TV Azteca estrenará un nuevo panel político con María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, conducido por Manuel López San Martín, pero la elección de sus integrantes abre una pregunta inevitable: ¿por qué presentar como voces de análisis y autoridad pública a personajes cuya trayectoria está marcada polémicas y vínculos cuestionables?
Jorge Castañeda Gutman
El excanciller Jorge Castañeda Gutman ha protagonizado diversas polémicas por sus declaraciones públicas. En 2020, durante un programa de televisión, calificó al municipio de Putla, Oaxaca, como “pueblo horroroso” y “arrabalero”, expresiones que la CNDH consideró discriminatorias y ofensivas. El Congreso de Oaxaca lo declaró persona non grata y distintos sectores lo acusaron de clasismo y racismo. También generó críticas al defender a Rosario Robles con la frase “la costumbre es robar, está bien, se vale”.
A estos episodios se suman cuestionamientos sobre algunos de sus vínculos profesionales. Castañeda formó parte del comité de asesores de Stanford Financial Group, cuyo propietario, Allen Stanford, fue condenado en Estados Unidos por un fraude multimillonario. Asimismo, documentos de la extinta Dirección Federal de Seguridad lo identificaron en 1980 bajo acusaciones de espionaje y actividad política. Más recientemente, investigaciones periodísticas lo han señalado por participar en estrategias de comunicación contra gobiernos de Morena y por promover publicidad relacionada con etiquetas como #narcopresidente, señalamientos que forman parte de la disputa política y mediática en el país.
María Amparo Casar
La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, enfrenta uno de los cuestionamientos jurídicos más relevantes. La FGR abrió una investigación relacionada con la pensión y otros pagos que recibió tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien trabajaba en Pemex. La acusación sostiene que ella y sus hijos habrían recibido más de 17 millones de pesos entre seguro de vida y gastos funerarios, además de una pensión que Pemex considera indebida, por lo que la empresa ha reclamado la devolución de más de 31 millones de pesos.
El caso escaló posteriormente al ámbito penal y Casar fue citada dentro de una investigación por presunto uso ilícito de atribuciones. Casar rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política, argumentando que ejerció legítimamente un derecho. Paralelamente, MCCI ha sido objeto de cuestionamientos por el origen de sus financiamientos, incluidos donativos provenientes de Estados Unidos y recursos de USAID, mientras que autoridades fiscales también han señalado presuntas irregularidades tributarias. La organización ha rechazado estos señalamientos y cuestionado la utilización de información fiscal en su contra.
Héctor Aguilar Camín
El escritor y exdirector de Nexos, Héctor Aguilar Camín, también arrastra un episodio particularmente controvertido por su relación con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo con investigaciones periodísticas, entre 1989 y 1991 recibió recursos provenientes de la denominada “partida secreta” del Ramo 23, utilizada discrecionalmente durante el sexenio salinista. Los pagos habrían sido canalizados mediante organizaciones y empresas vinculadas con Nexos, incluso antes de que algunos de los trabajos contratados fueran entregados.
Los documentos dados a conocer posteriormente registraron pagos por 3 mil 424 millones 450 mil pesos viejos, realizados mediante cheques cuyos recibos fueron firmados por el propio Aguilar Camín. El escritor posteriormente ha rechazado distintas interpretaciones sobre aquella relación y en 2009 calificó como “fantasías” las versiones que lo vinculaban políticamente con Salinas. Años después también enfrentó un conflicto por un contrato de publicidad de Nexos con el IMSS que derivó en una sanción administrativa, la cual denunció como un acto de censura. A ello se suma su larga confrontación pública con figuras como Andrés Manuel López Obrador y el subcomandante Marcos, que lo convirtió en uno de los intelectuales más visibles y polémicos del debate político mexicano.
En entrevista exclusiva con Manuel Pedrero, el politólogo español advierte que las fuerzas conservadoras capturan el poder con dinero y algoritmos, pero su incapacidad para resolver crisis terminará por colapsar sus proyectos en América Latina.
Durante una entrevista con Manuel Pedrero para Los Reporteros MX, el reconocido politólogo Juan Carlos Monedero analizó la convulsa coyuntura política global y advirtió sobre el avance de la ultraderecha. El analista ibérico señaló que aunque estos sectores han logrado capturar el poder en varios países latinoamericanos gracias a potentes maquinarias mediáticas y económicas, carecen por completo de la capacidad para gestionar el Estado.
“Pueden ganar elecciones porque controlan circuitos tecnológicos, dinero y presiones, pero luego no pueden gobernar”, enfatizó Monedero al repasar la situación en países como Ecuador, Perú, Colombia y Argentina, donde la arrogancia y la falta de preparación operativa han provocado un rápido descontento social y protestas en las calles. A excepción de casos consolidados como México o Brasil, el resto de la región enfrenta gobernantes serviles ante los intereses internacionales que rompen instituciones a su paso.
Para el académico español, el éxito electoral de las fuerzas conservadoras radica en que las fuerzas progresistas subestimaron cómo la derecha tomó el control absoluto de los dos pilares de la democracia liberal: la esfera pública y la división de poderes. A través de la compra masiva de plataformas digitales, el uso sin control de la inteligencia artificial y la manipulación mediante granjas de bots, han logrado imponer un cerco ideológico sobre la ciudadanía.
Monedero subrayó que la estrategia central de la derecha consiste en erosionar el pensamiento crítico e inculcar una narrativa individualista de la “falta de alternativas” para destruir el sentido comunitario. Paralelamente, la izquierda tradicional enfrenta una severa crisis por su incapacidad para actualizar su discurso, conectar emocionalmente con las nuevas generaciones y ofrecer proyectos atractivos frente al despliegue disruptivo pero vacío de la extrema derecha.
Finalmente, el analista concluyó que la democracia actual requiere repensarse urgentemente más allá del formato representativo, apostando por mecanismos de participación popular real y la desarticulación del control corporativo en las redes sociales. El desafío inmediato para las fuerzas transformadoras será romper la “cárcel del pensamiento” e impulsar un nuevo periodo de formación y organización política en el territorio.
Un análisis técnico detectó que el video viralizado tras el reportaje sobre los vuelos privados de la gobernadora de Quintana Roo utiliza un escenario que aparece en al menos tres grabaciones con personajes distintos.
Por Redacción de Los Reporteros MX
Durante 17 segundos, Mara Lezama aparece sentada dentro de un supuesto jet privado, mientras consulta una tableta. Frente a ella, un joven revisa su teléfono. El video comenzó a circular el 27 de agosto, tres días después de que Reforma publicara información sobre 97 movimientos migratorios de la gobernadora de Quintana Roo en aeronaves privadas.
La escena, sin embargo, nunca ocurrió.
Un análisis realizado por este medio encontró que el mismo interior de aeronave aparece en al menos otros tres videos, pero con personajes completamente diferentes. En uno aparece una mujer con una banda de Miss Universe; en otro, un hombre barbado acompañado de una mujer rubia; y en un tercero únicamente se observan manos sosteniendo dispositivos electrónicos.
Los cuatro materiales comparten asientos, ventanillas, plafones, paneles superiores y la misma iluminación, lo que apunta a que fueron generados utilizando el mismo escenario digital.
La huella técnica apunta a inteligencia artificial
Tres de los videos tienen una resolución de 1024 × 576 píxeles, una medida poco habitual en cámaras y teléfonos de consumo. Además, funcionan a 24 cuadros por segundo, una configuración característica de numerosas herramientas de generación de video.
Dos de los clips tienen exactamente la misma duración: 5.040 segundos y 121 cuadros.
La coincidencia no se limita a las características del archivo. Este medio aplicó un análisis mediante SIFT, utilizado en visión por computadora para identificar puntos característicos entre imágenes, y posteriormente validó las correspondencias mediante RANSAC.
El resultado fue de 39 coincidencias robustas, de las cuales 28 conservaron coherencia geométrica. Las correspondencias se localizaron en elementos como los respaldos, plafones y paneles del supuesto avión.
Los resultados son consistentes con que los distintos videos muestran el mismo escenario tridimensional generado artificialmente, con personajes diferentes.
En otras palabras: el avión parece haber sido utilizado como un decorado digital para generar varias escenas.
Un diario presentó el video como aparentemente auténtico
La noche del 27 de agosto, el Periódico Zócalo publicó una nota titulada “Exhiben video de Mara Lezama y Gino Segura a bordo de un avión privado”.
El texto aseguró que especialistas en inteligencia artificial habían analizado aspectos como iluminación, reflejos, sombras, anatomía y movimiento de cámara, y que “el video aparenta ser auténtico”.
Sin embargo, la publicación no identifica a esos especialistas, no señala una institución ni explica una metodología que pueda ser replicada.
Así, un video cuya autenticidad no estaba acreditada pasó a convertirse en una pieza de información periodística respaldada por una supuesta revisión técnica cuya fuente permanece sin identificar.
Los documentos sobre los vuelos no prueban lo que muestra el video
El caso requiere separar dos asuntos.
Los registros migratorios utilizados para documentar los viajes de Mara Lezama acreditan movimientos de entrada y salida, fechas y aeronaves. No prueban qué ocurrió dentro de los aviones, ni permiten establecer por sí mismos una escena de complicidad entre la gobernadora y Gino Segura.
El video pretende llenar precisamente ese vacío.
Es decir, la evidencia documental acredita viajes; la grabación intenta fabricar una escena que esos documentos no pueden demostrar.
La polémica creció en redes sociales
El video fue retomado por distintas páginas y medios digitales. El Informante Quintana Roo lo acompañó con mensajes contra la gobernadora, mientras que Abejorromedia publicó contenido relacionado con los 97 vuelos.
También Morocoy Noticias, con presencia en Chetumal, replicó el tema.
Este medio revisó 13 portales que retomaron la historia y no encontró evidencia suficiente para afirmar la existencia de una red coordinada de sitios falsos o bots detrás de la difusión.
Siete de esos portales cuentan con algún respaldo empresarial o editorial verificable. En X tampoco se identificó un patrón claro de publicaciones automatizadas o una etiqueta creada específicamente para impulsar la historia.
Lo que sí ocurrió fue una rápida amplificación de un material cuya autenticidad no había sido demostrada.
El otro ángulo de los vuelos
La polémica surgió originalmente a partir de información sobre 97 movimientos en aeronaves privadas relacionados con Mara Lezama.
Pero existe otro elemento de mayor relevancia: una investigación publicada por POPLab y CONNECTAS señaló que 43 de esos vuelos habrían sido realizados en dos aeronaves Gulfstream G200, identificadas con las matrículas XA-PKR y XA-GLF, operadas por PABE-TAX.
La investigación relacionó a esa empresa con representantes legales vinculados con Grupo Seguritech, proveedor de sistemas de videovigilancia para el gobierno de Quintana Roo.
El costo estimado de esos vuelos ronda los 20 millones de pesos, de acuerdo con dicha investigación.
La cobertura mediática, sin embargo, se concentró principalmente en el estilo de vida y los viajes privados, mientras que el posible conflicto de interés recibió menor atención.
Gino Segura y la disputa política en Quintana Roo
El momento en que apareció el video tampoco es menor.
El 11 de agosto, una encuesta de CE Research colocó a Eugenio “Gino” Segura al frente de las preferencias rumbo a la contienda interna de Morena en Quintana Roo, con 47.3 por ciento, por encima de Ana Patricia Peralta.
Trece días después, el reportaje sobre los vuelos colocó simultáneamente bajo escrutinio a Mara Lezama y Gino Segura.
Posteriormente, un blog anónimo amplió las acusaciones hacia Ana Patricia Peralta, principal contendiente de Segura, aunque sin aportar evidencia verificable para algunas de sus afirmaciones.
Estos elementos muestran que la difusión del contenido ocurrió en medio de una disputa política por el futuro de Morena en Quintana Roo, aunque no permiten determinar quién produjo o difundió el video.
Lo que todavía no se sabe
El análisis permite establecer que los videos comparten un escenario y presentan características compatibles con material generado mediante inteligencia artificial.
Pero todavía hay preguntas sin respuesta.
No se ha podido establecer quién generó los videos, qué herramienta utilizó ni quién encargó su producción. Tampoco está acreditado quién produjo la versión que circula con las palabras “FALSO” e “IA”.
Además, los archivos analizados llegaron por WhatsApp, plataforma que puede recomprimir los videos y eliminar metadatos originales. Por ello, la ausencia de información sobre el dispositivo de origen no fue utilizada como prueba.
Tampoco se ha establecido documentalmente quién pagó los vuelos reales ni se han corroborado todas las cifras que circulan en redes sociales sobre contratos entre el gobierno de Quintana Roo y empresas relacionadas.
Un video falso no borra los hechos que sí están documentados
Los vuelos investigados por distintos medios son un asunto independiente y cuentan con registros, matrículas y documentación que deben ser revisados por separado.
El video viral, en cambio, no aporta una prueba sobre lo ocurrido dentro de la aeronave.
Es una escena sin vuelo, un escenario que aparece con distintos personajes y una pieza audiovisual cuya autenticidad fue cuestionada por un análisis técnico.
La pregunta que queda abierta no es si los viajes existieron. Los documentos disponibles apuntan a que sí.
La pregunta es otra: ¿quién decidió fabricar una escena para mostrar algo que los documentos nunca habían mostrado?
Cómo se realizó el análisis
Para este reportaje se analizaron cuatro archivos mediante ffprobe, OpenCV y scikit-image. Se revisaron resolución, tasa de cuadros, duración, número de fotogramas, estructura de compresión y etiquetas de contenedor.
Para comparar las escenas se utilizaron técnicas SIFT, el test de razón de Lowe y validación geométrica RANSAC. También se compararon las trayectorias de cámara mediante correlación cruzada normalizada.
Los valores obtenidos fueron 0.226, 0.006 y −0.026, compatibles con generaciones independientes y no con simples recortes de una misma grabación.
Los archivos originales y las láminas de comparación quedan disponibles para que otros medios, especialistas o instituciones puedan replicar el análisis.
El Gobierno federal proyecta atender a más de 42.8 millones de personas mediante pensiones, becas, capacitación laboral, apoyo al campo y servicios de salud, con recursos entregados de manera directa.
Los Programas para el Bienestar tendrán en 2026 un presupuesto superior a un billón de pesos, con una meta de beneficiar a 42 millones 860 mil 296 personas en todo el país. Al cierre de mayo, el Gobierno de México había ejercido 490 mil 253 millones de pesos, equivalentes al 49 por ciento de los recursos previstos para todo el año.
La estrategia concentra buena parte de sus recursos en pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, pero también incluye becas para estudiantes, capacitación para jóvenes, apoyos al campo y servicios médicos a domicilio.
El programa con mayor presupuesto es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2026 contempla una inversión de 526 mil 508 millones de pesos para más de 13.6 millones de personas de 65 años o más. Cada beneficiario recibe 6 mil 400 pesos bimestrales, es decir, 38 mil 400 pesos al año.
El apoyo es universal y no está condicionado a que la persona carezca de otra pensión. Para incorporarse es necesario acreditar la edad, nacionalidad mexicana y residencia en el país, además de presentar documentación como identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.
A este esquema se suma la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de entre 60 y 64 años. El programa entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses y para 2026 busca alcanzar a más de 3.4 millones de beneficiarias, con una inversión superior a 56 mil millones de pesos.
Uno de sus principales cambios es que, al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores, por lo que su apoyo aumenta a 6 mil 400 pesos bimestrales, sin necesidad de realizar un nuevo trámite.
Para las Personas con Discapacidad, el Gobierno federal contempla una pensión de 3 mil 300 pesos bimestrales. El programa es universal para personas de 0 a 29 años en todo el país, mientras que entre los 30 y 64 años depende de los convenios establecidos con cada entidad federativa. Al llegar a los 65 años, los beneficiarios se incorporan a la pensión para adultos mayores.
La política social también se extiende directamente al ámbito de la salud. Salud Casa por Casa lleva atención médica y de enfermería hasta los hogares de personas adultas mayores y con discapacidad. Las visitas incluyen revisión de signos vitales, pruebas de glucosa y colesterol y seguimiento de enfermedades crónicas. Para 2026 se contempla además la prescripción y entrega de medicamentos básicos para padecimientos como diabetes e hipertensión.
Más de 20 mil médicos y enfermeras participan en estas visitas, que se realizan de lunes a sábado.
En materia educativa, las Becas para el Bienestar alcanzan a más de 20 millones de estudiantes. Entre ellas destaca la Beca Rita Cetina, que desde 2026 es universal para estudiantes de escuelas públicas de educación básica.
En secundaria, las familias reciben mil 900 pesos bimestrales, además de 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en el mismo hogar. Para primaria se contempla un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a uniformes y útiles escolares. El programa cuenta con un presupuesto de 122 mil millones de pesos.
Los jóvenes también forman parte de esta estrategia mediante Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que suma 3.5 millones de participantes desde 2019. En 2026, quienes tienen entre 18 y 29 años, no estudian ni cuentan con empleo formal, pueden recibir 9 mil 582.47 pesos mensuales, además de cobertura médica del IMSS, mientras se capacitan hasta por un año en un centro de trabajo.
En el campo, Sembrando Vida contempla hasta 445 mil beneficiarios en 26 estados, quienes reciben 6 mil 450 pesos mensuales, además de semillas, plantas, herramientas e insumos para desarrollar sistemas agroforestales. El programa está dirigido a personas adultas que viven en localidades rurales y cuentan con al menos 2.5 hectáreas disponibles para el proyecto.
La estrategia no se limita a transferencias económicas. En materia de infraestructura sanitaria, el Gobierno federal contempla mil 635 obras de remodelación y construcción de unidades médicas, además de la adquisición de 3 mil 983 equipos médicos.
Con estos recursos, los Programas para el Bienestar buscan combinar transferencias directas, educación, capacitación laboral, apoyo al campo y atención médica, con una cobertura proyectada de más de 42 millones de personas durante 2026.
La periodista vinculó el crecimiento político de Javier Milei con las granjas de bots atribuidas a Fernando Cerimedo y cuestionó el impacto de estas estructuras en las campañas electorales.
La escritora y periodista Olga Wornat puso en duda la forma en que Javier Milei llegó a la Presidencia de Argentina y planteó que su triunfo pudo haber sido favorecido mediante estructuras de manipulación digital vinculadas con Fernando Cerimedo.
Durante una entrevista con Los Reporteros MX, Wornat cuestionó directamente: “¿No fue manipulada la llegada de Milei al poder?”, luego de hablar sobre las estructuras digitales que, según sus señalamientos, operaba Cerimedo durante la campaña presidencial.
La periodista relató que estas estructuras incluían granjas de bots y numerosos perfiles destinados a operar en redes sociales, con equipos separados para plataformas como X, Facebook e Instagram. A partir de ello, consideró necesario investigar cuánto del respaldo digital que mostraba Milei correspondía a usuarios reales y cuánto pudo ser producto de una operación coordinada.
Wornat también relacionó el caso con otros procesos políticos de América Latina y mencionó cuestionamientos similares sobre Chile, Perú, Bolivia y Colombia. En su opinión, el uso de redes sociales para influir en la opinión pública representa uno de los principales desafíos actuales para las democracias.
La periodista advirtió además que este tipo de estrategias podrían buscar replicarse en México, aunque no presentó pruebas de una operación concreta en el país. Por ello, llamó a mantener cautela frente a la información que circula en redes, donde, dijo, las noticias falsas y los perfiles manipulados pueden influir en la percepción de la ciudadanía.
El hermano del fallecido Carlos Manzo cuestionó las declaraciones de la alcaldesa de Uruapan sobre buscar apoyo en Estados Unidos y sostuvo que las candidaturas independientes no están canceladas.
Juan Manzo, hermano del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, criticó las declaraciones de Grecia Quiroz, actual presidenta municipal, luego de que planteara recurrir a Estados Unidos ante un eventual impedimento para participar políticamente rumbo a 2027.
Durante una entrevista con Manuel Pedrero para Los Reporteros MX, Manzo respondió con ironía al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Quiroz busque respaldo de autoridades estadounidenses: “Habría que regalarle la Constitución para que la conozca”.
El hermano de Carlos Manzo consideró que quienes aspiran a ocupar cargos públicos, como una gubernatura, deben conocer las facultades y alcances de los ciudadanos mexicanos en materia política.
Asimismo, rechazó que las candidaturas independientes hayan sido canceladas, como se ha planteado desde el entorno de Quiroz, y aseguró que quienes deseen competir por esa vía podrán iniciar el proceso correspondiente.
“No se vale engañar a la gente, es decir, o victimizarse permanentemente”, sostuvo Manzo, quien también cuestionó que la imagen y el legado de su hermano sean utilizados con fines políticos.
En este sentido, afirmó que Grecia Quiroz no puede ser considerada sucesora de Carlos Manzo “por decreto”, pues, desde su perspectiva, su hermano dejó una forma de hacer política marcada por el enfrentamiento contra grupos del crimen organizado y la denuncia pública de las dificultades que enfrentan los gobiernos municipales.
Manzo también anunció que acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que atraiga la investigación por el homicidio de Carlos Manzo, al considerar que existen elementos que deben ser profundizados, particularmente en torno al círculo cercano del exalcalde.
Entre sus señalamientos, pidió esclarecer el manejo de los teléfonos de Carlos Manzo, así como determinar si fueron manipulados después de ser encontrados en la escena del crimen.
La periodista aseguró que enfrentó una fuerte presión por sus investigaciones sobre Felipe Calderón y recordó que uno de sus libros fue censurado durante años antes de poder ser publicado.
La escritora y periodista Olga Wornat recordó las amenazas y presiones que enfrentó durante sus investigaciones sobre el gobierno de Felipe Calderón, periodo en el que, aseguró, llegó a temer por su vida. La autora afirmó que incluso tuvo que salir de México utilizando un chaleco antibalas.
Durante una entrevista con Los Reporteros MX, Wornat sostuvo que durante aquella etapa existió una fuerte presión contra periodistas que investigaban temas relacionados con el poder. Como ejemplo, recordó que uno de sus libros fue censurado y permaneció sin publicarse durante 12 años.
La periodista también cuestionó la idea de que durante los gobiernos de Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto existiera una libertad de expresión plena. Señaló que la presión sobre los medios no necesariamente ocurría mediante órdenes directas, sino que podía ejercerse de manera indirecta a través de propietarios, anunciantes o funcionarios.
Wornat recordó particularmente el caso de Carmen Aristegui, cuyo programa radiofónico fue retirado después de que se abordara públicamente el supuesto consumo de alcohol de Calderón. Para la escritora, estos episodios muestran que la censura puede presentarse mediante mecanismos menos visibles que una prohibición formal.
La autora de Felipe el Oscuro también aseguró que su trabajo periodístico implicó riesgos personales y cuestionó el “cinismo” y la “hipocresía” que, a su juicio, existieron durante aquellos años. Su experiencia, dijo, forma parte de las razones por las que considera necesario mantener estándares rigurosos de investigación y corroboración.
Wornat señaló que en sus investigaciones exigía al menos cinco fuentes para corroborar una información y hasta diez cuando se trataba de sus libros. Además, afirmó que protege la identidad de víctimas y familiares, una práctica que considera indispensable para ejercer un periodismo responsable.
La periodista aseguró que ambos exfuncionarios participaron en actos de tortura contra Daniel Arizmendi, además de vincularlos con la investigación que realizó sobre el célebre secuestrador de los años 90.
La escritora y periodista Olga Wornat aseguró que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino torturaron a Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, durante su detención. El señalamiento forma parte de la investigación que realizó para su nuevo libro, El Mocha Orejas: Conversaciones desde el infierno.
Durante una entrevista con Manuel Pedrero paraLos Reporteros MX, Wornat relató que su investigación la llevó nuevamente a encontrarse con los nombres de García Luna y Cárdenas Palomino, a quienes también vinculó con el episodio de tortura que, según explicó, fue acreditado judicialmente. La periodista sostuvo que ambos participaron en los actos de tortura contra Arizmendi.
Wornat explicó que tuvo acceso al expediente del caso, de alrededor de mil 500 páginas, además de entrevistar a familiares y sobrevivientes de las víctimas. También logró establecer comunicación directa con Arizmendi, quien cumple una condena acumulada de cientos de años por los secuestros cometidos por su banda.
La periodista señaló que la historia del “Mochaorejas” también permite observar la relación entre secuestro, corrupción policial e impunidad durante los años 90. De acuerdo con su investigación, Arizmendi habría contado con protección dentro de corporaciones policiales, lo que le permitió operar durante años.
Wornat también recordó que su trabajo periodístico sobre los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la llevó a enfrentar presiones y amenazas. En el caso de Calderón, dijo que volvió a encontrarse con García Luna y Cárdenas Palomino, personajes que, aseguró, terminaron apareciendo nuevamente en su investigación sobre Arizmendi.
El municipio le encomendó elaborar denuncias penales e informes de responsabilidad administrativa, pero no contaba conuna cédula a su nombre; de confirmarse la falta de autorización, el caso podría tener implicaciones penales.
Por Redacción de Los Reporteros MX
El Ayuntamiento de Monterrey pagó 232 mil pesos a Miguel Alfonso Meza Carmona por servicios de consultoría jurídica para la Contraloría Municipal durante 2022, mediante el contrato SCO-032-2022, adjudicado directamente.
El documento oficial establece que el servicio incluía asesoría en investigaciones por faltas administrativas y delitos de corrupción, así como la elaboración de escritos jurídicos, informes de presunta responsabilidad administrativa y denuncias penales.
El contrato, firmado el 3 de agosto de 2022, contempló cinco pagos mensuales de 46 mil 400 pesos, IVA incluido.
Además, Meza Carmona declaró “bajo protesta de decir verdad” que contaba con la organización, experiencia, capacidad técnica, financiera y legal necesarias para cumplir con el servicio.
El propio documento también señala que su actividad comprendía un “bufete jurídico”. La contratación se realizó mediante adjudicación directa, con fundamento en la legislación de adquisiciones de Nuevo León.
Sin embargo, la investigación realizada por Los Reporteros MX en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública no arrojó una cédula profesional a nombre de Miguel Alfonso Meza Carmona. Solo arroja dos coincidencias, pero uno tiene cédula en Educación Primaria en el año 1977, mientras que otro sí tiene cédula en Derecho, pero de 1952, ambos muchos años antes de que naciera Miguel.
Lo más relevante es que en el contrato, en la cláusula 2.4, se establece que Miguel Meza deberá contar con capacidad técnica, es decir, título profesional, para cumplir con los requerimientos del contrato.
Otro dato relevante es que el contrato está celebrado bajo la denominación de “Bufete Jurídico”, aunque el documento es firmado por él a título personal. Esto resulta particularmente llamativo, pues, al no contar con cédula profesional, no estaría facultado para ejercer como abogado ni para brindar asesorías jurídicas a cambio de una remuneración, conforme a las disposiciones aplicables.
La situación adquiere relevancia porque la Ley de Profesiones de Nuevo León establece que para ejercer profesionalmente se requiere contar con título legalmente expedido y registrado, además de la cédula correspondiente. La legislación también define como ejercicio profesional la prestación, incluso remunerada, de servicios propios de una profesión.
Es decir, si Meza Carmona no contaba con título para ejercer al momento de realizar los servicios contratados, el asunto podría trascender del ámbito administrativo al penal.
El artículo 250 del Código Penal Federal contempla el delito de usurpación de profesión para quien, sin título profesional o autorización, se atribuya el carácter de profesionista o realice actos propios de una actividad profesional, con una pena de uno a seis años de prisión y multa de 100 a 300 días.
El caso también plantea interrogantes sobre el proceso de contratación y la documentación revisada por el Ayuntamiento, particularmente porque los servicios solicitados tenían un contenido jurídico directo y especializado.
La Ley de Profesiones de Nuevo León incluso establece que quienes ejerzan una profesión sin título o autorización, además de las penas correspondientes, no tienen derecho a cobrar retribución por los servicios profesionales prestados.
Por ello, la pregunta central para las autoridades es qué documentos presentó Meza Carmona para acreditar su capacidad profesional y qué verificó el Ayuntamiento antes de entregarle 232 mil pesos de recursos públicos.
Si se acredita que realizó actos propios de la abogacía sin contar con la autorización legal correspondiente, tendría que determinarse si existe responsabilidad administrativa, civil o penal.
Evelyn Angélica García Mejía fue detenida en mayo junto a presuntos integrantes de La Unión Tepito con marihuana, cocaína, cristal, dinero y teléfonos; ahoratrabaja para la alcaldesa de Cuauhtémoc.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que se señalara que Evelyn Angélica García Mejía, quien recientemente habría salido del Reclusorio Femenil y es señalada por extorsión y despojo de locales en Tepito y la colonia Centro, actualmente forma parte de su equipo de trabajo.
El señalamiento cobra mayor relevancia por los antecedentes recientes de García Mejía. El 29 de mayo de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Emilio Carranza a tres mujeres identificadas como presuntas integrantes de La Unión Tepito, entre ellas Evelyn Angélica García Mejía, de 41 años.
Durante la detención, los agentes localizaron en el vehículo en el que viajaban un arma de fuego, 38 bolsas con marihuana, 80 paquetes con una sustancia cristalina y 77 bolsitas con una sustancia blanca, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. La SSC informó que las mujeres fueron detenidas por su presunta relación con actividades delictivas.
García Mejía, además, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por lesiones calificadas en 2004, de acuerdo con la información difundida tras aquella detención. A ello se suman los señalamientos sobre su presunta participación en extorsiones y despojos en una de las zonas con mayor presencia de grupos criminales de la capital.
Una investigación de Los Reporteros MX detectó que Erika Yazmín Rodríguez Guzmán, jefa de la Oficina de la Alcaldía Cuauhtémoc, publica en TikTok videos para destacar el trabajo de su jefa, Alessandra Rojo de la Vega. En uno de estos materiales se observa a Evelyn García Mejía acompañándolas durante un recorrido, lo que evidencia su cercanía con integrantes del círculo de la alcaldesa.
Además, al consultar el Portal de Transparencia, pudimos constatar que García Mejía figuraba en la plantilla de personal de la alcaldía hasta marzo de 2024, meses antes de que Alessandra Rojo de la Vega asumiera el gobierno de la demarcación. En ese entonces, aparecía con el cargo de Administrativo Asignado-PR “A”, con un sueldo neto de 6 mil 699.49 pesos.
Ahora bien, resulta contradictorio que una persona con los antecedentes señalados y presuntos vínculos con actividades delictivas forme parte del equipo cercano de Alessandra Rojo de la Vega, quien tendría mucho que explicar al respecto.
No se trata de una contratación cualquiera. La alcaldesa debería aclarar qué filtros se aplicaron, quién autorizó su incorporación y qué funciones desempeña actualmente dentro de la administración.
Resultaría particularmente grave que un gobierno que presume combatir la inseguridad termine manteniendo en su estructura a personas señaladas por su presunta relación con actividades delictivas. La ciudadanía merece una explicación clara y, sobre todo, transparencia.
