En redes sociales, el panista Santiago Taboada exige infraestructura y mantenimiento para la CDMX, sin embargo, su gestión en la Benito Juárez estuvo marcada por ciclovías deficientes, baches eternos, banquetas descuidadas, así como la expansión del cártel inmobiliario.
El panista Santiago Taboada publicó en X que la CDMX no necesita ajolotes ni pintura morada, sino “cruces seguros, que las personas puedan caminar sin peligro, que no haya baches y que ya no se inunden las calles”. Sin embargo, cabe recordar que su administración en Benito Juárez dejó una delegación deficiente en cuanto a infraestructura.
Disculpen mi comentario "clasista", pero la #CDMX no necesita ajolotes pintados en el asfalto, mucho menos pintar puentes peatonales de morado.
Necesitamos más cruces seguros, que las personas puedan caminar sin peligro, que no haya baches y que ya no se inunden las calles.
Durante el gobierno de Santiago Taboada, la alcaldía Benito Juárez impulsó una deficiente “modernización” urbana con programas de reencarpetado, bacheo y expansión de ciclovías. Sin embargo, los ciudadanos denunciaron haber recibido obras de baja calidad, mantenimiento deficiente y proyectosque no resolvían problemas de fondo, solo relucían en fotos.
Uno de los puntos más cuestionados fue la infraestructura ciclista, pues aunque la administración presumió haber construido la mayor red de ciclovías de la CDMX, organizaciones como Bicitekas y especialistas de la UNAM señalaron que muchas rutas eran inseguras, demasiado angostas o simples líneas pintadas sobre el pavimento sin protección real para los usuarios. Funcionarios de la propia alcaldía reconocieron que varias ciclovías se construyeron por debajo de los estándares mínimos recomendados.
El deterioro de las calles fue una constante de su paso por la Alcaldía. Aunque su gabinete reportó miles de baches atendidos, vecinos y medios documentaron que los trabajos eran apenas “parches exprés” que se deshacían tras cada temporada de lluvias. Colonias como Narvarte, Nápoles y Ciudad de los Deportes denunciaron que las reparaciones se concentraban en zonas visibles o transitadas, mientras otras calles permanecían abandonadas durante meses. Habitantes también reportaron banquetas destruidas, charcos permanentes y espacios públicos deteriorados sin atención real.
Pero el señalamiento más grave llegó por el tema del Cártel inmobiliario. Investigaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda detectaron múltiples irregularidades en construcciones dentro de Benito Juárez. De 108 obras revisadas, varias carecían de permisos obligatorios y otras excedían el número de pisos permitidos. El propio titular de SEDUVI acusó que funcionarios de la alcaldía habrían permitido, “por omisión, negligencia o complicidad”, un esquema irregular de desarrollos que afectó el territorio y la red hídrica de la zona.
Por otro lado, colectivos vecinales denunciaron banquetas invadidas por restaurantes y comercios, falta de vigilancia sobre estructuras ilegales y abandono en colonias menos mediáticas. De hecho, la administración posterior tuvo que retirar más de 100 estructuras irregulares en apenas un mes, dejando en evidencia la permisividad que predominó durante el gobierno de Taboada.
Lo que se vendió como modernización terminó exhibiendo problemas estructurales, supervisión débil y decisiones enfocadas más en el impacto político y visual que en garantizar infraestructura segura y duradera para todos los vecinos.
El gobernador admitió que el proyecto beneficiaría a adultos mayores y habitantes de zonas altas, pero aseguró que deberá esperar al próximo sexenio mientras continúan gastos millonarios en seguridad, giras y eventos.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que el proyecto de teleférico que conectaría San José El Alto con Plaza del Parque es “financieramente imposible” para su administración, pese a reconocer públicamente que sería una obra de gran ayuda para adultos mayores y habitantes de las zonas más altas de la capital. La declaración desató críticas entre ciudadanos que cuestionan las prioridades del gasto estatal.
Mientras el mandatario argumenta que no existe presupuesto suficiente para mejorar la movilidad urbana, su gobierno destinó 3 mil 919 millones de pesos a un contrato con la empresa Seguritech para la implementación de un sistema de videovigilancia y seguridad. El convenio fue señalado por realizarse bajo opacidad y sin licitación pública clara, además de que los resultados han sido cuestionados por el incremento de la violencia y la percepción de inseguridad en el estado.
Durante la operación de este modelo de seguridad, la incidencia delictiva reportó aumentos y diversas colonias denunciaron fallas constantes en cámaras y lentitud en la respuesta policial. Casos como el ataque en el bar Los Cantaritos, donde fueron asesinadas diez personas, aumentaron los señalamientos contra la estrategia de seguridad impulsada por la administración panista.
Las críticas también crecieron luego de revelarse gastos cercanos a 5 millones de pesos para traer al exfutbolista español Iker Casillas a una conferencia en Querétaro. El evento incluyó vuelos, hospedaje y logística; sin embargo, el propio Instituto del Deporte reconoció posteriormente que no cuenta con registros oficiales sobre asistentes ni informes que permitan medir el impacto real de la actividad financiada con recursos públicos.
A esto se suman los más de 5 millones de pesos ejercidos en viajes internacionales de Mauricio Kuri y miembros de su gabinete a destinos como Londres, Dubái, España, Austria, Arabia Saudita, Washington y Houston. Tan solo una gira a Londres superó el millón 200 mil pesos en vuelos, mientras otro recorrido por Europa y Medio Oriente habría costado más de 2 millones 235 mil pesos, sin contar viáticos y hospedajes.
Las declaraciones del gobernador generaron molestia entre habitantes de Querétaro, quienes señalan que sí existen recursos para contratos cuestionados, conferencias de lujo y giras internacionales, pero no para proyectos de movilidad que impactarían directamente en la calidad de vida de miles de personas.
El teleférico, que el propio Kuri reconoció como necesario, quedó nuevamente relegado bajo el argumento de la falta de presupuesto.
Diversas operaciones encubiertas de la CIA marcaron la historia de América Latina durante la Guerra Fría. Bajo el argumento de frenar el comunismo, Washington impulsó golpes de Estado, financió guerrillas y desestabilizó gobiernos democráticos, dejando cientos de miles de muertos.
En Guatemala, la CIA ejecutó en 1954 la Operación PBSUCCESS para derrocar al presidente Jacobo Árbenz, quien impulsaba una reforma agraria que afectaba tierras de la United Fruit Company. El gobierno de Dwight D. Eisenhower aprobó una campaña de propaganda, bombardeos y entrenamiento militar para apoyar al coronel Castillo Armas.
Árbenz renunció el 27 de junio de 1954 y comenzó una etapa de terror que derivó en 36 años de guerra civil. Más de 200 mil personas fueron asesinadas o desaparecidas y el 83% de las víctimas eran indígenas mayas. La intervención resultó en uno de los conflictos más sangrientos de América Latina.
En Chile, la Operación FUBELT tuvo como objetivo impedir y después destruir el gobierno democrático de Salvador Allende. Tras su triunfo electoral en 1970, Washington consideró peligrosa la nacionalización del cobre y las reformas socialistas impulsadas por Allende. La CIA financió huelgas, campañas mediáticas y operaciones clandestinas, además de participar en maniobras que terminaron con el asesinato del general René Schneider.
El 11 de septiembre de 1973, el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet bombardeó el Palacio de La Moneda y dio inicio a una dictadura de 17 años. Más de 3 mil personas fueron ejecutadas o desaparecidas y más de 40 mil sufrieron tortura. Décadas después, documentos desclasificados confirmaron la participación de la CIA y de Henry Kissinger.
En Brasil, la Operación Brother Sam respaldó el golpe militar de 1964 contra el presidente João Goulart, quien promovía reformas agrarias, límites al capital extranjero y ampliación de derechos políticos. La CIA financió grupos opositores, empresarios y medios de comunicación, mientras la Marina de EUA movilizaba un portaaviones y destructores frente a la costa brasileña para garantizar el triunfo militar.
El golpe derivó en una dictadura de 21 años caracterizada por persecuciones, censura y tortura sistemática. La Comisión Nacional de la Verdad documentó 434 asesinatos y desapariciones, además de miles de víctimas de tortura. Aunque menos visible internacionalmente que otras dictaduras sudamericanas, el régimen dejó secuelas institucionales que aún afectan a Brasil.
En Nicaragua, durante la década de1980, la CIA organizó y financió a la guerrilla de “La Contra” para combatir al gobierno sandinista surgido tras la caída de la dictadura de Somoza. El gobierno de Ronald Reagan veía al sandinismo como una amenaza comunista en Centroamérica y autorizó operaciones encubiertas pese a las prohibiciones del Congreso estadounidense.
La agencia entrenó combatientes, minó puertos nicaragüenses y participó en el escándalo Irán-Contra, donde armas vendidas ilegalmente a Irán financiaron la guerra. El conflicto dejó más de 30 mil muertos y devastó la economía nicaragüense. La Corte Internacional de Justicia condenó a EUA y ordenó reparaciones que nunca fueron pagadas. El escándalo también golpeó la imagen de Washington, al exhibir violaciones a sus propias leyes y alimentar la desconfianza internacional hacia la política exterior estadounidense.
Radiohead construyó durante años una imagen de crítica y resistencia: canciones contra la guerra, el neoliberalismo y la vigilancia convirtieron a la banda en una de las voces políticas más críticas del rock contemporáneo. Sin embargo, su silencio prolongado sobre Gaza e Israel, así como sus declaraciones posteriores, ha mostrado cómo politizaron el arte, para después despolitizar la tragedia.
En sus primeros dos álbumes, Pablo Honey (1993) y The Bends (1995), se concentran las letras menos políticas en sentido estricto, pues el primero es principalmente introspectivo y juvenil, y el segundo se enfoca más en el malestar y el vacío.
Es hasta OK Computer (1997) que Radiohead entra de lleno a una crítica del orden contemporáneo con una autopsia del capitalismo tardío, la globalización y la tecnocracia.
Primeros pasos
En “Electioneering”, la letra más directa, Yorke describe a los políticos que visitan comunidades rurales con vacías promesas y venden políticas de austeridad vacías, con una mención directa del FMI y el Banco Mundial. Yorke ha declarado que la canción nació de su hartazgo con la política de Tony Blair y el New Labour.
“Karma Police” satiriza la vigilancia y el control social normalizado; “Paranoid Android” es una visión brutal del mundo: especulación financiera, consumismo vacío, violencia. “No Surprises” es quizás la imagen más clara del álbum: aceptar la insignificancia en un sistema que nos aplasta.
Jonny Greenwood ha señalado que OK Computer pretendía transmitir aquella sensación que deja el dar cuenta que la velocidad del mundo moderno había superado la capacidad humana de comprenderlo o cuestionarlo.
Radicalización
Sin embargo, fue hasta Kid A (2000) y Amnesiac (2001), que Radiohead se radicalizó tanto de manera estética como política, y la influencia del movimiento antiglobalización es tangible, incluso Yorke asistió a protestas en Seattle y Praga.
“Idioteque” es la pieza más destacada de este periodo, al abordar el cambio climático, el colapso civilizatorio, la inutilidad de las respuestas institucionales. Por su parte, “The National Anthem” usa la saturación sonora como una metáfora política: un caos de voces superpuestas como la imagen sonora de una democracia liberal incapaz de escuchar o deliberar.
En Amnesiac, “Dollars and Cents” y “Life in a Glasshouse” hablan de vigilancia, instituciones vacías y la obsolescencia de los rituales cívicos, pues Yorke por ese entonces era muy cercano al movimiento Jubilee 2000.
Hail to the Thief: la crítica más dura
Las críticas más duras, directas y explícitas llegaron en Hail to the Thief (2003), que vio la luz en plena invasión de Irak y critica directamente el robo electoral de Bush del 2000, de acuerdo a Yorke.
“2 + 2 = 5” abre el disco con una referencia directa a Orwell: el doblepensar aplicado a la guerra y al discurso político post 11 de Septiembre; “Sit Down. Stand Up.” evoca la retórica del pánico securitario; “Backdrifts” y “Go to Sleep” hablan del adormecimiento colectivo y la complicidad pasiva con las estructuras de poder.
A “There There” y “Myxomatosis” Yorke las ha relacionado con una metáfora del capitalismo neoliberal y también con la expansión mediática del miedo. Durante este periodo, Yorke firmó manifiestos contra la guerra y denunció el papel de los medios a favor de ésta.
In Rainbows: el tiemble de la industria y las compañías
In Rainbows (2007) es un disco de amor, pérdida personal y menos enfocado en la crítica del sistema, pues Yorke ha explicado que necesitaba volver estos temas humanos después de años de rabia política.
Sin embargo, el modelo de distribución del álbum, un pago voluntario por el material directo en su página web y sin depender de un sello discográfico, fue en sí mismo un acto político y un ataque directo a la industria musical, así como al modelo de propiedad intelectual corporativa, pues le mostró a los artistas y al público que era posible prescindir de las discográficas y las grandes compañías.
Politizar la música para despolitizar la tragedia
Cuando el conflicto en Gaza se desató en octubre de 2023, los seguidores de la banda esperaban un posicionamiento o apoyo de la banda que escribió “2 + 2 = 5” e “Idioteque”, o al menos de sus dos miembros centrales. La respuesta fue el silencio.
Jonny Greenwood es el más implicado. Casado desde hace décadas con la artista israelí Sharona Katan, lleva desde 2008 colaborando con el músico israelí Dudu Tassa. Para Greenwood, la colaboración artística entre músicos árabes y judíos es una posición política. Sin embargo, es duramente criticado que actuó en Tel Aviv en mayo de 2024, mientras en Rafah ardían los campamentos de desplazados a manos de las FDI. En mayo de 2025, conciertos en Londres y Bristol con Tassa fueron cancelados tras presión del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel, al que Greenwood acusó de “censura”. El BDS, a su vez, exigió el boicot a Radiohead y The Smile hasta que la banda se distancie de lo que llama su “complicidad en el artwashing del genocidio”. No obstante, en febrero de 2026 el guitarrista comentó que la música debe “estar por encima de lo político”, como si sus más grandes trabajos hubieran sido fruto de la indiferencia.
Por otro lado,Thom Yorkeguardó silencio hasta el 30 de mayo de 2025, cuando, más por presión que por iniciativa, publicó un extenso comunicado en él llamó a Netanyahu “extremista fuera de control”, afirmó que su excusa de autodefensa “hace mucho que dejó de sostenerse” y calificó el bloqueo de ayuda humanitaria como “horroroso.” De igual manera condenó a Hamas y criticó la cultura del activismo de redes sociales. El comunicado, a crítica de sus seguidores, exuda una falsa simetría, es “tibio”, llegó tarde, y carece de una condena característica del vocalista. A mi muy honesto parecer, es una evasión por parte de un artista, y activista, que durante décadas ha sido la conciencia política de su tiempo, y con el que las disidencias del sistema podían identificarse.
El problema no es el silencio, es todo lo que cantaron antes
A todo esto subyace el debate, ¿tienen los artistas la obligación de pronunciarse sobre atrocidades en curso, y en qué plazo? La respuesta, dependiendo de a quien se le pregunte, puede ir más allá de la afirmación, la negación o el “depende”. Al menos en este caso, Radiohead durante décadas construyó la imagen de una banda comprometida con la crítica al sistema, política, guerras o al autoritarismo.
Hay un compromiso entre lo que se transmite en el arte y lo que se dice en la vida pública. En álbumes como“Animals”, “Wish You Were Here” o “Is This the Life We Really Want?”, Roger Waters ha mantenido una clara postura política, la cual ha sido la raíz de sus obras y la ha reafirmado en su vida pública al denunciar injusticias, criticar políticos, figuras y guerras, así como apoyar causasdurante 50 años de carrera. Mismo es el caso de System of a Down, que durante una carrera más corta han mantenido una congruencia similar entre el contenido lírico de sus álbumes, sus posturas, comunicados y causas que apoyan.
No es un capricho de los fanáticos, y es verdad que una condena no resolverá los problemas ni cambiará el panorama, dado que los conflictos globales no pueden reducirse a “tomar un bando” tal como si de un partido se tratase. No obstante, la trayectoria de Radiohead creó una expectativa que ellos mismos alimentaron durante décadas, por lo que el silencio de dos años por parte de la banda que hizo Hail to the Thief, para rematar después con que “la música debe estar por encima de la política”, resulta algo peor que decepcionante: es la personificación de la incongruencia.
¿Cómo veo ahora a una de las bandas que me enseñó que el arte debe incomodar al poder?
El día de hoy Spotify cumple 20 años y, mientras millones de usuarios revisan cuándo se unieron o descubren cuál es su canción más escuchada, su creador, Daniel Ek, celebra destinando su fortuna al desarrollo de armamento militar con el fin de convertirse en uno de los principales distribuidores de armas en Europa.
La música financia la guerra
En noviembre de 2021, Ek destinó 100 millones de euros a Helsing, una startup alemana especializada en inteligencia artificial militar y se convirtió en presidente de su consejo de administración. Cuatro años después, en junio de 2025, redobló la apuesta con una inversión de 600 millones de euros adicionales, liderando una ronda que llevó la valoración de Helsing a 12 mil millones de euros. Su compromiso total supera los 700 millones de euros.
¿De dónde viene ese dinero? En buena parte, de la venta de acciones de Spotify. De acuerdo a datos de Music Business Worldwide, Ek obtuvo 724 millones de dólares vendiendo participaciones de la plataforma entre julio de 2023 y 2024.
Helsing no es una empresa inofensiva
Cuando Ek comenzó a invertir en Helsing la empresa se presentaba como una firma de software de análisis de datos militares, sin embargo, desde finales de 2023 Helsing abandonó el rol de proveedor de software para convertirse en fabricante integrado de sistemas de armas. Sus productos actuales incluyen:
El dron HX-2
Submarinos autónomos de vigilancia y ataque
Aviones no tripulados con capacidad de combate
Una fábrica en Alemania con el objetivo de producir 6 mil drones adicionales para Ucrania
La empresa opera bajo el eslogan “IA al servicio de las democracias”, no obstante, Helsing no ha respondido preguntas sobre posibles ventas a países con historial de violaciones a derechos humanos.
Boicot
Cuando se conoció la primera inversión en 2021, artistas como Darren Sangita y Skee Mask retiraron su música de Spotify. En 2025, tras la ronda de 600 millones, bandas como Deerhoof y Xiu Xiu eliminaron sus catálogos completos de la plataforma. El sello Joyful Noise Recordings apoyó públicamente la decisión de sus artistas.
Si bien, es cierto que Spotify como tal no financia armas, la distinción entre la compañía “Spotify” y “Daniel Ek”, su creador y CEO durante años, es bastante borrosa. Ek construyó Spotify, sigue siendo su figura más reconocible, y el dinero con el que financia armamento proviene directamente del dinero que le genera su creación.
Daniel Ek dejó el cargo de CEO de Spotify en 2025 para asumir el de presidente ejecutivo, pues declaró que sus prioridades son “definir la visión a largo plazo y gestionar inversiones estratégicas”. Sus inversiones estratégicas son claras: drones que matan personas.
Cada suscripción a la plataforma es más dinero destinado al desarrollo de armas.
El pasado 10 de mayo, cálculos no oficiales estiman que entre 60 mil y 70 mil armys se concentraron fuera del Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) para poder disfrutar, aunque fuera desde el exterior, el concierto de BTS. Esto es una gran evidencia de lo que muchos pensamos: el antiguo Foro Sol, a pesar de su reciente 一y muy pobre一 remodelación, es un recinto que le queda corto a nuestra ciudad y necesita una reestructuración completa. Por décadas, la Ciudad de México ha tolerado lo intolerable en nombre de la música.
Quienes solemos asistir seguido a conciertos sabemos que, fuera del espectáculo musical, es una horrible experiencia asistir al Estadio GNP Seguros, anteriormente llamado Foro Sol (como si una casi nula remodelación y un cambio de nombre hubieran mejorado algo). No solo basta el pagar un boleto cada vez más caro y cargos cada vez más altos e injustificados por el monopolio llamado TicketMaster. Hay que soportar primero caminar una vuelta kilométrica al ingresar para, en la mayoría de los casos, terminar viendo a tu banda o cantante favorito en las pantallas del recinto. Porque, estas dos gradas enormes que ahora hacen llamar estadio (que de estadio no tiene nada), parece que fue diseñado para que la mayoría de sus asistentes no vean absolutamente nada.
Nula visibilidad
Si compraste un boleto en General B, en las secciones GNP 7 al 10, o en las gradas Naranja C o Verde C, básicamente pagaste por escuchar un concierto con pésima visibilidad, resultado de30 años de indiferencia hacia los usuarios. El escenario está tan abajo y tan lejos que, si no estás dispuesto a desembolsar una gran cantidad de dinero, no podrás disfrutar de una buena vista. Sí, hay pantallas, pero para ver un concierto en pantalla lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Si el recinto decidiera hacer conciertos como los últimos eventos de BTS o Metallica, con un escenario 360 al medio, sería más justo para los asistentes.
Pésimo sonido
Este lugar nunca fue concebido pensando en una experiencia auditiva, fue construido para ver autos. Ofrecer conciertos en gradas ubicadas en una curva da como resultado que, a zonas como Naranja C, el sonido llegue distorsionado y mezclado con sonidos del público. Pagar un boleto para un concierto más caro que en Europa o EUA y recibir una pésima acústica es una falta de respeto al público que sostiene económicamente al foro.
Remodelación de chiste
La “gran remodelación” de 2024 fue una bofetada con guante blanco: desapareció la sección Verde A, la única zona que ofrecía cercanía real al escenario, buena vista y un precio medianamente accesible. Un techo que cubre parcialmente al público de gradas ante la lluvia, y asientos que para nada son cómodos. La “remodelación” no mejoró la experiencia en ningún aspecto.
Salidas mortales
Terminado el concierto, el recinto se convierte en un embudo humano donde decenas de miles de personas intentan salir simultáneamente por accesos insuficientes, formando peligrosos cuellos de botella. Los carteristas operan con absoluta libertad en ese caos, por lo que es común escuchar casos de personas que han perdido su cartera o cellar al salir.
A merced del clima
Un recinto al aire libre suena, en teoría, como una virtud, pero se convierte en condena cuando cae una de las tormentas típicas del Valle de México, como en el concierto de Billie Eilish de 2023 que tuvo que ser pospuesto. No hay techo suficiente, ni refugios dignos para 65 mil personas, además de que el lugar se inunda. La infraestructura de protección climática es prácticamente inexistente para la magnitud del aforo.
No cabe duda de que el Estadio GNP Seguros es el recinto más importante de entretenimiento en México no porque sea el mejor, sino porque es el único que aguanta ese volumen de gente. Y esa es, precisamente, su mayor pecado: sabe que no tiene competencia real y por eso nunca ha tenido verdadero incentivo para mejorar. Mientras haya artistas que lo llenen, el público seguirá aguantando, y el estadio seguirá sin ofrecer un servicio digno.
Mientras el Hospital Materno Infantil de Nuevo León agoniza entre quejas por falta de insumos y precariedad, el gobierno emecista de Samuel García ha inyectado más de 147 millones de pesos a la empresa de Jorge Rodríguez Cantú, hermano de la influencer Mariana Rodríguez.
Por Ricardo Sevilla
Desde que Samuel García Sepúlveda asumió las riendas de Nuevo León, la bonanza parece haberse instalado no solo en el Palacio de Gobierno, sino en las cuentas bancarias de su círculo más íntimo. Y es que el mandatario emecista no ha parado de beneficiar a sus familiares consanguíneos y políticos, tejiendo una red de contratos que hoy pone bajo la lupa a su cuñado, Jorge Rodríguez Cantú.
Fuentes al interior del gobierno de Nuevo León aseguran que, desde 2021, el gobernador emanado de las filas de Movimiento Ciudadano ha entregado, al menos, cinco licitaciones del sector salud a uno de los tres hermanos de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú.
Cabe destacar que el protagonista de esta trama de opulencia es Jorge Rodríguez Cantú, quien reside en Guadalajara junto a su esposa, Alejandra Sánchez Böker. Al saber que su cuñado llevaría las riendas de Nuevo León, Jorge Rodríguez Cantú, quien es médico cirujano de profesión, ni tardo ni perezoso, fundó o se asoció con al menos 10 empresas, de las cuales ocho operan precisamente en la industria farmacéutica y servicios hospitalarios.
Es importante subrayar que, entre el conglomerado de Rodríguez Cantú destacan nombres como Hospital Jardines, Jardines Hospital de Especialidades y Hospital Jardines de Guadalupe. Sin embargo, la compañía Paraclínicos y Farmacéuticos S.A. de C.V. es la que ha acaparado buena parte de estos contratos.
No parece ser anecdótico que, desde 2021, esta empresa ha sido beneficiada con millonarias licitaciones tanto en Nuevo León como en Jalisco, ambas administraciones encabezadas por gobernadores del partido naranja.
De hecho, Paraclínicos y Farmacéuticos S.A. de C.V. figura actualmente como uno de los principales proveedores de materiales de curación y quirúrgicos para diversas instituciones de salud en dichos estados.
La “luna de miel” financiera comenzó en 2022, apenas meses después de que Samuel García tomara posesión.
Bajo la licitación LP 919044992-162-2022, el estado buscó proveeduría de insumos médicos para hospitales materno-infantiles. El ganador resultó ser, previsiblemente, la empresa donde el hermano de Mariana Rodríguez es socio fundador.
En aquella ocasión, el gobierno le concedió 70 millones 897 mil 51 pesos a cambio de materiales de curación “no especificados”. Pero eso fue solo el inicio, porque, en 2023, Samuel adjudicó a su cuñado un nuevo contrato por 8 millones 705 mil 598 pesos para el Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad.
Y eso no fue todo.
En 2024, la cifra volvió a dispararse con una licitación de 68 millones 214 mil 417 pesos.
En 2025, para cerrar la pinza de la corrupción y el nepotismo, la administración de Samuel García concedió un contrato adicional por 128 mil 788 pesos.
En total, la administración estatal ha destinado más de 147 millones de pesos a la empresa familiar, consolidándola como proveedora principal, pese a que su contratación representa un evidente conflicto de interés al tratarse de un familiar directo del gobernador.
Lamentablemente, mientras las cuentas de Paraclínicos se inflan, la realidad en los pasillos de los hospitales es terriblemente desoladora.
Lo más preocupante es que el Hospital Materno Infantil de Guadalupe enfrenta una crisis de gestión. El personal médico, incluso, denuncia sobrecarga de trabajo y hasta venta de plazas, mientras que los usuarios padecen una sobresaturación asfixiante.
Las quejas han llegado hasta la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, donde se documenta la precariedad de las instalaciones y, paradójicamente, la falta de insumos médicos que el cuñado del gobernador debería estar cubriendo.
Sin embargo, el gobernador Samuel García parece indiferente a estas problemáticas, mientras enriquece los bolsillos de su familia.
Una cosa es cierta: este esquema de licitaciones directas podría ser solo la punta del iceberg.
Y es que, aunque muchos medios de comunicación se alzan de hombros, recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación señalando a Samuel García como artífice de una presunta triangulación de recursos.
Se sospecha el desvío de al menos mil millones de pesos del erario hacia 10 empresas familiares.
El modus operandi, de esta estructura nepotista, consistiría en el uso de empresas fantasma y testaferros para canalizar fondos hacia el bufete Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C., propiedad de Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Es un círculo perfecto: el estado paga, la familia provee y el despacho jurídico “asesora”.
Es evidente que Samuel García está creando una aristocracia de negocios protegida por el fuero y el marketing político.
El poder en Nuevo León se ha vuelto un negocio de familia con cargo al contribuyente. Y en los hospitales de ese estado, mientras el pueblo padece la saturación, la familia del poder disfruta la licitación
La Cascada de Tamul, principal atractivo turístico de la Huasteca Potosina ubicada en el cañón de Santa María, municipio de Aquismón, se quedó completamente seca durante el puente del Día del Trabajo de 2026. La desaparición del caudal fue resultado de la sequía prolongada en la región, temperaturas que superaron los 40 grados centígrados, y la extracción masiva de agua para el riego agrícola sobre el río Gallinas. El poco flujo del río se estaba filtrando en el subsuelo por sótanos y grietas localizadas un kilómetro antes de llegar al voladero, lo que impidió que el agua alcanzara la caída.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) había ordenado la suspensión del riego agrícola desde el 27 de abril, aunque la medida resultó insuficiente frente a las condiciones extremas. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue señalado por el director de Turismo municipal de Aquismón, quien denunció que las medidas de acción se tomaron con retraso, perdiendo tiempo valioso, y advirtió que cada día sin corriente hacía más difícil y tardada la recuperación del caudal. Aunque la cascada comenzó a recuperarse en la madrugada del 6 de mayo de 2026, el episodio evidenció la fragilidad del ecosistema ante la presión agrícola, el cambio climático y una gestión hídrica reactiva. Sin embargo, este es solo uno de los problemas ambientales que enfrenta San Luis Potosí.
Acuíferos sobreexplotados y la peor crisis hídrica en décadas
El problema del agua en San Luis Potosí va mucho más allá de Tamul. Investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) advirtieron que aproximadamente el 80% del agua consumida en el estado proviene del subsuelo, y que la mala distribución de pozos, la sobreexplotación y la falta de controles han provocado serios problemas ambientales: mala calidad del agua no apta para consumo humano, subsidencia del suelo y hundimientos en edificios históricos del centro de la capital. En marzo de 2023 estalló la crisis hídrica en la zona metropolitana: las presas San José, El Peaje, El Potosino y El Realito quedaron fuera de servicio por falta de lluvias, con niveles del 0.2% de su capacidad. Para diciembre de 2023, el gobernador Gallardo Cardona emitió formalmente la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural por sequía. A inicios de 2024, la Conagua registraba sequía en el 100% del territorio potosino
Temporada de incendios sin precedente: segundo lugar nacional en superficie devastada
El deterioro forestal en San Luis Potosí también ha alcanzado cifras históricas. En lo que va de 2026, la entidad acumuló más de 22 mil 700 hectáreas afectadas por 70 incendios forestales, una cifra que no solo superó con creces las 16 mil 000 hectáreas dañadas en todo 2025, sino que posicionó al estado como el segundo lugar nacional en superficie devastada por incendios, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). La combinación de sequías prolongadas, altas temperaturas, prácticas agrícolas de tala y quema, y la expansión de asentamientos humanos han acelerado procesos de deforestación principalmente en selvas, matorral xerófilo y pastizales naturales. El estado, que ocupa el quinto lugar nacional en diversidad de especies animales y vegetales, ve amenazado ese patrimonio natural ante la falta de estrategias efectivas de prevención y combate al fuego.
Contaminación industrial y pasivos ambientales sin remediar
La SEMARNAT ubica a San Luis Potosí entre los diez estados más contaminados del país, con al menos 59 sitios contaminados documentados y otros 42 puntos calificados como pasivos ambientales por contaminación no atendida. La UASLP ha identificado que la entidad destaca a nivel nacional por la existencia de confinamientos de residuos peligrosos altamente tóxicos, así como por actividades de minería, metalurgia, plantas cementeras y termoeléctricas, uso de plaguicidas, combustión de biomasa e informalidad en centros ladrilleros que impactan el aire, el suelo y el agua. En la zona de Villa de la Paz y Matehuala, décadas de actividad minera han dejado suelos y acuíferos con concentraciones de arsénico, plomo, cadmio, zinc y cobre muy por encima de los límites permitidos. La zona metropolitana de la capital concentra al menos 21 de estos sitios, muchos de ellos sin plan de remediación aprobado.
Incendio en Polímeros Nacionales: aire tóxico y señalamientos a la autoridad
El 8 de abril de 2026, un incendio en la bodega de Polímeros Nacionales, en la Zona Industrial de la capital potosina, consumió cerca de 800 toneladas de polímeros en una superficie de cuatro mil metros cuadrados y dejó pérdidas estimadas entre 70 y 100 millones de pesos. Investigadores del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud (Ciacyt) de la UASLP advirtieron que durante el evento se liberaron compuestos químicos y material particulado PM2.5 y PM10 —así como ozono— en concentraciones no aptas para la salud humana, que se mantuvieron presentes en distintos puntos de la zona metropolitana incluso horas después de controlado el siniestro. Además, en lo que va de 2026 se han registrado al menos cuatro o cinco incendios relevantes en la zona industrial, algunos relacionados con materiales peligrosos como baterías de litio, y que resulta urgente reforzar la vigilancia sobre las más de 600 empresas asentadas en el corredor manufacturero.
El panorama ambiental de San Luis Potosí durante la administración de Ricardo Gallardo Cardona revela una entidad que acumula crisis sobre crisis. Especialistas de la UASLP identifican cuatro grandes amenazas que se retroalimentan: la crisis hídrica, la contaminación del aire, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El estado ya no tiene selvas, lo que representa una pérdida irreversible de ecosistemas únicos. Los años 2023, 2024 y 2025 fueron particularmente secos, con temperaturas récord y una drástica disminución del caudal de ríos y presas. La administración de Gallardo ha enfrentado cuestionamientos por su lentitud de respuesta, la falta de supervisión industrial efectiva y la priorización del desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera sobre la gestión ambiental.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quedó en el centro de la polémica tras adjudicarse como propio un proyecto de rehabilitación deportiva financiado y ejecutado por el Gobierno de la Ciudad de México. La intervención no solo implicó el uso de infraestructura ya renovada, sino también la remoción de la identidad institucional del gobierno central para sustituirla por la de su administración.
El caso no es menor. En el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el gobierno capitalino anunció un ambicioso programa de recuperación del espacio público que contempla la intervención y construcción de alrededor de 300 canchas de futbol en las 16 alcaldías. De ese total, la mayoría corresponde a espacios rehabilitados con recursos públicos de la ciudad, en una estrategia que busca no solo fomentar el deporte, sino también recomponer el tejido social en zonas urbanas.
Una de esas canchas se ubica en el Deportivo Cuauhtémoc, en la colonia Buenavista. Ahí, el gobierno de la ciudad colocó pasto sintético, mejoró el entorno y aplicó una imagen institucional vinculada a la conmemoración del Mundial 2026, incluyendo el distintivo corazón que ha caracterizado la identidad gráfica de la capital.
Sin embargo, el pasado miércoles 30 de abril, la alcaldesa difundió un video en sus redes sociales donde presenta esa misma cancha como un logro de su administración. En las imágenes se observa incluso cómo el espacio fue repintado para incorporar el logotipo de la alcaldía, en un intento por reconfigurar la autoría del proyecto. Aun así, algunos elementos originales como el corazón institucional permanecen visibles, evidenciando el origen de la intervención.
En el video, Rojo de la Vega afirma: “Con Renace Cuauhtémoc estamos rehabilitando canchas, porque aunque sea de gobierno no significa que sea chafa”. La frase, más allá del tono, abre un frente político: por un lado, descalifica implícitamente el trabajo del propio gobierno capitalino; por otro, intenta apropiarse de una obra realizada con recursos que no dependen de la alcaldía.
El episodio exhibe una práctica recurrente en la derecha mexicana: la disputa por el crédito público. En un escenario donde los recursos, la narrativa y la visibilidad son capital político, las obras dejan de ser únicamente infraestructura para convertirse en símbolos de poder y posicionamiento.
Recientemente, en redes sociales, el PRI ha propuesto que “los funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado sean inhabilitados de por vida”, lo cual llama la atención: ¿por qué, durante tantos años de gobierno, no decidieron ponerlo en práctica?
El #PRIPropone que los funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado, como los 10 morenistas de Sinaloa señalados por Estados Unidos, sean inhabilitados de por vida.
Es más, ¿cómo un partido con un historial vinculado al crimen organizado se atreve a proponer esto? Aquí, una lista de políticos del PRI vinculados al crimen organizado que no hubieran podido continuar ejerciendo después de haber sido señalados.
Mario Villanueva Madrid — Gobernador de Quintana Roo (1993–1999)
Villanueva habría recibido sobornos del Cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, a cambio de brindar protección institucional y garantizar el tránsito de cargamentos. Al término de su mandato en 1999, y ante la inminencia de una orden de aprehensión, el exgobernador se dio a la fuga, convirtiéndose en uno de los primeros casos de un mandatario estatal prófugo por delitos relacionados con narcotráfico. Fue capturado en 2001, extraditado a Estados Unidos en 2010, y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico en 2012. Continuó en el cargo hasta casi el último día de su mandato, apoyado en el fuero que le otorgaba la gubernatura.
Tomás Yarrington Ruvalcaba — Gobernador de Tamaulipas (1999–2005)
Tomás Yarrington fue uno de los políticos más influyentes de su generación dentro del PRI, con proyección nacional e incluso aspiraciones presidenciales. Durante su mandato, Tamaulipas se consolidó como una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Fue acusado de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas. El dinero presuntamente financió su campaña política y la adquisición de propiedades en Texas. Cuando finalizó su administración, Yarrington expresó públicamente su interés por contender por la presidencia de la República. Fue detenido en Italia en 2017. En abril de 2025 fue deportado a México y trasladado al penal del Altiplano, donde quedó a disposición de la justicia. Ejerció toda su gubernatura y buscó ascender políticamente pese a las investigaciones en su contra.
Eugenio Hernández Flores — Gobernador de Tamaulipas (2005–2010)
Eugenio Hernández es buscado por la DEA en los Estados Unidos por la presunta operación de un sistema de lavado de dinero de 30 millones de dólares. La DEA informó sobre el vínculo del priista Eugenio Hernández con los Zetas y el Cártel del Golfo. Completó su mandato sin interrupciones y no fue detenido sino hasta años después, cuando el gobierno estatal emitió una orden de aprehensión por peculado y lavado de dinero. Gobernó el estado íntegramente a pesar de los vínculos documentados.
Humberto Moreira Valdez — Gobernador de Coahuila (2005–2011) y Presidente Nacional del PRI (2011–2012)
Humberto Moreira es señalado directamente por testigos en juicios contra integrantes de Los Zetas de haber recibido millones de dólares para financiar sus campañas políticas, a cambio no solo de protección para el cártel, sino también de contratos de gobierno. Tras terminar la gubernatura, fue nombrado presidente nacional del PRI, el cargo más alto del partido. También se le señaló por malversación de recursos públicos, organización criminal y cohecho. En 2012, la PGR lo absolvió de los delitos de endeudamiento al no contar con pruebas. Fue detenido en España en 2016 pero finalmente liberado por falta de pruebas suficientes ante la justicia española.
Rubén Moreira Valdez — Gobernador de Coahuila (2011–2017) y Diputado Federal
De acuerdo a Adolfo Tavira, identificado como exadministrador de producción de Televisa y narcotraficante, el gobernador Rubén Moreira también colaboró con Los Zetas. Los hermanos Humberto y Rubén Moreira son señalados en múltiples testimonios judiciales en Estados Unidos por presuntos vínculos con la organización criminal. A pesar de ello, Rubén Moreira concluyó su mandato como gobernador y posteriormente fue electo diputado federal, cargo que ocupó sin que prosperara ninguna causa penal en su contra en México.
Fidel Herrera Beltrán — Gobernador de Veracruz (2004–2010) y Cónsul en Barcelona (2015–2017)
Fidel Herrera, exgobernador priista de Veracruz, fue señalado por José Carlos Hinojosa, contador del Cártel del Golfo, de haber recibido dinero de esa banda criminal para financiar su campaña. Lo más llamativo de su caso es que, ya bajo sospecha, fue designado cónsul de México en Barcelona. Fidel Herrera estuvo bajo la mira de la DEA y la policía catalana cuando fue cónsul en Barcelona, por su presunta conexión con el narcotráfico, combinando su misión diplomática con relaciones tóxicas. Renunció en enero de 2017 a su puesto como cónsul y nunca fue procesado formalmente en México.
Jesús Reyna García — Gobernador Interino de Michoacán (2013–2014)
Fue nombrado gobernador interino de Michoacán por 90 días en abril de 2013. Un año después, fue detenido por la PGR al ser acusado de proteger al Cártel de Los Caballeros Templarios. La PGR acusó al priista de tener vínculos con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, considerado el líder de dicho cártel. Un juez federal le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada. Reyna permaneció más de cuatro años en prisión; sin embargo, en 2018 fue liberado luego de que un juez determinara que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar los delitos imputados. Ejerció la gubernatura interina y fue detenido solo después de dejar el cargo.
Fausto Vallejo — Gobernador de Michoacán (2012–2014)
Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán del PRI, fue evidenciado por la propia Secretaría de Seguridad de su entidad de haber recibido cientos de millones de pesos para su campaña. Fausto Vallejo se vio obligado a renunciar a la gubernatura argumentando problemas de salud; sin embargo, pese a retirarse de la vida política, su nombre siguió escuchándose debido a supuestas reuniones de su hijo Rodrigo Vallejo “El Gerber” con “La Tuta”. Gobernó casi dos años antes de dimitir.
Roberto Sandoval Castañeda — Gobernador de Nayarit (2011–2017)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con organizaciones como el CJNG y el grupo de los Beltrán Leyva, señalando presuntos pagos a cambio de protección y facilidades operativas. En junio de 2021, Sandoval fue detenido en México tras varios meses fuera del radar público, en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente el exgobernador se encuentra prófugo de la justicia, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo vincularan con el narcotráfico, hecho que derivó en el bloqueo de más de 42 cuentas bancarias. Terminó su mandato completo de seis años sin ser procesado durante su gestión.
Manlio Fabio Beltrones — Senador, diputado y dirigente nacional del PRI
Beltrones, quien fue uno de los hombres más poderosos del PRI y presidente de la Cámara de Diputados, fue señalado reiteradamente por la DEA y medios como El Universal por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa durante su paso como gobernador de Sonora (1991–1997). Nunca fue sometido a proceso judicial y continuó una larga carrera política, llegando incluso a presidir el PRI en 2015–2016.
