Los Reporteros Mx

Autor: Los Reporteros Mx

  • La soberanía del sujeto / Magnifica Humanitas III

    La soberanía del sujeto / Magnifica Humanitas III

    Dediqué mis dos entregas previas —Intemperie espiritual y Datismo— a una panorámica del malestar civilizatorio que expone Magnifica Humanitas, la encíclica del Papa León XIV. Cierro este tríptico analizando la propuesta que el pontífice ofrece al orbe. Tras el diagnóstico —la fractura antropológica, la fragmentación de Babel y la erosión del trabajo humano—, los capítulos finales del documento presentan una ruta hacia la reconstrucción de la dignidad humana. Se trata de una propuesta ética de resistencia frente a la hegemonía de la automatización.

    La soberanía de la persona

    El corazón doctrinario de la encíclica late en su cuarto capítulo. León XIV eleva el tono y marca una línea roja que, más nos vale, el avance tecnológico no debería cruzar. El Papa articula una defensa contundente de lo que podríamos denominar el “santuario interior” de cada ser humano. En un mundo donde el perfilado predictivo de la gente —la capacidad de los algoritmos para anticipar nuestras decisiones antes de que nosotros mismos las tomemos— se ha normalizado, el jerarca católico reivindica el derecho a la imprevisibilidad. Usted tiene derecho a cambiar de gustos. Todos debemos resguardar la posibilidad de escapar de la predicción algorítmica. En la era de la datamancia, la excentricidad deja de ser un capricho y se convierte en una necesidad cívica.

    La manipulación algorítmica ataca la estructura misma de la conciencia. Cuando nuestras opciones se limitan a lo que ya nos gusta, filtradas y presentadas por sistemas que persiguen la rentabilidad de nuestra atención, la libertad se convierte en una ilusión óptica. El Papa sostiene que hay ámbitos que deben permanecer, por ley y por ética, fuera del alcance del procesamiento de datos: la salud, la educación, la justicia y, sobre todo, la intimidad de la conciencia. Es una crítica frontal al “capitalismo de vigilancia” que intenta convertir el pensamiento humano en un denso input informativo para la máquina. Al declarar que la persona no es una variable, el Papa invoca la soberanía que trasciende lo jurídico: es una soberanía ontológica. Para la teología y la filosofía, el ser humano debe resguardar un “residuo” de misterio que ninguna potencia computacional podrá jamás descifrar. Proteger este misterio es, en última instancia, el acto de resistencia política más urgente de nuestro tiempo.

    Hacia una pedagogía del asombro

    León XIV diagnostica el agotamiento del modelo educativo occidental, el cual ha sucumbido a la lógica de la eficiencia: aprender para producir, aprender para ser un dato más de la maquinaria económica. Frente a esto, el Papa propone la recuperación de las humanidades como herramientas de supervivencia mental.

    El “asombro” al que se refiere el pontífice es una facultad cognitiva que nos permite detenernos, valorar la falta, desear… La sobreinformación nos impide ver el bosque tras los árboles, el asombro es el freno de emergencia. Es la capacidad de mirar al otro —al vecino, al extraño, al que piensa distinto— y reconocer en él no una categoría sociológica ni un perfil de usuario, sino una alteridad radical que exige hospitalidad. El otro tampoco es un número. El Papa sugiere que debemos educar en la “lentitud contemplativa”. Mientras el algoritmo acelera el pensamiento para eliminar la duda, la pedagogía del asombro la cultiva, pues es en la duda donde germina el pensamiento crítico y la capacidad de amar. En esencia, el Papa aboga por el rescate de la subjetividad frente a la objetivación técnica, invitándonos a ser sujetos activos y no meros receptores pasivos de información algorítmica.

    La caridad en la era de los datos

    La encíclica evita caer en el tecnopesimismo burdo o en la nostalgia reaccionaria, y cierra con una conclusión que amarra todas las piezas. Su propuesta es pragmática y esperanzadora: la tecnología no debe ser demonizada, pero sí debe ser gobernada por la caridad. En el lenguaje papal, la caridad no es caridad entendida como filantropía, sino como amor político: el compromiso con el bien común que sitúa al prójimo en el centro de todas las decisiones técnicas.

    Urge un nuevo contrato social digital, una gobernanza global de la inteligencia artificial que sea transparente, auditable y, sobre todo, responsable ante la dignidad humana. El Papa propone que la IA no sólo se mida por su eficiencia o rentabilidad, sino por su capacidad para fomentar la fraternidad humana. La conclusión es una síntesis brillante: la técnica debe volver a ser un instrumentum, un medio subordinado a un fin humano, y nunca un telos, un fin en sí mismo. El futuro no es un destino inevitable, sino una construcción abierta: si no somos capaces de humanizar la tecnología, seremos irremediablemente tecnificados nosotros.

    Magnifica Humanitas es un documento de época. León XIV desmantela la pretensión de neutralidad de los algoritmos y activa el debate en el terreno donde siempre debió estar: en la ética, en la política y en la innegociable dignidad de la persona. 

    El datismo no caerá por decreto papal ni por una ley técnica; caerá, si es que llega a caer, cuando decidamos que nuestra vida vale más que la suma de nuestros clics. En la intemperie espiritual que habitamos, la encíclica nos ofrece, al menos, una luz de esperanza: la confirmación de que, incluso en la saturación de los datos, el ser humano sigue siendo el único capaz de darle significado al mundo. Esa, precisamente, es nuestra mayor responsabilidad y nuestra libertad más profunda.

    @gcastroibarra

  •  Derechos digitales

     Derechos digitales

    En el capítulo doce de la Cartilla de Derechos de las Mujeres se trata el tema del espacio digital. Dice textualmente: “¿Sabías que tienes derecho al acceso a Internet? En nuestro país el 63% de las mujeres no usan internet porque no tienen los conocimientos para hacerlo.

    El espacio digital es un punto de encuentro virtual, donde se interactúa a través de plataformas o aplicaciones. Sin embargo, para acceder a este espacio es necesario contar con equipos tecnológicos, calidad de conexión, habilidades de interacción y más herramientas que marcan una exclusión al espacio digital. A esto se le llama brecha digital.

    Estar conectada y saber cómo usar las herramientas digitales de manera segura te permite tener acceso a la información y a estar en contacto con personas que te ayudan a generar redes de apoyo para tu vida. Tenemos derecho a navegar por los espacios digitales sin vivir violencia y a expresarnos sin miedo ni censura; a recibir protección en caso de que vivamos acoso digital, extorsión, amenazas de difusión de imágenes tuyas o de que éstas sean utilizadas sin tu consentimiento.

    Tanto las plataformas de redes sociales como las autoridades tienen la obligación de poner a tu alcance formas de reporte accesibles en caso de que vivas violencia digital. Tienes derecho a la privacidad en internet y a que se respeten tus comunicaciones privadas y no sean reveladas públicamente, también a que tus datos personales estén protegidos por cualquier plataforma que uses, como redes sociales (Facebook, Instagram, X, TikTok, entre otras) o portales de tiendas electrónicas. Es tu derecho controlar cómo se recopilan, almacenan y utilizan tus datos en línea, por eso hay que leer muy bien antes de aceptar cualquier término en dichos espacios.

    Para tener acceso a internet gratuito, los gobiernos tienen la obligación de generar la infraestructura necesaria en lugares públicos como plazas, parques o escuelas. La violencia digital está reconocida en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en el Artículo 20 Quáter y en la Ley Olimpia, vigente en los Códigos Penales de todos los estados del país, que reconoce y sanciona cualquier violencia ejercida en el espacio digital.”

  • Obedecer o resistir: México ante el Imperio que llama ‘democracia’ a su jaula

    Obedecer o resistir: México ante el Imperio que llama ‘democracia’ a su jaula

    Hay una incomodidad que los gobiernos latinoamericanos raras veces se atreven a nombrar en voz alta: que la democracia liberal, tal como la promueve y exige Estados Unidos, no es un ideal político desinteresado, sino un mecanismo de administración del poder ajeno. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha adoptado una postura que, sin declararlo con esa crudeza, apunta precisamente en esa dirección: la soberanía nacional no se negocia, la cooperación bilateral debe ser entre iguales, y ninguna presión externa justifica la subordinación de un Estado a los intereses de otro. Es una posición elemental en teoría, y subversiva en la práctica.

    Desde mediados del siglo XX, Washington ha tenido una preferencia consistente por los regímenes democrático-liberales en su esfera de influencia, no porque la democracia sea intrínsecamente buena para los pueblos —la historia de las intervenciones estadounidenses en América Latina desmiente esa narrativa con una brutalidad documentada—, sino porque ese modelo ofrece canales institucionalizados, élites locales funcionalmente dependientes del capital transnacional, medios de comunicación susceptibles de financiamiento externo, y una oposición siempre disponible para ser activada cuando el gobierno en turno deja de ser conveniente. La democracia liberal, en este contexto, no es el gobierno del pueblo: es el gobierno del pueblo administrado desde afuera.

    México no escapa a esa lógica estructural. Es una economía profundamente integrada a la de Estados Unidos a través del TMEC, con una frontera compartida de más de tres mil kilómetros, una diáspora de millones de ciudadanos en territorio norteamericano, y una dependencia histórica del capital estadounidense en sectores estratégicos. Eso no convierte a México en una colonia, pero sí en un Estado cuya soberanía opera en márgenes que el vecino del norte ha contribuido a definir. Reconocer esa realidad no es derrotismo: es el punto de partida honesto para cualquier política exterior digna.

    Lo que hace notable la postura de Sheinbaum es precisamente que no finge que esos márgenes no existen, pero tampoco los acepta como inmutables. Su insistencia en que la relación con Washington debe basarse en el respeto mutuo y la cooperación institucional —no en la subordinación— es una forma de reclamar el espacio soberano posible dentro de una asimetría innegable. No es el maximalismo retórico del antiimperialismo de trinchera, sino algo más difícil: la gestión cotidiana de una independencia relativa frente a un poder absoluto. Y eso, en el contexto geopolítico actual, tiene un costo real.

    Porque el Imperio no acepta bien la insubordinación moderada. Las presiones sobre México en materia de seguridad, migración, política de drogas y relaciones con China no son solicitudes de cooperación técnica: son formas de recordarle a Ciudad de México dónde está el límite de su autonomía. Cada vez que un funcionario estadounidense amenaza con aranceles, cada vez que un senador republicano pide designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para tener pretexto de intervención, cada vez que se condiciona la asistencia a reformas que convengan a intereses corporativos del norte, se está ejerciendo una forma de soberanía vicaria: la idea de que México puede gobernarse, siempre que no gobierne demasiado.

    En ese escenario, defender la no injerencia en asuntos internos no es una posición arcaica heredada del nacionalismo revolucionario del siglo pasado. Es una necesidad estratégica para cualquier proyecto político que aspire a algo distinto del continuismo neoliberal. Si el Estado mexicano no puede definir su política energética, su modelo de seguridad, su relación con los recursos naturales o su posición ante conflictos internacionales sin pedir permiso en Washington, entonces la soberanía es un ornamento constitucional y no una realidad operativa.

    La presidenta Sheinbaum hereda una doctrina —la del Presidente López Obrador— que hizo de la no intervención un eje de política exterior, con sus virtudes y sus contradicciones. Las virtudes son evidentes: México recuperó en esos años una voz propia en foros internacionales, se negó a ser arrastrado a consensos automáticos, y mantuvo relaciones funcionales con gobiernos de distintos signos ideológicos sin alinearse subordinadamente con ningún bloque. Las contradicciones también lo son: la soberanía proclamada coexistió con una violencia interna que el Estado no supo o no quiso contener, y con una economía que siguió siendo estructuralmente dependiente.

    Ese es el nudo que ninguna retórica antiimperialista resuelve sola: la soberanía formal no basta si no va acompañada de soberanía material, es decir, de capacidad real del Estado para proteger a su población, redistribuir la riqueza, y controlar su territorio. México puede declarar su independencia de Washington todos los días y seguir siendo rehén de sus propias élites extractivas, de la corrupción institucionalizada y de la economía criminal que en muchas regiones ha sustituido al Estado. El antiimperialismo que no mira hacia adentro es una ideología incompleta.

    Y sin embargo, frente a la alternativa —la integración subordinada, la aceptación de que ser vecino de Estados Unidos implica ser su extensión administrativa—, la postura de Sheinbaum representa un mínimo ético y político irrenunciable. No injerencia, cooperación sin subordinación, respeto a la autodeterminación: estos no son principios ingenuos. Son, en el mejor de los casos, las condiciones mínimas para que un país de cien millones de personas pueda seguir siendo algo más que un mercado cautivo y una zona de amortiguamiento geopolítica. Defenderlos, en el México de 2025, no es un gesto heroico. Es, apenas, lo menos que se puede hacer.

  • La izquierda se impone en Perú y frena el regreso del fujimorismo

    La izquierda se impone en Perú y frena el regreso del fujimorismo

    La segunda vuelta presidencial de Perú de 2026 volvió a mostrar la profunda polarización política que vive el país. En una elección sumamente cerrada, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, consiguió una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, consolidando un resultado que fue interpretado por amplios sectores sociales como un rechazo al retorno del fujimorismo al poder y una apuesta por un proyecto político orientado hacia mayores transformaciones sociales.

    Con más del 95 por ciento de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Roberto Sánchez mantenía una ventaja mínima sobre Fujimori, en una de las contiendas más disputadas de la historia reciente peruana. El respaldo al candidato de izquierda se concentró principalmente en las regiones rurales y en los sectores populares, mientras que la ex primera dama encontró sus principales apoyos en Lima y entre los votantes residentes en el extranjero.

    La victoria de la izquierda representó para millones de peruanos la posibilidad de impulsar cambios estructurales en un país marcado por la desigualdad, la inestabilidad política y el descontento con las élites tradicionales. Roberto Sánchez centró su campaña en propuestas para fortalecer los programas sociales, promover una mayor participación del Estado en la economía y abrir el debate sobre una reforma constitucional que permita responder a las demandas de los sectores históricamente excluidos.

    El resultado electoral también significó un nuevo revés para Keiko Fujimori, quien llegó a esta elección con el peso de un apellido que continúa generando fuertes divisiones en la sociedad peruana. Hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos, la líder de Fuerza Popular enfrentó nuevamente un elevado rechazo entre los votantes, quienes asociaron su candidatura con prácticas autoritarias y con una clase política señalada por escándalos de corrupción.

    Más allá del estrecho margen, la ventaja obtenida por Roberto Sánchez fue vista por sus simpatizantes como una victoria popular y un mensaje de rechazo al retorno del fujimorismo. La elección de 2026 volvió a demostrar que el apellido Fujimori continúa siendo uno de los factores más polarizantes de la política peruana.

  • La derecha quiere golpe, no liderazgo

    La derecha quiere golpe, no liderazgo

    La polarización originada por la amenaza de un golpe de estado ha reducido las alternativas políticas. Estar contra la Presidenta es estar a favor del golpe de Estado y estar a favor del gobierno de Claudia Sheinbaum, significa alejar esa posibilidad.
    Reducir alternativas no es una elección que fortalezca la democracia; sin embargo, estamos en tiempo de guerra.

    Para la embestida de la ultraderecha con rostro de mujer, con discursos engañabobos, que contrata Salinas Pliego como hostes de importación, Estados Unidos, no es una amenaza para nadie, negando no sólo la historia sino la lucha de los pueblos oprimidos en el mundo entero.

    La visión de los conservadores tiene un faro que terminó por convertirse en mito, el poderío de Estados Unidos. Llaman imperio a un país que sólo porque dice serlo le creen. Ha perdido todas las guerras, su pueblo vive en la miseria, la quinta parte de sus habitantes son adictos y está endeudado con su peor enemigo.

    Con una democracia inexistente, que, con sólo dos partidos dice representar a 338 millones de ciudadanos. La política colonialista del vecino del norte que no pesa ya, ni pisa fuerte. Está en decadencia.

    Al evidenciarse un golpe de Estado en proceso con la presencia de espías de la CIA en México, a quienes abrió la puerta la panista Maru Campos, ahora la derecha tiene la consigna de negar que existe, por lo menos en proceso. En medio de una política externa radical del delirante Trump, y una convulsión mundial por los energéticos, sería muy ingenuo pensar que los espías eran turistas y las armas de juguete.

    A la oposición, los medios y Estados Unidos les urge reducir la aceptación de la Presidenta Claudia Sheinbaum aunque sea de manera artificial, porque en la medida que se reduce su aprobación popular, aumentan las posibilidades de un golpe de Estado. Es esa proporción la que ha detenido, una embestida mayor.

    El nado sincronizado inició con un lapsus de Azucena Uresti, creyendo que el porcentaje de rechazo de Trump era aceptación y tenía mayor popularidad que Claudia Sheinbaum, fue el banderazo de salida para iniciar la batalla por la descalificación de su apoyo popular.

    Después apareció la encuesta de El Universal que difundía una reducción tan rápida como ilógica en la aceptación de Morena y de la Presidenta. Sorprendió a todos menos a la oposición. Después publicó El País y W Radio, una encuesta realizada por Enkoll, con el título tendencioso: “La aprobación de Sheinbaum cae siete puntos tras la crisis de Sinaloa y Chihuahua”.

    Llama poderosamente la atención el hecho de que hayan sido medios de comunicación los que mandaron a elaborar dichas encuestas, en tiempos que no son previos a elecciones.

    Así, la narrativa de los medios ofrece su propia interpretación: “Su respaldo sigue siendo alto (70.1 por ciento), pero buena parte de esa calificación continúa sostenida por los programas sociales”.

    La lectura de los medios muestra el desconocimiento de la asimilación de la población sobre sus derechos, que, desde hace años, sabe que los programas sociales son un derecho, elevados a rango constitucional, no parte de la publicidad electoral. El derecho en México ahora tiene destinatario pero no remitente.

  • El Caso Thomas Crown

    El Caso Thomas Crown

    Si alguien tuvo la oportunidad de ver la película El Caso Thomas Crown, recordará la historia de un hombre inmensamente rico que no necesitaba robar. Lo hacía por el desafío, por el placer de demostrar que podía hacerlo, por la satisfacción de ejecutar una operación perfecta aun cuando no existía necesidad alguna. Guardando toda proporción, algo parecido me vino a la mente al observar lo ocurrido en Coahuila.

    Estamos hablando de un estado que durante años ha destacado por mantener niveles de seguridad superiores al promedio nacional, atraer inversión, desarrollar infraestructura y conservar una estabilidad política que pocos pueden negar. Independientemente de las preferencias partidistas de cada quien, resulta difícil ignorar que Coahuila ha mantenido indicadores positivos en distintos rubros y que buena parte de la ciudadanía reconoce avances importantes en la entidad.

    Por eso llama la atención el debate que surgió después de la reciente jornada electoral. Diversos actores políticos denunciaron presuntas irregularidades, compra de votos y operaciones electorales indebidas. Las acusaciones existen y forman parte de la discusión pública. Sin embargo, también es importante recordar que en un Estado de derecho las responsabilidades no se determinan desde las redes sociales, los medios de comunicación o las tribunas políticas. Corresponde a las autoridades electorales, a las fiscalías especializadas y a los tribunales hacer su trabajo y determinar si existieron o no conductas ilegales.

    Personalmente me cuesta trabajo creer que una operación de esa naturaleza haya surgido directamente de Manolo Jiménez. Un político que llega con niveles importantes de aceptación ciudadana, resultados visibles de gobierno y una estructura política consolidada simplemente no necesitaba recurrir a prácticas que pudieran poner en duda una victoria que parecía estar ampliamente encaminada.

    Si existió alguna irregularidad, si alguien decidió cruzar líneas que no debían cruzarse o si hubo operadores que actuaron fuera de la legalidad, serán las autoridades quienes deban determinarlo. Pero tampoco sería la primera vez en la historia política de México que dirigentes partidistas, operadores electorales o personajes que buscan demostrar lealtad a sus liderazgos terminan tomando decisiones por cuenta propia, generando más problemas de los que pretenden resolver.

    Porque muchas veces el problema no está en quien aparece en la boleta o en quien gobierna un estado. El problema suele estar en quienes desde las estructuras políticas creen que ganar no es suficiente y buscan obtener resultados aplastantes para fortalecer proyectos personales o partidistas. Son esas conductas las que, de comprobarse, terminan dañando la credibilidad de procesos que pudieron haber sido perfectamente legítimos.

    Y ahí es donde aparece la analogía con Thomas Crown. Cuando alguien tiene la victoria prácticamente asegurada, cuando tiene reconocimiento público, resultados de gobierno y respaldo ciudadano, el exceso deja de ser una necesidad y se convierte en un riesgo. La diferencia entre una victoria histórica y una victoria cuestionada muchas veces depende de quienes rodean al poder y de las decisiones que toman creyendo que le hacen un favor a sus líderes.

    Por eso resulta indispensable que las instituciones hagan su trabajo. Si no hubo irregularidades, que se aclare y se cierre el debate. Y si las hubo, que se sancione a los responsables sin importar su cargo, partido político o nivel de influencia. Lo que México necesita no son especulaciones permanentes, sino certeza jurídica y confianza en sus procesos democráticos.

    Mientras tanto, en otro frente, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó uno de los proyectos tecnológicos más interesantes de los últimos meses: el desarrollo de un automóvil eléctrico mexicano. Más allá de simpatías o diferencias políticas, resulta positivo que México busque participar en una industria que marcará buena parte de la economía mundial durante las próximas décadas. La transición energética ya no es una discusión del futuro; es una realidad que está transformando mercados, industrias y formas de movilidad en todo el planeta.

    Sin embargo, también existen desafíos cotidianos que requieren atención. Basta recorrer la Ciudad de México para observar el crecimiento acelerado del uso de motocicletas. Son prácticas, económicas y representan una alternativa de transporte para millones de personas, pero también han traído nuevos retos en materia de seguridad vial.

    No es raro observar motocicletas transportando tres o incluso cuatro personas, incluidos menores de edad. Muchas familias lo hacen por necesidad y sería injusto ignorar esa realidad. Cuando el ingreso apenas alcanza para cubrir los gastos básicos, cualquier ahorro en transporte representa una diferencia importante. Pero la necesidad tampoco elimina los riesgos.

    Probablemente uno de los empresarios que mejor entendió este fenómeno fue Ricardo Salinas Pliego. Durante años, las motocicletas comercializadas a través de sistemas de financiamiento accesibles encontraron un mercado enorme en México. Seguramente alguien observó lo que ocurría en países como India y entendió que existía una oportunidad comercial importante. Los resultados están a la vista.

    Lo interesante es que buena parte de esas motocicletas forman hoy parte de la economía cotidiana de miles de familias trabajadoras. Muchas veces los pagos salen de hogares donde también llegan becas, apoyos sociales o pensiones para adultos mayores. Las abuelas ayudan a los nietos, los padres apoyan a los hijos y las familias hacen lo posible por salir adelante. Esa es la realidad del México popular.

    Sin embargo, también es frecuente escuchar críticas sobre los métodos de cobranza y las altas tasas de interés asociadas a ciertos productos financieros. Es un tema que aparece constantemente cuando uno conversa con taxistas, comerciantes o trabajadores. Las opiniones son diversas, pero existe una percepción recurrente de que algunas prácticas de cobranza pueden resultar excesivamente agresivas para sectores económicamente vulnerables.

    Gobernar un país es muy distinto a dirigir una empresa. Una empresa tiene como prioridad generar utilidades. Un gobierno tiene la obligación de equilibrar crecimiento económico con bienestar social. Son responsabilidades distintas y requieren sensibilidades distintas.

    Y es precisamente ahí donde muchas veces se marca la diferencia entre quienes conocen el país desde una oficina y quienes lo recorren caminando. México no se entiende desde un helicóptero. México se entiende recorriendo calles, visitando colonias, escuchando a las personas y comprendiendo las dificultades que enfrentan diariamente millones de familias.

    Recientemente también llamó la atención una reunión organizada por la American Society en la que participaron empresarios, figuras políticas de oposición y representantes de distintos sectores económicos. El encuentro generó debate porque evidenció algo que ya resulta evidente: existe una parte importante de la élite económica y política mexicana que no comparte la visión de gobierno impulsada por la actual administración.

    Eso no significa necesariamente conspiraciones ni acuerdos ocultos. Significa simplemente que existen intereses distintos y visiones diferentes sobre cómo debe administrarse el país. Algunos consideran que el modelo actual fortalece a los sectores históricamente olvidados. Otros sostienen que genera incertidumbre para ciertos sectores económicos.

    La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿Qué país queremos construir? ¿Uno donde el crecimiento económico beneficie únicamente a quienes ya tienen ventajas o uno donde el desarrollo alcance también a quienes durante décadas permanecieron excluidos de muchas oportunidades?

    Lo cierto es que México de 2026 es muy diferente al México de hace veinte o treinta años. El viejo sistema político que dominó durante décadas ya no existe en la misma forma. Los actores cambiaron, las reglas cambiaron y la ciudadanía cambió. Hoy existe una sociedad mucho más informada, más participativa y más crítica.

    Eso no significa que los problemas hayan desaparecido. La corrupción sigue existiendo. Los abusos de poder siguen apareciendo. Los intereses económicos siguen presionando. Y los partidos políticos continúan cometiendo errores. Pero también es cierto que hoy existen más herramientas para fiscalizar, denunciar y exigir rendición de cuentas.

    Por eso resulta indispensable fortalecer auditorías, órganos de fiscalización, unidades de investigación financiera y todas aquellas instituciones capaces de detectar irregularidades antes de que se conviertan en escándalos mayores. La transparencia no debe depender de la buena voluntad de los funcionarios, sino de instituciones sólidas capaces de supervisar el ejercicio del poder.

    Nos queda un largo camino por recorrer. Todavía existen enormes desafíos en materia de seguridad, salud, educación y desarrollo económico. Pero también es cierto que México continúa avanzando y aprendiendo de sus propios errores.

    Los tiempos cambian. La política cambia. Las generaciones cambian. Y la obligación de vigilar al poder, sin importar quién lo ejerza, debe seguir siendo exactamente la misma.

    Porque al final, como en la historia de Thomas Crown, la verdadera pregunta nunca es quién ganó. La verdadera pregunta es si alguien creyó que demostrar poder era más importante que preservar la confianza de los ciudadanos. Y esa es una pregunta que solamente las instituciones, la ley y el tiempo podrán responder.

  • Mundial 2026: cuando la pelota se convierte en mercancía

    Mundial 2026: cuando la pelota se convierte en mercancía

    El reloj avanza y la cuenta regresiva ya comenzó. Dentro de poco, México volverá a ser sede de una Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá. Los anuncios se multiplican, las marcas afinan sus campañas publicitarias y los gobiernos preparan eventos para recibir una de las industrias más lucrativas del planeta.

    Porque sí, aunque nos guste romantizarlo, el Mundial ya no es solamente futbol. Es negocio. Y uno enorme.

    Desde hace décadas, la FIFA ha perfeccionado un modelo donde la pasión de millones de personas se convierte en una mercancía global. Cada partido, cada camiseta, cada transmisión, cada patrocinio y cada fotografía termina formando parte de una maquinaria económica que mueve miles de millones de dólares.

    El futbol sigue siendo del pueblo, pero el Mundial hace mucho tiempo que dejó de pertenecerle.

    Los boletos son cada vez más inaccesibles para las clases populares. Los paquetes turísticos se diseñan para quienes pueden pagar miles de dólares. Los estadios se convierten en espacios donde el aficionado tradicional es desplazado por consumidores de alto poder adquisitivo.

    Paradójicamente, el deporte más popular del planeta se ha convertido en uno de los espectáculos deportivos más elitizados del mundo. Lo que alguna vez fue la celebración de barrios, colonias y comunidades termina subordinado a intereses corporativos que poco tienen que ver con el juego.

    En estos meses hemos visto cómo empresas privadas, cadenas televisivas, marcas internacionales y grupos económicos han intentado apropiarse del discurso mundialista. Nos dicen que todos somos parte de la fiesta, aunque para millones de personas el acceso real a esa fiesta sea prácticamente imposible.

    Sin embargo, la crítica no debe dirigirse al futbol. Sería un error enorme.

    Porque el futbol también es una expresión cultural profundamente popular. Es el partido en la cancha de tierra. Es el torneo del barrio. Es la cascarita después de la escuela. Es la familia reunida frente a una televisión para celebrar un gol.

    El problema no es el futbol. El problema es cuando el mercado transforma una pasión colectiva en un producto exclusivo. Desde la izquierda, la aspiración no es eliminar el futbol ni despreciarlo como hacen ciertas élites intelectuales. Todo lo contrario.

    La aspiración es recuperar su dimensión social. Hablar de un futbol accesible para todas y todos. De espacios deportivos públicos dignos. De canchas en las colonias populares. De actividades físicas como herramientas de salud, convivencia y prevención de la violencia.

    Por eso resulta interesante que, paralelamente a la organización del Mundial, existan planteamientos desde los gobiernos de la Cuarta Transformación para impulsar actividades comunitarias, torneos barriales, recuperación de espacios públicos y programas de activación física vinculados al evento.

    La verdadera herencia de un Mundial no debería medirse únicamente en derrama económica o en estadísticas turísticas. Debería medirse en cuántos niños encontraron una cancha donde jugar. En cuántas comunidades recuperaron espacios deportivos. En cuántos jóvenes encontraron una alternativa frente a la violencia. En cuántas personas pudieron ejercer su derecho al deporte.

    Porque cuando las luces del espectáculo se apaguen y los patrocinadores se marchen, eso será lo que realmente quede. El Mundial pasará. Las ganancias cambiarán de manos. Los contratos terminarán. Pero el futbol seguirá siendo del pueblo.

    La pregunta es si tendremos la capacidad de arrebatárselo, al menos un poco, a quienes llevan años intentando convertirlo únicamente en una mercancía.

    Redes sociales

  • El país que encontró el Mundial 2026

    El país que encontró el Mundial 2026

    A unos días de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, México vuelve a convertirse en el centro de atención del planeta. El Estadio Azteca abrirá por tercera ocasión una Copa del Mundo, un hecho sin precedentes en la historia del fútbol. Sin embargo, detrás de la cuenta regresiva, las ceremonias y la expectativa deportiva, emerge una pregunta más interesante que cualquier pronóstico: ¿qué país encontró el Mundial cuando llegó a México en 2026?

    La respuesta comienza con una mezcla de orgullo y contraste. México llega a esta cita global con ciudades modernizadas, experiencia organizativa y una enorme expectativa económica. Al mismo tiempo, llega acompañado de debates que reflejan la realidad nacional. Los boletos para algunos partidos han sido percibidos como inaccesibles para amplios sectores de la población, mientras que completar el tradicional álbum Panini puede representar varios miles de pesos para una familia. El fútbol sigue siendo el deporte más popular del país, pero la experiencia mundialista parece cada vez más distante para quienes históricamente le dieron vida en las calles, los barrios y las canchas.

    Ese contraste no se limita al ámbito económico. Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han coincidido con la recta final de los preparativos y han colocado nuevamente el debate social bajo los reflectores. Aunque sus demandas tienen origen propio, su aparición en vísperas del torneo recuerda un patrón recurrente de la historia mexicana. Ocurrió antes de los Juegos Olímpicos de 1968 y volvió a manifestarse en los Mundiales de 1970 y 1986. Cuando México se convierte en escaparate internacional, distintos sectores buscan aprovechar esa visibilidad para colocar sus causas en la conversación pública. Más que una excepción, parece una constante de nuestra vida política.

    Las ciudades sede también muestran otra cara de esta fotografía nacional. En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey continúan obras de movilidad, rehabilitación urbana e infraestructura asociadas al torneo. Algunas responden a rezagos acumulados durante años; otras buscan garantizar que el país llegue listo a la cita mundialista. Como ha ocurrido en otros eventos de esta magnitud, la discusión gira alrededor de una pregunta sencilla: si las inversiones realizadas para recibir visitantes terminarán mejorando la vida cotidiana de quienes habitan permanentemente esas ciudades.

    La expectativa económica es igualmente significativa. Diversas estimaciones proyectan una derrama de entre 1,800 y 3,000 millones de dólares, con escenarios más optimistas que incluso superan esa cifra. Millones de visitantes, ocupación hotelera, actividad comercial y promoción internacional alimentan la esperanza de que el torneo deje beneficios duraderos. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que el verdadero legado de un Mundial rara vez se mide durante los partidos. Se mide años después, cuando se evalúa si la infraestructura, la inversión y la atención global lograron convertirse en desarrollo sostenido.

    En la cancha, el optimismo también convive con la prudencia. Analistas deportivos coinciden en que avanzar de la fase de grupos parece el escenario más probable para la Selección Mexicana y que alcanzar nuevamente los cuartos de final representaría un resultado destacado. Más allá de los números, una actuación sólida del Tri podría convertirse en un factor de cohesión emocional para millones de mexicanas y mexicanos que vivirán el torneo como anfitriones.

    Pero quizá el activo más importante de México no aparezca en ningún presupuesto, proyección económica o análisis deportivo. En un Mundial compartido con Estados Unidos y Canadá, nuestro país aporta algo que no puede construirse con inversión pública ni comprarse en el mercado: una cultura futbolera profundamente arraigada. La hospitalidad, la gastronomía, la música, la capacidad de celebrar colectivamente y la pasión por el fútbol siguen siendo ventajas competitivas que distinguen a México ante el mundo. Si existe un corazón emocional para este Mundial, probablemente latirá de este lado de la frontera.

    Algún día, cuando México aspire a organizar una cuarta Copa del Mundo, volveremos inevitablemente a mirar hacia 2026. Entonces comprenderemos que el legado más importante de aquel torneo no estuvo únicamente en los goles, las obras o la derrama económica. Estuvo en la oportunidad de observarnos como nación. Porque los Mundiales funcionan como espejos: revelan lo que somos, exhiben lo que aún debemos resolver y muestran aquello que queremos llegar a ser. Y cuando las futuras generaciones busquen entender cómo era México en este momento de su historia, probablemente no encontrarán la respuesta en una tabla de posiciones. La encontrarán en el país que recibió al mundo y que, durante unas semanas, también se vio reflejado en él.

  • CNTE, en busca de la represión perdida

    CNTE, en busca de la represión perdida

    El verdadero enemigo de México es la ultraderecha que viene de visita a injertar conceptos que la propia monarquía rechazaría para su país. Sin embargo, esos productos de exportación de la que son asiduos consumidores los conservadores ahora llegaron envueltos en un discurso que intentó ser incendiario y se redujo a los anecdótico.

    Las acciones de la ultraderecha en México no se limitan a la capital del país y sus alrededores, están donde consideran que está la atención de los medios que ellos mismos mueven, capitaneados por Ricardo Salinas Pliego, a quien le sale más barato un golpe de Estado, que pagar al fisco lo que debe.

    A los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educción ya se les olvidó cómo se imparten clases. Cuando nace, el 7 de diciembre de 1979, surge como grupo de ultraizquierda, en el periodo de López Portillo, ahora de ultraderecha. Además, es la punta de lanza de un golpe de Estado.

    Los líderes son quienes negocian con los patrocinadores del golpe de Estado. Las mesas de diálogo están abiertas, hay propuestas coherentes y novedosas que deben aprovechar, pero quiere represión para poder abrir las puertas de la intervención.

    Los grupos con integrantes y peticiones individualistas siguen el juego a los supuestos profesores de la CNTE, jubilados con pensiones millonarias, transportistas manejados por el PAN y el PRI, una parte minoritaria de madres buscadoras, entre otros grupos disidentes de sus grupos originales. Es decir, son minorías de minoría.

    La complicidad de los medios desenmascara el origen derechista de las protestas, al afirmar que a ese movimiento lo apoyan 50 organizaciones, pero los investigadores del periodismo chayotero no han nombrado ninguna del medio centenar que dicen integrarse.

    Su mecenas, Salinas Pliego, dice que si no hay cambios en las urnas en 2027 será por la fuerza, considera que la suma de minorías hace una mayoría, apoyando la posibilidad de un golpe.

    Pareciera que buscar la represión es un objetivo de los dueños de los movimientos innecesarios de estos grupos, ninguno de ellos ha quedado al margen de negociaciones, mesas de pláticas y sus exigencias absurdas.

    Las peticiones de la CNTE quedaron atascadas desde sus propias bases, los líderes parecieran radicalizarse ante un gremio que muestra mesura, conducta que los dirigentes califican de tibia, porque son quienes reciben dinero por mantener viva la protesta para que la derecha tenga argumentos de tender puentes hacia la invasión que la derecha segura es imaginaria, para descarrilar al gobierno de Morena.

    Si en realidad la CNTE fuera reivindicadora de los derechos de los profesores porque no ha luchado por afiliar al magisterio que trabaja en escuelas particulares, a quienes les pagan una miseria y carecen de contrato, sin prestaciones y cobran por recibo de honorarios y, por si fuera poco, ellos tienen que pagar los impuestos que le corresponden a los patrones.

    Hay muchas trincheras que podrían, en realidad, adoptar, si de verdad estuvieran dispuestos a defender los derechos laborales del magisterio, pero su lucha no es para reivindicar la dignidad de quienes imparten clases, su lucha es política y lo que es peor, mercenaria.

  • Soberanía o subordinación: ¿México soberano y patriota, o México condicionado?

    Soberanía o subordinación: ¿México soberano y patriota, o México condicionado?

    Hay momentos en la historia de las naciones en los que se debe elegir entre la dignidad y la sumisión, entre la independencia y la subordinación. México vive hoy uno de esos momentos. Mientras algunos defienden el derecho del país a tomar sus propias decisiones y construir su futuro con autonomía, otros parecen aceptar, e incluso promover, la idea de que nuestro destino debe estar condicionado por los intereses y las determinaciones de potencias extranjeras.

    El debate no es menor. No se trata únicamente de política exterior ni de diferencias ideológicas; se trata de definir qué tipo de país queremos ser: un México soberano, capaz de defender sus intereses nacionales y de actuar con base en la voluntad democrática de su pueblo, o un México subordinado a presiones externas que limitan su capacidad de decidir libremente su rumbo.

    Por ello, hablar de soberanía no es un ejercicio retórico, ni tampoco un recurso discursivo. Es hablar de la dignidad de un pueblo que, a lo largo de su historia, ha luchado una y otra vez por decidir su propio destino. No se trata de un concepto abstracto ni de letra muerta en la Constitución; es el derecho de las mexicanas y los mexicanos a construir su futuro sin imposiciones externas y a defender los intereses de la nación por encima de cualquier presión extranjera.

    Sin embargo, hoy existen quienes, desde una visión marcada por el individualismo y el malinchismo, parecen aspirar a un México subordinado, sumiso y condicionado a las decisiones de los Estados Unidos. Esa postura suele sustentarse en el miedo a Estados Unidos, en la falta de confianza en las capacidades del Estado mexicano, en la inconformidad con el actual gobierno de izquierda o en la pérdida de privilegios que durante años beneficiaron a ciertos sectores. Todo ello los lleva a buscar cualquier alternativa que les permita conservar esos beneficios, incluso cuando ello implique traicionar al Pueblo de México.

    La defensa de la soberanía ha sido una bandera histórica para quienes creen en la justicia social, la autodeterminación de los pueblos y el respeto entre las naciones. Y hoy el pueblo de México más que nunca, no está dispuesto a soportar que ninguna fuerza extranjera por poderosa que sea, venga a controlar o manipular a nuestra nación. Y aun cuando el actual gobierno de la Presidenta Claudia Sheimbaun, procure una relación de colaboración, respeto y ayuda mutua, no significa que van a permitir que exista alguna vulneración o ataque a nuestra soberanía. 

    En el contexto actual, la relación con Estados Unidos es indispensable, ya que compartimos una extensa frontera, profundos vínculos económicos y desafíos comunes, como la migración y la seguridad. No obstante, la cooperación jamás debe confundirse con subordinación. La amistad entre naciones solo puede construirse sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de la soberanía de cada país.

    México tiene el derecho inalienable de tomar sus propias decisiones y de resolver sus asuntos internos de acuerdo con la voluntad democrática de su pueblo. Para quienes defienden una visión progresista y comprometida con la justicia social, la soberanía también implica preservar la capacidad del Estado para impulsar políticas públicas que beneficien a las mayorías, reduzcan las desigualdades y fortalezcan los derechos de la población.

    Defender la soberanía no significa promover el aislamiento ni la confrontación como cree la oposición. México necesita cooperar con el mundo, dialogar con otras naciones y construir acuerdos que favorezcan el desarrollo común. Sin embargo, esos acuerdos deben alcanzarse desde una posición de igualdad y respeto, nunca desde la imposición. Ninguna nación, por poderosa que sea, puede atribuirse el derecho de decidir el rumbo de otra.

    Defender la soberanía mexicana es honrar a quienes lucharon por la Independencia, a quienes resistieron las intervenciones extranjeras y a quienes han trabajado incansablemente por un país más libre, más justo y democrático. Es reconocer que el destino de México pertenece exclusivamente a su pueblo.

    México no necesita tutelas ni imposiciones. Necesita unidad, confianza en sus instituciones y compromiso con su gente. La defensa de la soberanía nacional es, en esencia, la defensa de la dignidad colectiva de un pueblo que ha demostrado una y otra vez su capacidad para resistir, transformar su realidad y mantener viva la esperanza de un país más justo, más democrático y verdaderamente libre.

    La pregunta sigue abierta: ¿queremos un México soberano, dueño de su destino y fiel a su historia, o un México condicionado por intereses externos y ajenos al mandato de su pueblo?

    La respuesta definirá no solo el rumbo político del país, sino también la profundidad de nuestro compromiso con la independencia, la democracia y la dignidad nacional. Porque las naciones que renuncian a su soberanía terminan perdiendo mucho más que capacidad de decisión: terminan perdiendo una parte de su identidad. Y México, por su historia, por su pueblo y por su futuro, merece seguir siendo una nación libre, soberana y orgullosa de sí misma.

    Jueza Amarande Riojas Orozco