Los Reporteros Mx

Autor: Los Reporteros Mx

  • La Cuauhtémoc merece más

    La Cuauhtémoc merece más

    La Alcaldía Cuauhtémoc constituye uno de los principales motores económicos de México. Por sí sola, si fuera considerada una entidad federativa, se ubicaría en el séptimo lugar nacional por el tamaño de su economía (representa el 5% del PIB nacional). Sin embargo, su relevancia no es meramente económica, sino que también tiene más de la mitad de los museos y centros culturales que se encuentran en la Ciudad de México.

    Podríamos hablar de sus emblemáticos barrios y colonias —como Tepito, la Roma o Buenavista—; de los monumentos que alberga —como el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución—; de sus vestigios arqueológicos —como Tlatelolco y el Templo Mayor—. Incluso podría dedicar una columna entera a la riqueza histórica, cultural y económica de esta alcaldía. Sin embargo, en esta ocasión me concentraré en su importancia política.

    No temo equivocarme al afirmar que la Alcaldía Cuauhtémoc es, sin lugar a duda, el corazón político de México. Aquí se encuentran los tres poderes federales, además de albergar las sedes de los tres poderes de la Ciudad de México.

    Con semejante relevancia cultural, económica y política, la administración de la Alcaldía Cuauhtémoc adquiere una importancia que trasciende el ámbito local para convertirse en un asunto de interés nacional. Lo que ocurre en esta demarcación suele ocupar los principales espacios en los medios de comunicación y marcar la conversación pública. Por ello, quienes la gobiernan deben estar a la altura de las circunstancias y de la responsabilidad que implica encabezar el corazón político del país. Aquí le hago una pregunta al lector ¿Hemos tenido gobiernos buenos en los últimos años?

    El PRIAN lleva gobernando nuestra alcaldía desde hace más de un lustro y los resultados están a la vista. Calles llenas de baches, un deterioro evidente del espacio público, servicios urbanos deficientes y una administración que, en demasiadas ocasiones, ha privilegiado la confrontación política por encima de la solución de los problemas cotidianos de las y los vecinos. Llevamos dos gobiernos de alcaldesas con un pensamiento en demasía superfluo y políticas deficientes en contraste con los problemas de la alcaldía.

    Durante los últimos años hemos visto gobiernos más preocupados por la imagen que por la transformación de fondo de la alcaldía. Administraciones que han reducido la política a la promoción personal y a la disputa constante, dejando de lado las necesidades reales de quienes habitan, trabajan y recorren diariamente sus calles.

    La Alcaldía Cuauhtémoc necesita una transformación. No basta con administrar los problemas ni con presentar soluciones temporales; se requiere un proyecto de gobierno que coloque en el centro a las personas y que atienda de manera seria los grandes retos de la demarcación.

    Para que este cambio de rumbo sea posible, la Alcaldía Cuauhtémoc necesita abrir paso a una nueva etapa de transformación. Este cambio sin embargo requiere requiere organización, participación ciudadana y, sobre todo, unidad. Ningún proyecto que aspire a cambiar de fondo la realidad de una demarcación tan compleja puede avanzar si prevalecen las divisiones y los intereses particulares por encima del bienestar colectivo.

    Hoy la Cuauhtémoc tiene ante sí una oportunidad histórica., la oportunidad de recuperar su papel como una alcaldía de vanguardia, donde la riqueza de su historia y la energía de su gente se traduzcan en mejores condiciones de vida para todas y todos.

    Porque la Cuauhtémoc, por lo que representa para México, merece más.

  • Los privilegios que se disfrazan de libertad de expresión

    Los privilegios que se disfrazan de libertad de expresión

    Hay un sector en México que solo cree en la libertad cuando le conviene. Es el de los grandes consorcios mediáticos que, durante décadas, confundieron un privilegio empresarial con un derecho humano.

    Bastó que se publicaran los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias para que comenzara el espectáculo. Las mismas voces de siempre anunciaron la llegada de la dictadura. Hablaron de censura, de mordazas, de persecución y del supuesto fin de la libertad de expresión. Parecía que el Estado había prohibido el periodismo crítico, cuando en realidad se estaba hablando de algo mucho más sencillo: reconocer que quienes consumen radio y televisión también tienen derechos.

    La reacción fue tan exagerada como reveladora. Porque cuando alguien afirma que proteger a las audiencias equivale a censurar a los medios, en realidad está diciendo que cualquier límite a su poder le resulta intolerable.

    Durante años nos quisieron vender una idea bastante peculiar del derecho de las audiencias: “si no te gusta, cambia de canal”. Una respuesta tan cómoda como absurda.

    Siguiendo esa lógica, si una empresa vende alimentos contaminados bastaría con recomendar a la gente que compre en otro lado. Si un banco engaña a sus clientes, el problema sería de quienes firmaron el contrato. Si una farmacéutica miente sobre un medicamento, la solución sería dejar de comprarlo.

    No funciona así. Los derechos existen precisamente para equilibrar relaciones de poder.

    Las audiencias no son simples consumidores cautivos. Son personas con derecho a distinguir información de opinión, a saber cuándo un contenido es publicidad, a exigir mecanismos para presentar inconformidades y a esperar estándares mínimos de responsabilidad en los contenidos que reciben.

    Eso no elimina la libertad de expresión. La fortalece.

    Porque una democracia necesita medios críticos, sí, pero también necesita ciudadanos protegidos frente a prácticas engañosas.

    Resulta curioso que quienes hoy levantan la bandera de la libertad guardaran un silencio casi absoluto cuando durante décadas unos cuantos grupos empresariales concentraban buena parte de la radio y la televisión nacionales. Aquella concentración nunca les pareció un problema para el pluralismo. Tampoco parecían demasiado preocupados cuando los intereses comerciales definían qué temas merecían cobertura y cuáles desaparecían del debate público.

    No deja de sorprender que algunos editorialistas describan cualquier regulación como una agresión a la democracia, mientras en otros ámbitos defienden sin reparo la regulación de mercados, empresas o plataformas digitales. Parece que las reglas solo son aceptables cuando se aplican a otros.

    El fondo del debate nunca fue la libertad de expresión. Es el poder.

    Porque los derechos de las audiencias significan que los medios dejan de ser la única parte con voz. Significan reconocer que la ciudadanía no está obligada a aceptar pasivamente información confusa, publicidad disfrazada de noticia o contenidos que incumplen las obligaciones previstas en la ley.

    Y eso incomoda. No porque impida hacer periodismo. Sino porque reduce la idea, instalada durante años, de que un concesionario puede actuar sin responder ante nadie más que sus anunciantes.

    La libertad de expresión merece ser defendida siempre, especialmente frente al poder político. Pero precisamente por su importancia no debería utilizarse como escudo para rechazar cualquier discusión sobre responsabilidad, transparencia o derechos de las audiencias.

    Quizá esa sea la mayor ironía de toda esta polémica. Quienes hoy aseguran defender la libertad de expresión parecen mucho más preocupados por conservar sus viejos privilegios que por reconocer los derechos de quienes los escuchan, los ven y, al final del día, hacen posible su existencia: las audiencias.

    Redes sociales

  • La UNAM y la cultura del atajo

    La UNAM y la cultura del atajo

    Hay algo más profundo que un fallo técnico en lo que acaba de ocurrir con el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una forma de ser que nos atraviesa como sociedad y que, una vez más, se ha impuesto: la cultura del atajo. Esa lógica que busca el resultado sin recorrer el camino, la ventaja sin el mérito y el lugar sin el esfuerzo. Cuando esa cultura se cuela en el proceso de admisión de la máxima casa de estudios del país, no solo se vulnera un concurso. Se pone a prueba una institución que durante más de un siglo ha representado la idea de que el conocimiento y el esfuerzo son el camino legítimo para transformar la vida de las personas.

    En 2026 la Universidad dio un paso ambicioso. Por primera vez aplicó el examen de admisión a licenciatura de forma completamente en línea. Más de 191 mil personas aspirantes se registraron y alrededor de 158 mil 700 presentaron la prueba desde casa, con supervisión apoyada en inteligencia artificial. Era una apuesta por la modernización y por demostrar que una institución centenaria también podía adaptarse a las tecnologías contemporáneas.

    Los resultados, sin embargo, revelaron una anomalía difícil de explicar únicamente por una mejor preparación. El porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos pasó del 3.5% histórico al 16.3%. La propia UNAM canceló alrededor de tres mil exámenes por irregularidades, presentó una denuncia penal y convocó a un examen presencial de control para cerca de 58 mil personas aspirantes. En redes sociales circularon tutoriales para burlar la supervisión mediante cámaras, dispositivos ocultos, ayuda externa e inteligencia artificial. Como consecuencia de esta crisis, la secretaria general, Patricia Dávila Aranda, dejó el cargo el 31 de julio y fue sustituida por Javier de la Fuente Hernández.

    Estos hechos no son un simple problema administrativo. Son la evidencia de que la tecnología, por sofisticada que sea, no puede sustituir a la ética. La plataforma contratada, el monitoreo humano y los algoritmos detectaron irregularidades, pero no pudieron impedir que miles de personas decidieran aprovechar la oportunidad para hacer trampa. El problema no estuvo únicamente en el diseño del proceso. Estuvo en la cultura del atajo. Porque la verdadera infraestructura de una institución no está en sus edificios, sus plataformas digitales o sus reglamentos. Está en la confianza. Y la confianza solo existe cuando la mayoría decide respetar las reglas, incluso cuando podría obtener una ventaja al incumplirlas.

    Ahí está el verdadero corazón del asunto. Exigimos profesionalismo, honestidad y transparencia a las instituciones públicas. Reclamamos meritocracia y sanciones para quien incumple las reglas. Pero cuando una de las universidades más importantes del mundo intenta innovar, una parte de la sociedad responde con la misma lógica que dice condenar. Preferimos el beneficio inmediato a la construcción de confianza. Preferimos la ventaja individual a la legitimidad colectiva.

    El verdadero riesgo no es que se haya descubierto la trampa. El verdadero riesgo es acostumbrarnos a ella. Si aceptamos que el atajo es una alternativa legítima cuando la tecnología lo permite, no solo ponemos en entredicho un examen de admisión. Debilitamos la idea misma de que el mérito debe seguir siendo el criterio para acceder a las oportunidades. Ninguna innovación, por avanzada que sea, puede sustituir una cultura de integridad.

    Como egresado de esta casa de estudios, estoy convencido de que su legitimidad es un patrimonio nacional. Defenderla implica exigir honestidad a las autoridades, pero también asumir nuestra propia responsabilidad. Porque la confianza es la infraestructura invisible que sostiene a las universidades, a los tribunales, a las elecciones y a todas las instituciones que hacen posible la vida en sociedad. Construirla toma décadas. Perderla puede comenzar el día en que el atajo deja de avergonzarnos.

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  • Los políticos presos

    Los políticos presos

    La oposición llama presos políticos a los delincuentes, como en el caso de Ernesto Ruffo, acusado de huachicolero y lavado de dinero, más lo que se acumule en el desarrollo del proceso. A partir de la visión de la impunidad ante delitos graves se advierte el país en el que vivimos por muchos años, impunidad y mentira, gracias a un Poder Judicial extremadamente corrupto.

    El afán de repetir como mantra que Ruffo es un preso político crea sospechas, e implica a sus defensores, porque hay documentos que prueban su responsabilidad; por otra parte, Alito Moreno, líder del PRI, demandará al INE, dentro y fuera de nuestras fronteras, porque le exigieron retirar spots personales y de lo que queda de su partido, calificaba a Morena de narco partido en una serie de spots, y como asegura que esto es verdad sin una sola prueba, la autoridad electoral le ordenó sacar de circulación sus agresiones sin fundamento.

    Para Alito es una gran derrota porque le anticipa descalabros mayores ante la justicia, que lo pueden colocar tras las rejas. Esta era la punta de lanza para conocer la postura del INE. De ahí su evidente desesperación.

    La regulación a los medios trata de regular, por sus mismos empleados, sus excesos porque derivaron en partidos políticos, y sus trabajadores claman censura, sólo porque se les pide que aclaren, con precisión, si la información es real y comprobada o supuestos más cercanos a la mentira que a la verdad.

    Nada puede moverse en el área de la información porque cualquier ajuste al libertinaje es calificado de ley mordaza, por mínimo que sea, mientras mienten a diestra y siniestra.

    Dan la opinión como un hecho, así aseguraron que López Obrador sería una maldición para el país, no lo fue. Cuando llega a Morena al gobierno el país estaba en ruinas.

    Esos mismos medios que le dieron vuelo a las declaraciones fantasiosas ocultan verdades que no les conviene a sus socios difundir, como es el caso de la apropiación de casas y departamentos en la alcaldía Benito Juárez, con la anuencia de las autoridades de la demarcación y el visto bueno del PAN, que tiene en ese lugar la sede del cártel inmobiliario que encabeza Jorge Romero, problema del que nunca ha hablado el líder nacional del PAN.

    Los delincuentes llegan en grupo de más de treinta personas entre hombres y mujeres a casas donde viven personas vulnerables como discapacitados y de la tercera edad, para sacarlo de sus casas, por la fuerza, y empezar a reconstruir sus casa s par aponerlas en venta. La indiferencia del alcalde, el panista Luis Mendoza Acevedo, es sintomática.

    Bastante sintomático que este despojo haya empezado en la alcaldía Benito Juárez, donde la vulnerabilidad de los habitantes se conjuga con la permanencia del PAN en su administración desde 1995.

    La derecha tiene en sus filas a delincuentes comunes, con víctimas lastimadas severamente, y su simple militancia les permite gozar de impunidad ante el temor de que se califique de gobierno autoritario cuando en realidad se aplica la ley.

  • Esa gran asimetría

    Esa gran asimetría

    “Las benditas redes sociales”. Así se refería Andrés Manuel López Obrador a las redes cibernéticas que lograron romper el cerco informativo con miras al proceso de electoral de 2018. El error de la derecha, cuyas consecuencias siempre lamentarán desde esa trinchera, fue centrar la campaña para mantener el statu quo solamente en los medios más convencionales, pues en su cálculo, las redes sociales eran solo un divertimento banal y pasajero, sin el potencial para definir el rumbo de una elección. Hice un libro al respecto, por cierto: La primavera digital mexicana.

    En los primeros años del gobierno de AMLO, pensaron que sería muy fácil debilitar al régimen. Se fraguaron intentos de golpismo que a la postre resultan patéticos. El movimiento FRENAAA del empresario histriónico Gilberto Lozano, pretendió “tomar” el zócalo con tiendas de campaña. Enardeció a muchos incautos a base de mentiras, y la ocupación del zócalo, que jamás fue reprimida, fue sucumbiendo ante las divisiones internas, la insostenibilidad, pero, sobre todo, a la falta de apoyo popular. Hubo otros intentos como la llamada “alianza federalista”, que efímeramente integraron los gobernadores de estados que en su momento regía la oposición.

    Pretendió también erigirse en movimiento de resistencia la Coparmex. Sin embargo, con el paso del tiempo, quienes la integraban se fueron dando cuenta de que es más redituable seguir haciendo negocios, incluso con el propio gobierno, dejando atrás la evasión fiscal y las prácticas corruptas en general; y que financiar campañas de actores políticos fracasados era una pésima inversión.

    Una muy reducida caterva de empresarios sigue patrocinando la perenne campaña mediática en contra de la 4T, al grado de ya producir flojera por lo predecible que se ha vuelto. Y como llegaron tarde a la fiesta de las redes sociales, tratan de compensar inundándola de una cantidad de mentiras y tendencias artificiales, que, sin embargo, no logran hacer mella en las cotas de aprobación del gobierno de Claudia Sheinbaum.

    Desde la izquierda mexicana seguimos clamando por un debate a la altura, y unos adversarios dignos, pero creo que nunca se nos va a hacer, pues, en vez de echar mano de argumentos reales, el odio y las mentiras son su principal arma.

    Recordemos que hubo un muy moderado repunte en las tendencias electorales en 2021 a causa del llamado “voto de castigo” que motivó el trágico accidente de la línea 12. Sin embargo, en la elección de 2024, el resultado a favor de la 4T fue avasallador. A día de hoy, y con la elección intermedia de 2027 cada vez más cerca, la derecha sigue esperando una nueva línea 12, pero tal vez nunca llegue. En su lugar prefieren sostener hasta donde se pueda la narrativa del narco, que viene acompañada del entreguismo pro-yanqui.

    El racismo y el clasismo son también su bandera, pero al mismo tiempo su principal lastre. Muchas de las personas que repudian al actual gobierno, podrían jurar ante un juez que existen lo que ellos laman “ninis del bienestar”. Y esta creencia no es solo propia de altas esferas sociales, sino que también permea en estratos de la clase trabajadora, pues se lo he escuchado a compañeros del IMSS cuya fuente principal son los reels de Facebook o Tiktok. Cuando los mencionan, categóricamente les he dicho que no existe una persona en edad laboral y pleno uso de sus facultades físicas y mentales, que no estudie, no esté capacitándose en empresa o no sea madre soltera, recibiendo dinero gratis solo como un incentivo que le asegure el voto al gobierno. Pero si también les es molesto que las personas con discapacidad y los adultos mayores reciban una pensión que dignifique su existencia, ya estaríamos hablando de misantropía.

    Cuando Fito Páez aún no envejecía mal, igual que Joaquín Sabina o Andrés Calamaro, en términos ideológicos, acuño la gran frase: «No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto». Desgraciadamente, estos enemigos, pequeños en número y en ideas, pero ruidosos y con los alcances económicos para hacer aún más ruido, nos impiden vivir la experiencia de un debate elevado, estimulante y sano, como en una democracia ideal (que no existe). Pero bueno, quieren guerra y se la seguiremos dando, pero con el conocimiento y el humanismo como argumentos.

  • Criando energúmenos y alimentando corruptelas

    Criando energúmenos y alimentando corruptelas

    “El educador democrático no puede negarse el deber de reforzar, en su práctica docente, la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión.
    Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos.”

    Paolo Freire

    En mi seria, pero modesta opinión, la UNAM está dando a luz a una generación de energúmenos proclives a la deshonestidad y al fraude académico porque serían hechos a la imagen y semejanza de quienes encabezan la pútrida cúpula puma. No son verdaderos universitarios. ¿Qué dirían los gigantes constructores de la UNAM, el Ing. Javier Barros Sierra, el Ing. Nabor Carrillo Flores, el Dr. Ignacio Chávez Sánchez o el Mtro. Pablo González Casanova? Seguramente pedirían la renuncia de Lomelí y de toda la Junta de Gobierno, además de demandar por fraude a Territorium Life.

    Es un asunto de la mayor importancia porque se trata del prestigio de la máxima casa de estudios de nuestro país y resulta intolerable que ocurra semejante situación. Por otro lado, la repetición del examen solamente a quienes obtuvieron los más altos porcentajes, tampoco es una solución ética ni justa, lo correcto es que se hiciera un nuevo examen presencial a todos los que presentaron el anterior.

    Siempre ha sido muy molesto que se tenga que hacer un examen para acceder a la educación superior en una universidad pública, por muy autónoma que sea. La UNAM ya tendría que haber incrementado su capacidad de matrícula, en especial en aquellas carreras en las que hay mayor demanda y asociarse con instituciones públicas para tener espacios de práctica de frente a la realidad laboral y económica del país.

    He sido testigo y sujeto del enfrentamiento al medio laboral sin haber tenido contacto práctico de lo que ocurre y se necesita en la realidad. Los maestros en la universidad y en la Normal Superior, igual que a otros cómo yo, pero de diferentes carreras y especialidades, siempre decían que la realidad laboral era muy distinta de lo que aprendíamos en la escuela. No era cinismo sino advertencia. Esta sola afirmación provocaba confusión y en mi caso, incluso molestia y enojo y alguna vez discutimos entre compañeros de licenciatura sobre para qué servía tanto esfuerzo si al final el campo laboral nada tenía que ver con la realidad laboral.

    Esta es una cuestión que muchos docentes en México nos hemos planteado y las conclusiones son las mismas, si debe haber una base de conocimientos en común, pero planteados desde las realidades de las comunidades en las que ocurre la escuela y partiendo del planteamiento de problemas concretos indagando en el conocimiento científico, usando la lengua, las ciencias y las humanidades como fuente y así planteando soluciones reales y posibles.

    Considero que en gran medida esto sería una verdadera solución al problema educativo, desde la Educación Básica, hasta la Media Superior y la Superior. El “nombre” de la institución tendría poca importancia si en cada caso se indagara a partir de la necesidad y del deseo de los estudiantes. El origen del deseo por aprender, nacería de la visión “aterrizada” en problemas concretos de las comunidades y la curiosidad misma de los estudiantes de cualquier nivel.

    Formar ciudadanos responsables y con conciencia tendría que ser la verdadera meta y, al parecer, es el objetivo de la Nueva Escuela Mexicana, a la que los neoliberales enquistados en la SEP, bajo el mando de Mario Delgado cuya gestión se ha caracterizado por rechazar todo lo que se avanzó contra la educación individualista y egoísta del neoliberalismo que padecimos desde el sexenio del asesino del Cine Cosmos hasta el final del periodo del títere de Televisa.

    La UNAM tiene que ampliar su cupo y aliarse con las universidades que ha creado la 4T, unificar programas y posibilidades de vinculación entre si y con el medio laboral de cada especialidad. Lo mismo tiene que ocurrir con el IPN, cuya problemática no ha sido debidamente abordada por el Gobierno de la República, soslayándolo como si solo se tratar de intereses internos por obtener la Dirección General del Poli, hay mucho más de fondo y tiene que ver con el cupo, la calidad educativa, el presupuesto y cómo se está usando. Sigue siendo un callo gigante en el pie de Claudia Sheinbaum, Presidenta de México y quien se lo está pisando es Mario Delgado.

    Pronto veremos la misma situación en la UPN, a la que el Secretario de Educación Pública también ha engañado dando largas a la solución de los problemas que vive esa Universidad en cada Unidad en todo el país.

    Vuelvo, ¿Hasta cuando valedores? Como decía el ilustre Tomás Mojarro.

  • Entre apodos, rumores y refinerías clandestinas: el México de las acusaciones sin pruebas

    Entre apodos, rumores y refinerías clandestinas: el México de las acusaciones sin pruebas

    Resulta extraña, desafortunada y hasta contraproducente la declaración de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenara retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”, “narcogobierno” y “cártel de Morena”.

    La resolución no significa que el INE haya prohibido criticar al partido gobernante ni que haya decretado que Morena está por encima del escrutinio público. Se trató de una medida cautelar relacionada con publicaciones específicas, al considerar que podían contener la imputación de hechos o delitos falsos sin un sustento fáctico suficiente. Alejandro Moreno respondió acusando al organismo electoral de censurar a la oposición.

    Aquí surge una pregunta inevitable: si al PRI tuviéramos que imponerle un apodo a partir de su historia, ¿cuál sería?

    La pregunta no pretende negar que de las filas del Partido Revolucionario Institucional surgieron grandes políticos, intelectuales, servidores públicos, diplomáticos, juristas y personajes que contribuyeron a construir instituciones importantes para México. Muchos de ellos se mantienen hoy alejados de los reflectores y de una dirigencia partidista que parece haber sustituido el debate de altura por el escándalo cotidiano.

    El PRI no gana con esta clase de declaraciones. Por el contrario, pierde seriedad, autoridad moral y capacidad para presentarse como una oposición responsable.

    Acusar no es demostrar

    “Alito” acusa constantemente a funcionarios, políticos, empresarios y adversarios de tener vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción. Pero en un Estado de derecho existe una diferencia fundamental entre denunciar hechos sustentados y repetir calificativos diseñados para obtener atención en redes sociales.

    La oposición tiene no solamente el derecho, sino la obligación de investigar, cuestionar y señalar al gobierno. Sin embargo, debe hacerlo mediante documentos, testimonios verificables, auditorías, expedientes y denuncias presentadas ante las autoridades competentes.

    Cuando una acusación se presenta como un hecho consumado sin pruebas suficientes, puede convertirse en una irresponsabilidad política y eventualmente generar reclamaciones por afectaciones al honor, la reputación o el daño moral. Lo mismo puede aplicarse a quienes amplifican tales afirmaciones sin verificar su origen o sin distinguir entre una investigación formal, una sospecha, un testimonio y una simple versión periodística.

    No toda crítica constituye daño moral, por supuesto. La libertad de expresión protege especialmente el debate sobre asuntos de interés público y permite una crítica amplia hacia los personajes políticos. Pero esa protección no debería interpretarse como autorización para presentar rumores como sentencias.

    El periodismo de las “fuentes cercanas”

    Alrededor del llamado huachicol fiscal hemos visto desarrollarse una trama que parece escrita para una película.

    Todos dicen tener fuentes cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al secretario de Estado; al Departamento de Seguridad Nacional; al FBI; al Departamento de Justicia o a alguna agencia cuya identidad, naturalmente, nunca puede revelarse.

    Algunos comunicadores anuncian detenciones que no ocurren, investigaciones que ninguna autoridad confirma, listas secretas que nunca aparecen y operativos que supuestamente comenzarán “en las próximas horas”. Otros aseguran conocer conversaciones privadas, solicitudes de extradición, cancelaciones de visas y hasta encuentros personales entre figuras políticas.

    Tiran versiones al aire esperando que, entre tantas afirmaciones, alguna se parezca después a un acontecimiento real.

    Eso no es investigación periodística. Es especulación disfrazada de exclusiva.

    Esto no significa que el huachicol fiscal sea una invención. Por el contrario, existen investigaciones judicializadas, detenciones, órdenes de captura, testimonios, aseguramientos y expedientes abiertos. Desde septiembre de 2025 se han hecho públicas distintas investigaciones relacionadas con redes de contrabando de combustibles que habrían utilizado puertos, aduanas, ferrocarriles, buques y empresas transportistas para introducir hidrocarburos declarados falsamente como lubricantes, aditivos u otras sustancias.

    Lo responsable es informar exactamente qué ha confirmado la autoridad, qué aparece en una carpeta de investigación, qué ha dicho un testigo y qué todavía no ha sido probado ante un tribunal.

    Una persona mencionada en una investigación no es automáticamente culpable. Un señalamiento periodístico no equivale a una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión tampoco constituye una sentencia.

    México merece periodistas que investiguen al poder, pero también periodistas que respeten los hechos.

    Criticar al gobierno no significa inventar historias

    El gobierno de Claudia Sheinbaum debe ser criticado cuando cometa errores, cuando una política pública no funcione, cuando una investigación no avance o cuando algún servidor público incurra en actos indebidos. Ningún gobierno puede estar exento del escrutinio.

    Pero existe una diferencia entre fiscalizar al gobierno y tratar de apagar cualquier resultado positivo mediante rumores, exageraciones o relatos construidos de antemano.

    Nuestro país enfrenta demasiados problemas reales como para fabricar problemas imaginarios. Los mexicanos necesitan información que les permita evaluar si están mejorando la seguridad, la salud, la educación, los salarios, la vivienda y las oportunidades de desarrollo.

    La prensa no debe convertirse en una oficina de propaganda gubernamental, pero tampoco en una maquinaria de desgaste permanente en la que todo avance se niega y toda versión negativa se publica sin comprobarse.

    Defender un proyecto de gobierno no debe significar cerrar los ojos ante la corrupción. Criticarlo tampoco debe significar desear que México fracase.

    Las viviendas mexicanas frente al calor extremo

    Existe otro asunto que necesita atención urgente: la forma en que estamos construyendo viviendas en las regiones de altas temperaturas.

    Los periodos de calor son cada vez más prolongados e intensos. Sin embargo, una parte importante de la vivienda nueva continúa edificándose con muros, losas, ventanas y materiales que permiten una enorme transferencia de calor hacia el interior.

    México ya cuenta con disposiciones técnicas. La NOM-020-ENER-2011 tiene como objetivo limitar la ganancia de calor a través de la envolvente de los edificios habitacionales, mientras que la NOM-018-ENER-2011 establece características y métodos de prueba para los aislantes térmicos empleados en edificaciones.

    El problema, por tanto, no consiste solamente en crear nuevas normas. También es necesario revisar su aplicación, actualización, vigilancia y coordinación con los reglamentos estatales y municipales de construcción.

    Se deberían exigir, según la región climática:

    • Valores mínimos de resistencia térmica en muros y techos.
    • Aislamiento continuo en azoteas y fachadas expuestas.
    • Ventanas con propiedades adecuadas para disminuir la ganancia solar.
    • Sombreamiento exterior, aleros y orientación bioclimática.
    • Techos reflectivos o sistemas de cubierta ventilada.
    • Pruebas de hermeticidad y eficiencia antes de entregar las viviendas.
    • Preparación eléctrica y estructural para equipos eficientes y sistemas solares.
    • Certificación del cumplimiento térmico como requisito para obtener la autorización de ocupación.

    Actualmente, demasiadas familias terminan resolviendo con aire acondicionado lo que debió resolverse desde el diseño arquitectónico y el sistema constructivo.

    El resultado es un círculo absurdo: se construye una vivienda barata pero térmicamente deficiente; la familia instala uno o varios equipos de aire acondicionado; aumenta el consumo eléctrico; la red de distribución se satura, y la Comisión Federal de Electricidad debe invertir en transformadores, subestaciones y capacidad adicional.

    No puede afirmarse, sin una comparación homogénea, que una vivienda promedio en México consume más electricidad que una vivienda promedio en Estados Unidos. Los tamaños, climas, tarifas, aparatos y hábitos de consumo son diferentes. Lo que sí puede sostenerse es que una vivienda mal aislada requiere más energía de la necesaria para conservar condiciones aceptables de temperatura.

    La eficiencia energética más económica es la energía que nunca fue necesario consumir.

    Por ello, más que una reforma aislada a la Ley de Obras Públicas, se necesita una revisión integral de las normas de eficiencia energética, los reglamentos de construcción, los programas estatales de desarrollo urbano y los criterios utilizados para autorizar nuevos fraccionamientos.

    ¿Cómo se construye una refinería clandestina sin que nadie la vea?

    El reciente aseguramiento de instalaciones clandestinas para almacenar, mezclar o procesar hidrocarburos abre preguntas mucho más profundas.

    En Reynosa, Tamaulipas, las autoridades federales aseguraron dos instalaciones, entre ellas una refinería y una minirrefinería, junto con aproximadamente 3.7 millones de litros de hidrocarburos, tanques, tractocamiones, motobombas, generadores, tuberías y sistemas de videovigilancia.

    Reportes posteriores señalaron que una de estas instalaciones habría operado durante varios años y contaba con una infraestructura de escala industrial. Hasta el momento de esos reportes no se habían informado detenciones directamente vinculadas con el aseguramiento, y continuaban las investigaciones sobre el origen del crudo, la propiedad de los predios y las redes que abastecían la operación.

    La pregunta es elemental: ¿cómo se construye una instalación de esa magnitud sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal detecte movimientos de tierra, estructuras, tanques, tuberías, transporte pesado, consumo eléctrico, emisiones, residuos y circulación constante de pipas?

    Una operación de refinación o procesamiento de hidrocarburos requiere conocimientos técnicos, controles de temperatura, sistemas de bombeo, almacenamiento, separación, mezclado y manejo de sustancias altamente inflamables. También necesita operadores, mecánicos, soldadores, transportistas, proveedores y compradores.

    No estamos hablando de una toma clandestina escondida entre la maleza. Estamos hablando de infraestructura industrial.

    También debe aclararse qué productos generaban realmente estas instalaciones. Refinar petróleo crudo hasta obtener gasolina, diésel o turbosina que cumplan especificaciones comerciales es un proceso distinto y mucho más complejo que mezclar combustibles, alterar componentes, recuperar hidrocarburos o acondicionar producto robado.

    Por eso es indispensable que las autoridades expliquen:

    • ¿Quién diseñó y construyó las plantas?
    • ¿De dónde salió el equipo?
    • ¿Quién suministró el crudo?
    • ¿A quién se vendía el producto?
    • ¿Contaban con energía eléctrica contratada?
    • ¿Utilizaban pozos o descargas clandestinas?
    • ¿Existieron inspecciones ambientales, municipales o de protección civil?
    • ¿Quiénes eran los propietarios reales de los predios y las empresas relacionadas?
    • ¿Participaron técnicos o antiguos trabajadores de compañías petroleras?
    • ¿Hubo omisiones, corrupción o protección institucional?

    Si una planta operó durante años, no basta con decomisar el combustible y publicar fotografías del operativo. Se debe reconstruir toda la cadena: financiamiento, ingeniería, construcción, abastecimiento, transformación, transporte, facturación, distribución y lavado de ganancias.

    ¿Plan con maña?

    La sofisticación y duración de algunas de estas operaciones permite considerar varias hipótesis, pero no autoriza a presentar ninguna como verdad sin pruebas.

    Pudo existir corrupción de autoridades locales. Pudo haber complicidad dentro de dependencias federales. Pudo tratarse de empresas aparentemente legales que ocultaban actividades ilícitas. También es posible que investigaciones de inteligencia se hayan mantenido abiertas durante meses o años para identificar a toda la red antes de intervenir.

    Lo que todavía no puede afirmarse es que todo haya sido deliberadamente permitido como una trampa política para hacer caer a determinados personajes.

    Esa interpretación un “plan con maña”, preparado desde hace tiempo para que alguien mordiera el anzuelo y el caso estallara en el momento políticamente conveniente— es atractiva como hipótesis narrativa, pero requiere evidencias: documentos, órdenes, comunicaciones, seguimientos financieros o testimonios corroborados.

    Precisamente esa es la diferencia entre una columna de opinión responsable y las historias que aquí estamos cuestionando.

    Podemos preguntar. Podemos sospechar. Podemos señalar contradicciones. Pero no debemos condenar sin pruebas.

    El país necesita respuestas, no sobrenombres

    México no se va a arreglar llamando “narcopartido” al adversario, ni calificando de traidor a todo crítico, ni inventando fuentes en Washington, ni anunciando detenciones imaginarias.

    Se arreglará con expedientes bien integrados, investigaciones financieras, auditorías aduanales, controles en puertos, vigilancia sobre el transporte de combustibles, normas de construcción modernas, mejores viviendas y autoridades que rindan cuentas.

    Alejandro Moreno tiene derecho a criticar al gobierno y a impugnar la decisión del INE. Morena también debe aceptar el escrutinio y responder con transparencia ante cualquier señalamiento sustentado. Pero ninguno de los dos lados debería sustituir los argumentos por apodos.

    Porque cuando la política se convierte en una guerra de sobrenombres, el debate público se empobrece.

    Y mientras los partidos discuten cómo llamarse unos a otros, quedan sin respuesta las preguntas verdaderamente importantes:

    • ¿Quién protegió el contrabando de combustibles?
    • ¿Cómo operaron instalaciones industriales clandestinas durante años?
    • ¿Dónde están los responsables?
    • ¿Por qué seguimos construyendo viviendas inadecuadas para el clima?
    • ¿Y cuándo recuperará el periodismo el compromiso de informar antes de sentenciar?

    Eso es lo que el pueblo de México merece conocer.

  • Democratización educativa expréss

    Democratización educativa expréss

    El escándalo en el proceso de admisión 2026 de la UNAM y el examen de ingreso (en línea) a licenciatura —que arrojó resultados inusuales— demuestra la superioridad de la  iniciativa privada, en cuanto a democratización de la educación se refiere, sobre el sistema de educación pública. La decisión del rector Leonardo Lomelí Vanegas y el equipo responsable de adjudicar a la empresa Territorium Life para proporcionar la plataforma y los servicios tecnológicos para aplicar el examen de admisión en línea, incluyendo vigilancia remota, validación de identidad y protección del banco de reactivos, se tradujo en una alza clara y extendida en los cortes, el puntaje del último aspirante que obtuvo lugar en una carrera, en un rango mínimo del 10%. No es poca cosa, pero no es suficiente.

    No basta con reconocer el trabajo de Territorium Life, empresa de tecnología educativa fundada por ex alumnos del Tecnológico de Monterrey y la administración del Rector Lomelí, para mejorar los resultados del examen de admisión.

    No basta con celebrar la formación ético/académica de los estudiantes que no tuvieron tapujos al momento de utilizar herramientas de IA para presentar un mejor examen. No basta con aplaudir la nobleza de quienes ofrecían responder el examen a cambio de una módica retribución. No basta con reconocer a las empresas que compraron el banco de reactivos para vender cursos de preparación para el examen. Urge que vayamos más allá. Urge oficializar la impresión de títulos en Santo Domingo, la posibilidad de que desde un principio alguien pague una cuota extra por acreditar el examen, el otorgamiento de títulos honoris causa por aportación voluntaria.

    Entrados en gastos

    2026 es un año que debería grabarse con letras doradas en la historia nacional, pasamos de 4 puntajes perfectos en 2025 a 14; y la cantidad de aspirantes con 110 aciertos o más (puntaje de excelencia) se multiplicó 5.6 veces, de 1,455 a 8,162. Un año que nos permita imaginar cosas chingonas, no nos detengamos en nimiedades como una combinación de uso de inteligencia artificial, circulación de los reactivos previo al examen, vigilancia insuficiente (una persona por cada 150 aspirantes) y opacidad institucional. Dejemos de privilegiar a los estudiantes mejor preparados y premiemos el esfuerzo de quienes —libres de escrúpulos— rompen los límites estructurales para acreditar el examen “haiga sido como haiga sido” y democratizar el acceso a la educación pública para limitarlo a quienes tengan más privilegios que otros. Parafraseando a Juan Miguel Zunzunegui, ese gran pensador mexicano del pragmatismo resolutivo, dejemos de castigar el esfuerzo colectivo, la trampa socializada, la venta de respuestas en la plaza pública, empecemos a recompensar la corrupción disfrazada de meritocracia.

    Carlos Bortoni es escritor.
    Su último libro es Polvo, publicado por Casa Editorial Abismos.

  • Zapatos derretidos, ecoansiedad y la trampa de la resiliencia

    Zapatos derretidos, ecoansiedad y la trampa de la resiliencia

    Ese sentirse arrastrado hacia el abismo, el agitarse inútilmente.
    La impotencia. […] ¿Qué será de nosotros en un hipotético futuro?
    ¿Qué herencia dejaremos a las generaciones posteriores?»

    Henning Mankell, Arenas movedizas.

    Hace apenas un par de días, mi hija AM, que vive en París desde hace varios años, me mandó unas fotografías que mostraban algo grotesco que, además, desafía cualquier manual de urbanismo civilizado: sus zapatos se derritieron. Resulta que salió de trabajar, caminó unas cuantas cuadras sobre un asfalto que parecía emanación reciente de lava y luego tomó una bicicleta para llegar a su departamento. Después de pedalear un rato, el calor brutal acumulado en el metal hizo que la suela sintética de su calzado se adhiriera de tal forma a los pedales que, al intentar bajar, los zapatos simplemente se deshicieron, convertidos en una masa plástica inservible. La estampa es tan grotesca como sintomática de este verano de 2026, en el que las olas de calor han azotado a Europa con una furia inusitada, cobrando vidas humanas por miles y desatando voraces incendios forestales, históricos, que ya han devorado miles y miles de hectáreas en España y Francia, y obligado a la evacuación de cientos de miles de personas. Ya no hablamos de anomalías estacionales o de una exageración mediática, sino del paisaje cotidiano de un planeta que parece decidido a decirnos, a golpe de termómetro y registros históricos pulverizados, que la breve tregua climática de 10 mil años que permitió las civilizaciones está llegando a su fin…, con nuestra ayuda.

    De esta asfixia atmosférica al colapso mental hay solo un paso, el mismo que recorre a diario la creciente ecoansiedad. Como ya apuntaba recientemente al revisar los indicios de malestar emocional que arrojan tanto las mediciones estadísticas nacionales —como la ENBIARE 2025— como el pulso global de la salud mental, el dolor psíquico contemporáneo no surge en el vacío; es el reflejo de un entorno convulso donde, entre guerras y pavores tecnológicos bien fundamentados, la crisis climática ocupa un lugar estelar y terrorífico. Los estudios internacionales más recientes —incluyendo los amplios sondeos publicados en The Lancet Planetary Health y los informes periódicos de la Asociación Psicológica Americana (APA)— confirman con datos duros y escalofriantes lo que ya es una obviedad para quienes tengan oídos para escuchar al prójimo: una abrumadora mayoría de la población mundial, con especial incidencia entre los jóvenes y las nuevas generaciones, experimenta altos niveles de ansiedad, miedo, tristeza y profunda impotencia ante la aceleración del cambio climático.

    Ya no se trata de una preocupación abstracta por los osos polares en placas de hielo lejanas, sino de la certeza cotidiana de que el futuro se achica, de que el soberbio sapiens está devastando los recursos naturales y de que las instituciones globales observan el incendio planetario mientras debaten sobre tecnicismos mercantiles.

    La ecoansiedad no es una neurosis caprichosa ni una debilidad de carácter que se resuelva con aromaterapia, meditación guiada o buenos propósitos de reciclaje doméstico. Es, antes bien, una respuesta perfectamente racional, lúcida y proporcionada ante un mundo profundamente irracional. Cuando los jóvenes ven que sus zapatillas se derriten en pleno centro de París, o que las sequías prolongadas vacían presas y campos de cultivo tanto en México como en el sur de Europa, lo verdaderamente psicótico no sería estar angustiado, sino permanecer plácidamente indiferente ante el panorama. Sin embargo, en lugar de revisar las causas estructurales y políticas de este desastre ecológico, el sistema ha ideado un sofisticado y cínico mecanismo de defensa para seguir operando como si nada ocurriera: la coartada de la resiliencia.

    En los últimos años, el concepto de resiliencia se ha vuelto omnipresente. Ha colonizado los discursos oficiales de los organismos multilaterales, las políticas de gestión urbana, los manuales de autoayuda y las matrices de riesgo institucionales. Se nos convoca permanentemente a ser “ciudades resilientes”, “sociedades resilientes” e “individuos resilientes”, como si la supervivencia civilizatoria dependiera exclusivamente de nuestra capacidad elástica para soportar los golpes sin rechistar.

    Dicho en corto, la dichosa resiliencia, en su acepción más difundida y mercantilizada, constituye una trampa monumental. ¿Por qué? Porque la resiliencia sistémica no cuestiona el modelo económico extractivista y fósil que nos trajo hasta el borde del abismo; únicamente busca hacerlo más tolerable y soportable para el capital.

    La gran trampa consiste en desplazar arteramente la responsabilidad de la catástrofe desde los grandes corporativos petroleros, los gobiernos omisos y los arquitectos del despojo ambiental en el que se soporta el leviatán del consumismo hacia las frágiles espaldas del ciudadano de a pie. Si una tormenta extrema destruye tu casa o una ola de calor asfixia tu ciudad, la culpa nunca es de la especulación inmobiliaria, de la desregulación industrial o de la inacción climática, sino de que tú no separas bien la basura y de tu supuesta falta de resiliencia para adaptarte a las nuevas condiciones. Se nos entrena sistemáticamente para resistir el daño en lugar de impedir que nos dañen. Nos venden la resiliencia como una virtud heroica y moderna, cuando en realidad opera como el anestésico perfecto para que el sistema siga extrayendo, quemando y contaminando sin que nadie se atreva a mover una sola viga del edificio central. Nos quieren flexibles como el caucho para aguantar mejor los latigazos, mientras los dueños del circo siguen cobrando la entrada en primera fila.

    De ahí que la falacia de la resiliencia conduzca, de forma inexorable, a su opuesto más corrosivo: la ansiedad. La resiliencia deporta necesariamente a la ansiedad porque parte de un postulado intrínsecamente derrotista, sombrío y macabro: asume como axioma ineludible que en el futuro nos irá peor que ahora, que el desastre es inevitable y que lo único que podemos hacer es agachar la cabeza y apretar los dientes. Nos prepara para un mañana catastrófico, obligándonos a vivir en un perpetuo estado de culpa difusa y alerta defensiva, midiendo los daños venideros y calculando cuántas suelas de zapatos nos quedan antes de que el asfalto termine por tragarnos por entero. Mientras sigamos celebrando la resiliencia institucional en lugar de exigir justicia climática, redistribución y una transformación radical del modelo, lo único que seguiremos cultivando en los campos de la salud mental será el miedo. Y unos zapatos, claro está, cada vez más difíciles de calzar.

    @gcastroibarra

  • La oposición y sus cosas

    La oposición y sus cosas

    A los prianistas, los medios de comunicación, los comunicadores “independientes”, los sujetos de las redes sociales, los que se dicen apartidistas (obviamente son prianistas o de MC), a los que les pagan o, peor, lo son por convicción propia, la nueva Ley de Telecomunicaciones les cayó como un balde de agua fría. Pero ¿por qué le tienen tanto temor a poner sus comentarios aclarando que son su opinión y que no es una noticia falsa? Si tan convencidos están de lo que dicen, ¿o será que saben que sólo inventan noticias para generar dinero? ¿Será que perderán adeptos y sus redes sociales se empezarán a vaciar? No creo. Hay mucho fanático, mucho clasista disfrazado de humilde, que tiene una fiel convicción en la oposición, aun cuando sea de ultraderecha, como ya lo ha demostrado. Ese odio a los pobres que tienen algunos es digno de un estudio, aun cuando esas personas no son de un nivel socioeconómico que pueda vivir sin trabajar una semana.

    Se molestan tanto porque ahora, para decir “narcogobierno de Morena”, tendrán que probarlo. Y es obvio que hasta la fecha no pueden probarlo. No porque lo digan los gringos es una verdad; si así fuera, ya hubieran ganado su disque guerra contra Irán en las primeras 48 horas, como lo aseguró, presumió y gritó a los cuatro vientos Trump. Y hasta ahora siguen perdiendo (aunque para mucho progringo —incluyendo a varios de la 4T— se enojen y digan lo contrario), o sólo tendrían que aclarar que esa es su opinión y aguantarse la réplica.

    Pero no, a los prianistas y demás fauna no les gusta la réplica cuando ellos la tienen que aguantar, por decirlo así. A ellos sólo les gusta presumir que hay censura —contra ellos, obvio— en esta dictadura, donde han gritado y pregonado dicha censura desde 2018, cuando ganó AMLO. Esta moderna censura/dictadura mexicana es muy especial.

    Tanta es la dictadura que ya a varios de la oposición se les ocurrió copiar las ideas gringas de que las mujeres no puedan votar, de que los pobres no puedan votar, de que sólo una persona de una familia pueda ejercer el voto; obviamente, según ellos, tendría que ser el hombre; de que para votar hay que tomar un curso y, de acuerdo con la calificación obtenida en el curso, podrían o no votar. Lo más preocupante es que esas ideas las han hecho públicas, desde diputados hasta voceras del prianismo, que al mismo tiempo son nada más y nada menos que profesoras de Derecho Constitucional (¿qué les enseñarán a sus alumnos? Qué pérdida de dinero por parte de las familias de estos alumnos).

    Ahora, como ya lo he expresado en textos anteriores, Morena y la 4T tienen que mirar hacia los jóvenes para evitar que la ultraderecha, disfrazada de buenas ideas e ideas tradicionales, gane territorio; empezar a cuestionar el ultrafeminismo característico de este gobierno, que, quieran o no, hace y hará perder adeptos en las futuras elecciones. Por ejemplo, el profesor Jasso, que prefirió quitarse la vida antes que tratar de luchar contra el gobierno, las leyes y la sociedad, porque a una de sus alumnas le pareció buena idea acusarlo. Y como la orden viene de que hay que creer en los dichos de las “buenas mujeres”, las mujeres que nunca mienten ni son problemáticas, dejan a los hombres en indefensión…

    Por cierto, para ser un gobierno dirigido por una ecologista, preocupada por las energías verdes (que contaminan más), su Secretaría del Medio Ambiente no funciona muy bien que digamos, o sólo se hace de la vista gorda, porque hay empresas que siguen queriendo quedarse con zonas protegidas y a dicha Secretaría le preocupa más el “desarrollo social” en esas zonas. No vaya a ser que esa preocupación por el desarrollo social sea sólo por negocio. Ahora, ¿de quién vendrá la orden, de la Secretaría o más arriba?

    El nuevo Poder Judicial empieza a quedar a deber, y mucho… OJO AQUÍ. Y esperemos que Clara Brugada y el Gobierno de la Ciudad de México ya actúen contra la mafia de despojadores de casas que empieza a azotar la ciudad.

    Y a #laperritadetrump no le gustó que ya no podrá esparcir noticias falsas.

    No se les olvide: este texto está plagado de opiniones, cuestionamientos personales, algunos hechos reales y chunga.

    Gracias.

    BLOG: https://chimpando.blogspot.com/