El gobierno de Trump sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional y a tres funcionarios más por las pesquisas del tribunal contra Israel.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional. La medida marca un nuevo golpe en la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra el tribunal de La Haya.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó también al abogado senegalés Abdoulaye Seye en la lista de sancionados. Seye trabaja en la fiscalía de la CPI y ha supervisado investigaciones sensibles para Washington. Estas pesquisas abordan la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania.
Las sanciones bloquean cualquier bien que ambos funcionarios posean bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohíben a ciudadanos y empresas de EUA realizar transacciones con ellos. El Tesoro permitirá, sin embargo, cerrar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.
Otras fuentes confirman que Washington amplió el golpe hacia dos jueces más. Se trata de Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia. Ambos magistrados integraron la sala que rechazó recientemente los recursos de Israel contra las investigaciones sobre Gaza.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión con dureza. Calificó a la CPI como un tribunal “corrupto y profundamente politizado” que se ha extralimitado en su mandato. Añadió que su gobierno no tolerará lo que llama un ataque a la soberanía de los estados.
Como presidenta, Akane cumple funciones sobre todo institucionales y de representación del tribunal. Su llegada a la lista de sancionados eleva el nivel del enfrentamiento entre Washington y la corte.
La CPI respondió con firmeza horas después del anuncio. El tribunal advirtió que estas sanciones “socavan el Estado de derecho” y ponen en riesgo el orden jurídico internacional. Insistió en que amenazar a jueces y fiscales debilita a la justicia misma.
La corte aseguró que seguirá trabajando con independencia e imparcialidad. Dijo que continuará aplicando el Estatuto de Roma, su tratado fundacional, pese a las presiones externas.
Esta acción se suma a una campaña que Trump inició al volver al poder. En febrero firmó una orden ejecutiva que señaló a distintas investigaciones de la CPI como una amenaza para la seguridad nacional. Esa orden apunta directamente a las pesquisas sobre el ejército estadounidense en Afganistán. También respalda las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Estados Unidos nunca firmó el Estatuto de Roma, por lo que no reconoce la jurisdicción del tribunal sobre sus ciudadanos. El gobierno de Trump aplica el mismo argumento para proteger a Israel, otro país que tampoco suscribió el estatuto.
Bajo esta misma orden, la Casa Blanca ya había sancionado antes a otros fiscales, jueces y hasta a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese.
