Los Reporteros Mx

Autor: Los Reporteros Mx

  • VERDAD, JUSTICIA Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA

    VERDAD, JUSTICIA Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA

    Estas 3 palabras fueron la parte más importante del comunicado leído por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera del 30 de abril; estas palabras encierran un mensaje poderoso dentro y fuera de México.

    VERDAD.

    Después del comunicado emitido el día de ayer por el Departamento de Justicia de EU, México exige que se compruebe con evidencias contundentes los señalamientos hacia sus funcionarios; dicha exigencia es totalmente justificada debido a que Estados Unidos tiene como costumbre señalar sin evidencia contundente, caso del presidente de Venezuela secuestrado y en juicio activo por un cartel que ni siquiera existe, razón más que válida para solicitar evidencia que sustente los dichos.

    JUSTICIA.

    De existir pruebas claras, el gobierno está obligado a realizar las diligencias judiciales para castigar a los señalados de estas imputaciones; sin embargo, en caso de que se demuestre la inocencia de los presuntos implicados, se tendrá que solicitar al Departamento de Justicia que se retracte de la misma manera como lo dio a conocer, por escrito y acompañado de una disculpa.

    DEFENSA DE LA SOBERANÍA.

    Esto aplica para Estados Unidos, que con su línea injerencista pretende desestabilizar a México al intentar desestabilizar a la 4ta Transformación solo por el hecho de no poder controlarnos como cuando gobernaba la oposición y está perdiendo control político sobre nuestro país; sin embargo, este punto también debe aplicar para los parias vende patrias como Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Maru Campos y todos esos lastres que han estado apoyando a Estados Unidos en su intento de dar un golpe de Estado en nuestro país; estas lacras deben ser enjuiciadas por ser traidores a la Constitución mexicana.

    La diferencia entre Estados Unidos y México actualmente es abismal; mientras Trump apenas alcanza un 25% de aprobación, nuestra presidenta Sheinbaum goza de un 70%; la situación de consumo de estupefacientes en EU alcanza a más del 50% de la población menor de 12 años en el consumo de drogas, alcohol y tabaco; en México no llega al 14% de la población del mismo grupo de edad, por lo que nuestro país implementa políticas mucho más efectivas atendiendo las causas, mientras nuestros vecinos están más ocupados tratando de invadir otros países, mientras sus ciudadanos se hunden en una cotidianidad de adicciones, descontento ante la inoperancia de su gobierno, quien solicita billones para fines bélicos, pero deja de lado la salud pública como si le estorbara.

    El comunicado del Departamento de Justicia fue solo una vil herramienta de presión política y mediática; muchos expertos hablan de que Trump está usando este recurso para no firmar el tratado de libre comercio, ya que formalizar la revisión del mismo fortalecería aún más a nuestro país, pues, por la cercanía, inversiones y proyectos, México lleva una gran ventaja que redituaría en un crecimiento político y financiero que nos situaría en los primeros planos mundiales.

    Las palabras de nuestra presidenta en su mensaje son contundentes: actuar con claridad y eficacia, sin linchamientos jurídicos ni políticos para los implicados ni para el país, así como que todo procedimiento legal debe ser realizado en nuestro país, sin ceder a presiones ni chantajes por parte de un país que está desesperado por retomar el control que por décadas ejerció en nuestro país y que, con la llegada del humanismo mexicano, no ha podido conservar.

    Es hora de cerrar filas con nuestra presidenta.
    ¡A México se le respeta!

    “La rebeldía es la vida: la sumisión es la muerte”
    Ricardo Flores Magón

  • La CIA en México: brazo armado del Imperio disfrazado de socio

    La CIA en México: brazo armado del Imperio disfrazado de socio

    La historia de la Agencia Central de Inteligencia no puede leerse con ingenuidad diplomática. Quienes la conciben como una simple agencia de recopilación de datos ignoran o eluden décadas de evidencia documentada, en gran parte por la propia agencia, sobre sus métodos reales de operación. La CIA no es un organismo de inteligencia en el sentido convencional del término; es el instrumento preferido de la política exterior estadounidense cuando la diplomacia no basta y la guerra abierta resultaría demasiado costosa en términos políticos. Su verdadera función ha sido, sistemáticamente, la desestabilización de gobiernos que no se alinean con los intereses de Washington, la manufactura de consensos a través de la desinformación, y la orquestación de golpes de Estado envueltos en retórica democrática.

    Los registros desclasificados no dejan espacio para la especulación: la CIA participó activamente en el derrocamiento de Mohammad Mosaddegh en Irán en 1953, de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, apoyó la dictadura de Pinochet en Chile tras el golpe de 1973 contra Salvador Allende, presidente electo por su pueblo, y estuvo involucrada en múltiples operaciones de desestabilización en América Latina, África y Asia. En cada caso, el patrón es idéntico: primero la infiltración, luego la desestabilización económica y mediática, después el golpe o la crisis política, y finalmente la imposición de un gobierno funcional a los intereses corporativos y geopolíticos estadounidenses. La retórica cambia según la época, pero el método permanece.

    La narrativa de la “guerra contra el narcotráfico” merece un análisis particularmente riguroso, especialmente desde la perspectiva mexicana. Durante décadas, la CIA utilizó redes de narcotráfico como mecanismo de financiamiento para sus operaciones encubiertas, como quedó documentado en el escándalo Irán-Contra durante los años ochenta. El caso del piloto Barry Seal, las conexiones entre la Contra nicaragüense y el cartel de Medellín, y los testimonios de múltiples agentes desclasificados revelan que la agencia no solo toleró el tráfico de drogas sino que en ocasiones lo gestionó activamente cuando convenía a sus objetivos estratégicos. Afirmar que la CIA combate el narcotráfico en México es, en el mejor de los casos, una ingenuidad; en el peor, una mentira funcional diseñada para justificar presencia operativa en territorio soberano.

    Y aquí el debate toca el corazón del asunto para México. La soberanía no es un concepto decorativo ni una cláusula de retórica nacionalista. Es el principio fundamental que distingue a una nación libre de un protectorado. Cuando funcionarios públicos permiten la operación de agentes de inteligencia extranjeros en suelo nacional sin aprobación del Congreso federal, están violando no solo la letra de la Constitución, sino el espíritu de una nación que pagó con sangre su independencia y que enfrentó múltiples intervenciones extranjeras a lo largo de su historia. México tiene memoria: recuerda la intervención francesa, recuerda la invasión norteamericana de 1846, recuerda la Embajada Pactista. No puede permitir que esa memoria se borre con el barniz de la “cooperación bilateral”.

    La posición de México debe ser clara e inquebrantable: ninguna agencia de inteligencia extranjera puede operar en territorio nacional sin el conocimiento, la aprobación y la supervisión de los órganos legislativos correspondientes. Esta no es una postura de confrontación; es una afirmación elemental de lo que significa ser un Estado soberano en el sistema internacional. La colaboración en materia de seguridad es legítima y posible, pero debe ser horizontal, transparente y subordinada a los intereses nacionales mexicanos, no a los cálculos geopolíticos de Washington.

    El imperialismo del siglo XXI no llega con barcos de guerra en todos los casos. Llega con agencias de inteligencia, con condicionalidades financieras, con acuerdos de “cooperación” que encubren subordinación, con narrativas mediáticas que criminalizan a los gobiernos que se niegan a ceder. México ha demostrado, a lo largo de su historia, capacidad para resistir esa presión cuando existe voluntad política y respaldo popular. La doctrina Estrada, que durante décadas orientó la política exterior mexicana con el principio de no intervención, sigue siendo un faro vigente en un mundo donde las grandes potencias continúan pretendiendo que su interés particular es el orden global.

    Quienes facilitan la operación de la CIA en México, sean funcionarios electos o no, deben responder ante las instituciones del país. La impunidad en estos casos no es un asunto administrativo menor; es una herida a la soberanía que, si no se cierra con consecuencias jurídicas reales, envía el mensaje de que México es un territorio abierto a la intromisión extranjera. La patria no se administra; se defiende.

  • La frontera porosa de Chihuahua

    La frontera porosa de Chihuahua

    Ricardo Anaya, y el líder nacional Jorge Romero, implica al PAN en el proyecto de los agentes de la CIA, cualquiera que éste sea, e involucra a todos los panistas en un golpe de estado.

    Enrique Alfaro, (Jalisco), Samuel García, (Nuevo León), Francisco García Cabeza de Vaca, (Tamaulipas), Miguel Riquelme, (Coahuila), crearon un grupo de rebeldía para dejar de enviar dinero a la federación. Era la alfombra roja para la llegada de la CIA.

    La CIA pudo tener algo que ver con el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, el 20 de junio de 2022, a 10 meses de haber tomado posesión de la gubernatura Maru Campos.

    Asesinar sacerdotes católicos es un impacto mediático con una cobertura nacional al 100 por ciento.

    Nadie en la región podría atentar contra los sacerdotes. Todavía la comunidad, la región, los chihuahueños, el país y la iglesia católica exigen todavía el esclarecimiento del asesinato, donde pudieron estar implicados la CIA, del FBI, el ICE, la DEA.

    Lo que intentaba ser la balcanización fiscal en el norte, se convierte en el desprendimiento policial del gobierno mexicano en materia de seguridad, en Chihuahua.

    Si la CIA invadió la entidad, desde que llega Maru Campos al gobierno, intensificó la delincuencia, no la combatió. La CIA llega a operar no a conocer o calcular, ni a trazar o planificar llega a trabajar sobre un proyecto concreto.

    La agencia de espionaje promueve la violencia para que Estados Unidos tenga pretexto para invadir o invalidar el gobierno, declarando llamarlo gobierno fallido a causa del “crecimiento exponencial de la inseguridad” e instaurar otro.

    Samuel García no desaprovecha la oportunidad para considerarse gringo. Tampoco desperdicia espacios para mostrar su desprecio a México y los mexicanos, de tal suerte que pugna porque la balcanización lo acerque cada vez más al vecino del norte aunque esto le cueste la candidatura de su partido a la Presidencia de la República. Es decir, prefiere ser un gringo más que un Presidente de México.

    Mientras Chihuahua, Coahuila y Nuevo León tengan la tutela policiaca de la DEA y el dominio político de la CIA, la frontera se borrará poco a poco. Los espías de la CIA estaban adscritos a una oficina en Nuevo León, pero como es más porosa la frontera de Chihuahua, gracias a Maru Campos, actuaron desde ahí.

    Es muy ingenuo creer que la CIA localiza y destruye laboratorios de drogas, su función es eminentemente política y obsesiva en cuestiones de desestabilizar gobiernos que no coinciden con las administraciones de Estados Unidos.

    Mientras los californianos quieren unirse a México, los gobiernos de la oposición, de Chihuahua a Nuevo León, quieren convertirse en una estrella más de la bandera imperialista. Los medios para lograrlo pueden ser infinitos y uno de los caminos es abrir la puerta a la CIA, para que desestabilice al gobierno de México, en la balcanización de la investigación y persecución de delincuentes, para luego colocar nuevas fronteras.

    La estrategia de la CIA en México es intensificar la percepción de violencia, de esa manera se crean puentes para una intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

  • La larga sombra de la CIA en México

    La larga sombra de la CIA en México

    La noticia sobre agentes extranjeros fallecidos recientemente en Chihuahua, México, presuntamente vinculados a labores encubiertas y a esquemas de colaboración opacos con autoridades locales, volvió a encender una discusión que México suele posponer: la presencia e injerencia de agencias estadounidenses en territorio nacional.

    Más allá de los detalles específicos del caso —que deben esclarecerse con apego a la ley y transparencia institucional—, el episodio remite a una historia más amplia: la larga sombra de la CIA y de otros aparatos de seguridad de Estados Unidos sobre la vida política mexicana.

    Durante la Guerra Fría, México fue observado con especial interés por Washington. Su cercanía geográfica, su peso regional y la existencia de movimientos sociales, estudiantiles, sindicales y de izquierda lo convirtieron en un país estratégico. En ese contexto, la CIA operó en América Latina bajo una lógica conocida: contener cualquier proyecto que se percibiera como incómodo para los intereses estadounidenses y de sus grandes empresas.

    A lo largo de décadas, distintas investigaciones periodísticas y desclasificaciones han mostrado redes de intercambio de información, cooperación irregular y relaciones estrechas entre agencias estadounidenses y cuerpos de inteligencia nacionales. Organismos como la Dirección Federal de Seguridad y, años después, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, convivieron en una zona gris donde la frontera entre colaboración legítima e injerencia política no siempre fue clara.

    El problema de fondo no es la cooperación internacional en materia de seguridad. Ningún país serio renuncia al intercambio de inteligencia frente a amenazas transnacionales. El problema aparece cuando esa cooperación se realiza al margen de la ley, sin controles democráticos, sin rendición de cuentas y, peor aún, subordinando la soberanía nacional a intereses externos.

    México tiene un marco jurídico claro respecto a la actuación de agentes extranjeros. La presencia, funciones y límites de cualquier colaboración deben sujetarse a la Constitución y a las leyes nacionales. Cuando existen operaciones encubiertas, acuerdos informales o vínculos directos con gobiernos estatales por fuera de los canales federales, no estamos frente a cooperación institucional: estamos frente a una anomalía política.

    La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de cómo la intervención externa en nombre de la seguridad termina degradando instituciones, alimentando conflictos internos y debilitando la confianza pública. Golpes de Estado, espionaje político, persecución ideológica y operaciones clandestinas no son fantasmas del pasado: son antecedentes concretos.

    Importa el caso de Chihuahua porque obliga a preguntar quién autorizó qué, bajo qué marco legal y con qué supervisión. Importa porque evidencia el riesgo de que algunos gobiernos locales conviertan la seguridad en un espacio de relaciones paralelas con actores extranjeros. E importa porque recuerda que la soberanía no se pierde solo en grandes tratados: también se erosiona en convenios opacos y prácticas toleradas.

    La relación con Estados Unidos será siempre compleja por razones geográficas, económicas y de seguridad. Precisamente por eso debe construirse desde la legalidad entre Estados soberanos, no desde zonas oscuras donde unos mandan y otros obedecen.

    Redes sociales

  • El tercer atentado contra Trump no es un hecho aislado, es una advertencia

    El tercer atentado contra Trump no es un hecho aislado, es una advertencia

    Tres atentados en menos de dos años no son coincidencia. Son un mensaje. El 25 de abril, en Washington D. C., un incidente armado obligó a evacuar de emergencia a Donald Trump durante la cena anual de corresponsales, uno de los eventos más vigilados del país. Podría pensarse que se trató de una falla puntual en seguridad. No lo es. Es la evidencia más reciente de un cambio que ya está en marcha: la violencia política dejó de ser excepcional y comienza a instalarse como parte del entorno.

    Cuando un mismo liderazgo ha sido blanco de tres atentados en tan poco tiempo, el análisis ya no puede centrarse en el episodio, sino en el sistema que lo hace posible.

    La secuencia es clara. En 2024, un disparo en Pensilvania dejó a Trump herido. Meses después, un hombre armado fue detectado en un campo de golf. En 2026, un evento institucional de alto nivel tuvo que ser evacuado. Tres escenarios distintos, una constante: la posibilidad real de que la violencia irrumpa en el corazón del poder político.

    Pero el fenómeno no se agota ahí. El asesinato del activista conservador Charlie Kirk durante un acto universitario y el ataque contra la familia de Nancy Pelosi en su domicilio confirman algo aún más preocupante: la violencia política ya no distingue entre cargos, espacios ni niveles de exposición. Puede ocurrir en una plaza pública, en una universidad o en una casa privada. Ese es el verdadero cambio.

    Lo que estamos viendo no es una suma de hechos aislados, sino la formación de un patrón. Y todo patrón responde a condiciones. La primera es la normalización social de la violencia. Cuando una parte de la población comienza a justificar el uso de la fuerza bajo ciertas circunstancias, el límite moral que antes contenía estos actos empieza a diluirse. No hace falta que todos aprueben la violencia. Basta con que deje de escandalizar.

    La segunda condición es la radicalización ideológica. En contextos de alta polarización, el adversario deja de ser un competidor y se convierte en una amenaza. Cada agresión refuerza esa percepción en el lado opuesto. Se instala entonces una lógica de escalada: acción y reacción. Un círculo que se alimenta solo. En ese terreno, la política ya no se disputa, se confronta.

    La tercera es la vulnerabilidad institucional frente a actores individuales. Hoy no se requieren estructuras complejas para generar un impacto político profundo. Un individuo con motivación ideológica, acceso a un arma y un objetivo visible puede alterar la estabilidad de todo un sistema. Las instituciones pueden reaccionar, pero cada vez les resulta más difícil anticipar. Ese es el nuevo desafío.

    Si miramos el fenómeno con enfoque de ingeniería política, lo que emerge es un sistema donde varias variables se potencian entre sí. La repetición de ataques reduce la sorpresa. La polarización legitima la confrontación. La acción individual multiplica los riesgos. Y las instituciones, diseñadas para amenazas organizadas, enfrentan un entorno cada vez más difuso. No es un problema de un evento. Es un problema de diseño del sistema.

    Para mexicanas y mexicanos, este análisis no es ajeno. Observar lo que ocurre en Estados Unidos debería servirnos como advertencia, no como espectáculo. Las democracias no se deterioran de un día para otro. Se desgastan cuando comienzan a tolerar aquello que antes rechazaban. En nuestro país, donde se ha apostado por fortalecer la vida pública desde la participación y el diálogo, el reto sería claro: no permitir que la polarización cruce el umbral de la violencia.

    El problema no es que ocurra otro atentado. El problema es que deje de sorprendernos. Porque cuando eso sucede, la violencia ya no es una ruptura del orden, sino parte de él. Y cuando la política se acostumbra a convivir con la violencia, la amenaza deja de ser coyuntural y se convierte en estructural.

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  • Los gritos del PAN

    Los gritos del PAN

    El PAN ha llegado al extremo que nunca debió alcanzar en las sesiones del Congreso. Porque toca la última alternativa de mostrar que existen: reventar las sesiones.

    Se saben minoría, sin fuerza militante, sin líder, sin dirigentes, sin simpatías y a punto de perder dinero en sus gobiernos en el interior del país.

    Ellos mismos se han propuesto mostrar su debilidad ante el pueblo, aunque en los medios se presenten como el PAN, así, en abstracto, es decir, un grupúsculo de conservadores que en nombre de un membrete quiere aparecer como si tuvieran fuerza social, siendo, en realidad un club de amigos.

    El PAN descuidó de manera evidente, la atención a la militancia, su relación con la población, la creación de cuadros, su estrategia electoral, su propuesta política. En México hay conservadores y disidentes del gobierno, que no encuentran en el PAN una representación popular real, porque se han dedicado en las sesiones, a salvar de la cárcel a sus correligionarios antes que voltear a mirar a los ciudadanos.

    Lo que pasa que muchos de sus funcionarios, ex presidentes, líderes tienen tantos delitos que aprovechan la tribuna para tratar de limpiar su imagen en lugar de buscar alternativas que en realidad construyan puentes hacia la población.

    Al dedicar el tiempo de tribuna en limpiar la imagen de los delincuentes que tienen en sus filas, empezando por el líder del cártel inmobiliario y terminando con la gobernadora de Chihuahua, muestra su responsabilidad en delitos que van desde el homicidio por razones de corrupción y traición a la patria.

    Es por eso que revientan las sesiones, lo cual representa un acto de sabotaje a las labores naturales de un país, es decir son golpistas.

    Con golpe de estado o sin golpe, Maru Campos estaba destinada a ser la candidata favorita de Estados Unidos a la Presidencia de la República. Como sucedía hace algunos años Estado Unidos quiere volver a imponer a los presidentes como lo hizo prácticamente toda la vida hasta 2018.

    Ante las constantes derrotas de los panistas, la derecha en México ha decidido convertir a Maru Campos en la María Corina Machado de México, sabe que con la franquicia del PAN tiene poco futuro porque se trata de un partido por demás vulnerable, pero con una imagen internacional que pueda convertirse en la oposición desde le extranjero, así tanto Maru como el PAN recibiría dinero del extranjero, de tal manera que las prerrogativas del INE no serían importantes.

    Porque María Corina vive sin trabajar, y vive bien, incluso con lujos. Ella no se preocupa por la renta ni por la despensa surtida en la cocina de su casa. La mantiene una derecha internacional de la que quiere ser beneficiario directo el PAN y tiene en Maru Campos, el personaje ideal, convertido no sólo en víctima del supuesto autoritarismo del gobierno mexicano sino en una heroína que lucha por liberar al mundo libre del flagelo de las drogas.

    Por el momento el PAN debe hacer más escándalo que proselitismo, para esto tiene a los medios que colocan a ese partido como si tuviera la mayoría en el Congreso y más de la mitad de los mexicanos tuvieran simpatías por sus líderes y candidatos. No es así.

  • Hipocresía, ilegalidad e impunidad

    Hipocresía, ilegalidad e impunidad

    Acción Nacional y los gobernadores salidos de sus filas causan vergüenza por su incongruencia entre el discurso anticorrupción que espetan sin decoro y pleno de cinismo.

    Se llenan de dizque patriotismo y respeto a las leyes, juran y protestan cumplirlas, pero en los hechos se enriquecen inexplicablemente , junto con sus familiares y amigos. Luego accidentalmente, son desnudados de cuerpo entero asociados a los peores intereses que pululan en México.

    La CIA y el FBI y solo Dios sabe que otras agencias del imperio son consentidas y aceptadas como si nada por gobiernos panistas y al parecer, también por emecistas. Es vergonzoso que cuando el país avanza en un proyecto de nación capitalista, pero que busca independencia real y desarrollo, estos partidos derechistas y protofascistas pretendan justificar su actuar ilegal y antinacional.

    Lo que más desespera, es que la autoridad federal solo pida explicaciones y no haya una acción directa en contra de estos traidores. ¿Habrá impunidad?

    Así parece y se puede sospechar que el propio gobierno federal acepta estas presencias en secreto. Lo digo porque una Senadora de la República estaba haciendo trabajo de base en Chihuahua y fue frenada por el Poder Ejecutivo Federal de manera estricta. Ahora aparece el fondo del asunto. Habrá impunidad otra vez, igual que con Fox, Calderón, Peña, Zedillo y demás. 

    La intervención estadounidense no ha sido frenada por décadas, desde la “victoria” carrancista; en esos días había amenaza de otra invasión y extrañamente los carranclanes recibieron armas y parque gringos. Simulación como los atentados a Trump y tantas acciones de la 4T, como la reforma laboral, en la que la jornada de trabajo, el patrón y el trabajador y trabajadora, ahora tienen otro nombre y eso permitirá a la patronal cometer más abusos. 

    Las violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución son asunto mayor y tienen que ser castigadas, además es imprescindible que se investigue a cada gobierno estatal, incluso a los emanados de MORENA, pero profundizando en aquellos en los que hay entreguismo y deseo de que México sea intervenido, especialmente los de gobiernos emanados del  PAN y del MC en los que el crimen organizado actúa con más constancia y evidencia, léase Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro. 

    Sin embargo, todo apunta a una continuidad de la impunidad. El Gobierno Federal no parece confiar en el Poder del Pueblo. 

    Se nos viene el 2027 y esta escalada intervencionista debe ser detenida, la movilización popular es necesaria para derrotar a las organizaciones políticas traidoras, no se puede esperar al voto, es necesario que se haga algo ahora o las consecuencias serán catastróficas. 

    Antes nadie creyó que Trump golpearía como lo ha hecho, decían que era “puro pájaro nalgón”. Ojalá que ahora escuchen. 

  • Se arranca la locomotora

    Se arranca la locomotora

    En política, casi nunca hay silencios inocentes. Cuando empiezan a circular versiones sobre movimientos en la dirigencia, ajustes internos y reacomodos de operación, lo que realmente se escucha no es el ruido de la crisis, sino el arranque de la maquinaria electoral. Eso parece estar ocurriendo hoy: Morena ya abrió una nueva fase de organización rumbo a 2027 con el nombramiento de Citlalli Hernández al frente de su Comisión Nacional de Elecciones, mientras medios nacionales reportan que también se perfila una transición en la dirigencia partidista. Más que un accidente, parece el anuncio de una nueva etapa. Y, como era de esperarse, la oposición ya comenzó a echarle carbón al fogón.

    En ese contexto, vuelven también los viejos apellidos, los expedientes reciclados y las acusaciones de temporada. En Veracruz, donde la memoria política es larga pero la reconciliación pública casi nunca termina de llegar, los Yunes regresan una y otra vez al ojo del huracán mediático. Ahí conviene poner pausa. Una cosa es que existan cuestionamientos históricos sobre patrimonio, poder y redes de influencia; otra, muy distinta, es convertir el pasado en una condena perpetua útil para cada nuevo ciclo electoral.

    En la política mexicana, muchas veces no se investiga para esclarecer, sino para administrar el daño, dosificar el escándalo y reactivar antagonismos cuando más conviene. Eso no fortalece la rendición de cuentas; apenas alimenta el espectáculo. Sobre ese terreno, Veracruz sabe demasiado.

    También es cierto que toda contienda necesita villanos, símbolos y distractores. Por eso no sorprende que, a medida que se acerca el calendario electoral, resurjan figuras, apellidos y pleitos de otra época. Lo interesante no es sólo quién reaparece, sino para qué reaparece. En el fondo, la oposición intenta instalar la idea de desgaste, fractura y relevo forzado en Morena; mientras el oficialismo busca presentar sus cambios como parte natural de una reorganización con disciplina, método y continuidad. Lo que está en disputa no es solamente el control interno de un partido, sino la narrativa de estabilidad rumbo a la sucesión intermedia.

    En medio de ese tablero, una declaración reciente del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, volvió a poner un tema incómodo sobre la mesa: corrupción y soborno. Johnson dijo que vienen acciones importantes en el marco del T-MEC para castigar esas prácticas y recordó que el tratado obliga a los tres países a criminalizar el cohecho y fortalecer las medidas anticorrupción. No es un tema nuevo, pero sí una señal política fuerte. La diferencia entre el discurso anticorrupción y su aplicación real ha sido, durante años, uno de los grandes vacíos de nuestro sistema público. En México, casi todos condenan la corrupción; muy pocos la investigan hasta el fondo, y menos todavía pagan costos judiciales o políticos por ella.

    Ahí está uno de los puntos centrales del momento: México no enfrenta solamente una presión electoral interna, sino también un escrutinio externo cada vez más directo sobre la calidad institucional del Estado. Si Washington eleva el tono en corrupción dentro del marco comercial regional, no lo hace por filantropía democrática. Lo hace porque la corrupción altera mercados, distorsiona inversiones, rompe condiciones de competencia y se cruza, cada vez más, con seguridad, tráfico ilícito y captura de instituciones. Cuando el vecino del norte habla de soborno en la conversación del T-MEC, está hablando también de gobernabilidad.

    Otro episodio reciente ilustra esa tensión: la polémica en torno a los agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua. La discusión pública se encendió porque primero hubo negaciones, luego matices y finalmente reconocimiento de algún nivel de coordinación con autoridades mexicanas, aunque con versiones encontradas sobre el papel exacto de los estadounidenses. Reuters reportó que el gobierno de Claudia Sheinbaum ordenó revisar si hubo violaciones a la ley de seguridad nacional; AP documentó las contradicciones oficiales y el malestar que el caso generó por los límites de la participación extranjera en operativos ligados al combate al narcotráfico.

    La lección es delicada: la cooperación bilateral existe, seguirá existiendo y en muchos casos es necesaria; pero en México cualquier ambigüedad sobre soberanía, inteligencia y presencia extranjera tiene un costo político inmediato.

    No hay que caer tampoco en alarmismos de sobremesa. La soberanía nacional no se pierde por reconocer cooperación técnica o de inteligencia, siempre que ésta ocurra dentro de la ley y bajo conducción del Estado mexicano. Lo que sí la debilita es la opacidad. Cuando los gobiernos comunican mal, se contradicen o permiten zonas grises en asuntos de seguridad, abren la puerta a la sospecha, al uso partidista del tema y a la narrativa de subordinación. En un asunto tan sensible como la colaboración con Estados Unidos contra el narcotráfico, la forma de explicar también es fondo.

    Y ya que en redes sociales algunos reclaman hablar más del “fundamentalismo” contra la educación STEM, vale la pena decirlo con claridad: sí, ese tema importa, y mucho. En el nuevo orden económico, la soberanía también se mide por la capacidad de formar ingenieros, científicos, programadores y talento técnico de alto nivel. La OCDE advirtió en su Encuesta Económica de México 2026 que ampliar la formación técnica y las oportunidades en áreas STEM es crucial para aumentar el número de profesionales con habilidades digitales avanzadas. IMCO, por su parte, ha insistido en que los empleos del futuro se concentran justamente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que México sigue corto en ese frente. Debilitar el rigor en esas áreas no produce justicia social: produce dependencia tecnológica.

    Por eso la locomotora ya se escucha. No sólo arrancó la electoral, también la geopolítica. Morena entra a una fase de ajuste y disciplina interna; la oposición busca instalar la idea de desgaste; Estados Unidos aprieta sobre corrupción y seguridad; y, entre tanto ruido, México sigue obligado a resolver una pregunta de fondo: si quiere administrar el poder del presente o construir las capacidades del futuro. Porque sin Estado de derecho no habrá confianza, sin claridad en seguridad no habrá soberanía firme, y sin educación de alto nivel incluida la STEM no habrá competitividad real en el mundo que ya llegó.

    Lo demás, como siempre en política mexicana, será narrativa. Pero el país ya no está para vivir sólo de ella

  • Perú en vilo: la izquierda vuelve a escena

    Perú en vilo: la izquierda vuelve a escena

    La reciente elección presidencial en primera vuelta en Perú ha reconfigurado el mapa político del país y reavivado el debate sobre un posible retorno de la izquierda al poder. En un contexto marcado por la fragmentación partidista, el descontento social y la desconfianza en las instituciones, los resultados reflejan no sólo preferencias electorales, sino también un profundo malestar acumulado en amplios sectores de la población.

    Uno de los elementos más notorios de esta jornada electoral es la dispersión del voto. A diferencia de procesos anteriores donde dos o tres fuerzas concentraban la mayor parte del apoyo ciudadano, en esta ocasión múltiples candidaturas lograron porcentajes significativos, evidenciando una crisis de representación. Este fenómeno no es nuevo en Perú, pero se ha intensificado tras años de inestabilidad política, incluyendo la sucesión de presidentes, escándalos de corrupción y enfrentamientos constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

    En medio de este escenario, las candidaturas de izquierda han logrado posicionarse con fuerza relativa. Aunque no necesariamente con mayorías contundentes, sí han captado el voto de sectores históricamente marginados, particularmente en regiones rurales y zonas urbanas periféricas. Este respaldo responde a una narrativa centrada en la desigualdad, la redistribución de la riqueza y el cuestionamiento al modelo económico predominante, el cual, si bien ha generado crecimiento macroeconómico en décadas recientes, no ha logrado traducirse en bienestar equitativo para toda la población.

    El posible regreso de la izquierda en Perú no puede entenderse sin analizar el contexto regional. En los últimos años, América Latina ha experimentado un nuevo ciclo político donde diversas fuerzas progresistas han recuperado espacios de poder. Este fenómeno, en ocasiones denominado como una “segunda ola progresista”, ha tenido expresiones en países como Chile, Colombia y Brasil, donde el electorado ha optado por proyectos políticos que prometen mayor justicia social y reformas estructurales.

    Sin embargo, el caso peruano presenta particularidades importantes. A diferencia de otros países donde los partidos de izquierda cuentan con estructuras más consolidadas, en Perú estas fuerzas suelen ser más débiles institucionalmente y dependen en gran medida del liderazgo personal de sus candidatos. Esto plantea interrogantes sobre la gobernabilidad en caso de que una opción de izquierda llegue al poder, especialmente considerando la fragmentación del Congreso y la posibilidad de conflictos políticos recurrentes.

    Otro factor clave es el discurso antisistema que ha acompañado a varias candidaturas. Más allá de la ideología tradicional de izquierda, muchos candidatos han canalizado el hartazgo ciudadano frente a la clase política tradicional. Este discurso, que combina propuestas de cambio estructural con críticas a las élites, ha resultado atractivo para un electorado que percibe que el sistema actual no responde a sus necesidades.

    No obstante, el avance de la izquierda también enfrenta resistencias. Sectores empresariales, grupos conservadores y parte de la clase media expresan preocupación por posibles cambios en las reglas económicas, temiendo impactos negativos en la inversión y la estabilidad. Estas tensiones podrían intensificarse de cara a una eventual segunda vuelta, donde el debate se polarizará entre continuidad y cambio.

    En este sentido, la elección en primera vuelta no solo define quiénes competirán en la etapa final, sino que también marca el tono del debate político en los próximos meses. La capacidad de las candidaturas de izquierda para ampliar su base de apoyo, moderar su discurso o construir alianzas será determinante para sus posibilidades de triunfo.

    En conclusión, la elección de primera vuelta en Perú evidencia un país en búsqueda de rumbo. El posible regreso de la izquierda no es únicamente una cuestión ideológica, sino el reflejo de demandas sociales profundas que han sido postergadas por años. El desenlace del proceso electoral dependerá de la capacidad de los actores políticos para interpretar estas demandas y ofrecer respuestas viables en un contexto de alta incertidumbre.

  • Por favor, tratadnos como a viles imbéciles

    Por favor, tratadnos como a viles imbéciles

    Se agradece como agradecidamente se agradece cuando a uno lo tratan como imbécil, que los aparatos de control nos traten como se trata a un imbécil. Es loable que nuestra dirigida clase dirigente no solo se responsabilice de inventar realidades irreales, sino que también cargue con el pesado peso de convencernos de la realidad de lo irreal. Las últimas semanas dieron muestras de ello. Desde el bloqueo al bloqueo del estrecho de Ormuz, hasta la nada ridícula y peninsular forma de hablar del imitador teotihuacano de Columbine, pasando por el fracking del pueblo.

    Y es que si salvarnos de lidiar con la realidad es noble, hacerlo de manera que podamos imaginar que vivimos en una caricatura, una película con doblaje barato o una novela de Televisa, es ir más allá del más allá.

    Ahí está Doña Claudia Sheinbaum hablando de nuevas técnicas de fracturación con “bajo impacto ambiental” para extraer gas natural, una suerte de fracking sustentable, fracking bueno, fracking que benéficamente agrave el estrés hídrico, contamine suelo y aguas, libere metano a la atmósfera, erosione la tierra e induzca sismos, por enlistar algunas de sus virtudes. Ahí está la presidenta hablando de un fracking que fracture la idea misma del fracking.

    Igual que Don Donald Trump, inaugurando, con el bloqueo el bloqueo del estrecho de Ormuz, una sucesión de bloqueos donde no quede nada sin bloquear que no hubiera sido previa bloqueado por otro bloqueo a la espera de ser bloqueado. La madre de todos los bloqueos bloqueada por un bloqueo venidero. Sintetizando, en un bloqueo absoluto, aquella máxima de la derecha, que no se cansa de despreciar al otro por bien del otro, que reza que el pobre es pobre porque quiere, en un sencillo bloqueo que está bloqueado porque no bloquea.

    Entrados en gastos

    Resulta imposible cerrar esta breve antología, donde imbécilmente se agradece ser tratados como imbéciles, sin mencionar el burdo y melodramático, que no por burdo y melodramático es menos lamentable, atentado estilo preparatoria gringa a la teotihuacana. Una mala copia de una realidad tan irreal como insultante, donde el más decadente híbrido de Hernán Cortés y Travis Bickle, amenazó, a quienes tenía amagados, con frases como: “Y vosotros, y mierda, que habéis venido desde la puta Europa, no vais a regresar”, y “Si os movéis os sacrifico, esto se construyó para sacrificar, cabrones, no para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda”, siguiendo un guión más kitsch, trillado y de mal gusto que la actuación más kitsch, trillada y de mal gusto de Laura Zapata en su peor telenovela, dejando claro que somos producto de una cultura tan carente de respuestas como de imaginación y alternativas que permitan algo diferente a ser tratados como se trata a un imbécil que no entiende que no entiende.

    • Carlos Bortoni es escritor. Su última novela es Historia mínima del desempleo.