La documentación de 369 participantes en el proceso de selección de consejeros electorales quedará clasificada como información reservada bajo el argumento de proteger la “seguridad nacional”.
El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados aprobó reservar durante cinco años toda la documentación relacionada con las 369 personas que participaron en el proceso de designación de tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE). La decisión fue impulsada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y respaldada por la mayoría de los integrantes del órgano legislativo encargado de transparencia.
La clasificación incluye expedientes completos, solicitudes de inscripción, currículums, ensayos, evaluaciones, dictámenes, acuerdos, listas, actas, resultados y cualquier documento vinculado con el proceso de selección de aspirantes. De acuerdo con versiones de asistentes a la reunión privada donde se votó la medida, el argumento central para aprobar la reserva fue la protección de la “seguridad nacional”.
La sesión del Comité de Transparencia no fue incluida en la agenda pública de actividades legislativas ni transmitida en plataformas oficiales. Según los reportes, el encuentro duró cerca de una hora, aunque la discusión y votación sobre la clasificación de la información se resolvió en aproximadamente diez minutos.
El pasado 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la designación de Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos de México; Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla; y Frida Denisse Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, como nuevos consejeros del INE.
Durante la sesión, el representante de la Mesa Directiva, Gustavo Flores, manifestó su rechazo a la reserva en representación de la presidenta de esa instancia legislativa, Kenia López Rabadán. En un posicionamiento, argumentó que la transparencia permite supervisar las decisiones públicas y recordó que existen mecanismos para elaborar versiones públicas de documentos que contengan datos sensibles, sin necesidad de ocultar por completo la información.
Posteriormente, López Rabadán publicó un mensaje en redes sociales donde calificó la decisión como un retroceso en materia de transparencia. Señaló que, al tratarse de un procedimiento ya concluido y sin impugnaciones vigentes, la difusión de la información no representaría un daño legal o institucional. Pese a la oposición de la Mesa Directiva, la reserva fue aprobada por mayoría y permanecerá vigente hasta 2031.
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