La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la máxima casa de estudios de Latinoamérica, enfrenta una de las crisis más severas de su historia.
Y es que, mientras múltiples planteles se encuentran paralizados por tomas y paros indefinidos, la atención pública pretende desviarse entre la búsqueda de culpables políticos y la terrible realidad de una comunidad estudiantil y académica que, la verdad sea dicha, está siendo asediada por la inseguridad y la impunidad.
Pero, contrario a la narrativa que intenta reducir la movilización a una simple agenda político-partidista, las voces de la propia comunidad universitaria señalan que hay un motor mucho más urgente: la crisis de seguridad dentro y fuera de la UNAM.
Y es que mientras la UNAM arde en demandas y la comunidad exige la presencia de su rector para dar explicaciones y soluciones, Lomelí Vanegas pretendía viajar a España.
Y no es broma. Ni una metáfora. Leonardo Lomelí Vanegas dará una conferencia llamada “México, revolución y reconstrucción. El desarrollo económico, político y social en el siglo XX”. Y no la dará en México, sino en España, concretamente en Madrid.
El evento se llevará a cabo en el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España.
¿Y sabe qué? El director de ese centro es, nada más y nada menos, que el polémico Ciro Murayama, exconsejero del INE y mano derecha de Lorenzo Córdova.
Y fue nombrado en febrero de este año.
Cabe recordar que Ciro Murayama solicitó y obtuvo un año sabático con goce de sueldo de la Facultad de Economía de la UNAM en abril de 2023, pocos meses después de reincorporarse tras nueve años de ausencia.
Pero eso no es todo. Y es que las autoridades de la UNAM y Murayama decidieron que el rector Lomelí tuviera como invitado especial, allá en España, a Enrique Krauze, el dueño y director de la revista Letras Libres.
Y le preguntamos a la UNAM si el evento será presencial o virtual, pero, hasta este momento, las autoridades universitarias no han respondido a nuestro cuestionamiento.
Una cosa es cierta: mañana, 22 de octubre de 2025, a las 18:30, Leonardo Lomelí y Enrique Krauze, insensibles ante los acontecimientos que tienen en llamas a la UNAM, estarán hablando y dando vueltas, muy quitados de la pena, alrededor de su narcisismo.
Le preguntamos a la UNAM cuánto le pagará a Krauze por esa conferencia, pero tampoco han tenido tiempo para respondernos.
Y es aquí donde nos carcome la duda ponzoñosa: ¿Cuánto vale el narcisismo de una élite intelectual en medio de una crisis social?
Entre 2024 y junio de 2025, el IMSS erogó 4.3 millones de peso para pagar los sueldos de profesores de tres coros IMSS Esperanza Azteca; dos de dichos coros aún no tienen una sede oficial.
En sólo dos años el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dilapidó 4.3 millones de pesos en la manutención de 28 instructores musicales de tres coros IMSS-Esperanza Azteca.
Los coros, compuestos en promedio por más de 180 menores que aspiran a convertirse en músicos de cámara, son una creación entre la dependencia, dirigida por Zoé Robledo, y la Fundación Azteca, dirigida por Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego.
Una colaboración altamente costosa tanto para Hacienda como para la institución de salud, que, en 2024, el año en el que se adoptaron los coros, dejó de surtir a los pacientes 4 millones 527 mil 281 recetas, es decir poco más de 11 millones de medicamentos.
El 5 de julio de 2023, el IMSS y la Fundación Azteca firmaron un convenio para implementar el proyecto musical, cuyo objetivo –según declaró el IMSS en una solicitud de transparencia realizada por LosReporterosMx- es “fomentar la salud, prevenir accidentes y contribuir a los niveles de vida de la población”.
SIN RASTRO DE LA SEDE NI DE LOS PROFESORES
En los meses siguientes a julio de 2023 se formó el primer Coro Independencia, cuyas instalaciones físicas se asentaron en la unidad habitacional del mismo nombre, ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras, creada por el IMSS en la década de los años 60.
En dicho coro, el IMSS invirtió onerosos recursos con el fin de que tanto el director, Zoé Robledo, como la directora de Fundación Azteca, Ninfa Salinas, pudieran disfrutar del talento de los niños cantores.
Tras haber gastado 2 millones 151 mil 656 pesos, el Coro Independencia realizó su primer y único concierto el 14 de agosto de 2024, en el que interpretaron Las Cuatro Estaciones Nisi Dominus de Antonio Vivaldi.
A la presentación en el Centro Roberto Cantoral acudieron Zoé, Ninfa, 13 profesores y 700 personas, de acuerdo con datos de la propia institución.
Desde ahí, Salinas y Robledo reafirmaron su compromiso para replicar el modelo musical en distintas sedes del IMSS en todo el país.
El proyecto, en ese momento era crear al menos 35 coros para menores de entre 8 y 18 años, probando los beneficios de la “música”, según dijo Zoé Robledo, en enfermedades como la esquizofrenia, cáncer o cerebrovasculares.
Sin embargo, hasta el momento, no existen datos de la institución que demuestren que personas con dichas condiciones acuden o son parte de los eventos musicales realizados por los Coros.
Ni que la música producida por dichas agrupaciones contribuya a los objetivos de bienestar promovidos por la institución para llevarlos a distintas sedes.
De las investigaciones, se desprende que el programa musical sólo ha impactado positivamente, pero en la falsa filantropía de Ricardo Salinas Pliego.
IMSS CUBRE LOS GASTOS
De acuerdo con la solicitud de transparencia realizada por LosReporterosMx, tras la firma del convenio con la Fundación Azteca, el IMSS se comprometió a proveer los recursos económicos, las instalaciones y las contrataciones del personal, a cambio, la fundación dirigida por Ninfa Salinas pondría los instrumentos y los conocimientos, comercializados como un “modelo educativo” innovador.
Y es que, además, de los medios de comunicación, las tiendas de menudeo, las empresas de seguridad privada, los Salinas Pliego han hecho de la educación un modelo altamente lucrativo.
Tras la firma del convenio y la subsecuente formación del Coro Independencia, el IMSS anunció la creación de dos coros más, uno denominado Cuauhtémoc y el otro Monterrey, mismo que sería el primero al interior de la República.
Aunque el IMSS ha erogado entre, enero de 2024 y junio de 2025, 892 mil 316. 96 pesos en el Coro Cuauhtémoc, sus instalaciones, alumnos o profesores son irrastreables.
La institución asevera que los recursos erogados cubrieron los honorarios de 14 instructores musicales, de los cuales este medio no pudo verificar ni su identidad ni su lugar de trabajo, puesto que no existe dirección alguna sobre el centro musical. En los registros de prensa de la dependencia tampoco existe referencia a la creación o presentación de algún coro denominado “Cuauhtémoc”.
Como tampoco existe presentación alguna del Coro Monterrey, en el que el IMSS gastó 300 mil 986 pesos para su plantilla de ocho profesores.
Sin embargo, vía transparencia, sólo se pudo verificar la contratación de tres:
Isolda Torreblanca Hernández, contadora
Coral Sabrina Díaz Huerta, mezzosoprano
Alonso Flores Hernández, cantante de ópera
Los datos proporcionados por el IMSS no concuerdan con los difundidos por canales oficiales de la misma institución y de la Fundación Azteca.
De acuerdo con datos de Azteca, existen al menos 15 coros en distintos estados, sin que el financiamiento de los mismos sea revelado por la institución.
El gobierno municipal de Querétaro, encabezado por el panista Felipe Fernando Macías Olvera, dilapidó más de 7 millones de pesos para la supuesta renovación de alumbrado público en las banquetas de la Alameda Hidalgo, en la capital queretana.
Bajo el eslogan oficial de “Por una mejor Calidad de Vida y Futuro”, el gobierno panista del municipio de Querétaro no se ha tocado el corazón para despilfarrar millones del erario en cambiar lámparas y focos.
Documentos oficiales, a los que ReporterosMx tuvo acceso, revelan que la inversión exacta para la iluminación de la Alameda y su entorno asciende a 7 millones 52 mil 321 pesos, y tuvo el supuesto propósito de beneficiar a más de un millón de habitantes.
La obra, impulsada bajo la promesa de generar mayor seguridad y posibilitar un horario nocturno más amplio en la Alameda, fue adjudicada a la empresa Indisel, S.A. de C.V.
Sin embargo, el monto por la iluminación exclusiva de las banquetas de una sola área emblemática, de acuerdo con testimonios de los propios queretanos, ha sido catalogado como “una auténtico derroche de recursos públicos”.
Los queretanos seguran que Felifer Macías prefiere las obras de relumbrón y se encoge de hombros ante la verdaderas y urgentes necesidades de la capital, como la reparación de vialidades o la inversión en servicios básicos en colonias de la periferia.
LAS OTRAS PRIORIDADES DE FELIFER
Ahora bien, la controversia sobre el alumbrado no es un hecho aislado.
Hace unos días, el regidor morenista Fernando Flores denunciaba, desde sus redes sociales, que el municipio de Querétaro estaba pagando 70 mil pesos por un globo inflado con forma de Luna.
Ante los señalamientos, el alcalde panista salió a defender ese gasto oneroso y reveló, con toda tranquilidad, que, en efecto, su gobierno había gastado 1.8 millones de pesos en un globo, que tenía el fin de acompañar la exposición “Museo de la Luna”.
El edil panista argumentó, simplemente, que una ciudad con más de 1.2 millones de habitantes “exige destinar recursos a todos los rubros”.
No obstante, esta defensa de gastos en rubros de esparcimiento y ornato revela que la administración panista en la capital de Querétaro, en realidad, solo está enfocada en el embellecimiento del centro histórico y las áreas visibles, pero no en las zonas que realmente lo necesitan.
Lamentablemente, la renovación del alumbrado, que sólo consistió en cambiar lámparas y focos, por 7 millones de pesos, no es solo una obra de infraestructura.
En realidad, se trata de un acto político-estético.
Un gobierno que gasta 1.8 millones en un museo efímero y 7 millones en luces, definitivamente no entiende las prioridades de los queretanos.
Infelizmente, el panismo ha distorsionado las prioridades públicas, favoreciendo el marketing político sobre la gestión social.
Hace unos días, en LosReporterosMx, revelamos que el despacho Zebadúa, Murguía y Luna Ramos Abogados, desde donde gestionaron los desvíos de la Estafa Maestra, opera una extensa red de tráfico de influencias que han ayudado al empresario José Manuel Suárez Díaz a despojar de compañías a sus socios.
Una red de corrupción que nació a la sombra de la “Estafa Maestra” ha evolucionado hacia un sofisticado mecanismo de despojo empresarial y manipulación de la verdad en línea.
Y escándalo apunta directamente al bufete Zebadúa, Murguía y Luna Ramos Abogados, desde donde se orquestaron presuntamente los desvíos de la Estafa Maestra y que, ahora, se revela opera una extensa red de tráfico de influencias al servicio de un puñado de empresarios inescrupulosos.
Y otra vez asoma el nombre de José Manuel Suárez Díaz, conocido como “el junior del caucho”, a quien se le acusa de utilizar la infraestructura legal del despacho vinculado a Emilio Zebadúa para despojar a sus socios de sus compañías.
Ante las revelaciones y la acumulación de señalamientos, Suárez Díaz no se ha quedado cruzado de brazos y ha recurrido a una estrategia de “limpieza de imagen” a través del borrado digital.
La contratación de una agencia de contención de daños demuestra la desesperación de “el junior del caucho” por eliminar su pasado de internet y continuar con sus negocios.
Le roban el automóvil en Smart Fit y la plaza y el gimnasio se lavan las manos
Hace unos días, a Yahir le robaron su automóvil mientras realizaba su rutina de ejercicios en la sucursal Smart Fit, ubicada dentro de Plaza Zentralia.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre, entre las 21:35 y las 22:45, mientras Yahir se ejercitaba.
La Plaza Zentralia, ubicada sobre avenida Río Churubusco, en la colonia Nueva Rosita, alcaldía Iztapalapa, es un centro comercial muy conocido y frecuentado debido a que se encuentra muy cerca de la Central de Abasto, en el oriente de la CDMX.
El robo fue quirúrgico: mientras Yahir se encontraba ejecutando su rutina de ejercicios, alguna persona, que entró sin que nadie la viera ni la detectara en el Smart Fit, violó con toda tranquilidad el candado de su casillero y sustrajo su cartera, sus pertenencias y las llaves de su automóvil.
Al regresar a los vestidores y percatarse de que habían robado su vehículo, Yahir solicitó ayuda a los guardias de seguridad de Plaza Zentralia y, acto seguido, levantó el reporte correspondiente en el gimnasio Smart Fit.
Sin embargo, la angustia de Yahir se agravó al recibir la respuesta de la empresa y del centro comercial.
Y es que, tanto la administración de Plaza Zentralia como la gerencia de Smart Fit le brindaron la misma respuesta: ellos no eran responsables de lo sucedido.
Ante la falta de apoyo, Yahir levantó un reporte ante el 911 y contactó a su aseguradora, quien tomó las riendas del caso.
En entrevista exclusiva para ReporterosMX, Yahir expresó su frustración y lanzó una dura critica crítica hacia el gimnasio y el centro comercial.
Es importante destacar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado a Smart Fit como uno de los gimnasios con más quejas en todo el país. De acuerdo con la Revista del Consumidor de enero del año pasado, Smart Fit lideró la lista con 533 quejas reportadas ante la Profeco en un periodo comprendido entre 2018 y 2023.
Plaza Zentralia, que también ha mantenido una postura de evasión ante el robo del vehículo de Yahir, pertenece a una compañía denominada Grupo Zentralia.
Curiosamente, y como sucede en muchos casos, esta empresa no se hace cargo de la recepción, depósito, ni entrega de vehículos dejados en el estacionamiento mientras los usuarios se ejercitan.
Y es que el estacionamiento de Plaza Zentralia es administrado por la empresa Eli Park, la cual opera a través de cuatro compañías dedicadas al mismo rubro: * Operadora Elisa, S.A. de C.V. * Operadora Ricky, S.A. de C.V. * Operadora y Administradora de Estacionamientos Elisa, S.A. de C.V. * Operadora y Administradora de Estacionamientos Laura, S.A. de C.V. Cabe mencionar que Grupo Eli Park mantiene estacionamientos en más de quince ciudades del territorio nacional, incluyendo Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepic, Acapulco, Cuernavaca, Toluca, Pachuca, Monterrey, Coatzacoalcos, Cancún, Playa del Carmen, Chiapas y CDMX.
Pese a que el estacionamiento es un servicio accesorio pagado para la comodidad y seguridad de los clientes, sus múltiples razones sociales parecen ser un escudo legal diseñado para diluir cualquier potencial demanda.
El gimnasio es un espacio que, en teoría, representa la búsqueda de bienestar físico y automejora. Para los usuarios, es un santuario donde temporalmente se desligan de las preocupaciones externas. Y al asegurar sus pertenencias, depositan su confianza en la infraestructura y la promesa de seguridad del proveedor de servicios.
Pero eso, infelizmente, no sucede en Smart Fit ni en Plaza Zentralia.
“Callo de Hacha”, los Arreola y SDP Noticias han obtenido millones por medio de su red de negocios en la que venden “clickbaits” y publicidad a diferentes gobiernos.
Jorge Roberto Avilés Vázquez, alias “Callo de Hacha”, es un personaje que cobra jugosas cantidades de dinero por atacar o defender a los amigos o adversarios de sus patrones en turno, no cabe duda de que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue sumamente próspero para el youtuber sinaloense. De hecho, de 2013 a 2018, Avilés Vázquez recibió, a través de Comunicaciones Estratégicas Newlink S.A de C.V., 47 millones 389 mil 776 pesos.
El 16 de julio de 2015, para ser más específicos, Avilés Vázquez, alias “Callo de Hacha”, recibió 2 millones 312 mil 302 pesos de parte de la administración del priista Eruviel Ávila Camacho, entonces gobernador del Estado de México y miembro del Grupo Atlacomulco.
Pero la ambición de Jorge Roberto Avilés Vázquez es grande, por lo que también ha logrado facturar con la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).
En noviembre de 2016, por ejemplo, “Callo de Hacha” recibió, en un mes, del 29 de noviembre al 31 de diciembre 2016, 798 mil 831 mil pesos. Era, cabe mencionar, el tiempo en que la displicente Claudia Ruiz Massieu Salinas conducía el destino de la SRE.
Sin embargo, Avilés Vázquez no solo ha recibido dinero público de parte de las grandes secretarías de Estado…
“Callo de Hacha” también se las ha ingeniado para obtener dinero público al realizar convenios económicos con clientes como la Casa de Moneda de México, institución a la que logró venderles Hall Pages a color por más de 69 mil 500 pesos.
Y ahí no para la cosa…
En marzo de 2018, la empresa que representa a Avilés Vázquez recibió 258 mil 525 pesos para ayudar a promover el fallido NAICM a través de una “campaña de beneficios” que, lamentablemente, el youtuber tuvo que inventar porque tales “beneficios” eran inexistentes.
“Callo de Hacha”, al igual que otros youtubers contratados para esta campaña, salió a decir, sin ningún sustento, que el Aeropuerto de Texcoco se trataba de una inversión trascendente en infraestructura con gran impacto en el crecimiento económico.
Cabe destacar que el proyecto del NAICM fue cancelado en 2018 debido a que contó con una planeación deficiente, un proyecto oneroso y plagado de irregularidades desde su concepción y contratación.
Pero lo anterior nunca le importó al “Callo de Hacha”, ya que, lamentablemente, este remedo de comunicador no tiene ideales ni convicciones propias. Al carecer de criterio es como una veleta que se inclina según lo mueva la corriente del dinero.
Alejado del mínimo rigor informativo, el contenido de Jorge Roberto Avilés Vázquez no sigue –ni respeta– estándares periodísticos serios. “Callo de Hacha”, montado en la sátira, la provocación y los comentarios soeces, se dedica a priorizar la comedia e incentivar la opinión polarizante.
Su estilo es sardónico y efectista, por lo que, para atizar más el sensacionalismo que practica, este sujeto utiliza titulares exagerados y “clickbaits” para atraer atención. Razón por la que su enfoque carece del mínimo rigor intelectual y solo intenta ocultar que carece de pruebas y datos verificables.
“Callo de hacha” no es un periodista: es un comediante que grita, vocifera y hace de todo para llamar la atención.
Lamentablemente, eso no les impidió contratarlo en el medio SDP Noticias.
Y es que, actualmente, Jorge Roberto Avilés Vázquez trabaja bajo las órdenes de Federico Arreola García, hijo del empresario Federico Arreola Castillo, dueño y director general del portal SDP Noticias.
Ambos personajes han hecho una mancuerna que les ha dejado millonarios ingresos. De hecho, el Periódico Digital Sendero, S.A. de C.V., razón social de SDP Noticias, también tiene un largo historial de convenios millonarios.
De 2013 a 2018, el medio fundado por Federico Arreola Castillo recibió 153 millones 578 mil 253 mil pesos por concepto de “publicidad” de parte del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Por si fuera poco, en ese mismo periodo, la empresa de los Arreola obtuvo 1 millón 680 mil 600 por “otros servicios” que, hasta hoy, no han podido especificar.
Pero sus contratos y sus convenios millonarios no terminan ahí. Los negocios de Arreola continúan, viento en popa, desangrando las arcas públicas.
El pasado 7 de agosto de 2024, por ejemplo, SDP noticias recibió 2 millones 545 mil 272 pesos de parte de la administración de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Cabe destacar que Federico Arreola Castillo y su hijo, Federico Arreola García, quien hoy está a cargo de SDP Noticias, aunque se presumen progresistas, en realidad mantienen una estrecha relación de amistad con Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret de Mola, quienes los han recibido gustosamente en sus diferentes programas.
“Callo de Hacha”, por su parte, lejos de ser un simple creador de contenido, ha construido una carrera lucrativa a base de contratos gubernamentales y la venta de su opinión al mejor postor.
Lo que podemos observar aquí es, lamentablemente, una perversión del rol del comunicador y una desvirtuación periodística. En lugar de ser guardianes de la verdad estos personajes han decidido convertirse en actores al servicio de intereses particulares, vendiendo su voz, su alcance y su influencia a quien ofrezca la oferta más alta.
La ética periodística, en este caso, ha sido sepultada bajo un cerro de billetes.
La directora del DIF de Aguascalientes anunció que iría a una gira, no obstante, no especificó en qué tipo de gira se embarcaría, si una gira de trabajo o una gira de compras, porque dilapidó 1.8 mdp en planchas, masajeadoras, barras de sonido y otros artículos electrodomésticos.
El DIF, que es el brazo social del gobierno, se ha convertido en el brazo del saqueo en Aguascalientes.
Documentos oficiales obtenidos por LosReporterosMx revelan que se realizó un pago de 1.8 millones de pesos del DIF en Aguascalientes por una supuesta “gira de presidencia” que, de acuerdo con fuentes internas, nunca se llevó a cabo.
Lo más intrigante es que este millonario presupuesto, de acuerdo con versiones de varios trabajadores del DIF, habría sido desviado para la adquisición de artículos de lujo y electrodomésticos que nada tienen que ver con el propósito asistencial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Testimonios de empleados del DIF en Aguascalientes nos explicaron que una gira de trabajo de la directora del DIF, por definición, debería implicar una serie de visitas oficiales a centros de asistencia, albergues y comunidades marginadas para supervisar la operación de programas sociales y asegurar que los servicios lleguen a quienes más los necesitan. Sin embargo, el contrato DIF-ICTPM-005-25 y el Formato de Propuesta Técnica-Económica revelan un uso del dinero distinto a lo que debía ser destinado.
Mónica Becerra Moreno, titular estatal del DIF en dicha entidad, no supo explicar en qué consistiría la supuesta gira que debía realizar con dinero el público malversado, pues se puede observar en el listado de artículos adquiridos: planchas para el cabello, masajeadores eléctricos, juegos de alhajeros, pashminas, carteras para caballero, juegos de plumas y hasta una barra de sonido.
La pregunta resuena como una bofetada: ¿Qué propósito tienen estos objetos en una gira dedicada a la población vulnerable?
La compra de electrodomésticos como una licuadora Oster, una sandwichera Hamilton Beach y un asistente virtual de Amazon, lamentablemente, solo profundiza el misterio. Al final, nadie sabe explicar con claridad para qué fueron adquiridos esos productos.
Lo más desconcertante es que fue la propia Mónica Becerra Moreno, quien supuestamente protagonizaría la gira, la persona que autorizó el pago. El contrato, firmado por su propio puño y letra, carece de una justificación clara para la compra de estos artículos, lo que deja en evidencia un posible desvío de fondos públicos.
El dinero del pueblo, destinado a programas sociales para ayudar a familias en situación de riesgo, albergues para niños y ancianos, y centros de apoyo, se convierte de esta manera en un botín para una élite política.
Y es que, en teoría, el DIF está diseñado para reducir la situación de vulnerabilidad de los más desfavorecidos. Sin embargo, estos actos, donde emana el pestilente tufo de la corrupción, solo demuestran que el dinero destinado a la población en situaciones de necesidad se está dilapidando en caprichos inexplicables.
Lamentablemente, la verdadera gira del DIF no es a las comunidades más pobres ni marginadas, sino al centro comercial.
Cabe mencionar que, en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de su gira para ofrecer su primer informe en los 31 estados del país, la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, le solicitó el apoyo presupuestal de la federación para 3 proyectos de vialidad y uno de saneamiento ambiental.
De nuevo, la ponzoñosa pregunta vuelve a asomar: Si esos recursos fueran concedidos por la federación, ¿quién garantiza que serán utilizados adecuadamente y no como lo está haciendo, en el DIF estatal, Mónica Becerra Moreno, la protegida de Teresa Jiménez?
¡Lorena Cuéllar contrata a empresario señalado por haber hundido 20 años en la cárcel a Israel Vallarta! Y no le importa que el socio y director de Epel sea señalado como VIOLADOR.
El gobierno de la morenista Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, pagó 56 millones 259 mil pesos por 10 camionetas blindadas Chevrolet Suburban High Country. Y no solo pagó este elevado precio por dichas unidades de lujo, sino que, además, decidió mantener un hermetismo total sobre esta operación realizada con recursos públicos.
La compra, lejos de seguir el proceso habitual de una licitación pública, se realizó a través de una adjudicación directa, la cual es un método que con mucha frecuencia es señalado por su falta de competencia y riesgo de corrupción. Y es que el gobierno estatal, ante las indagaciones periodísticas, determinó clasificar los contratos y facturas relacionados con esta compra como información reservada hasta el año 2030.
En adición a esto, lo que también pocos saben es que la beneficiaria del contrato GET-OMG-ADX-073-2024 es la empresa Epel, S.A. de C.V., compañía que pertenece a un personaje sombrío y rodeado de controversias: Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol
Eduardo Margolis no es solo un empresario más, puesto que su nombre ha sido mencionado en múltiples investigaciones y testimonios que lo ligan a presunto lavado de dinero, corrupción y, lo más grave, con el infame caso Vallarta-Cassez, conocido por ser uno de los mayores escándalos de montajes mediáticos y violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de México. De igual manera, diferentes testimonios sostienen incluso que Margolis Sobol habría tenido amistad con Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, personajes truculentos que hoy se encuentran en prisión.
De hecho, hace unos días, el gobierno de Estados Unidos decidió retirar la visa Eduardo Margolis.
La medida migratoria habría respondido a señalamientos que vinculan a Margolis con presuntas actividades ilícitas, entre las que se incluyen lavado de dinero, corrupción y adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Un elemento central para la toma de esta decisión es la empresa Epel LLC, constituida en Florida y que, de acuerdo con el medio Los Ángeles Press, habría permitido la transferencia de activos entre México y Estados Unidos fuera del circuito legal y declarado.
Ahora bien, documentos del Registro Público muestran como administradores únicos de la empresa Epel a Eduardo Margolis y a Ernesto Mizrahi Haiat, su socio y director general de la compañía.
Mizrahi Haiat, actual vicepresidente de enlace gubernamental de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores, fue acusado públicamente en mayo de 2024 por trabajadores y exempleados de Epel por abuso laboral, acoso sexual y malos tratos. Cabe mencionar que ese mes los inconformes cerraron la circulación en Polanco, lanzaron huevos contra las oficinas y exhibieron una manta con su fotografía acusándolo de violador.
Sin embargo, ninguno de estos señalamientos resultó relevante para el Gobierno de Tlaxcala, ya que, a pesar de todo ello, Lorena Cuéllar Cisneros decidió conceder a empresa de Eduardo Margolis y Ernesto Mizrahi Haiat más de 56 millones de pesos.
Desafortunadamente para la gobernadora de extracción morenista la moralidad no se puede blindar. El blindaje protege del plomo, pero no de la corrupción.
Es oficial: Ismael “El Mayo” Zambada se ha declarado culpable de 14 cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. El gobierno estadounidense quería su cabeza con la pena de muerte y, a cambio de una declaración, Zambada consiguió oxígeno para alargar su vida. Tras el juicio y sentencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, han sido 14 los narcotraficantes que decidieron pactar con el gobierno estadounidense. Sin embargo, el caso de Zambada es único, no solo por tratarse del narco que se creía intocable —que pensaba morir en libertad e impunidad—, sino por la pieza de ajedrez en la que se convirtió para los gobiernos de México y Estados Unidos.
Zambada fue secuestrado por Estados Unidos con ayuda de los hijos de Guzmán. La sustracción ilegal del narcotraficante marcó un antes y un después en la relación bilateral. Cabe resaltar que el secuestro no sucedió bajo la administración de Trump, sino en la de Biden. Da igual si la Casa Blanca está pintada de azul o de rojo: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses.
¿Por qué Estados Unidos no ofrece información a México sobre El Mayo Zambada? Porque, ante los ojos de nuestros vecinos, México cometió una ofensa imperdonable: detener y expulsar a los agentes de la DEA que se paseaban en nuestro país como “Juan por su casa”. Fue el PRI quien les abrió la puerta, y el gran problema de las potencias es que, una vez que entran, ya no quieren salir.¿Quién le apostó a la soberanía y autodeterminación para combatir el narcotráfico? Andrés Manuel López Obrador. La DEA y el gobierno estadounidense guardan un enorme recelo hacia el tabasqueño por su política antiintervencionista. De hecho, expulsar a los agentes de la DEA ni siquiera fue la mayor ofensa, sino exhibir en la mañanera el expediente contra el Gral. Salvador Cienfuegos. Washington aseguraba que contenía pruebas contundentes para encarcelarlo; al mostrarlo, López Obrador los humilló, pues no había una sola evidencia sólida. Desde entonces juraron que algún día se la cobrarían a AMLO, y ese día llegó con el secuestro de Zambada.
En su declaración de culpabilidad, Zambada afirmó que incursionó en el narcotráfico en 1969, con apenas 19 años de edad. Reconoció ser fundador del Cártel de Sinaloa y haber traficado más de un millón de kilogramos de cocaína en el mundo. Pero lo más relevante fue su confesión de haber sobornado y corrompido a policías, militares y políticos mexicanos para operar con impunidad.
Para Estados Unidos, aquello se presentó como si hubieran descubierto el “hilo negro”. Para los mexicanos, no fue más que la confirmación de lo sabido: siempre hemos estado gobernados por políticos aliados al crimen. La gran omisión fue no revelar nombres. Sin identidades, su confesión solo alimenta la narrativa estadounidense del “narco-Estado” sin señalar a los responsables.
Ahora bien, si Zambada asegura que sobornó durante 30 años a políticos y militares, y considerando que su arresto ocurrió en 2024, basta retroceder tres décadas. Aunque resulta inverosímil que sus sobornos a gran escala empezaran en 1994, supongamos que así fue:
Carlos Salinas de Gortari (1988–1994): más de un periodista y narcotraficante han evidenciado los nexos de Raúl Salinas, el “hermano incómodo”, con el crimen organizado. Bajo Salinas, el neoliberalismo se consolidó… y el narcotráfico también. ¿Se tocó al Cártel de Sinaloa? No.
Ernesto Zedillo (1994–2000): las grabaciones del Gral. Gutiérrez Rebollo exhibieron que la esposa de Zedillo, Nilda Patricia Velasco, tenía vínculos con el Cártel de Colima. Presidencia no solo colaboraba con el narco, era el narco. ¿Se tocó al Cártel de Sinaloa? No.
Vicente Fox (2000–2006): bajo su mandato se fugó El Chapo Guzmán, socio de Zambada. El Cártel de Sinaloa se fortaleció como nunca. ¿Se les combatió? No: fueron aliados.
Felipe Calderón (2006–2012): el juicio de Genaro García Luna en Nueva York dejó en claro la complicidad del gobierno federal con el Cártel de Sinaloa.
Enrique Peña Nieto (2012–2018): capturó a Guzmán solo para que se fugara de nuevo. Finalmente lo entregó a Trump como “gesto de buena voluntad”. ¿Se tocó a Sinaloa? No, siguió operando.
Andrés Manuel López Obrador (2018–2024): con él sí hubo un choque frontal. El “Culiacanazo” de 2019 fue la prueba. Después, en 2023, la captura de Ovidio Guzmán intensificó la guerra interna entre las facciones de Zambada y los Chapitos.
En resumen: de los 30 años de sobornos que reconoce Zambada, 24 corresponden a gobiernos del PRI y del PAN, y solo 6 a Morena. Pero sin nombres, todo queda en especulación. Su abogado, Frank Pérez, declaró que “la información del Mayo se queda con el Mayo”.
Posdata: Estados Unidos y Zambada pactaron un pago de 15 mil millones de dólares (unos 270 mil millones de pesos), casi todo el presupuesto anual del Estado de México. Ese dinero debería corresponderle a México, pues aquí quedaron la sangre y el dolor. Al final, es un asunto de colores: México puso el rojo y Estados Unidos se lleva el verde.
Entre el PRI y el PAN, desde hace un par de años, se están repartiendo un botín millonario por medio de una red — oculta hasta ahora — que conecta a las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Esta investigación de Los Reporteros Mx revela un presunto pacto político y un entramado de corrupción entre las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, cuyas oficinas de ambas estaban dirigidas por una misma persona. Hasta ahora, se ha encargado de tejer una red de adjudicaciones directas de contratos millonarios que beneficia a un selecto grupo de empresas.
La alianza está formada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán —quien es la directora de Obras y Desarrollo Urbano— y es la clave de este esquema.
Fuentes internas de la propia alcaldía Cuauhtémoc nos relatan que este vínculo se trata de un “pago de favores” por el apoyo recibido durante la campaña electoral.
El epicentro de este presunto desvío de recursos es la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Cuauhtémoc, una de las áreas más codiciadas y estratégicas de cualquier alcaldía. De acuerdo con las fuentes internas, este puesto habría sido entregado al PRI como parte de un acuerdo explícito entre las cúpulas de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD. Coalición, cabe recordar, por la que Alessandra Rojo de la Vega fue candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc.
Es importante señalar que Rodríguez Mier y Terán no es una figura nueva en la política de la Ciudad de México.
Cabe mencionar que el nombre de Mariana Rodríguez Mier y Terán salió a relucir por primera ocasión en un hecho terriblemente trágico ocurrido a finales de marzo de 2023. Supuestas amenazas de muerte, recibidas por parte de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y Mier y Terán, quien era directora general de Gobierno, habrían llevado a Darío Villeda, un hombre de 37 años, a quitarse la vida.
Villeda, en un video que grabó antes de morir, reveló algo sumamente perturbador: “acuso a Mariana (Rodríguez Mier y Terán) por todo lo que se vive en establecimientos mercantiles, en la vía pública y la maldita corrupción en obras, donde cobran hasta medio millón de pesos por tolerarlas”. Acto seguido, el exempleado de la alcaldía Álvaro Obregón se quitó la vida con un tiro en el pecho. Pero esos señalamientos no le importaron a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien, a pesar de ello, decidió darle un puesto clave a Mier y Terán, quien es descrita como una mujer de carácter explosivo y alguien que no se tienta el corazón para alcanzar sus objetivos.
Es ahí, en la Cuauhtémoc, donde Mariana Rodríguez Mier y Terán, nos aseguran, estaría recibiendo instrucciones directas del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Esta política de extracción priísta tiene también un amplio y polémico historial en la alcaldía Álvaro Obregón, bajo la administración de Lía Limón, donde, de hecho, fue directora general de Gobierno y alcaldesa sustituta.
Contratos por adjudicaciones directas. A su llegada a la Alcaldía Cuauhtémoc en octubre de 2024, Mariana Rodríguez Mier y Terán comenzó a repartir jugosísimos contratos por adjudicación directa. Una de las empresas beneficiadas fue Proyectos Y Construcciones GUSAM, S.A. DE C.V., que, curiosamente, fue uno de los proveedores consentidos de la administración de Lía Limón en Álvaro Obregón.
La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, con la aprobación de Alessandra Rojo de la Vega y la priísta Mariana Rodríguez Mier y Terán, dio aGUSAM un contrato de 2.4 millones de pesos por un supuesto “mantenimiento” en el Mercado San Juan Curiosidades… trabajo que, de acuerdo con los propios empleados de la alcaldía, ¡nunca se realizó!
En septiembre de 2023, por mencionar otro ejemplo, durante la gestión de Lía Limón y teniendo como directora general de Gobierno a Mariana Rodríguez Mier y Terán, la Alcaldía Álvaro Obregón destinó 1 millón 243 mil 157 pesos para labores de rehabilitación de muros y taludes en las colonias Unidad Popular Emiliano Zapata y Lomas de Plateros. Trabajos que, de acuerdo con los propios vecinos, nunca se realizaron.
Esta no ha sido la única empresa que han forrado de dinero en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Otro caso similar es el de Desarrollo Urbano Y Suministros TECNOVA, S.A., que también ha sido una de las compañías más beneficiadas en Álvaro Obregón. En enero de este año, dicha compañía recibió un contrato por 20 millones de pesos en la alcaldía Cuauhtémoc para realizar rehabilitaciones en el alumbrado público.
El contrato, como suele ocurrir en la administración de Alessandra Rojo de la Vega, no especifica en qué colonias se llevaría a cabo la supuesta rehabilitación. Lo que solo muestra que a fecha de hoy la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, por alguna razón, siguen forrando de dinero a TECNOVA.
El 28 de octubre de 2024, por mencionar también, la administración de Javier López Casarín dio a esa empresa 24 millones de pesos para la supuesta reconstrucción del mercado público número 353, “Marcelo Fernández Bonilla”.
La falta de transparencia y el uso recurrente de la adjudicación directa como método de contratación revelan que, ahora mismo, un Cártel de Obras fantasma podría estar ocultándose en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
