Autor: Los Reporteros Mx

  • La esencia de los pueblos y la realidad que no queremos ver

    La esencia de los pueblos y la realidad que no queremos ver

    La esencia de un pueblo se construye a partir de sus tradiciones, su historia y, sobre todo, del calor de su gente. Es ahí donde radica su verdadera identidad. Yo nací en un lugar que considero profundamente hermoso por muchas razones: su riqueza histórica, la diversidad de su geografía y, aún más, la calidad humana de su gente. Veracruz, como muchos rincones de México, es tierra de personas abiertas, hospitalarias, siempre dispuestas a conversar, a compartir, a recibir.

    Los veracruzanos y en general los mexicanos entendemos nuestras regiones desde el orgullo. Nos reconocemos en nuestra cultura, en nuestra gastronomía, en nuestras costumbres y en esa energía tan particular que nos distingue. Cuando viajamos o vivimos en el extranjero, inevitablemente surge una comparación: quisiéramos ver a nuestro país con mejores condiciones, más orden, mayor desarrollo. Sin embargo, también es cierto que cada rincón del mundo tiene su propia esencia, su propia historia y su propia realidad.

    Y es precisamente ahí donde el análisis debe ir más allá del romanticismo.

    Hoy, la situación en Cuba es profundamente preocupante. No se trata de cuestionar su identidad cultural que es rica, vibrante y admirable sino de observar las condiciones reales en las que viven millones de personas. En pleno siglo XXI, resulta inaceptable que existan familias hacinadas, compartiendo espacios reducidos sin acceso adecuado a servicios básicos, con escasez de alimentos, medicinas y oportunidades.

    La experiencia del turista, del diplomático o del visitante privilegiado suele mostrar una cara distinta: música, color, historia, arquitectura. Pero esa no es la realidad cotidiana de quienes habitan la isla. Lo que viven muchas familias cubanas no puede considerarse digno bajo ningún estándar moderno.

    Este fenómeno no es aislado. Modelos políticos basados en sistemas cerrados han demostrado, en distintos contextos, limitaciones importantes para garantizar calidad de vida a sus ciudadanos. El caso de Corea del Norte es otro ejemplo extremo, donde las restricciones no solo son económicas, sino también sociales, tecnológicas y humanas.

    El debate no debe centrarse únicamente en ideologías, sino en resultados. En el mundo actual, la modernidad exige acceso a tecnología, libertad de información, oportunidades económicas y condiciones de vida dignas. Ningún sistema debería justificar el rezago en nombre de una doctrina.

    Al mismo tiempo, existe una responsabilidad global que muchas veces se evade: las grandes economías del mundo no pueden seguir viendo a los países en desarrollo únicamente como fuentes de mano de obra o mercados de consumo. La cooperación internacional debe evolucionar hacia un modelo más justo, donde el desarrollo sea compartido y las oportunidades sean reales.

    América Latina, por ejemplo, es una región privilegiada en recursos naturales, diversidad cultural y riqueza humana. Países como Colombia, México, El Salvador, Belice o Guatemala poseen una identidad única, profundamente ligada a sus raíces y a su entorno. Esa esencia es valiosa, sí, pero no debe ser excusa para normalizar carencias.

    Porque la esencia de un pueblo no debe medirse por su capacidad de resistir la adversidad, sino por las condiciones en las que puede vivir con dignidad.

    Reconocer la belleza de nuestras culturas es importante. Pero también lo es tener la claridad para exigir mejores condiciones de vida, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Solo así podremos aspirar a un mundo donde la identidad no sea refugio de la carencia, sino punto de partida para el desarrollo.

  • Democracia sin privilegios

    Democracia sin privilegios

    La discusión sobre el llamado “Plan B” de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum exige ir más allá de los lugares comunes. Durante demasiado tiempo, el análisis del sistema electoral mexicano ha oscilado entre su defensa acrítica y su cuestionamiento superficial, sin atender un problema de fondo: su creciente desconexión con las condiciones materiales y las expectativas de la ciudadanía.

    El diagnóstico es conocido, aunque no siempre se reconoce con la seriedad que merece. México construyó, tras la transición democrática, un entramado institucional robusto, pero también extraordinariamente costoso. No se trata únicamente de percepciones: los niveles de gasto en órganos electorales, legislativos y estructuras partidistas han sido sistemáticamente elevados en comparación con otras democracias. En ese sentido, la iniciativa presentada por el Ejecutivo —a través de la Secretaría de Gobernación— introduce un criterio de racionalidad presupuestaria que no debería ser desestimado a priori.

    La reducción del número de regidurías, así como el establecimiento de topes al gasto de los congresos locales, responde a una lógica de eficiencia institucional. La representación política no se agota en la cantidad de cargos disponibles; depende, más bien, de la capacidad de estos para procesar demandas sociales, deliberar con calidad y generar decisiones públicas pertinentes. Sobredimensionar los órganos colegiados no necesariamente fortalece la democracia; en muchos casos, la vuelve más opaca y menos eficaz.

    Conviene también detenerse en uno de los aspectos más debatidos de la propuesta: la flexibilización de la revocación de mandato. Leída con cuidado, esta medida no constituye una anomalía democrática, sino una extensión de un principio clásico: la soberanía popular como fuente permanente de legitimidad. Permitir que la ciudadanía evalúe con mayor frecuencia a sus gobernantes introduce un elemento de control político que, bien regulado, puede fortalecer la rendición de cuentas sin comprometer la estabilidad institucional.

    En paralelo, la reforma incorpora ajustes técnicos que resultan difíciles de objetar desde una perspectiva especializada. El inicio inmediato de los cómputos distritales y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización —particularmente mediante herramientas tecnológicas y coordinación interinstitucional— atienden problemas reales del sistema electoral mexicano: la opacidad en el flujo de recursos y los márgenes de incertidumbre en la etapa postelectoral.

    Naturalmente, toda reforma de esta naturaleza plantea tensiones. El equilibrio entre austeridad y capacidad institucional no es trivial, y su implementación requerirá de un diseño cuidadoso en la legislación secundaria. Sin embargo, descalificar el conjunto de la propuesta bajo el argumento de un supuesto debilitamiento democrático implica ignorar una dimensión central del problema: la legitimidad de las instituciones también depende de su congruencia con el contexto social.

    El “Plan B”, en suma, no debe entenderse como un ajuste coyuntural, sino como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del Estado. Si logra traducirse en instituciones más eficientes, menos costosas y más abiertas al escrutinio ciudadano, habrá contribuido a fortalecer —y no a erosionar— la calidad de la democracia mexicana.

  • El petróleo panista

    El petróleo panista

    Algunos miembros de la oposición y comentócratas que apoyaron durante la campaña de hace un par de años, con sus consideraciones sobre los energéticos, deberían calmar los ánimos de los mandatarios de los países en guerra y anunciarles algo que todavía no advierten: el petróleo quedó atrás.

    Empezando por la excandidata del PRI, pasando por el senador prófugo de la justicia, Ricardo Anaya, y el entonces líder nacional del PAN, Marko Cortés, podrían detener la guerra si prestaran oídos a su visión de la realidad.

    Lo peor es que hubo medios que daban crédito a esas palabras, que deberían, por lo menos, inhibir la vida pública de quienes emitían absurdos; sacrificaban su amor propio por el odio a un enemigo común, sin tener conciencia de la repercusión de sus palabras.

    Los conservadores en general, y la derecha en particular, tienen características muy definidas: la primera, la ignorancia sobre cualquier tema que logran balbucear en público; otra de ellas es el odio que les impide saber por dónde empezar a conocer la realidad, en contra de todo lo que signifique cambio, porque el país estaba tan viciado que cualquier transformación, por mínima que fuera, afecta sus intereses, comodidad, privilegios, confort y supremacía.

    Las declaraciones sobre los energéticos son una muestra de cómo se preparan —o dejan de prepararse— para una campaña política los conservadores. Sus elementos de saber están basados en mentiras, sobre todo producto de una educación privada que los condena a la ignorancia de por vida.

    Basta recordar las opiniones sobre economía del sobrino de Ricardo Salinas Pliego, quien, según él, daban solución al pago de impuestos emitiendo más dinero, en una especie de juego de mesa aplicado a la economía mundial, que refleja la estulticia de la educación privada. El joven es egresado de la universidad de su tío, la Universidad de la Libertad; tiene el título de licenciado en Innovación y Negocios.

    Seguramente debe tener una idea muy cercana a la de los panistas arriba mencionados sobre el tema de los energéticos.

    Ignorancia y odio fueron los factores que determinaron una campaña política en la que algunos creyeron, mostrando una profunda ignorancia. Bastaba con que López Obrador hubiera construido una refinería y comprado otra en Texas para cuestionar la disposición; ahora son los elementos que impiden que la gasolina aumente de precio a causa del conflicto en Medio Oriente, causado, precisamente, por la guerra del petróleo.

    En un debate donde no importa el conocimiento, sino la contradicción sistemática a lo que haga el gobierno, hubo, en realidad, quienes, a sabiendas de que el petróleo contiene un gran valor político, económico, militar y hasta cultural, apoyaban desde los medios a los analfabetas conservadores, cuyas premisas se basaban en la ignorancia y el odio.

    Los comentaristas de noticias que daban vuelo a estas afirmaciones, sin reparar siquiera en lo que decían, deberían por lo menos sonrojarse, pero siguen, al igual que los políticos conservadores, tratando de engañar a la gente que cree en ellos.

    El tema de los energéticos no es el único en el que han sembrado dudas, a sabiendas de que son mentiras.

  • Decálogo por la democracia sin rojos y verdes

    Decálogo por la democracia sin rojos y verdes

    La vida política del país está que arde. Se vislumbra en el horizonte un debate duro acerca del Plan B de la reforma electoral que será propuesto por la presidenta a la Cámara de Diputados.

    Continúan los lamentos de la politiquería; las máscaras caen. Dentro y fuera de la Cámara de Diputados sigue la narrativa en contra de una reforma que ni siquiera han leído: una horda de comentócratas salió como ratas hambrientas a defender a sus patrones de las televisoras y los pocos intereses políticos que aún les quedan.

    Pero la situación relevante no es solo la de la oposición derrotada y los comentócratas —esos ya están expuestos y son capaces de cualquier cosa o calumnia—; la verdadera situación es la del bloque de Morena, PT y Verde, en donde los partidos aliados simplemente se niegan a dar su apoyo a la reforma de la presidenta. Dan señales contradictorias y se apegan al discurso de la oposición, argumentando un falso riesgo a la democracia. Se les olvida a estos traidores que no llegaron por mérito propio: llegaron en una alianza que busca crear un cambio verdadero. Sin embargo, tal parece que se les ha olvidado a estos mañosos y, cuando ven que sus presupuestos de partido van a ser disminuidos o que realmente tienen que enfrentar al pueblo para pedir el voto, simplemente intentan dar la media vuelta y no apoyar una reforma que será en beneficio de todos.

    Arturo Ávila lo mencionaba en una mesa de debate: un voto en México cuesta aproximadamente 25 dólares; así como se escucha, casi 500 pesos mexicanos, mientras que en Francia no llega ni a 10 dólares, o en Estados Unidos, 15 dólares.

    Pero aquí el presupuesto a partidos es, una vez más, el botín para los políticos; un tesoro que no puede ser mermado. Y, por supuesto, las candidaturas plurinominales, que son cotos de poder para los parásitos de los partidos.

    Es muy frustrante ver a los líderes del PT y Verde hablando en los micrófonos con una actitud digna de cualquier prianista, y otros se atreven a mencionar a López Obrador, tratando de enmascarar su traición en una supuesta lucha por la democracia, nada más alejado de la realidad.

    Las redes sociales se han encargado de exhibir a las y los diputados traidores que simplemente dieron la espalda a la transformación y defendieron los privilegios, siendo ruines y viles al intentar perpetuar su estadía en el poder público. Sin embargo, el compromiso de la presidenta es claro: buscar, mediante la nueva propuesta, un consenso necesario para hacer realidad una reforma necesaria y congruente.

    Esperemos que los sátrapas del Verde y PT ahora sí se pongan la camiseta del pueblo y dejen de andar de bloqueadores, minando la fuerza del movimiento que se ha fortalecido por el pueblo, no por un grupúsculo de garrapatas políticas que se han emborrachado de poder y no ven más allá de sus narices.

    Pronto se tendrán noticias y esperemos que sean buenas; de lo contrario, la embestida de las redes sociales y del pueblo será brutal contra esos traidores al pueblo.

  • La obra pública en México: entre el discurso y la realidad

    La obra pública en México: entre el discurso y la realidad

    En México, la lucha contra la corrupción no puede quedarse en el discurso. Tiene que verse reflejada con claridad en uno de los sectores más sensibles del país: la obra pública. Es ahí donde realmente se mide la congruencia de cualquier gobierno, porque no hay espacio para simulaciones cuando están en juego recursos públicos y el desarrollo de millones de personas.

    Durante años, los procesos de contratación estuvieron marcados por prácticas que todos conocemos: compadrazgos, compromisos políticos, acuerdos previos y redes de poder que definían ganadores antes siquiera de que existiera una convocatoria. Ese modelo no solo cerró las puertas a miles de empresas capaces, también debilitó la confianza en las instituciones. Por eso, cuando se plantea una transformación del país basada en la honestidad, la expectativa es clara: que esos vicios desaparezcan.

    Sin embargo, la pregunta que hoy muchos se hacen y con razón es si realmente estamos frente a un cambio de fondo o simplemente frente a una evolución más sofisticada de las mismas prácticas. Porque en el papel, México tiene leyes claras en materia de obra pública y adquisiciones. El marco normativo existe y establece principios correctos: transparencia, competencia y legalidad. El problema no está en la ley, está en su aplicación.

    Hoy vemos procesos que cumplen con las formas, pero no con el fondo. Licitaciones que se publican, propuestas que se reciben, evaluaciones que se documentan… pero donde el resultado parece estar definido desde el inicio. Se diseñan requisitos a la medida, se establecen condiciones técnicas que limitan la participación, se manejan tiempos que excluyen a la mayoría y se toman decisiones que, aunque legales en apariencia, no siempre son justificables en términos de competencia real. Eso no es transparencia. Eso es simulación.

    Y cuando la simulación se vuelve sistema, el problema deja de ser técnico y se vuelve político. Porque las dependencias en los tres niveles de gobierno no solo administran recursos, administran confianza pública. Y esa confianza se erosiona cuando los mismos actores se repiten, cuando los procesos no son claros y cuando participar en una licitación parece más un trámite sin sentido que una verdadera oportunidad.

    A esto se suma una realidad que la ciudadanía percibe todos los días: funcionarios con ingresos que no corresponden con el nivel de vida que proyectan. No se trata de prejuzgar, pero sí de exigir congruencia.

    No es sostenible hablar de austeridad mientras existen señales evidentes de que algo no cuadra. Y frente a eso, el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza, no solo en el discurso, sino en los hechos, con investigaciones reales, con separación de funciones cuando sea necesario y con transparencia total.

    El impacto de todo esto no es menor. Mientras los procesos se distorsionan, el país avanza, sí, pero no de manera uniforme. Aún existen comunidades sin servicios básicos de calidad, zonas con rezagos urbanos evidentes y proyectos que no cumplen con los estándares que deberían garantizar. Y eso no es un tema de falta de recursos, es un tema de cómo se asignan y cómo se ejecutan.

    La obra pública no es solamente concreto, es calidad de vida. Es la diferencia entre una comunidad con oportunidades y una que sigue esperando. Por eso, si el proyecto de transformación del país busca consolidarse, este es uno de los espacios donde más debe notarse.

    México está en un momento clave. El discurso ya está sobre la mesa. Ahora toca demostrar que ese cambio es real. Que las licitaciones son verdaderamente abiertas, que las evaluaciones son auditables y que las decisiones pueden sostenerse de cara a la sociedad. No se trata de debilitar al gobierno, al contrario, se trata de fortalecerlo desde la exigencia.

    Porque al final, más allá de ideologías o narrativas, la pregunta es muy sencilla: si de verdad queremos un país distinto, ¿vamos a garantizar que gane el más capaz… o vamos a seguir permitiendo que gane el de siempre?

  • El bloqueo a Cuba

    El bloqueo a Cuba

    En días recientes, el expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a colocar en la conversación pública un tema que durante décadas ha sido tratado con una mezcla de hipocresía internacional y silencio conveniente: el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba.

    El exmandatario mexicano pidió nuevamente que se ponga fin a esa política que, más que una herramienta diplomática, se ha convertido en un castigo colectivo contra un pueblo entero. No es una exageración. El bloqueo, vigente desde hace más de seis décadas, ha sido diseñado para asfixiar económicamente a la isla con un objetivo político muy claro: provocar el colapso del sistema socialista cubano.

    La hostilidad permanente contra Cuba no tiene que ver únicamente con diferencias ideológicas; tiene que ver con el peligro simbólico que representa para el capitalismo global que un pequeño país del Caribe haya logrado sostener un proyecto socialista durante más de medio siglo, a pesar de las presiones externas.

    Porque, si algo demuestra la historia de Cuba, es que el socialismo no ha sido derrotado por sus fracasos internos, sino que ha tenido que resistir un cerco económico permanente impulsado por la mayor potencia del planeta.

    Pensemos por un momento en lo absurdo de la situación: un país de poco más de once millones de habitantes enfrenta sanciones financieras, comerciales y tecnológicas de la economía más poderosa del mundo. Se le limita el acceso a medicamentos, financiamiento internacional, tecnología y comercio global. Y aun así, Cuba ha logrado construir algunos de los sistemas sociales más avanzados de América Latina.

    La isla caribeña tiene uno de los sistemas de salud pública más reconocidos del mundo, una esperanza de vida comparable con la de países desarrollados y un modelo educativo que logró erradicar el analfabetismo desde los primeros años de la Revolución.

    Mientras muchos países del continente siguen luchando por garantizar servicios básicos a su población, Cuba ha enviado miles de médicos a distintas regiones del mundo en misiones de solidaridad internacional.

    Ese es, precisamente, el gran problema para el discurso anticomunista: cuando el socialismo muestra resultados concretos en materia de salud, educación o bienestar social, el relato de su inevitable fracaso se debilita.

    El bloqueo no es solamente una sanción; es una herramienta de guerra económica que busca generar escasez, descontento social y desgaste político. La lógica es brutalmente simple: si la población vive bajo presión constante, eventualmente culpará al sistema político. 

    Aun así, la isla ha resistido. Y esa resistencia explica por qué el caso cubano sigue siendo tan incómodo para Washington y para los defensores más radicales del libre mercado: demuestra que incluso bajo condiciones extremas un proyecto socialista puede sobrevivir, adaptarse y mantener logros sociales significativos.

    Por eso el llamado de López Obrador no debería interpretarse solo como un gesto diplomático, sino como una postura ética frente a una política que la propia comunidad internacional ha condenado durante décadas.

    Año tras año, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la inmensa mayoría de los países del mundo vota a favor de poner fin al bloqueo. Año tras año, Estados Unidos decide ignorar ese consenso global.

    La pregunta entonces es inevitable: si el socialismo cubano es tan inviable como dicen sus críticos, ¿por qué ha sido necesario bloquearlo durante más de sesenta años?

    Redes sociales

  • Juárez y el Plan B de la Reforma Electoral

    Juárez y el Plan B de la Reforma Electoral

    En política, las derrotas visibles no siempre anuncian el final de un proyecto. Con frecuencia señalan apenas el momento en que una estrategia cambia de forma para seguir avanzando. Algo así podría estar ocurriendo con la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras el rechazo legislativo de la iniciativa original, el debate no se cerró. Se reconfiguró. Y esa reconfiguración ya tiene nombre: el Plan B de la reforma electoral.

    La nueva propuesta buscaría concentrarse en tres ejes políticamente más defendibles ante la opinión pública y más viables dentro del Congreso. Primero, disminuir privilegios en los congresos locales. Segundo, reducir excesos en los municipios, particularmente en cabildos sobredimensionados. Tercero, fortalecer la consulta popular para que ciertos temas electorales puedan someterse directamente a la decisión ciudadana. La idea es sencilla y potente: menos costo para la clase política y más margen para que mexicanas y mexicanos incidan en las reglas del sistema.

    El rediseño no es menor. La Presidencia estima que el Plan B podría generar ahorros cercanos a cuatro mil millones de pesos. Recursos que permanecerían en estados y municipios para financiar obra pública, infraestructura o programas sociales. La propuesta también establecería límites al gasto de congresos estatales y revisaría estructuras que durante años han sido percibidas como costosas, desiguales y alejadas de la ciudadanía. En términos narrativos, el debate dejaría de girar exclusivamente sobre la ingeniería del sistema electoral para colocarse en un terreno más sensible: privilegios, austeridad y representación política.

    La coyuntura se vuelve aún más interesante por la operación política que la acompaña. Morena logró recomponer el diálogo con sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, después del revés que sufrió la primera iniciativa. Las tres fuerzas cerraron filas en torno al nuevo planteamiento. Si la iniciativa se presenta formalmente en el Congreso este lunes 16 de marzo, como se ha anticipado, podría llegar con mejores condiciones políticas que la propuesta anterior. Más que un simple ajuste técnico, el Plan B parecería ser una corrección de ruta.

    Es aquí donde la historia ofrece una clave de lectura particularmente sugerente. Esta discusión coincide con la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, una de las figuras centrales de la República y del sentido político de la resistencia institucional. En 1863, cuando las tropas francesas ocuparon la Ciudad de México, el gobierno republicano se vio obligado a abandonar la capital y trasladarse hacia el norte del país. Para muchos observadores de la época, aquella retirada parecía el derrumbe definitivo del proyecto republicano.

    Pero Juárez entendió algo que sigue siendo fundamental en política: perder el control inmediato del centro del poder no equivale necesariamente a perder la legitimidad del proyecto. La República se replegó, sí, pero no desapareció. Se reorganizó. Mientras la capital quedaba bajo dominio extranjero y se abría paso al Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo, el gobierno republicano preservaba continuidad, legitimidad y dirección.

    El imperio parecía sólido porque contaba con el respaldo militar de Francia y con el apoyo de sectores conservadores del país. Sin embargo, arrastraba una debilidad estructural: dependía de una fuerza externa y carecía de un consenso nacional auténtico. Juárez, en cambio, había perdido territorio, pero conservaba la legitimidad histórica de la República. Con el tiempo, esa diferencia resultó decisiva. Francia retiró sus tropas, el imperio se derrumbó y la República fue restaurada en 1867.

    La comparación no pretende equiparar contextos ni magnitudes. Una derrota parlamentaria del siglo XXI no es una invasión extranjera del siglo XIX. Pero la historia sí ofrece una constante que vale la pena recordar: cuando un proyecto político enfrenta un revés serio, su supervivencia depende de su capacidad para cambiar de terreno sin renunciar a su objetivo.

    A veces la política se entiende mejor cuando se observa con memoria histórica. Juárez mostró que la legitimidad puede sobrevivir incluso cuando el poder formal parece perderse. Esa lección sigue vigente. La discusión sobre el Plan B de la reforma electoral sugiere que las transformaciones institucionales no siempre avanzan por el camino previsto. Cambian de ritmo, de forma y de estrategia. Pero mientras exista voluntad política para sostenerlas, continúan su curso. Quizá esa sea la verdadera noticia de fondo: no estaríamos viendo el final de una reforma, sino el momento en que comienza su segunda vida.

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  • La oposición interna

    La oposición interna

    Las barreas que obstaculizan la voluntad del pueblo son burocracias con intereses implícitos. Un ejemplo claro fue el sabotaje a la reforma electoral que fue impedida por los supuestos afectados.

    Con el obstáculo de los nostálgicos se impidió culminar una de las muchas causas por las que los mexicanos votaron por Claudia Sheinbaum, haciéndole en algunos casos, el juego a la oposición desde curules otorgadas a personas del movimiento morenista.

    Una reforma que para muchos era tibia, resultó ser radical para otros de piel muy sensible.

    Si hubiera algún castigo para quienes, dentro fuera del movimiento, votaron en contra, ya comenzó. Porque uno de los objetivos de la reforma electoral fue la de convertir su discusión en tribunal con el pueblo como testigo y juez.

    Las campañas tienen contenidos que sirven al electorado para saber por quién votar. Pero cuando los benefactores de las leyes habituales sabotean este mecanismo quedan atrapados en las redes del juicio del pueblo, al impedir que el mandato popular se concrete en acciones de gobierno, negando no sólo el proyecto social sino la democracia.

    No pueden ser reprendidos pero sí exhibidos, por no cumplir con lo básico que exige su cargo, y poseen lo mínimo de lealtad que implica su conciencia, por lo que nadie debería volver a votar por ellos.

    Muchas veces quienes deben impulsar la voluntad popular se convierten en saboteadores de la orden del pueblo para transformar la realidad.

    Los legisladores abandonan su trabajo elemental de representar para transformar y muestran los intereses que son la causa de su traición.

    La democracia tiene huecos en sus leyes, pero a ningún legislador se le puede obligar a votar contra su voluntad, esos tiempos ya pasaron.

    Lo cierto es que las imperfecciones en las leyes, sin excepción, impiden en desarrollo natural de la evolución del país. Son burocracias contentas con el estancamiento, capaces de matar para evitar los cambios.

    México debe poner atención en este tipo de circunstancias porque, la situación crece.

    En otro ámbito del orden social, pero con las mismas características existen fenómenos dignos de llamar la atención en lo jurídico, en lo penal, en lo político, en lo electoral, etc.

    El caso del gobierno de Veracruz es un ejemplo claro respecto al papel de la prensa, la cual se convirtió en trinchera de los enemigos del gobierno de la entidad. En un panorama muy amplio de información falsa, señalan que la población rechaza el gobierno de Rocío Nahle, cuando en los hechos no es así.

    Los medios sacrifican su responsabilidad social por dinero, subsidio que les fue dado desde el día en que nacieron y consideran propio, gasta que les retiraron el privilegio que el pueblo fortaleciera las empresas de medios.

    La causa de la desinformación premeditada y alevosa radica en que el gobierno no otorga convenios de publicidad a los medios como en sexenios anteriores. Es así como se intenta crear una falsa realidad sobre la aceptación del gobierno estatal por intereses propios y de grupo.

    Es muy diferente que el puente de comunicación esté roto a pensar en que quienes quieren utilizarlos no quieran cruzarlo.

    Exactamente igual que los nostálgicos plurinominales que intentan tergiversar la representación social, traicionando el mandato de quienes los colocaron en la gran responsabilidad de la representación legislativa.

  • LA BESTIA

    LA BESTIA

    No se puede ocultar la inquietud que en la mayoría de la sociedad se percibe a causa del conflicto bélico entre Irak e Israel, provocado por la ambición del gobierno de Estados Unidos.

    La más recientes evidencias de los abusos en contra de menores emanados de los archivos Epstein, nos dan muestra de lo que son capaces las mentes de personajes enfermos de poder con el síndrome de Hubris, enfermedad que provoca la pérdida de la realidad como se ha mostrado en la declaraciones de sus víctimas.

    El narcisismo desmedido, el abuso, el comportamiento destructivo, que pueden llegar incluso a atentar en contra de la vida de sus víctimas, sin el mínimo sentimiento de culpa. Por esa razón es entendible la violencia que ejercen personajes en su mayoría vinculados con la ideología conservadora, incluso en nombre de Dios. Que son capaces de comerte actos criminales, ocultarlos, mentir… Cómo se demostró en el caso de Donald Trump sentenciado por 34 delitos cometidos incluyendo abuso sexual y difamación.

    Sí, el máximo líder del gobierno norteamericano es un delincuente, sentenciado culpable.

    Por esa razón suena lógica la actual situación de odio y violencia que se vive en el mundo a causa de un personaje tan siniestro, rodeado de un grupo reducido de ambiciosos, que seguramente comparten el mismo problema mental del presidente gringo, al parecer es de quiénes depende la paz mundial.

    ¿Y la democracia que presumen la autoridades del que se dice país del primer mundo, de las libertades, el más avanzado, el más rico?

    Es un hecho de que esto solo existe en sus mentes, en sus super producciones cinematográficas y sus series televisivas con la idea de que la felicidad se consigue a través del abuso desmedido del poder.

    La pregunta es: ¿Quién detendrá a la bestia?

  • La corrupción que se presume en los lujos, pero rara vez se castiga

    La corrupción que se presume en los lujos, pero rara vez se castiga

    La corrupción en México no empieza cuando estalla un gran escándalo mediático. Empieza mucho antes, en la normalización de pequeñas ilegalidades que terminan formando parte del sistema: el policía que pide dinero para “arreglar” una infracción, el funcionario que condiciona un trámite, el inspector que cobra por mirar hacia otro lado o el servidor público que vive muy por encima de lo que su salario podría justificar.

    Ese es el verdadero cáncer institucional del país. No solo el robo de recursos públicos, sino la tolerancia hacia un sistema donde muchas veces nadie investiga seriamente los abusos de poder.

    Los datos oficiales lo reflejan. En México, más del 14% de la población adulta ha experimentado algún acto de corrupción en trámites o servicios públicos, según mediciones del INEGI. Al mismo tiempo, organismos internacionales siguen ubicando al país con niveles preocupantes de percepción de corrupción, lo que evidencia que la confianza ciudadana en las instituciones sigue siendo baja.

    Pero el problema más profundo no es solo la corrupción en sí misma, sino la falta de consecuencias reales.

    Hace algunos años el expresidente Andrés Manuel López Obrador planteó una idea que generó polémica: dijo que cuando un funcionario cambia repentinamente su nivel de vida y comienza a presumir riqueza que no corresponde con su ingreso, los ciudadanos deberían denunciarlo. Según el propio presidente, al corrupto “se le nota”, porque termina exhibiendo su riqueza en relojes, autos, casas o viajes que no cuadran con su salario.

    La lógica es simple: cuando los ingresos declarados no coinciden con el patrimonio, hay una señal clara que debería detonar una investigación. Sin embargo, en México eso rara vez ocurre.

    Hoy vemos políticos viviendo en zonas exclusivas, poseyendo propiedades costosas o exhibiendo estilos de vida incompatibles con su sueldo público, y aun así las investigaciones casi nunca prosperan.

    El debate reciente entre el comunicador Manuel Pedrero y la diputada priista Tania Larios, más allá de las acusaciones y procedimientos legales que cada parte ha iniciado, vuelve a mostrar un problema estructural: las confrontaciones políticas se vuelven espectáculo mediático, pero pocas veces derivan en investigaciones institucionales profundas.

    Y cuando uno observa lo que ocurre en otros países, la diferencia institucional se vuelve evidente.

    En Brasil, la operación Lava Jato llevó a prisión a empresarios, gobernadores y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado por corrupción en 2017 aunque posteriormente la Suprema Corte anuló esas condenas por irregularidades procesales. También el expresidente Michel Temer fue arrestado temporalmente dentro de investigaciones relacionadas con corrupción.

    En Perú, varios expresidentes han enfrentado procesos judiciales o prisión preventiva en los últimos años por casos vinculados al escándalo Odebrecht. Incluso en Corea del Sur, expresidentes han sido condenados por corrupción y abuso de poder.

    La señal institucional es clara: cuando el sistema funciona, el cargo público no protege a nadie de la ley.
    Pero el debate sobre corrupción en México también debe ampliarse a un ámbito que muchas veces se omite: el empresarial y el fiscal.

    Porque la corrupción no vive únicamente en el gobierno. También existe cuando empresarios, comerciantes o profesionistas esconden ingresos, simulan operaciones o utilizan esquemas para evadir responsabilidades fiscales.

    Muchos ciudadanos critican con razón la mala calidad de los servicios públicos, la falta de inversión en salud o las deficiencias del sistema educativo. Pero también es cierto que el funcionamiento del Estado depende de los impuestos que se recaudan.

    Un país donde millones de personas subdeclaran ingresos o evaden impuestos difícilmente podrá financiar infraestructura, hospitales, seguridad o educación de calidad.

    La legalidad no solo debe exigirse al gobierno; también debe asumirse desde la sociedad y el sector privado. Un ejemplo que ilustra esta discusión aunque para muchos sea una figura polémica es el empresario Ricardo Salinas Pliego. Más allá de simpatías o diferencias personales, su nivel de contribución fiscal refleja una realidad clara: cuando una persona declara ingresos de gran escala y paga miles de millones de pesos en impuestos, su estilo de vida y su patrimonio resultan coherentes con esa capacidad económica.

    Es decir, hay una correspondencia entre riqueza, ingresos declarados y contribución fiscal. Ese es justamente el principio que debería regir en toda la sociedad: transparencia entre lo que se gana, lo que se declara y lo que se posee.

    Porque al final, la corrupción no solo se mide en grandes escándalos políticos. También se mide en la coherencia entre ingresos y patrimonio, en la honestidad fiscal y en la disposición de cumplir con las reglas.

    Un país donde funcionarios, empresarios y ciudadanos actúan dentro de la legalidad genera confianza institucional. Un país donde cada quien intenta sacar ventaja del sistema termina debilitándolo.

    México no necesita únicamente más discursos contra la corrupción. Necesita instituciones que investiguen, autoridades que sancionen y una sociedad que entienda que la legalidad empieza por uno mismo.

    Porque mientras la corrupción siga siendo un escándalo mediático y no un delito con consecuencias reales, el país seguirá atrapado entre el discurso de la transformación y la realidad de los privilegios.