datos del organismo describen una infancia rota:
– Al menos un millón de niños han tenido que huir de sus hogares.
– 21 mil permanecen desaparecidos.
– Unos 20 mil perdieron a uno o a ambos padres.
– Cerca de 17 mil están solos o lejos de sus familias.
– 3 mil 500 enfrentan un riesgo mortal por falta de comida.
El vicepresidente del Comité, Bragi Gudbrandsson, calificó la situación de Gaza como excepcionalmente grave. Señaló tres abusos: las muertes y mutilaciones, los ataques a escuelas y hospitales, y los bloqueos a la ayuda humanitaria. El Comité también denunció que las fuerzas israelíes detienen a niños durante meses sin cargos, sin juicio y sin abogado. Muchos no pueden hablar con sus familias.
Presos y desaparecidos
Las organizaciones de defensa de los presos palestinos confirmaron la muerte de al menos 92 detenidos bajo custodia israelí en estos tres años. Esa cifra equivale a cerca del 28 por ciento de todos los presos palestinos fallecidos en prisión desde 1967. Además, decenas de detenidos de Gaza siguen en paradero desconocido.
A comienzos de octubre, unos 9 mil 300 palestinos estaban en cárceles israelíes. Entre ellos hay 118 condenados a cadena perpetua, 91 mujeres y 350 menores. Otras 3 mil 101 personas están en detención administrativa y mil 419 figuran como “combatientes ilegales”, una categoría que Israel también aplica a detenidos de Siria y Líbano.
En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, los arrestos superan los 26 mil. En Gaza, miles de personas más han sido detenidas, aunque los cortes de comunicación y las desapariciones forzadas impiden conocer la cifra real. Más de 800 mujeres y más de 2 mil menores de Cisjordania figuran entre los arrestados, según las organizaciones palestinas.
Los arrestos casi nunca llegan solos. Suelen venir con allanamientos, destrucción de bienes, amenazas y malos tratos. Las familias cargan después con secuelas psicológicas, sociales y económicas.
Durante una conferencia de prensa y una marcha solidaria en Al-Bireh, los grupos de defensa de presos exigieron más presión internacional contra la pena de muerte. También pidieron que los tribunales no discriminen. Para ellos, proteger la vida de los detenidos es una responsabilidad del mundo entero.
Tres años después, el 7 de octubre no marca el inicio de la historia palestina. Marca el momento en que el mundo volvió a mirar un conflicto que lleva décadas sin una solución que garantice los derechos de su pueblo.(Con información de Telesur).
