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Categoría: Carlos Castillo

  • Gobierno vs. algunos medios: la otra guerra por México

    Gobierno vs. algunos medios: la otra guerra por México

    Recientemente hemos visto y escuchado a periodistas de medios verdaderamente importantes lanzar críticas prácticamente todos los días contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, contra integrantes de su equipo político, contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra sus hijos y contra personajes identificados con el movimiento que hoy gobierna México. Y entonces surge una pregunta que me parece legítima: ¿por qué tanta insistencia?, ¿estamos viendo simplemente el ejercicio normal y necesario de un periodismo crítico frente al poder o, en algunos casos, estamos observando una confrontación política disfrazada de ejercicio periodístico?

    Aclaro algo desde ahora: no quiero periodistas paleros del gobierno. Nunca. El periodismo debe investigar, cuestionar, denunciar y señalar al poder; esa es precisamente una de sus funciones fundamentales dentro de una democracia. Pero una cosa es fiscalizar al gobierno y otra muy distinta convertir cada error, cada rumor, cada declaración y cada sospecha en una bomba política, mientras los resultados positivos reciben apenas unos segundos de cobertura. Y es ahí donde empieza mi preocupación, porque pareciera que en algunos espacios informativos ya no existe únicamente una línea editorial, sino una posición política perfectamente identificable.

    El problema tampoco es exclusivo de quienes critican al gobierno. También existen comunicadores, medios y creadores de contenido cuya simpatía por Morena y la llamada Cuarta Transformación resulta evidente. Precisamente por eso debemos exigir lo mismo para todos: ni periodismo subordinado al gobierno ni periodismo subordinado a la oposición. Periodismo.

    México vive hoy una verdadera batalla por el control de la narrativa pública y esa batalla importa mucho porque durante décadas se habló de la prensa como el “cuarto poder”. Hoy ese poder continúa existiendo, pero ya no está solo. Frente a él apareció otro monstruo comunicativo: las redes sociales. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram y otras plataformas cambiaron completamente la manera en que millones de mexicanos reciben información. El Reuters Institute documentó en su Digital News Report 2026 que el 66 por ciento de los mexicanos consume noticias semanalmente mediante redes sociales, mientras que el alcance semanal de la televisión para informarse cayó al 34 por ciento. Hay otro dato todavía más revelador: solamente el 31 por ciento dice confiar en las noticias en general.

    Algo está pasando. La gente sigue consumiendo información, pero cada vez confía menos en quienes tradicionalmente se la proporcionaban, y eso representa un cambio político monumental. Antes, unos cuantos noticieros, periódicos y conductores tenían una capacidad enorme para decidir qué asunto dominaría la conversación nacional al día siguiente. Hoy cualquier ciudadano trae prácticamente una televisora en el bolsillo: puede grabar, transmitir, comparar, buscar otra versión o regresar diez años y encontrar un video donde un político decía exactamente lo contrario de lo que sostiene actualmente.

    Eso tampoco significa que las redes sociales hayan acabado con la manipulación. Simplemente la democratizaron. Hoy ya no solamente un gran medio puede construir una narrativa; también puede hacerlo un influencer, un político, un empresario, un partido, un creador de contenido o cualquier persona capaz de lograr que un video se vuelva viral. La tecnología no terminó con la mentira, la hizo más rápida, pero también hizo mucho más difícil monopolizar la verdad.

    Y ahí está una de las grandes diferencias entre el México actual y aquel México que conocimos hace algunas décadas. Recuerdo perfectamente la llegada de Vicente Fox. Nos vendieron “el cambio”. Fox se presentaba como un hombre diferente a los políticos tradicionales: las botas, la hebilla, el rancho, el lenguaje coloquial y la imagen de un hombre aparentemente alejado de los protocolos del viejo sistema. Millones de mexicanos de buena fe creyeron en aquello. Yo no. Nunca simpaticé particularmente con su proyecto político, aunque respeto a quienes sí lo hicieron.

    Lo cuento también desde mi propia historia. Nosotros veníamos de una formación esencialmente priista, no necesariamente por una cuestión doctrinaria, sino por la cercanía que durante muchos años tuvimos con funcionarios y personajes políticos del estado y de distintos municipios. Después llegaron los cambios, el PRI comenzó a hacerse pequeño, muchos amigos terminaron en el PAN y hoy muchos de ellos están en Morena. Así es la política mexicana. Algún día les contaré esas historias porque precisamente fue durante aquellos años, por ahí de los noventa y siendo yo todavía muy joven, cuando empecé a interesarme verdaderamente por la política.

    Pero volvamos al presente. Hoy vemos cosas que hace veinte o treinta años habrían parecido imposibles: Vicente Fox coincidiendo políticamente con el PRI y con personajes como Alejandro Moreno frente a un adversario común llamado Morena. La política mexicana tiene esas ironías. El hombre que llegó a Los Pinos representando la derrota histórica del PRI aparece décadas después compartiendo causas políticas con ese mismo partido. Hasta dónde hemos llegado en la política mexicana que aquello que antes parecía un chiste hoy aparece frente a nosotros como una fotografía perfectamente posible.

    Y no es solamente una anécdota. La oposición enfrenta una realidad electoral complicada y necesita encontrar discursos, personajes y estrategias capaces de disputar la conversación pública. Por eso considero que la verdadera elección de 2027 ya comenzó, y una parte fundamental de esa elección no se está disputando todavía en las urnas, sino en las pantallas, en los teléfonos, en las mañaneras, en los noticieros, en las columnas, en TikTok, Facebook, YouTube y X.

    Cada escándalo cuenta, cada error cuenta, cada fotografía cuenta, cada viaje cuenta, cada propiedad cuenta, cada declaración cuenta y también cada silencio cuenta. Por supuesto que resulta legítimo investigar el huachicol, la corrupción, la inseguridad, los contratos públicos, los posibles conflictos de interés y cualquier señalamiento contra funcionarios o familiares de políticos. Eso no solamente es válido, es indispensable. Pero el mismo rigor debería existir para contar lo que sí funciona.

    Cuando se inaugura un hospital, una carretera, un puente o una obra importante, cuando existe un resultado verificable en salud, infraestructura, empleo o seguridad, también es noticia. No porque deba hacerse propaganda al gobierno, sino porque informar significa presentar la realidad completa. Si un noticiero dedica diez minutos a un escándalo y apenas unos segundos a una obra pública importante está ejerciendo, por supuesto, su libertad editorial, pero también está construyendo una jerarquía informativa y las audiencias tienen derecho a preguntarse por qué.

    Del otro lado, el gobierno tampoco puede caer en la tentación de considerar enemigo a todo periodista que publique algo incómodo. Una democracia necesita prensa crítica y México, además, continúa enfrentando una realidad particularmente grave respecto a la seguridad de quienes ejercen el periodismo. Eso obliga a defender la libertad de expresión incluso cuando lo publicado nos moleste, porque una cosa es cuestionar la línea editorial de un medio y otra completamente distinta intimidar al periodista.

    Y aquí llegamos a la parte política. Presidenta Claudia Sheinbaum: creo que a su gobierno le hace falta fortalecer todavía más la operación política. No estoy hablando de comunicación social, estoy hablando de política. De aquella política que permite sentarse con adversarios, negociar sin rendirse, construir acuerdos, apagar incendios, abrir canales de comunicación y hacer respetar las instituciones aun frente a quienes piensan completamente distinto.

    México necesita en la Secretaría de Gobernación un enorme peso político. Lo digo sin demeritar la capacidad de la actual secretaria ni de quienes desempeñan responsabilidades dentro de su administración, pero considero que el momento exige operadores de muchísimo oficio, personajes capaces de hablar con aliados y adversarios y que conozcan perfectamente las entrañas del sistema político mexicano.

    Y voy a mencionar un nombre que seguramente provocará inmediatamente reacciones: Miguel Ángel Yunes Linares.

    Sí, Yunes.

    Sé perfectamente lo que representa ese apellido en Veracruz, conozco las controversias que lo han acompañado y sé que una propuesta de esta naturaleza recibiría ataques desde distintos frentes. Pero también conozco su trayectoria y una cosa no cancela la otra. Yunes Linares ha sido secretario general de Gobierno de Veracruz, funcionario de la Secretaría de Gobernación, director general de Prevención y Readaptación Social, subsecretario federal, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, director general del ISSSTE y gobernador de Veracruz.

    Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero difícilmente puede argumentarse que desconoce cómo funciona el poder político mexicano. Conoce al PRI, conoce al PAN, conoce al gobierno federal, conoce al Congreso, conoce Veracruz, conoce los temas de seguridad y conoce personalmente a muchos de quienes hoy participan en la confrontación política contra el gobierno.

    ¿Sería necesariamente la persona indicada? Eso solamente podría decidirlo la presidenta. Yo simplemente lo planteo como una reflexión y una sugerencia política. Quizá ha llegado el momento de recuperar aquellos perfiles capaces de sentarse frente al adversario y decirle que podemos pensar diferente, podemos enfrentarnos electoralmente y podemos cuestionar al gobierno todos los días, pero existen instituciones e investiduras que deben respetarse.

    Criticar a Claudia Sheinbaum es absolutamente legítimo. Cuestionar sus políticas es democracia. Pero el insulto y la descalificación personal no mejoran a la oposición ni fortalecen al país. Cuando personajes como Alejandro Moreno o el propio Vicente Fox elevan el tono hasta convertir la discusión política en espectáculo, terminamos empobreciendo un debate nacional que debería estar concentrado en problemas muchísimo más importantes.

    He visto antes momentos políticamente complicados y regreso inevitablemente a Veracruz. Recuerdo perfectamente cuando Miguel Ángel Yunes Linares dejó las filas del PRI en medio del proceso político que llevaría a Fidel Herrera Beltrán hacia la candidatura al gobierno de Veracruz. Recuerdo incluso una conversación personal con él en el Hotel Fiesta Americana. Me dijo algo que nunca olvidé: “Vienen cosas difíciles para Veracruz”.

    Lo recuerdo bien.

    Pasaron los años y Veracruz efectivamente atravesó tiempos muy difíciles. Particularmente durante el gobierno de Javier Duarte, el estado vivió una profunda crisis de inseguridad, corrupción y violencia, incluyendo una etapa especialmente dolorosa para el periodismo veracruzano. Son heridas que todavía forman parte de nuestra historia reciente y que tampoco debemos olvidar cuando hablamos de la relación entre medios y poder.

    Por eso esta confrontación entre gobierno, oposición y algunos medios debe observarse con muchísimo cuidado. México está políticamente polarizado. La oposición necesita reconstruirse, Morena necesita evitar la soberbia que históricamente termina acompañando a los partidos dominantes, el gobierno necesita aceptar la crítica y los medios necesitan distinguir investigación de militancia. Y nosotros, los ciudadanos, necesitamos aprender a distinguir información de propaganda, venga de donde venga.

    Porque en esta nueva época existe algo quizá todavía más poderoso que el llamado cuarto poder: la capacidad individual de decidir qué creemos.

    Hoy millones de mexicanos tienen acceso inmediato a distintas versiones de una misma historia y, aunque algunos piensen lo contrario, eso cambia completamente las reglas del juego. Nuestros dedos índices quizá ya estén desarrollando musculatura de tanto mover Facebook, TikTok e Instagram de arriba hacia abajo, pero ojalá también estemos desarrollando algo muchísimo más importante: criterio.

    La democracia no consiste en creerle siempre al gobierno, pero tampoco consiste en creerle siempre al periodista que más grita. Consiste en escuchar, comparar, investigar, pensar y después decidir.

    La guerra política rumbo a 2027 ya comenzó y esta vez quizá la batalla más importante no se libre solamente entre Morena, PAN, PRI o Movimiento Ciudadano. Se librará por algo muchísimo más valioso: la credibilidad.

    Y ahí, señoras y señores, absolutamente todos tendrán que demostrar de qué lado están.

    No del gobierno ni de la oposición.

    De México y de la verdad.

  • Veracruz: luto, política y preguntas sin respuesta

    Veracruz: luto, política y preguntas sin respuesta

    Un fin de semana muy agitado y particularmente triste para Veracruz nos deja pérdidas, preguntas todavía sin respuesta y movimientos políticos que vale la pena observar con mucha atención.

    La noticia que sacudió primero al estado y después al ámbito político nacional fue la muerte del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García, quien fue localizado sin vida el viernes 4 de septiembre en el municipio de Puente Nacional, Veracruz. Escobar era diputado federal de Morena por el Distrito 16, con cabecera en Córdoba, y antes había sido diputado local y secretario de Educación de Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

    Su muerte, por supuesto, no puede ni debe prestarse a conclusiones anticipadas.

    La Fiscalía General de la República atrajo la investigación debido precisamente al carácter federal del legislador, y hasta este momento será esa institución la que tendrá que establecer, mediante peritajes, necropsia y demás diligencias ministeriales, qué ocurrió y si estamos frente a un hecho criminal, un suicidio o cualquier otra hipótesis que pueda surgir de las investigaciones.

    La propia presidenta Claudia Sheinbaum pidió que sea la FGR la que informe sobre el caso, mientras que la gobernadora Rocío Nahle ha insistido en que existen distintas líneas de investigación y que hay que esperar los resultados oficiales.

    Y eso es precisamente lo que debemos hacer.

    Pero esperar no significa dejar de preguntar.

    Porque si las investigaciones llegaran a determinar que Zenyazen Escobar fue víctima de un crimen, estaríamos ante un hecho particularmente grave. Primero, y antes que cualquier cargo público, porque estamos hablando de la pérdida de una vida humana; pero además porque se trataba de un diputado federal en funciones, un personaje con una trayectoria importante dentro del grupo político que ha gobernado Veracruz durante los últimos años y alguien que conocía perfectamente la operación territorial y electoral de Morena.

    Zenyazen no era un desconocido dentro de ese movimiento. Había transitado del magisterio y la lucha sindical al Congreso local, posteriormente a la Secretaría de Educación y finalmente a la Cámara de Diputados. El Sistema de Información Legislativa lo registraba como diputado de mayoría relativa por el Distrito 16 de Veracruz desde agosto de 2024.

    Por eso la FGR tiene frente a sí una responsabilidad enorme: investigar sin especulaciones, pero también sin dejar ningún cabo suelto.

    La gobernadora Rocío Nahle acudió a despedir al legislador y expresó personalmente sus condolencias a la familia. En las exequias también apareció el exgobernador Cuitláhuac García, quien evidentemente se mostró afectado por la pérdida de quien durante años fue uno de sus colaboradores más cercanos.

    Y con mucha razón.

    Más allá de cargos y diferencias políticas, existía entre ambos una relación personal y política construida durante años. Fueron compañeros de proyecto, participaron en la consolidación de Morena en Veracruz y Zenyazen formó parte del primer círculo político del gobierno de Cuitláhuac.

    Aquí es donde entra esa mente conspirativa que de vez en cuando aparece en esta columna, pero precisamente por eso debemos marcar claramente la diferencia entre una pregunta y una acusación.

    Si algo debería preocupar en este momento es la seguridad de quienes han sido operadores políticos importantes, no solamente de Morena sino de cualquier partido. Los operadores territoriales, sociales y financieros conocen estructuras, campañas, recursos, acuerdos y personajes. En cualquier escenario de confrontación política o criminal son figuras particularmente sensibles.

    No estoy afirmando que la muerte de Zenyazen tenga relación con ello. Hasta hoy no existe información oficial que permita sostenerlo.

    Pero sí digo algo: hay que tener cuidado.

    Mucho cuidado.

    México no puede normalizar que un diputado federal aparezca muerto y que después simplemente pasemos a la siguiente noticia. Si fue un delito, queremos saber quién lo cometió y por qué. Si la investigación determina otra causa, también queremos conocerla. Lo importante es que exista una explicación técnica, transparente y convincente.

    Porque mientras no exista, las preguntas van a seguir ahí.

    Y mientras Morena enfrenta este momento doloroso, del otro lado del tablero político comenzaron también movimientos interesantes.

    En Veracruz se produjo una peculiar aproximación entre personajes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para hablar de la posibilidad de construir un frente opositor rumbo a 2027. Alejandro Moreno ha planteado públicamente la posibilidad de una alianza amplia y en los últimos días se han producido encuentros entre personajes de estos partidos.

    El problema es que todavía no terminaban de sentarse cuando comenzaron a aparecer las diferencias.

    Movimiento Ciudadano tiene razones para sentirse en una posición distinta a la de hace algunos años. No puede afirmarse que sea ya la segunda fuerza política nacional, porque los números no dicen eso, pero tampoco puede tratarársele como un partido testimonial.

    En la elección presidencial de 2024, Jorge Álvarez Máynez consiguió para MC más de 6.2 millones de votos, equivalentes a poco más del 10 por ciento de la votación. En la elección de diputados federales, Movimiento Ciudadano alcanzó aproximadamente 10.9 por ciento de los votos emitidos para las listas de representación proporcional, quedando muy cerca del PRI y consolidando una base electoral propia.

    Eso cambia las negociaciones.

    MC gobierna además dos entidades económicamente importantes, Nuevo León y Jalisco, y ha construido una identidad política que busca diferenciarse tanto de Morena como de la vieja alianza PRI-PAN. Por eso resulta lógico que Dante Delgado y los dirigentes naranjas no quieran llegar a una eventual coalición simplemente para ocupar el tercer asiento de una mesa.

    Hay votos que negociar, candidaturas que repartir y, sobre todo, una elección intermedia de 2027 que será determinante para medir el verdadero desgaste o fortaleza del movimiento encabezado por Morena.

    En Nuevo León existe además un ingrediente que ningún estratega político debería despreciar: las redes sociales.

    Mariana Rodríguez ha demostrado una capacidad extraordinaria para generar exposición pública y conectar con segmentos de población que la política tradicional difícilmente alcanza. Se podrá estar de acuerdo o no con Samuel García y con su administración, pero negar el peso político y comunicacional de Mariana sería simplemente no entender cómo funcionan hoy las campañas.

    Y precisamente por eso hay que tener cuidado con la forma en que se desarrolla la competencia política.

    La confrontación es parte de la democracia. La crítica también. Se vale cuestionar gobiernos, candidatos, decisiones y resultados. Lo que no debería normalizarse es convertir la discusión política en insultos personales, y mucho menos cuando éstos se dirigen contra una mujer.

    Hay muchas maneras de defender una posición política sin perder el respeto.

    Las elecciones de 2027 todavía parecen lejanas, pero en política año y medio pasa volando. Los partidos ya están moviendo sus piezas y Morena sabe perfectamente que conservar la mayoría legislativa será una de sus grandes prioridades. PRI, PAN y MC, por su parte, tendrán que decidir si juntos realmente suman o si sus diferencias terminan convirtiendo cualquier alianza en una fotografía de ocasión.

    Y cuando parecía que Veracruz ya había recibido suficientes noticias tristes durante el fin de semana, este domingo 6 de septiembre partió también una verdadera referencia de la radiodifusión veracruzana: don Félix Malpica Valverde.

    Su fallecimiento ocurrió durante la madrugada después de permanecer hospitalizado en un delicado estado de salud.

    Hablar de Félix Malpica es hablar de una época fundamental de la radio en Veracruz.

    Durante más de cinco décadas estuvo vinculado a la industria radiofónica y fue una de las figuras fundamentales de Grupo FM Multimedios, empresa que participó en el desarrollo y expansión de la frecuencia modulada en nuestro estado. Su trayectoria estuvo ligada no solamente a la administración de estaciones, sino a la transformación de la forma de hacer radio en Veracruz.

    Fue empresario, comunicador, innovador y, sobre todo, un enamorado de su puerto.

    Bohemio, jarocho y orgulloso de Veracruz, Félix disfrutaba su ciudad y formó parte de una generación de empresarios que entendieron que los medios de comunicación también podían convertirse en instituciones de la vida cotidiana de una comunidad.

    Durante décadas, políticos, empresarios, periodistas y personajes de la sociedad veracruzana pasaron frente a los micrófonos de los proyectos radiofónicos en los que participó.

    Pero quienes lo conocieron saben que detrás del empresario existía también el hombre que disfrutaba Veracruz, sus amigos, su música, su conversación y esa forma tan particular que tenemos los jarochos de sentirnos orgullosos de nuestro puerto.

    Desde esta columna enviamos nuestro más sentido pésame a toda la familia Malpica y muy especialmente a sus hijos, familiares, amigos y colaboradores.

    Descanse en paz don Félix Malpica Valverde.

    Se nos fue un personaje importante de la radio veracruzana.

    Y así termina un fin de semana extraño: uno que nos deja dos despedidas, muchas preguntas y un tablero político que comienza a moverse rumbo a 2027.

    Sobre Zenyazen, que investigue la FGR y que informe.

    Sobre la oposición, que se ponga de acuerdo si realmente pretende competir.

    Y sobre quienes hoy participan activamente en la política nacional y veracruzana, sean del color que sean, que se cuiden.

    Porque la competencia política debe darse en las urnas, en las ideas y en el debate.

    Nunca en la violencia.

  • México tiene memoria

    México tiene memoria

    No demerito el esfuerzo, la consistencia ni la determinación que ha mostrado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, hoy senador de la República y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, por recuperar votos y tratar de colocar nuevamente al PRI en una posición relevante dentro de la política mexicana. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero sería injusto negar que está dando una batalla frontal. Ha documentado señalamientos de corrupción, ha llevado acusaciones contra el gobierno mexicano a instancias internacionales y ha elevado considerablemente el tono de su confrontación política. En agosto de 2026 informó que acudió ante la Organización de las Naciones Unidas para denunciar lo que considera violaciones de derechos y libertades en México, además de otras acciones emprendidas en Estados Unidos. Alejandro Moreno parece haberse decidido a jugar políticamente el todo por el todo y, cuando declara que incluso su propia seguridad está en riesgo, pretende dejar claro que no piensa retroceder. Como dirigente de oposición podrá ser cuestionado por muchas cosas, pero difícilmente puede decirse que esté escondido o que haya bajado la guardia.

    El problema para Alejandro Moreno es que su adversario más difícil quizá no sea Claudia Sheinbaum, Morena o el gobierno federal. Su adversario más complicado es algo que ningún dirigente puede derrotar desde una tribuna: la memoria de los mexicanos. Porque México tiene memoria, y ése es probablemente el mayor problema que enfrenta el PRI cuando intenta convencer a la sociedad de que representa nuevamente una alternativa de gobierno. Durante décadas el PRI no solamente gobernó México: prácticamente se confundió con el propio Estado. Controló la Presidencia de la República, la inmensa mayoría de las gubernaturas, congresos, organizaciones sindicales y buena parte de la estructura institucional del país. Por eso resulta imposible pedirle hoy al ciudadano que juzgue al partido únicamente por lo que dice su actual dirigente. Cuando el PRI pide otra oportunidad, inevitablemente aparecen los recuerdos de lo que ocurrió cuando tuvo prácticamente todo el poder.

    Las generaciones más jóvenes quizá conozcan las grandes crisis económicas mexicanas solamente por lo que les cuentan sus padres o sus abuelos, pero millones de mexicanos todavía recuerdan perfectamente lo ocurrido. En agosto de 1982 México informó a sus acreedores que ya no podía cumplir plenamente con el servicio de su deuda externa, episodio que el Fondo Monetario Internacional identifica como el comienzo de la gran crisis latinoamericana de deuda. José López Portillo terminó su gobierno en medio de devaluaciones, inflación, fuga de capitales y una economía profundamente deteriorada, y Miguel de la Madrid recibió un país que durante años padecería las consecuencias. Después vendrían nuevas turbulencias hasta llegar a diciembre de 1994 y la crisis de 1995, cuando el PIB mexicano se contrajo alrededor de 6.2%. Para quienes vivieron aquellos años no se trata de una gráfica económica: hubo familias que perdieron casas, negocios, automóviles, ahorros y patrimonios construidos durante décadas; las tasas de interés se dispararon, el poder adquisitivo se desplomó y miles de hogares quedaron atrapados en deudas que parecían imposibles de pagar. Esa generación difícilmente puede escuchar hablar del antiguo modelo mexicano sin recordar lo que le costó sobrevivirlo.

    Después llegó otro capítulo todavía más doloroso: la violencia. Y aquí debemos ser históricamente justos, porque sería absurdo responsabilizar exclusivamente al PRI de toda la violencia mexicana. La llamada guerra contra el narcotráfico se intensificó durante el gobierno de Felipe Calderón, del PAN, y fue precisamente durante esos años cuando organizaciones como Los Zetas alcanzaron niveles aterradores de poder en distintas regiones del país. Los mexicanos conocimos palabras que nunca debieron normalizarse: levantones, cuotas, casas de seguridad, decapitados, fosas clandestinas. Comerciantes que pagaban extorsiones para poder abrir sus negocios, familias que evitaban viajar de noche, balaceras en plena ciudad y ciudadanos que simplemente desaparecían. Morena ni siquiera existía todavía como partido político nacional; obtuvo su registro hasta 2014. Por eso resulta poco serio pretender que la violencia mexicana nació en 2018. Lo que hoy padecemos tiene raíces mucho más antiguas, construidas durante décadas de impunidad, corrupción institucional, expansión del crimen organizado y complicidades políticas de distintos colores.

    Los veracruzanos sabemos perfectamente de qué estoy hablando. Quienes vivimos aquellos años recordamos lo que significaba escuchar historias de secuestros, extorsiones, desapariciones y enfrentamientos. Y después llegó uno de los símbolos nacionales de la corrupción política: Javier Duarte de Ochoa, gobernador priista de Veracruz entre 2010 y 2016. Duarte terminó declarándose culpable en un proceso federal y en 2018 fue condenado a nueve años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Su nombre dejó de representar únicamente a un exgobernador para convertirse en un símbolo de una época. ¿Cómo pedirle entonces a un veracruzano que simplemente olvide? Veracruz también recuerda los años de Fidel Herrera y la transformación que sufrió la seguridad del estado durante aquella época. Podemos discutir responsabilidades específicas y debemos evitar adjudicar delitos sin sentencia, pero lo que nadie puede borrar es la percepción y la experiencia de una sociedad que vio deteriorarse dramáticamente su entorno.

    Y Veracruz ofrece además otro ejemplo de las decisiones que durante años fueron presentadas bajo el lenguaje de la modernización. En 2015 se entregó por treinta años la operación del sistema de agua de Veracruz y Medellín a una empresa mixta en la que participaron capitales privados, entre ellos Odebrecht Ambiental y Aguas de Barcelona. La documentación del propio ORFIS acredita aquella estructura. Se nos dijo durante décadas que privatizar significaba modernizar, invertir y hacer más eficientes los servicios. La pregunta, después de años de controversias por tarifas, servicio e infraestructura, sigue siendo válida: ¿realmente mejoró la vida del ciudadano? Porque privatizar por sí mismo nunca fue garantía de eficiencia; cuando una concesión pública carece de suficiente competencia, vigilancia y rendición de cuentas, lo único que puede cambiar es quién cobra la factura.

    Lo mismo puede preguntarse sobre el modelo energético que durante años privilegió la participación de grandes compañías extranjeras. Iberdrola llegó a convertirse en uno de los actores privados más importantes del sector eléctrico mexicano y desarrolló numerosas centrales, particularmente de ciclo combinado. Sus defensores argumentarán, con razón, que la inversión privada aportó capacidad de generación, capital y tecnología. Pero el ciudadano común tiene derecho a hacer una pregunta mucho más sencilla: ¿esa transformación se reflejó proporcionalmente en tarifas eléctricas más bajas para las familias? Si el argumento era que abrir sectores estratégicos al capital privado necesariamente produciría mejores servicios y menores costos, entonces los resultados también deben evaluarse desde el recibo que llega a la casa y no solamente desde los estados financieros de las empresas.

    Pero el problema histórico del PRI es todavía más profundo porque la memoria mexicana tiene nombres y apellidos: Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Mario Marín, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y otros personajes que, con situaciones jurídicas diferentes que deben distinguirse con rigor, terminaron asociados públicamente con escándalos, investigaciones o procesos que dañaron profundamente la imagen del partido. Tomás Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas, fue condenado en Estados Unidos en 2023 a nueve años de prisión después de declararse culpable de aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizar parte de esos recursos para adquirir propiedades en Estados Unidos. César Duarte fue extraditado desde Estados Unidos a México en 2022 para enfrentar acusaciones relacionadas con peculado y asociación delictuosa. Mario Marín continúa vinculado judicialmente al caso de la periodista Lydia Cacho. Roberto Borge pasó años privado de la libertad y, aunque en 2026 fue absuelto del cargo de delincuencia organizada dato que también debe decirse continuó enfrentando otro proceso bajo prisión domiciliaria. Humberto Moreira fue durante años objeto de fuertes cuestionamientos relacionados con la deuda de Coahuila, aunque sería irresponsable convertir acusaciones políticas en condenas que jurídicamente no existen.

    Ésa es precisamente la diferencia entre memoria y propaganda. No necesitamos inventarle nada al pasado para entender por qué el PRI tiene dificultades para reconstruirse. Los tamaulipecos recuerdan a Yarrington; los chihuahuenses, a César Duarte; los poblanos, a Mario Marín; los quintanarroenses, a Roberto Borge; los veracruzanos, a Javier Duarte. Cada entidad conserva sus propias historias, y ésas pesan mucho más que cualquier espectacular de campaña. Alejandro Moreno puede recorrer el país denunciando los errores de Morena y seguramente encontrará muchos que señalar, pero antes de pedirle al ciudadano que vuelva a confiar en el PRI necesita responder una pregunta muchísimo más complicada: ¿qué hizo el PRI para garantizar que aquello no vuelva a ocurrir?

    Ahora bien, tampoco podemos convertir esta reflexión en propaganda para Morena. México no se transformó mágicamente en un país perfecto en diciembre de 2018. Sigue existiendo corrupción, siguen existiendo homicidios, extorsiones y desapariciones, existen regiones donde el crimen organizado conserva un poder intolerable, hay deficiencias graves en servicios de salud y existen decisiones del gobierno que merecen ser cuestionadas. La oposición tiene no solamente el derecho, sino la obligación de investigar y denunciar. México necesita contrapesos, instituciones fuertes, periodistas incómodos y partidos capaces de fiscalizar al poder. Si Alejandro Moreno presenta pruebas de corrupción, deben investigarse independientemente de quién resulte involucrado. Y si funcionarios de Morena cometen delitos, deberán responder exactamente igual que los funcionarios del PRI o del PAN. La memoria no puede ser selectiva.

    Pero tampoco puede ignorarse que el México actual presenta indicadores sociales que ayudan a explicar por qué una parte importante de la población continúa respaldando el proyecto político iniciado en 2018. El salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte llegó a 440.87 pesos diarios. La CONASAMI calcula una recuperación acumulada muy importante del poder adquisitivo durante ese periodo. Asimismo, la medición de pobreza multidimensional reportó una reducción de 41.9% de la población en 2018 a 29.6% en 2024, equivalente a aproximadamente 13.4 millones de personas menos en condición de pobreza. Habrá quienes atribuyan esa reducción a los programas sociales, quienes destaquen el aumento salarial y quienes señalen otros factores económicos; probablemente exista una combinación de todos ellos. Lo importante es reconocer que para millones de mexicanos esos cambios son tangibles y tienen un peso político enorme.

    También existe una apuesta evidente por la infraestructura pública. El país ha vuelto a hablar de trenes de pasajeros, carreteras, hospitales, puertos, energía y grandes proyectos de inversión gubernamental. La administración de Claudia Sheinbaum anunció un programa de infraestructura pública y mixta de varios billones de pesos hacia 2030, así como decenas de proyectos hospitalarios y más de dos mil kilómetros de infraestructura ferroviaria proyectada. Naturalmente habrá que evaluar cuánto cuestan esas obras, si se terminan a tiempo, si funcionan, si los contratos fueron transparentes y si producen el beneficio prometido. Ésa es precisamente la tarea de una oposición responsable. Pero políticamente existe una diferencia importante: mientras durante décadas se dijo que el Estado debía retirarse de numerosos espacios económicos, hoy existe nuevamente una visión donde el Estado pretende ser un participante activo en infraestructura y desarrollo.

    Por eso, sinceramente, cuando observo al gobierno actual no veo aquella caricatura simplista que durante años algunos sectores han intentado vender de un México convertido inevitablemente en una economía socialista. Veo un país donde continúan operando bancos privados, constructoras privadas, industrias, comercios, desarrolladores inmobiliarios, inversión extranjera y grandes corporaciones, pero al mismo tiempo existe una política de incremento salarial, programas sociales y mayor participación gubernamental en determinados sectores estratégicos. Se puede estar de acuerdo o no con ese modelo, pero reducir toda discusión a “comunismo contra democracia” empobrece enormemente el debate.

    Y aquí es donde PRI y PAN enfrentan posiblemente su mayor problema hacia el futuro. No basta con decirle a México que Morena está equivocado. Tienen que explicar qué ofrecen ellos que sea mejor y, sobre todo, por qué el ciudadano debería creerles. El PRI obtuvo aproximadamente 11% de la votación en la elección federal de diputados de 2024, mientras Morena superó el 40%. Es una diferencia brutal para un partido que alguna vez gobernó prácticamente todo el territorio nacional. Ese resultado demuestra que la crisis del PRI no existe únicamente en las encuestas o en los comentarios de redes sociales: está escrita en las urnas.

    Alejandro Moreno puede denunciar, confrontar, viajar a Washington, acudir ante organismos internacionales y levantar la voz desde el Senado. Puede reconstruir estructuras territoriales y buscar candidatos competitivos. Puede incluso lograr que el PRI recupere algunos espacios. Pero su verdadera batalla no es contra Claudia Sheinbaum. Su batalla es contra las imágenes que aparecen en la mente de millones de mexicanos cuando escuchan las tres letras de su partido. Contra el padre que perdió un negocio durante una crisis, contra la familia que vio multiplicarse una deuda hipotecaria, contra el comerciante que pagó derecho de piso, contra el ciudadano que vivió los años más violentos de Tamaulipas o Veracruz, contra quienes vieron gobernadores salir de sus palacios de gobierno para terminar enfrentando tribunales y prisiones.

    Eso no significa que Morena tenga garantizado eternamente el respaldo popular. Sería un enorme error que sus dirigentes lo creyeran. Morena también está construyendo desde ahora la memoria con la que será juzgado mañana. Cada caso de corrupción que no investigue, cada acto de impunidad que tolere, cada familia víctima de violencia que no pueda proteger, cada hospital que no funcione, cada obra que desperdicie recursos públicos y cada abuso de poder que permita terminarán algún día formando parte de su propio expediente histórico. Ningún partido tiene derecho de propiedad sobre México y ningún gobierno puede escapar indefinidamente del juicio de sus ciudadanos.

    Por eso reconozco el esfuerzo de Alejandro Moreno. México necesita oposición y necesita dirigentes dispuestos a enfrentar al poder. Pero una cosa es reconocer su batalla y otra muy distinta pensar que los mexicanos están dispuestos a regresar automáticamente a lo que existía antes. El PRI y el PAN necesitan ofrecer algo más profundo que nostalgia, alianzas electorales o rechazo a Morena. Necesitan construir una propuesta para el México que viene y demostrar, con hechos y no únicamente con discursos, que entendieron las razones por las que millones de ciudadanos les dieron la espalda.

    Porque los gobiernos cambian, los presidentes terminan sus sexenios, los gobernadores dejan los palacios, los dirigentes nacionales eventualmente entregan sus cargos y hasta los partidos que parecían eternos pueden desaparecer. Lo que permanece es lo vivido por la gente. Alejandro Moreno puede librar muchas batallas políticas y quizá ganar algunas de ellas, pero la más difícil no se libra en el Senado, en Washington, en Nueva York ni frente a Claudia Sheinbaum. Se libra dentro de la memoria colectiva de un país que ha vivido demasiado como para olvidar fácilmente.

    Y México tiene memoria.

  • ¿Y si la historia así fue?

    ¿Y si la historia así fue?

    En mi columna anterior escribí una historia sobre cómo pudieron haberse movido durante años aquellos cargamentos de petróleo, gasolina y diésel en la llamada época dorada del huachicol fiscal, o, para decirlo sin darle tantas vueltas, durante uno de los grandes robos a la nación. Aquel texto no pretendía acusar a nadie ni presentar como hechos cosas que yo no podía probar; era un ejercicio para tratar de entender cómo una operación de semejante tamaño podía atravesar carreteras, puertos, aduanas y retenes sin que necesariamente cada persona que encontraba en el camino conociera lo que realmente estaba ocurriendo. Ahí escribí sobre la famosa charola, esa vieja institución informal mexicana que durante décadas abrió puertas, detuvo investigaciones y provocó que más de uno prefiriera no hacer demasiadas preguntas. Pero también escribí algo que hoy me parece todavía más interesante: la charola ni siquiera tiene que existir. Puede ser invisible. A veces basta utilizar un nombre, decir que se conoce a determinada persona o pronunciar aquella frase que durante tantos años tuvo un significado muy particular en México: “traemos línea de México”.

    Y ahora, conforme uno conoce fragmentos de investigaciones, declaraciones, conversaciones y expedientes relacionados con el huachicol fiscal, aquella historia ficticia empieza por momentos a parecer menos disparatada de lo que parecía cuando la escribí. No estoy diciendo que ocurrió exactamente como lo imaginé ni que existió aquella llamada desde una carretera o que determinado operador pronunciara esas palabras. Estoy hablando del mecanismo. De la posibilidad de utilizar una cercanía real o inventada con el poder para hacer creer a quien está enfrente que detener un camión, revisar un pedimento o hacer demasiadas preguntas puede significar meterse en un problema mayor. Porque ésa es otra característica muy mexicana del poder: no solamente importa tenerlo, también puede ser suficiente convencer a los demás de que uno lo tiene. Y aquí es precisamente donde comienzan mis dudas, porque entre más leo sobre este asunto más preguntas encuentro y menos dispuesto estoy a aceptar algunas conclusiones que se presentan como si ya estuvieran demostradas.

    La primera es por qué parece existir una necesidad casi desesperada de que Andrés Manuel López Obrador o alguno de sus hijos tenga que aparecer forzosamente involucrado en la operación. Si existen pruebas, que se presenten. Si hay transferencias bancarias, instrucciones, llamadas, sociedades, cuentas, testimonios corroborados o documentos que acrediten una participación delictiva, que la Fiscalía investigue y que los responsables respondan, se llamen como se llamen. Pero existe una diferencia enorme entre que un presunto delincuente diga conocer a alguien y que efectivamente lo conozca; otra todavía mayor entre conocerlo y que esa persona participe en un delito. Cualquiera que haya vivido alrededor de la política mexicana sabe cuántas veces alguien asegura: “yo conozco al gobernador”, “yo hablo con el secretario”, “eso ya está autorizado arriba”, cuando quizá el gobernador ni sabe quién es. Precisamente ésa era la idea de la charola invisible: utilizar el poder de otro, muchas veces sin que ese otro siquiera se entere.

    La segunda pregunta es por qué se repite que una operación de semejante tamaño necesariamente tenía que ser conocida por todo el Gobierno federal. Puede haber funcionarios involucrados y precisamente eso debe investigarse, puede haber corrupción en aduanas, autoridades que voltearon hacia otro lado, empresarios que compraron voluntades, militares, agentes, intermediarios y redes completas. Pero de ahí a concluir que por existir una operación criminal grande necesariamente el presidente de la República tenía conocimiento existe una distancia considerable. Si aceptáramos ese razonamiento tendríamos que aplicarlo también a Estados Unidos: ¿cómo es posible que el país con algunas de las agencias de inteligencia y seguridad más poderosas del mundo no haya podido impedir durante años la entrada de toneladas de drogas y, particularmente, el crecimiento del fentanilo? ¿Debemos concluir entonces que el Gobierno estadounidense participa en el tráfico? Evidentemente no. Los Estados no son omniscientes. Dentro de ellos existen instituciones, burocracias, corrupción, fallas de inteligencia, información fragmentada y funcionarios que pueden actuar por su cuenta. La pregunta periodística interesante no es “¿cómo no iba a saber el Gobierno?”, sino algo mucho más concreto: ¿quién sabía?, ¿desde cuándo?, ¿qué información tenía?, ¿qué hizo con ella? y, sobre todo, ¿hasta dónde llegaron realmente las complicidades?

    Y hay una tercera pregunta que para mí puede ser todavía más importante: ¿desde cuándo sucede todo esto? Porque pareciera que descubrimos el huachicol fiscal ayer y que necesariamente debemos colocarlo dentro de un solo sexenio, cuando existen antecedentes de contrabando, subvaluación, evasión fiscal y comercio ilegal de combustibles desde mucho antes. Si queremos entender verdaderamente el fenómeno habrá que reconstruirlo hacia atrás y revisar cuándo comenzó a crecer, qué cambios regulatorios lo facilitaron, qué empresas participaron, quién vendía el combustible en Estados Unidos, quién lo transportaba, quién hacía los pedimentos, quién lo recibía en México, quién facturaba y dónde terminaba el dinero. Porque el combustible no aparece mágicamente en la frontera. Para que exista huachicol fiscal de esta naturaleza tiene que existir una cadena completa a ambos lados. Reducir todo ese entramado a encontrar un apellido políticamente atractivo puede servir para ganar audiencia, pero difícilmente sirve para entender uno de los negocios ilícitos más grandes que ha enfrentado México.

    Y mientras tratamos de resolver ese rompecabezas, la política mexicana nos regala otro capítulo de esa relación tan peculiar entre Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña. Yo ya no sé si son adversarios o admiradores profesionales el uno del otro; quizá deberían ir un día a comer y platicar tranquilamente de sus vidas, porque no dudo que ambas sean interesantes, pero ¡híjole!, cuando se encuentran se dan con todo. Esta vez el motivo volvió a ser una visa estadounidense y, más allá del espectáculo político, hubo algo en la respuesta de Noroña que me pareció bastante lógico: no todos los mexicanos tienen visa, millones no la necesitan y muchos probablemente jamás han pensado viajar a Estados Unidos. Una visa es una autorización administrativa que otro país concede o retira conforme a sus propias reglas; no es certificado de buena conducta expedido por Dios. Sin embargo, hemos llegado al extremo de interpretar que si Estados Unidos cancela una visa entonces el afectado automáticamente debe ser delincuente. No funciona así. Una visa cancelada no es una orden de aprehensión, no es una sentencia y ni siquiera necesariamente implica la existencia de un proceso penal.

    Y ahí aparece otra de esas contradicciones maravillosas de nuestra conversación pública. Mi compañero y director de este medio, Manuel Pedrero, publicó esta semana una lista pequeña pequeñísima si uno piensa en la dimensión histórica del fenómeno de personajes relacionados con organizaciones criminales que terminaron en Estados Unidos cooperando con sus autoridades. El sistema estadounidense lleva décadas utilizando testigos colaboradores, informantes y antiguos integrantes de organizaciones criminales para construir casos contra otros delincuentes. Algunos reciben reducciones de sentencia; otros pueden entrar en esquemas de protección o reubicación. Eso no significa, como a veces se cuenta coloquialmente, que tengan permiso para violar las leyes estadounidenses o que puedan cometer cualquier infracción y solamente llamar a su agente federal. Jurídicamente no funciona así. Pero sí demuestra una realidad incómoda: una persona puede haber pertenecido realmente a una organización criminal y posteriormente recibir beneficios por cooperar con la justicia estadounidense, mientras en México somos capaces de considerar culpable a alguien simplemente porque perdió una visa. Algo no cuadra en nuestra escala de valores probatorios.

    Pensaba precisamente en todo esto mientras manejaba por una carretera de Texas y entonces se me ocurrió otra pregunta: ¿por qué buena parte de nuestros medios dedica tanto tiempo a las visas, a Alito, a la siguiente pelea de Noroña, a lo que prepara la oposición grande o pequeña para las elecciones que vienen, pero dedica mucho menos tiempo a investigar los hospitales que se están construyendo, las viviendas del Bienestar, las carreteras que se amplían, los puentes, las escuelas nuevas o las que están siendo rehabilitadas? Y quiero ser muy preciso porque reconocer una obra pública no significa convertirse en propagandista del Gobierno. Al contrario: hay que ir a verla, revisar cuánto costó, quién obtuvo el contrato, cuándo debía terminarse y si verdaderamente funciona. Eso también es periodismo. Si un hospital fue anunciado, vayamos a comprobar si tiene médicos y medicamentos; si se prometieron viviendas, contemos cuántas se construyeron y cuántas se entregaron; si se anuncia una carretera, recorrámosla. Pero ignorar deliberadamente todo aquello que funciona porque no coincide con la línea editorial de que México está permanentemente al borde del desastre tampoco es periodismo.

    Yo veo un esfuerzo importante del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en infraestructura, vivienda, salud y educación. Eso no significa que no existan errores ni que debamos dejar de investigar corrupción, inseguridad o cualquier posible irregularidad. Al contrario, precisamente porque se manejan recursos públicos hay que vigilar todavía más. Pero una cosa es fiscalizar al poder y otra muy distinta construir todos los días una narrativa donde absolutamente nada puede salir bien. Hay noticieros que uno termina de ver y siente que México dejó de existir mientras estaba uno cenando. En esos casos casi entiendo aquella recomendación de “no vean TV Azteca”, aunque yo propondría algo menos radical: si un noticiero solamente le produce coraje, cambie de canal y vea una caricatura o una película vieja. Pedro Infante, Cantinflas, Tin Tan, lo que encuentre. Seguramente terminará de mejor humor. Hay periodistas que parecen expresarse con el intestino y uno imagina que después de terminar el programa deben apagar el micrófono y tomarse un omeprazol.

    A mí me sucede cuando me dicen que vea Latinus porque “hay que escuchar todas las versiones”. Lo intento, de verdad que lo intento, pero termino afligido y convencido de que en mi México no quedó piedra sobre piedra. Después busco otros medios, comparo versiones, reviso documentos y cifras y generalmente encuentro un país bastante más complejo: México tiene problemas enormes, pero también tiene cosas funcionando; tiene corrupción que investigar y obras que reconocer; tiene delincuentes y servidores públicos honestos; tiene huachicol y tiene carreteras; tiene políticos peleándose por visas y millones de mexicanos que mañana se levantarán a trabajar sin visa, sin pensar en una visa y sin necesitar una visa estadounidense para absolutamente nada.

    Quizá ése sea finalmente el problema de fondo. Hemos confundido información con militancia, sospecha con prueba y crítica con destrucción. Si mañana aparece evidencia sólida de que Andrés Manuel López Obrador, uno de sus hijos, un secretario, un almirante, un empresario o cualquier otra persona participó en el huachicol fiscal, que se investigue y se publique. Pero exactamente el mismo estándar debe aplicarse cuando la evidencia no existe. No podemos rellenar los espacios vacíos de una investigación con aquello que políticamente nos gustaría que hubiera ocurrido.

    Y por eso regreso a aquella carretera imaginaria de mi columna anterior. Quizá aquella pipa sí pasó un retén. Quizá hubo una llamada. Quizá alguien dijo que traía línea de México. Quizá el agente creyó que la orden venía desde arriba y decidió dejarla pasar. O quizá no ocurrió absolutamente nada de eso. Eso tendrán que establecerlo las investigaciones. Lo que sí sabemos por experiencia es que en México existe el poder real y existe también algo mucho más barato y a veces igual de efectivo: hacer creer a los demás que uno tiene poder.

    La charola pudo haber existido.

    O pudo haber sido invisible.

    O quizá nunca hubo charola.

    Tal vez solamente hubo un nombre.

    Y precisamente por eso, antes de condenar a cualquiera, sigo prefiriendo una costumbre bastante antigua del periodismo: preguntar, buscar, contrastar, documentar y después publicar. Porque una visa puede desaparecer, un político puede mentir, un delincuente puede presumir relaciones que nunca tuvo, un gobierno puede equivocarse y hasta un periodista puede acertar por casualidad.

    Pero para acusar a alguien de un delito hace falta algo bastante más importante que todo eso.

    Hacen falta pruebas.

  • Traemos línea de México

    Traemos línea de México

    Hace algunos años, cuando todavía existían la Procuraduría General de la República y aquella famosa y también temida Policía Judicial Federal, había dos palabras que podían cambiar inmediatamente el ambiente de cualquier lugar: “somos federales”. Quienes vivimos aquellos años seguramente recordamos la imagen. Las credenciales, las placas las famosas charolas, los radios, las armas y aquellos vehículos grandes que uno aprendía a relacionar con agentes federales: Grand Marquis, Suburban y otros automóviles que, al aparecer acompañados de determinados personajes, provocaban pocas preguntas y muchas puertas abiertas.

    Yo particularmente recuerdo aquellos años en Veracruz, cuando llegaron personajes procedentes del norte del país que durante mucho tiempo se movieron por la zona presentándose como agentes o personas relacionadas con autoridades federales. Enseñaban credenciales, charolas, portaban radios, armas y utilizaban vehículos similares a los que todos asociábamos con las corporaciones federales. Ése es mi recuerdo personal y no pretendo afirmar hoy quiénes eran realmente aquellas personas. Lo importante es recordar el efecto que producía la sola apariencia de autoridad. Cuando alguien decía que era de la Judicial Federal, pocos tenían interés en averiguar demasiado.

    Y precisamente ahí está el origen de esta reflexión. Porque han cambiado las instituciones, desaparecieron corporaciones, aparecieron otras y México es un país muy diferente al de aquellos años, pero hay algo que probablemente no ha desaparecido: el poder de un nombre, de una recomendación o de una supuesta autorización superior.

    La famosa “charola” no siempre necesita ser física.

    A veces puede ser invisible.

    Pensemos en una historia completamente ficticia. No estoy afirmando que sucedió de esta manera ni atribuyendo esta conversación a funcionario, político, empresario, militar o institución alguna. Es solamente un ejercicio para entender cómo funciona la percepción del poder dentro de una estructura jerárquica.

    Imaginemos una carretera mexicana. Un tractocamión con una pipa cargada de combustible avanza desde el sureste hacia otra parte del país. Una patrulla federal le marca el alto. El oficial solicita la documentación y comienza a hacer preguntas. El conductor responde: “Jefe, yo solamente manejo. Hable con mi patrón”. Marca un número y entrega el teléfono.

    Del otro lado alguien responde tranquilamente:

    “Comandante, estamos trabajando con autorización. Traemos línea de México. Vienen más unidades detrás. Cualquier problema me habla directamente”.

    PUM.

    ¿Qué hace el oficial?

    En el México institucional que debería existir, la respuesta es sencilla: verifica documentos, consulta bases de datos, confirma permisos, determina la procedencia del combustible y, si encuentra alguna irregularidad, actúa conforme a la ley.

    Pero también existe el factor humano.

    El oficial puede preguntarse: ¿y si realmente viene autorizado desde arriba? ¿A quién tengo que llamar para verificarlo? ¿Qué sucede si termino metiéndome en un asunto que está por encima de mi nivel? ¿Voy a arriesgar mi puesto por detener un cargamento cuya apariencia es legal y cuyo responsable asegura contar con autorización superior?

    Y entonces puede ocurrir algo extraordinariamente sencillo:

    “Pásele. Buen viaje”.

    La charola nunca apareció.

    Por eso resulta interesante observar lo que las propias autoridades mexicanas han descubierto alrededor del llamado huachicol fiscal. Aquí dejamos la ficción y entramos en hechos públicamente documentados.

    El 31 de marzo de 2025, autoridades federales informaron del aseguramiento de aproximadamente 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas. En aquel operativo también fueron asegurados 192 contenedores y 23 tractocamiones con remolque. Posteriormente, en Coahuila, las autoridades aseguraron 129 carrotanques ferroviarios con aproximadamente 15 millones 480 mil litros de hidrocarburo cuya legal procedencia y traslado, de acuerdo con la información oficial, no pudieron acreditarse. Para julio de ese mismo año, el Gobierno federal informaba que desde octubre de 2024 se habían asegurado casi 70 millones de litros de combustible en diferentes acciones contra este mercado ilícito.

    Pero quizá el dato que mejor demuestra la complejidad del fenómeno apareció cuando las investigaciones comenzaron a alcanzar estructuras que iban mucho más allá de los conductores de las unidades. En septiembre de 2025, el Gabinete de Seguridad informó sobre 14 detenciones relacionadas con el mercado ilícito de combustibles: tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas. La información oficial señaló la utilización de documentación apócrifa y la participación dentro de la logística investigada de empresas transportistas, agencias aduanales y servidores públicos.

    Eso es lo que verdaderamente debería hacernos pensar.

    Ya no estamos hablando solamente de la imagen tradicional del huachicolero perforando clandestinamente un ducto durante la madrugada. Estamos hablando de barcos, puertos, aduanas, trenes, carrotanques, pipas, empresas, documentos, patios de almacenamiento y millones de litros desplazándose físicamente de un lugar a otro.

    Una operación de semejante magnitud necesita logística.

    Necesita conductores, rutas, documentos, almacenamiento, compradores, vendedores y una enorme cadena de personas que, directa o indirectamente, hacen posible que el producto llegue desde su punto de origen hasta su destino.

    Entonces aparece inevitablemente una pregunta:

    ¿Cómo puede moverse algo tan grande sin que alguien lo detenga?

    Y aquí regreso a aquella llamada telefónica ficticia.

    Tendemos a imaginar que para que una operación ilegal de enormes dimensiones funcione es necesario comprar a cada policía, cada funcionario, cada inspector y cada persona que aparece en el camino.

    Tal vez no.

    Quizá ésa sea precisamente una de las claves para comprender determinados fenómenos de corrupción: no todos necesitan estar involucrados.

    Algunos pueden recibir dinero. Otros pueden recibir instrucciones. Algunos pueden tener miedo. Otros pueden cometer errores. Otros simplemente pueden creer que alguien con mayor autoridad ya revisó aquello y lo autorizó.

    Incluso podría ocurrir algo todavía más sencillo: que la famosa “línea” ni siquiera exista.

    Ésa es quizá la parte más fascinante del fenómeno.

    Una vez que una persona descubre que mencionar una supuesta autorización superior funciona, otros pueden comenzar a utilizar exactamente la misma historia. Pasó una pipa. Después cinco. Luego veinte. Después cien. Los primeros descubrieron que nadie preguntaba demasiado y los siguientes simplemente repitieron la fórmula.

    Con el tiempo podría llegar un momento en el que nadie sepa dónde comenzó realmente aquella supuesta autorización.

    Unos pagan.

    Otros cobran.

    Otros protegen.

    Otros simplemente voltean hacia otro lado.

    Y eventualmente aparece otro actor inevitable cuando un negocio ilegal comienza a mover cantidades extraordinarias de dinero en determinados territorios: el crimen organizado.

    No necesariamente porque haya creado originalmente el negocio, sino porque descubre algo demasiado grande y demasiado rentable moviéndose dentro de una zona donde ejerce influencia. Entonces también puede reclamar una cuota, una participación o simplemente imponer sus propias condiciones.

    Y ahí la situación se vuelve todavía más complicada.

    Porque el funcionario que encuentra una operación semejante podría enfrentarse a dos percepciones simultáneas: por un lado, alguien asegurándole que existe autorización superior; por el otro, el conocimiento de que detrás de determinados movimientos económicos puede existir también una organización criminal.

    ¿Quién quiere hacer esa llamada?

    Siempre he pensado que algunos grandes negocios ilegales se parecen a dejar un billete de 500 pesos tirado en medio de una banqueta transitada.

    Podemos discutir durante horas quién debería recogerlo.

    Pero sabemos que alguien terminará haciéndolo.

    Ahora imaginemos que en lugar de 500 pesos hablamos de millones o incluso miles de millones.

    Entonces ya no habrá solamente una persona intentando levantar el billete.

    Aparecerán empresarios, intermediarios, funcionarios corruptos, prestanombres, transportistas, organizaciones criminales y cualquiera que descubra una manera de obtener una parte.

    Mientras el dinero continúe apareciendo, la estructura seguirá creciendo.

    Y quizá eso explique por qué determinadas redes criminales o de corrupción terminan adquiriendo dimensiones que años después parecen imposibles de comprender.

    No necesariamente nacieron gigantes.

    Se volvieron gigantes porque durante demasiado tiempo funcionaron.

    Por eso, cuando finalmente aparecen millones de litros de combustible, decenas de vehículos, barcos, trenes, empresas y servidores públicos investigados, solemos formular una pregunta aparentemente lógica:

    ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta?

    Tal vez ésa no sea la pregunta correcta.

    Quizá deberíamos preguntar cuántos sí se dieron cuenta pero pensaron que alguien más ya había autorizado aquello. Cuántos escucharon una supuesta recomendación y decidieron no preguntar. Cuántos recibieron una llamada. Cuántos pensaron que verificar podía meterlos en problemas. Cuántos asumieron que, si una operación podía moverse con semejante tranquilidad, necesariamente alguien había revisado antes los documentos.

    Y también, por supuesto, cuántos simplemente cobraron para dejarla pasar.

    No conocemos todas esas respuestas y sería irresponsable inventarlas. Las investigaciones deberán establecer responsabilidades individuales y cualquier persona acusada tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario.

    Pero los hechos oficialmente reconocidos sí permiten una conclusión mucho más sencilla: el mercado ilícito de combustibles alcanzó una escala logística suficientemente grande para involucrar transporte terrestre, ferroviario y marítimo, instalaciones, documentación, empresas y servidores públicos investigados.

    Y eso debería interesarnos mucho más que cualquier nombre.

    Porque los gobiernos cambian.

    Los presidentes cambian.

    Los partidos cambian.

    Los funcionarios cambian.

    Pero si una estructura institucional permite que la sola percepción de una orden superior sustituya a la obligación de verificar, el problema puede sobrevivir a todos ellos.

    Por eso regresé mentalmente a Veracruz y a aquellos años de los judiciales federales.

    No porque ambas historias sean iguales.

    Sino porque entendí que existe algo que puede atravesar distintas épocas de México: el poder que nosotros mismos otorgamos a la apariencia de tener poder.

    Antes había que enseñar la charola.

    Después quizá bastaba con traer el radio, el arma, el vehículo correcto y conocer a la persona indicada.

    Hoy quizá ni siquiera haga falta eso.

    Puede bastar un teléfono.

    Un nombre que nadie conoce.

    Una llamada.

    Y cinco palabras:

    “Traemos línea de México, comandante”.

    El verdadero problema comienza cuando nadie se atreve a hacer la pregunta más sencilla de todas:

    ¿Quién lo autorizó?

  • VISAS, DENUNCIAS Y NARCOCANDIDATOS: LOS NUEVOS TIEMPOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

    VISAS, DENUNCIAS Y NARCOCANDIDATOS: LOS NUEVOS TIEMPOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

    La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado una nueva tormenta política en México y, como sucede frecuentemente en estos tiempos, inmediatamente aparecieron quienes pretenden convertir una decisión administrativa del gobierno estadounidense en una sentencia de culpabilidad y quienes, desde el otro extremo, quieren presentarla necesariamente como una persecución política. Creo que ambas posiciones se adelantan a los hechos.

    Hay que comenzar por entender algo fundamental: tener una visa estadounidense no constituye un derecho permanente de entrada a Estados Unidos. Es una autorización migratoria que puede ser revisada y, bajo determinadas circunstancias, revocada por las autoridades de ese país. El caso de Andrés Manuel López Beltrán adquiere relevancia por tratarse del hijo de un expresidente de México y de un personaje importante dentro de Morena, pero forma parte de un contexto migratorio mucho más amplio.

    El Departamento de Estado informó recientemente que durante la actual administración de Donald Trump han sido revocadas más de 175 mil visas. Entre las razones señaladas por las autoridades estadounidenses aparecen violaciones a las condiciones de la visa, problemas relacionados con la ley y cuestiones de seguridad nacional. Se han mencionado casos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresiones, robos, fraude y otras conductas que pueden generar problemas migratorios para extranjeros.

    La Embajada de Estados Unidos en México fue igualmente clara después de conocerse el caso de López Beltrán: una visa puede ser cancelada cuando existan razones para hacerlo, independientemente de quién sea su titular.

    Ese contexto resulta fundamental porque hoy el tema migratorio estadounidense es mucho más complejo de lo que muchos mexicanos imaginan. Sobreestadías, determinadas violaciones migratorias, ciertos antecedentes o conductas delictivas y otra información considerada relevante por las autoridades pueden generar consecuencias sobre una visa. Incluso el manual del Departamento de Estado contempla las llamadas ¨prudential revocations¨, mediante las cuales una visa puede ser revocada cuando llega determinada información adversa procedente de agencias estadounidenses de seguridad, inteligencia o aplicación de la ley.

    Sin embargo, aquí debemos tener muchísimo cuidado. Una visa cancelada no equivale a una sentencia penal ni demuestra automáticamente que una persona haya cometido un delito. Tampoco una simple denuncia presentada por alguien significa automáticamente que el gobierno estadounidense cancelará la visa del denunciado. Las propias reglas consulares establecen que una visa no debe revocarse simplemente por sospechas o por información negativa insuficiente para establecer una causal correspondiente.

    Una denuncia puede provocar que una autoridad revise determinada información, pero de ahí a afirmar que existe culpabilidad hay una distancia enorme.

    Y precisamente por eso considero delicado el ambiente político que estamos viviendo entre México y Estados Unidos.

    Durante los últimos meses hemos observado a políticos mexicanos acudir a Estados Unidos para presentar denuncias, señalamientos o información relacionada con presuntos vínculos entre adversarios políticos y el crimen organizado. Denunciar ante las autoridades competentes es perfectamente válido. Si alguien posee pruebas sobre narcotráfico, corrupción, lavado de dinero o cualquier otro delito, tiene derecho a presentarlas y corresponde a las autoridades determinar si existe materia para investigar.

    Pero quien acusa también adquiere una responsabilidad.

    Una cosa es presentar hechos, documentos, operaciones financieras, nombres, fechas y elementos susceptibles de ser investigados, y otra completamente diferente es trasladar la guerra política mexicana a instituciones estadounidenses esperando que una acusación produzca consecuencias migratorias contra un adversario.

    Por eso las autoridades estadounidenses también deben verificar cuidadosamente la información que reciben. Si alguien proporciona deliberadamente información falsa a una autoridad estadounidense, deberá responder conforme a la legislación que resulte aplicable. La justicia no puede funcionar únicamente en una dirección.

    Como dice el viejo refrán mexicano, ¨tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata¨.

    No afirmo que eso haya sucedido en el caso de Andrés Manuel López Beltrán. No existe, hasta donde conocemos públicamente, evidencia suficiente para asegurar que la cancelación de su visa haya sido producto de una denuncia fabricada, de una investigación criminal o de alguna acusación determinada. Precisamente por eso sería irresponsable inventar una historia para llenar los espacios que Washington mantiene en reserva.

    Lo que sí sabemos es que Estados Unidos canceló su visa y que las razones específicas no han sido divulgadas públicamente. También sabemos que los expedientes de visa tienen un alto grado de confidencialidad bajo la legislación estadounidense.

    Por eso considero que López Beltrán debería poner a trabajar a buenos abogados estadounidenses. No solamente para analizar la posibilidad de solicitar nuevamente una visa, sino para determinar, hasta donde legalmente sea posible, qué originó la decisión y si existe algún otro asunto relacionado que requiera atención.

    Una visa cancelada puede ser simplemente una determinación migratoria. Pero si existiera una investigación independiente, la cancelación del documento no necesariamente significaría que el asunto desapareció. Son cuestiones jurídicas diferentes y precisamente por ello no conviene ni minimizar la situación ni convertirla en una condena anticipada.

    Estamos entrando en una etapa particularmente delicada de la relación entre México y Estados Unidos. Washington ha endurecido considerablemente su política migratoria y de seguridad, y México atraviesa simultáneamente una confrontación política en la que las palabras “narcopolítico”, “narcogobierno” y “narcocandidato” aparecen cada vez con mayor facilidad.

    Eso me preocupa.

    Porque si permitimos que una acusación sea suficiente para destruir políticamente a una persona, tarde o temprano todos los partidos terminarán utilizando la misma herramienta.

    Si existen pruebas, que se investiguen. Si existen delitos, que se castiguen. Si existen políticos vinculados con organizaciones criminales, que no aparezcan en una boleta electoral y que respondan ante la justicia. Pero si no existen elementos suficientes, una declaración, un video, una publicación en redes sociales o una denuncia sin comprobar no pueden sustituir al debido proceso.

    Y precisamente ahí cobra importancia lo expresado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a las elecciones de 2027. La presidenta ha señalado que el Gabinete de Seguridad se encuentra preparado para detectar posibles candidatos relacionados con el crimen organizado y que la Unidad de Inteligencia Financiera realiza investigaciones de manera permanente.

    El gobierno federal también ha planteado mecanismos para revisar información de aspirantes mediante instituciones del Estado.

    Me parece correcto, siempre que se haga quirúrgicamente, con evidencia y sin colores partidistas.

    México no puede darse el lujo de permitir narcocandidatos en 2027, pero tampoco puede permitir que la etiqueta de “narco” se convierta en un instrumento electoral para eliminar adversarios. Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido deben ser medidos exactamente con la misma vara.

    Si hay pruebas, que caiga quien tenga que caer.

    Y si alguien acusa falsamente, que también responda.

    Dentro de toda esta discusión llamó mi atención la explicación que Luisa María Alcalde sostuvo recientemente frente a Joaquín López-Dóriga. Más allá de simpatías partidistas, me pareció un encuentro interesante entre dos personas que saben perfectamente cómo manejar los medios.

    Desde mi perspectiva personal, don Joaquín López-Dóriga es un gran periodista y tiene muchísimas tablas. Sabe preguntar, regresar sobre una respuesta, conducir una conversación y manejar los tiempos de una entrevista. Se podrá estar o no de acuerdo con él, pero sería absurdo negar la experiencia que tiene frente a un micrófono.

    Luisa María Alcalde tiene otro estilo. Con un tono mucho más tranquilo intentó explicar su posición y sostenerla frente a un entrevistador experimentado. Al final ocurrió lo que tenía que ocurrir: dos personas con experiencia defendiendo sus posiciones sin necesidad de convertir la conversación en un espectáculo de gritos.

    Ambos tienen muchas tablas.

    Y hablando de personajes que comienzan a adquirir presencia, quiero mencionar al diputado Arturo Ávila.

    Recientemente he utilizado servicios de taxi y plataformas en diferentes ciudades de México. Siempre me ha gustado conversar con los conductores porque tienen contacto diariamente con personas de todos los sectores sociales y suelen ofrecer una lectura interesante del ánimo de la calle.

    No pretendo convertir esas conversaciones en una encuesta científica porque evidentemente no lo son. Pero cuando uno abre el tema del gobierno, Morena y eventualmente los posibles sucesores o personajes que vienen creciendo políticamente, me ha llamado la atención escuchar repetidamente el nombre de Arturo Ávila.

    El diputado ha sabido construir presencia en los medios, defender sus posiciones y colocar su nombre en la conversación pública. Por lo que personalmente he escuchado en estas conversaciones, tiene aceptación y comienza a ser reconocido por ciudadanos que quizá nunca han tenido contacto directo con él.

    Eso, en política, cuenta.

    Las encuestas profesionales tendrán en su momento la responsabilidad de medir porcentajes, conocimiento, positivos y negativos. Yo solamente puedo hablar de lo que he escuchado en la calle y, desde esa perspectiva, Arturo Ávila parece estar haciendo bien su trabajo.

    Felicidades por el desempeño, diputado.

    México se aproxima a 2027 en un escenario muy distinto al de elecciones anteriores. Tenemos una relación más complicada con Estados Unidos, una política migratoria estadounidense mucho más estricta, una batalla bilateral contra organizaciones criminales y una confrontación política mexicana en la que cada vez aparecen acusaciones más graves.

    Precisamente por eso necesitamos prudencia.

    La cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán merece atención, pero no una sentencia fabricada desde las redes sociales. Los más de ¨175 mil visados revocados¨ por Estados Unidos ayudan a dimensionar que estamos ante una política mucho más amplia y que no todo retiro de visa significa narcotráfico, corrupción o una investigación penal.

    Al mismo tiempo, tampoco debemos minimizar una decisión de esa naturaleza cuando afecta a personajes de alto nivel político. Corresponde a sus abogados determinar qué pueden conocer y qué acciones pueden emprender.

    Y a los políticos mexicanos que viajan a Estados Unidos para denunciar a sus adversarios también les corresponde una enorme responsabilidad: ¨llevar pruebas, no historias; hechos, no rumores¨.

    Estados Unidos investigará lo que considere que afecta su seguridad y decidirá quién puede ingresar a su territorio. México, por su parte, tiene que hacer su propio trabajo.

    Si realmente queremos llegar a las elecciones de 2027 sin narcocandidatos, que se investigue.

    Pero que se investigue a todos.

    Sin apellidos.

    Sin partidos.

    Sin amigos.

    Sin enemigos.

    Y, sobre todo, ¨con pruebas¨.

    Porque cuando una acusación sustituye a una investigación y la política sustituye a la justicia, ya no importa quién tenga la razón.

    El país entero termina perdiendo.

  • ENTRE NARCOPOLÍTICOS, FAKE NEWS Y PLEITOS DE GUAJOLOTES

    ENTRE NARCOPOLÍTICOS, FAKE NEWS Y PLEITOS DE GUAJOLOTES

    Graves y particularmente delicadas son las acusaciones que viene realizando Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI y senador de la República, cuando habla públicamente de políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado o el narcotráfico. Y aquí quisiera detenerme un momento, porque una cosa es la confrontación política, otra muy distinta es una denuncia y otra todavía más seria es señalar públicamente a personas atribuyéndoles posibles relaciones con organizaciones criminales.

    Alejandro Moreno ha utilizado expresiones como “narcopolíticos” y “narcopartido” para referirse a sus adversarios. El propio PRI publicó el pasado 7 de junio un comunicado encabezado con una declaración suya: “En Coahuila barrimos a los narcopolíticos de Morena”. Además, Moreno ha llevado algunos de sus señalamientos a Estados Unidos, donde ha denunciado lo que considera autoritarismo y persecución política en México y ha insistido en acusaciones relacionadas con presuntos vínculos entre personajes del oficialismo y el crimen organizado.

    Eso, viniendo del presidente nacional de un partido y de un senador de la República, me parece que merece mucho más que aplausos, gritos, entrevistas o publicaciones en redes sociales. Si el senador posee información concreta sobre políticos relacionados con el narcotráfico, entonces debería presentarla ante las autoridades correspondientes. Si conoce nombres, operaciones, circunstancias, movimientos financieros o cualquier otro elemento que pueda constituir evidencia, que lo entregue y que se investigue. Y si una autoridad considera necesario citarlo para que explique lo que sabe y aporte los elementos que dice tener, tampoco me parecería descabellado. Ya estuvo bueno de convertir acusaciones de semejante gravedad en simples instrumentos de propaganda electoral.

    Porque llamar narcotraficante a alguien no es decirle mal gobernante, corrupto, incompetente o mentiroso. Estamos hablando de atribuirle posibles relaciones con delitos gravísimos. Si queremos vivir en un verdadero Estado de derecho, entonces las acusaciones deben investigarse independientemente del color partidista del señalado. Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano o quien sea. Si existen pruebas, que se proceda; si existen indicios serios, que se investiguen; pero si solamente existen discursos, entonces tengamos mucho cuidado de convertir la sospecha en sentencia simplemente porque apareció en X, Facebook, YouTube o en una conferencia de prensa.

    Tampoco me parece prudente que un senador de la República y, más aún, dirigente nacional de un partido político, en su intento legítimo por recuperar espacios, simpatizantes y finalmente votos, termine construyendo toda una estrategia alrededor de desacreditar las acciones del Gobierno mexicano sin reconocer aquello que también ha sido reconocido fuera del país. Esto no significa que debamos aplaudirle todo al Gobierno ni mucho menos que México haya resuelto el problema del narcotráfico. Sería absurdo afirmarlo. Pero la relación de seguridad entre México y Estados Unidos ha mantenido mecanismos de cooperación y funcionarios estadounidenses han reconocido públicamente resultados de esa colaboración. Entonces tampoco podemos construir una realidad donde absolutamente nada sirve simplemente porque electoralmente conviene decirlo.

    Y de ahí pasamos precisamente al otro gran asunto de estos días: quién dice la verdad, quién miente y quién tiene derecho a decidirlo.

    Me llamó particularmente la atención la reacción del prestigiado periodista Joaquín López-Dóriga respecto de las acciones de Luisa María Alcalde y el ejercicio gubernamental denominado “Derecho de Réplica”. Hay algo incluso curioso en esta historia, porque fue precisamente en una entrevista con López-Dóriga donde Alcalde explicó el proyecto antes de que comenzara formalmente. La intención, según explicó entonces, sería identificar información que el Gobierno considera falsa, contrastarla con datos oficiales y responder públicamente.

    Aquí la discusión se vuelve mucho más interesante que simplemente decidir si estamos con el periodista o con el Gobierno.

    La prensa tiene que ser libre. Completamente libre. Un periodista debe poder investigar al presidente, a sus hijos, a un gobernador, a un senador, a un empresario, a un general o a quien sea sin pedir permiso y sin miedo a represalias. Esa libertad es indispensable en cualquier democracia que pretenda llamarse así. Pero la libertad de prensa tampoco puede significar que todo lo publicado automáticamente se convierta en verdad.

    Hay mucha información que se publica y después resulta falsa, incompleta, exagerada o simplemente imposible de comprobar. Donald Trump convirtió la expresión “fake news” en parte del lenguaje político mundial, pero el fenómeno evidentemente no nació con él. Lo que sí cambió radicalmente fueron las redes sociales. Hoy basta un teléfono celular y unos cuantos segundos para que una acusación pueda recorrer un país entero antes de que la persona señalada tenga siquiera oportunidad de enterarse.

    El poder de un medio de comunicación es enorme y precisamente por eso debe utilizarse con responsabilidad. Una noticia falsa puede destruir una reputación construida durante décadas. Puede afectar una familia, una empresa, una carrera profesional o una trayectoria política. Y después resulta prácticamente imposible regresar las cosas al punto donde estaban, porque la aclaración normalmente nunca alcanza la misma difusión que tuvo el escándalo.

    Pero aquí también debemos aplicar exactamente la misma regla al Gobierno. Si desde Palacio Nacional se afirma que determinada información periodística es falsa, entonces que se demuestre. Que presenten documentos, cifras, fechas y evidencias. El derecho de réplica es perfectamente legítimo; la censura no. Aclarar una noticia es válido; intimidar al periodista por publicar algo incómodo sería otra cosa completamente diferente.

    Entonces ni el Gobierno tiene derecho automático a la verdad por ser Gobierno ni un periodista tiene derecho automático a la verdad por ser periodista. Ambos deben responder por lo que dicen.

    Y mientras discutimos sobre verdad, mentira, narcotráfico, libertad de expresión y responsabilidad pública, nuestros representantes populares decidieron regalarnos un espectáculo que parecía más un pleito de guajolotes que una discusión entre legisladores.

    Los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, protagonizaron un enfrentamiento en instalaciones del Senado que comenzó con acusaciones políticas y terminó entre insultos, jaloneos y empujones. Entre las expresiones que aparecieron durante la confrontación estuvieron “vocero del narco” y “porro de Alito”.

    Y ahí está nuevamente la palabra mágica de nuestra política actual: narco.

    Otra vez el narcotráfico convertido en insulto. Otra vez una acusación gravísima utilizada como proyectil político. Otra vez las palabras llegando mucho más rápido que las pruebas.

    Vi las imágenes y, independientemente de las simpatías políticas que cada quien pueda tener, me parece que Arturo Ávila hizo bien en no llevar el enfrentamiento todavía más lejos. Lo estaban provocando, hubo intercambio de palabras y evidentemente los ánimos estaban encendidos, pero precisamente ahí es donde un representante popular tiene que recordar dónde está y qué representa. En política no siempre gana quien pega más fuerte ni quien grita más. Muchas veces gana quien entiende cuándo no caer en la provocación.

    Y para ponerle la cereza al pastel apareció nuevamente Alejandro Moreno diciendo, palabras más, palabras menos, que él sí le habría entrado y habría puesto a Ávila “en su lugar”.

    No todo es pelear, señor Moreno.

    La política necesita firmeza, claro que sí. Necesita oposición, debate, denuncia y políticos capaces de defender con energía aquello en lo que creen. Pero el Congreso de la Unión no puede convertirse en una sucursal de la Arena México. Para eso existen las tribunas, los debates, las investigaciones, las fiscalías y, cuando corresponde, los tribunales.

    Y no lo digo por defender a la 4T.

    Lo digo por su apellido.

    Moreno.

    Porque casualmente quien escribe estas líneas también lleva ese apellido dentro de su propia historia familiar y sé perfectamente que no todos los Moreno pensamos igual, ni necesitamos resolver nuestras diferencias a golpes.

    Respecto de Arturo Ávila y Luisa María Alcalde, también hemos visto cómo desde hace meses se publican versiones sobre una supuesta relación sentimental entre ambos. Hasta pareja los hicieron ya. Carlos Loret de Mola escribió sobre esa presunta relación desde abril. Pero aquí vuelvo exactamente al mismo principio: una cosa es lo que se publica, otra lo que puede demostrarse y otra muy diferente aquello que realmente tiene relevancia pública.

    Si son pareja o no, francamente pertenece a su vida privada mientras no exista alguna consecuencia comprobable sobre el ejercicio de sus responsabilidades. Lo que sí podemos evaluar es su desempeño público. A Luisa María Alcalde por sus decisiones políticas y partidistas, y a Arturo Ávila por su actuación como legislador. Lo demás corre el riesgo de convertirse simplemente en combustible para las redes sociales.

    Y quizá ahí está precisamente el problema que atraviesa todos estos acontecimientos.

    Nos estamos acostumbrando peligrosamente a una política donde primero se acusa y después, si acaso, se investiga; donde una publicación en redes sociales puede adquirir para millones de personas el mismo valor que una carpeta de investigación; donde una declaración política se convierte en sentencia y donde una información periodística es inmediatamente considerada verdadera o falsa dependiendo únicamente de quién la publicó y de qué lado político estamos nosotros.

    Eso no fortalece la democracia.

    Si Alejandro Moreno tiene pruebas de políticos relacionados con el narcotráfico, que las presente y que las autoridades investiguen hasta las últimas consecuencias. Si el Gobierno afirma que una información publicada por un periodista es falsa, que presente las pruebas que la desmienten. Si un periodista realiza una acusación, que tenga las fuentes y los elementos suficientes para sostenerla. Y si dos diputados tienen diferencias políticas, que las resuelvan con argumentos desde la tribuna y no a empujones en los pasillos.

    Porque México tiene problemas demasiado serios como para reducir la discusión nacional a hashtags, acusaciones sin expediente, rumores sentimentales y pleitos de guajolotes.

    La verdad no debería tener partido.

    Y las pruebas tampoco.

  • ENTRE REFLECTORES, DENUNCIAS Y VERDADES A MEDIAS

    ENTRE REFLECTORES, DENUNCIAS Y VERDADES A MEDIAS

    El senador Alejandro “Alito” Moreno parece haber entendido perfectamente cómo funciona la política en estos tiempos: cuando siente que su nombre comienza a apagarse un poco, encuentra rápidamente la manera de volver a encenderlo. Una denuncia, un pleito, una declaración explosiva o cualquier asunto suficientemente llamativo sirve para regresar a los titulares. Hace apenas unos días lo vimos nuevamente visitando Estados Unidos, viaje que me imagino también aprovechará para comprarse algunos pares de esos zapatos que tanto le gusta usar, algunos trajes, corbatas y camisas. Y ya que Nueva York le queda relativamente de paso, seguramente debe tener por allá algún sastre que conoce perfectamente sus medidas, porque hay que reconocer que la ropa que utiliza se ve fina y el senador cuida bastante bien esos detalles.

    Pero dejando a un lado la ironía, resulta particularmente interesante la denuncia que Moreno decidió llevar al país vecino contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral: Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga. El senador solicitó que sus actuaciones sean examinadas en Estados Unidos bajo el marco de la Global Magnitsky Act, a raíz de la controversia generada por las medidas cautelares relacionadas con publicaciones suyas en las que calificaba a Morena como “narcopartido”.

    Aquí comienza lo verdaderamente curioso del asunto. El INE es un organismo constitucional autónomo mexicano y para revisar sus determinaciones México cuenta con instituciones y mecanismos jurisdiccionales propios, entre ellos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces resulta por lo menos extraño que una diferencia surgida dentro del sistema político y electoral mexicano termine trasladándose al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Presentar una denuncia allá no significa automáticamente que exista una injerencia extranjera, por supuesto, pero sería interesante observar qué ocurriría si alguna autoridad estadounidense decidiera efectivamente intervenir o sancionar a funcionarios mexicanos por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus atribuciones. Ahí sí comenzaríamos a entrar en una conversación bastante más delicada sobre soberanía e intervención extranjera.

    Para eso tenemos autoridades judiciales en México, para eso existe el Tribunal Electoral y para eso existe todo un sistema constitucional diseñado precisamente para resolver diferencias entre partidos, candidatos, ciudadanos y autoridades electorales. Si cada vez que una resolución no nos gusta buscamos que otro país intervenga, entonces algo estamos entendiendo mal sobre la autonomía de nuestras propias instituciones.

    Pero bueno, quizá Alejandro Moreno también ha comprendido algo que los influencers descubrieron hace bastante tiempo: hasta las malas noticias generan seguidores. Hoy una denuncia produce titulares, un enfrentamiento genera reproducciones y una frase escandalosa garantiza entrevistas. En la política moderna muchas veces importa tanto permanecer dentro de la conversación como el contenido mismo de esa conversación.

    Y hablando precisamente de noticias, acusaciones y verdades que todavía necesitan demostrarse, me llamó la atención una publicación de Azucena Uresti relacionada con Andrés Manuel López Beltrán y el enorme asunto del llamado huachicol fiscal. Durante los últimos meses han circulado testimonios, investigaciones periodísticas y señalamientos en los que aparece mencionado el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí debemos hacer una distinción fundamental: que una persona aparezca mencionada dentro de un testimonio, una declaración o una publicación periodística no significa que su responsabilidad penal haya quedado demostrada.

    Andrés López Beltrán ha rechazado públicamente acusaciones que pretenden relacionarlo con actividades criminales y ha pedido que quienes realizan esos señalamientos presenten pruebas. Y sinceramente, mientras no aparezcan esas pruebas, yo personalmente encuentro difícil imaginar que un político o el hijo de un expresidente decida involucrarse directamente en la operación de negocios ilícitos. Tendría que existir prácticamente una necesidad extraordinaria de adrenalina, porque alrededor del poder existen millones de oportunidades para hacer negocios completamente lícitos sin necesidad de convertirse en colaborador de una organización criminal.

    Ahora bien, que yo lo considere improbable tampoco demuestra que sea inocente. Esa es precisamente la diferencia que muchas veces estamos perdiendo. Mi opinión no es una sentencia absolutoria, de la misma manera que la acusación de un periodista, un testigo o un adversario político tampoco constituye una sentencia condenatoria. Para eso existen investigaciones, fiscalías, expedientes, pruebas, jueces y tribunales. Más adelante veremos qué resulta de todas estas investigaciones sobre el huachicol fiscal y hasta dónde llegan realmente las responsabilidades. Si existen pruebas contra quien sea, que se presenten; si existen delitos, que se persigan, sin importar apellido, partido político o posición dentro del gobierno.

    Y regresamos inevitablemente a Alejandro Moreno, quien nuevamente ha utilizado una expresión bastante dramática al señalar que nadie lo va a callar y que, si fuera necesario, está dispuesto incluso a pagar con su vida. Francamente, ya chole con ese tema. Aquí nadie debería querer callar a Alejandro Moreno ni a ningún otro político. Tampoco se trata de censurar periodistas, medios de comunicación, ciudadanos o adversarios del gobierno. Se trata de algo muchísimo más sencillo: no decir mentiras y, cuando se realizan acusaciones graves, poder demostrarlas.

    No confundamos censura con responsabilidad.

    La libertad de expresión es indispensable en una democracia y México necesita protegerla particularmente porque nuestro país sigue siendo peligroso para muchos periodistas. Necesitamos periodistas incómodos, investigadores, reporteros que cuestionen al gobierno y medios capaces de exhibir aquello que el poder preferiría mantener escondido. Pero precisamente por eso el periodismo serio debe diferenciar una investigación de un rumor, un testimonio de una prueba y una acusación de una sentencia.

    Porque hoy pareciera que basta colocar una fotografía, un encabezado espectacular y algunos signos de interrogación para convertir cualquier versión en noticia. Después vienen miles de reproducciones, comentarios, programas de televisión, mesas de análisis y publicaciones en redes sociales. Para cuando aparece una aclaración, la acusación original ya recorrió todo México.

    Y ahí es donde creo que también debemos defender a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Defenderla no significa impedir que la critiquen ni convertir cualquier cuestionamiento al gobierno en un ataque contra México. Al contrario: la presidenta debe ser cuestionada, observada y sometida permanentemente al escrutinio público. Para eso existe una prensa libre. Pero una cosa es cuestionar sus decisiones y otra muy diferente inventarle hechos, atribuirle responsabilidades sin pruebas o convertir especulaciones en verdades simplemente porque generan audiencia.

    Demasiadas mentiras circulan diariamente como para continuar aceptando que la reputación de cualquier persona pueda destruirse mediante una acusación que después nadie tiene obligación de demostrar. Y digo cualquier persona porque esta regla no puede depender del partido político. Debe aplicarse exactamente igual para Claudia Sheinbaum, para Alejandro Moreno, para Andrés Manuel López Beltrán, para Morena, para el PRI, para el PAN y para cualquier ciudadano.

    Si existen documentos, que se publiquen. Si existen pruebas, que se presenten. Si existe corrupción, que se investigue. Si existen delitos, que los responsables enfrenten a la justicia. Y si únicamente existe una acusación, entonces llamémosla exactamente por lo que es: una acusación.

    Lo que no podemos hacer es convertir la mentira en modelo de negocio y después llamar censura a cualquier intento por exigir responsabilidad. Si el negocio de algunos medios, políticos o personajes públicos consiste en decir mentiras para obtener audiencia, votos, seguidores o relevancia, entonces sí, se les acabó el negocio y punto. Pero si lo que existe es una investigación periodística seria, documentada y sustentada con evidencia, entonces nadie debería intentar callarla, mucho menos desde el poder.

    La libertad de expresión no necesita mentiras para sobrevivir y la verdad tampoco necesita censura para defenderse. Lo que ambas necesitan es algo que últimamente parece escasear demasiado en la conversación pública mexicana: pruebas.

  • ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A NO SER CONDENADO POR UNA MENTIRA

    ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A NO SER CONDENADO POR UNA MENTIRA

    Hay algo que estamos normalizando en México y que merece una reflexión seria. Hoy basta una publicación en redes sociales, una fotografía fuera de contexto, un supuesto documento filtrado o una declaración frente a una cámara para que una persona pueda pasar, en cuestión de horas, de ciudadano a culpable ante la opinión pública. Después vienen las aclaraciones, los desmentidos y algunas veces hasta las disculpas, pero casi siempre llegan cuando el daño ya está hecho.

    Vivimos posiblemente uno de los mejores momentos de la historia para ejercer la libertad de expresión. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para denunciar, investigar, cuestionar al poder y hacer pública una injusticia. Eso debemos defenderlo y conservarlo. El problema comienza cuando confundimos la libertad de expresión con una supuesta libertad para acusar sin asumir responsabilidad alguna por lo que se dice o publica.

    En días recientes vimos circular información relacionada con una supuesta orden de aprehensión contra el senador Adán Augusto López Hernández. Independientemente del personaje y del partido político al que pertenece, el episodio sirve perfectamente para observar la velocidad con la que funciona actualmente nuestro ecosistema informativo. Una versión aparece en algún sitio, alguien la reproduce, otros medios o cuentas la retoman y después llegan los encabezados, comentarios y publicaciones en redes sociales. En cuestión de horas miles de personas pueden estar discutiendo la culpabilidad de alguien sobre la base de información cuyo origen probablemente ni siquiera conocen.

    Y cuando finalmente aparece una aclaración, difícilmente consigue la misma difusión.

    Aquí existe una diferencia elemental que estamos comenzando a olvidar. Una denuncia no es una sentencia, una investigación tampoco representa una condena y la existencia de una carpeta de investigación no convierte automáticamente a una persona en delincuente. Mucho menos lo hace una publicación en Facebook, X, TikTok o cualquier otra plataforma. Sin embargo, hemos creado una especie de tribunal digital donde muchas veces primero dictamos sentencia y después nos preocupamos por conocer los hechos.

    Sería un error convertir esta discusión en otro enfrentamiento entre Morena, PAN, PRI o cualquier otro partido. Hoy puede tratarse de Adán Augusto López; mañana podría ser un senador de oposición, un gobernador, un empresario, un periodista, un médico, un maestro o cualquier ciudadano. El principio debería ser exactamente el mismo independientemente del nombre, posición económica o afiliación política de la persona involucrada.

    A lo largo de nuestra historia reciente hemos visto acusaciones públicas relacionadas con corrupción, fraude, abuso sexual, violación, narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, robo y desfalco. Muchas terminaron comprobándose y quienes cometieron esos actos debieron responder ante la justicia. Otras nunca consiguieron acreditarse y algunas terminaron siendo completamente falsas. El problema es que cuando una acusación falsa consigue suficiente difusión, difícilmente la aclaración alcanza posteriormente a todas las personas que conocieron la primera versión.

    Una reputación puede tardar décadas en construirse y solamente unas horas en destruirse. Una acusación falsa puede provocar pérdida de clientes, contratos, empleos, amistades y oportunidades profesionales, además de afectar directamente a una familia. Meses o años después puede demostrarse que aquella información era incorrecta, pero para entonces las consecuencias económicas, personales y psicológicas pueden resultar prácticamente imposibles de revertir. El escándalo suele ocupar la primera plana; la aclaración, cuando existe, rara vez recibe el mismo espacio.

    Precisamente ahí existe una discusión jurídica y social que México debería tomarse mucho más en serio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado criterios buscando un equilibrio entre dos derechos fundamentales: por un lado la libertad de expresión y, por otro, la protección del honor y la reputación. Ese equilibrio resulta indispensable porque cualquiera de los dos extremos puede ser peligroso.

    La solución definitivamente no puede consistir en que el gobierno determine qué información es verdadera y cuál es falsa. México necesita una prensa libre, incluso incómoda. Necesitamos periodistas investigando presidentes, gobernadores, senadores, alcaldes, empresarios, militares, policías, jueces y partidos políticos. Necesitamos medios capaces de publicar investigaciones aun cuando resulten incómodas para quienes tienen poder, y necesitamos instituciones capaces de proteger a quienes realizan ese trabajo.

    También debemos reconocer que existe una preocupación legítima por la utilización de procedimientos judiciales para intimidar periodistas. Una legislación mal diseñada podría terminar convirtiéndose en una herramienta perfecta para que alguien con poder económico o político amenace con demandas a cualquiera que pretenda investigarlo. Sería tan grave permitir la mentira deliberada como utilizar la justicia para impedir que alguien descubra una verdad incómoda.

    Por eso existe una distinción fundamental: equivocarse investigando no es lo mismo que mentir deliberadamente.

    Un periodista puede recibir información de una fuente que considera confiable, investigarla, contrastarla y publicar elementos que posteriormente resulten incorrectos. El periodismo no es una ciencia exacta y exigir infalibilidad sería prácticamente exigir silencio. Otra situación completamente distinta sería fabricar documentos, alterar información, inventar deliberadamente una acusación o presentar conscientemente como verdadero algo que se sabe falso con la finalidad de perjudicar a otra persona.

    Y esta responsabilidad no debería limitarse a los periodistas. Los políticos tendrían que someterse exactamente al mismo principio. Durante campañas electorales y enfrentamientos políticos escuchamos con enorme facilidad palabras como delincuente, corrupto, narcotraficante, criminal o ladrón. Algunas acusaciones pueden estar sustentadas y merecen investigarse; otras simplemente forman parte de una estrategia para destruir políticamente al adversario.

    La competencia electoral tampoco debería convertirse en una licencia para destruir reputaciones. Quien tenga conocimiento de un delito debe denunciarlo, quien posea documentos debe presentarlos y quien tenga elementos periodísticos debe investigarlos. Pero todos deberíamos recuperar la diferencia entre señalar una posible irregularidad, investigar los hechos, formular una acusación y declarar culpable a una persona. Son situaciones completamente distintas.

    Las redes sociales complicaron todavía más este fenómeno. Hace veinte años, para conseguir que una acusación alcanzara difusión nacional era necesario tener acceso a una televisora, una estación de radio o un periódico. Hoy cualquier persona con un teléfono puede publicar información que potencialmente alcance a millones de usuarios. Eso democratizó extraordinariamente la comunicación y constituye uno de los grandes avances de nuestra época, pero también democratizó la capacidad de destruir una reputación.

    Un ciudadano puede difundir un rumor desde su casa, un influencer convertirlo en tendencia y una cuenta anónima publicar un supuesto documento que miles de personas terminarán compartiendo sin preguntarse de dónde provino. La responsabilidad, por lo tanto, ya no puede considerarse exclusivamente un problema de los medios tradicionales. Es un asunto que involucra periodistas, políticos, funcionarios, empresarios, creadores de contenido y ciudadanos.

    Quizá por eso deberíamos hablar menos de censura y mucho más de responsabilidad.

    No necesitamos un ministerio de la verdad ni funcionarios revisando encabezados antes de que sean publicados. Mucho menos necesitamos periodistas solicitando permiso al gobierno para investigar. Lo que sí necesitamos es una cultura jurídica, política y periodística en la que la libertad tenga como compañera inseparable a la responsabilidad.

    México podría fortalecer los mecanismos de derecho de réplica y procurar que las aclaraciones tengan una relevancia razonablemente proporcional a la publicación que originó el daño. También resulta necesario que los mecanismos civiles relacionados con el daño moral funcionen correctamente cuando realmente pueda demostrarse una afectación, y que fabricar documentos o pruebas con la intención de incriminar públicamente a alguien tenga consecuencias conforme a derecho. Al mismo tiempo, las protecciones para periodistas deben ser suficientemente fuertes para impedir que políticos, empresarios o funcionarios conviertan una demanda en un instrumento de intimidación.

    Encontrar ese equilibrio no será sencillo, pero resulta indispensable.

    El periodismo no nació para ser cómodo. Un buen periodista debe preguntar, desconfiar, investigar, confrontar versiones y, cuando tenga elementos suficientes, publicar aunque al Presidente, al gobernador, al empresario o al partido político en turno no le guste. Eso forma parte esencial de una democracia.

    Pero investigar no es inventar, cuestionar no significa condenar y libertad de expresión tampoco debería significar inmunidad absoluta frente a una mentira deliberadamente fabricada para destruir a otra persona.

    Tenemos que proteger incluso las expresiones que nos incomodan y permitir que el periodismo llegue hasta donde tenga que llegar. El poder público debe permanecer permanentemente bajo escrutinio y ninguna legislación debería convertirse en un escudo para evitarlo. Pero una democracia tampoco debería aceptar que una mentira deliberada tenga licencia para destruir una reputación, un patrimonio, una familia o una vida.

    Ni censura ni persecución a periodistas, pero tampoco impunidad para quien deliberadamente fabrica una mentira y provoca con ella un daño.

    La libertad de expresión es demasiado importante para limitarla, pero también demasiado importante para utilizarla irresponsablemente.

    Tal vez por ahí deberíamos comenzar.

  • Entre apodos, rumores y refinerías clandestinas: el México de las acusaciones sin pruebas

    Entre apodos, rumores y refinerías clandestinas: el México de las acusaciones sin pruebas

    Resulta extraña, desafortunada y hasta contraproducente la declaración de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenara retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”, “narcogobierno” y “cártel de Morena”.

    La resolución no significa que el INE haya prohibido criticar al partido gobernante ni que haya decretado que Morena está por encima del escrutinio público. Se trató de una medida cautelar relacionada con publicaciones específicas, al considerar que podían contener la imputación de hechos o delitos falsos sin un sustento fáctico suficiente. Alejandro Moreno respondió acusando al organismo electoral de censurar a la oposición.

    Aquí surge una pregunta inevitable: si al PRI tuviéramos que imponerle un apodo a partir de su historia, ¿cuál sería?

    La pregunta no pretende negar que de las filas del Partido Revolucionario Institucional surgieron grandes políticos, intelectuales, servidores públicos, diplomáticos, juristas y personajes que contribuyeron a construir instituciones importantes para México. Muchos de ellos se mantienen hoy alejados de los reflectores y de una dirigencia partidista que parece haber sustituido el debate de altura por el escándalo cotidiano.

    El PRI no gana con esta clase de declaraciones. Por el contrario, pierde seriedad, autoridad moral y capacidad para presentarse como una oposición responsable.

    Acusar no es demostrar

    “Alito” acusa constantemente a funcionarios, políticos, empresarios y adversarios de tener vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción. Pero en un Estado de derecho existe una diferencia fundamental entre denunciar hechos sustentados y repetir calificativos diseñados para obtener atención en redes sociales.

    La oposición tiene no solamente el derecho, sino la obligación de investigar, cuestionar y señalar al gobierno. Sin embargo, debe hacerlo mediante documentos, testimonios verificables, auditorías, expedientes y denuncias presentadas ante las autoridades competentes.

    Cuando una acusación se presenta como un hecho consumado sin pruebas suficientes, puede convertirse en una irresponsabilidad política y eventualmente generar reclamaciones por afectaciones al honor, la reputación o el daño moral. Lo mismo puede aplicarse a quienes amplifican tales afirmaciones sin verificar su origen o sin distinguir entre una investigación formal, una sospecha, un testimonio y una simple versión periodística.

    No toda crítica constituye daño moral, por supuesto. La libertad de expresión protege especialmente el debate sobre asuntos de interés público y permite una crítica amplia hacia los personajes políticos. Pero esa protección no debería interpretarse como autorización para presentar rumores como sentencias.

    El periodismo de las “fuentes cercanas”

    Alrededor del llamado huachicol fiscal hemos visto desarrollarse una trama que parece escrita para una película.

    Todos dicen tener fuentes cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al secretario de Estado; al Departamento de Seguridad Nacional; al FBI; al Departamento de Justicia o a alguna agencia cuya identidad, naturalmente, nunca puede revelarse.

    Algunos comunicadores anuncian detenciones que no ocurren, investigaciones que ninguna autoridad confirma, listas secretas que nunca aparecen y operativos que supuestamente comenzarán “en las próximas horas”. Otros aseguran conocer conversaciones privadas, solicitudes de extradición, cancelaciones de visas y hasta encuentros personales entre figuras políticas.

    Tiran versiones al aire esperando que, entre tantas afirmaciones, alguna se parezca después a un acontecimiento real.

    Eso no es investigación periodística. Es especulación disfrazada de exclusiva.

    Esto no significa que el huachicol fiscal sea una invención. Por el contrario, existen investigaciones judicializadas, detenciones, órdenes de captura, testimonios, aseguramientos y expedientes abiertos. Desde septiembre de 2025 se han hecho públicas distintas investigaciones relacionadas con redes de contrabando de combustibles que habrían utilizado puertos, aduanas, ferrocarriles, buques y empresas transportistas para introducir hidrocarburos declarados falsamente como lubricantes, aditivos u otras sustancias.

    Lo responsable es informar exactamente qué ha confirmado la autoridad, qué aparece en una carpeta de investigación, qué ha dicho un testigo y qué todavía no ha sido probado ante un tribunal.

    Una persona mencionada en una investigación no es automáticamente culpable. Un señalamiento periodístico no equivale a una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión tampoco constituye una sentencia.

    México merece periodistas que investiguen al poder, pero también periodistas que respeten los hechos.

    Criticar al gobierno no significa inventar historias

    El gobierno de Claudia Sheinbaum debe ser criticado cuando cometa errores, cuando una política pública no funcione, cuando una investigación no avance o cuando algún servidor público incurra en actos indebidos. Ningún gobierno puede estar exento del escrutinio.

    Pero existe una diferencia entre fiscalizar al gobierno y tratar de apagar cualquier resultado positivo mediante rumores, exageraciones o relatos construidos de antemano.

    Nuestro país enfrenta demasiados problemas reales como para fabricar problemas imaginarios. Los mexicanos necesitan información que les permita evaluar si están mejorando la seguridad, la salud, la educación, los salarios, la vivienda y las oportunidades de desarrollo.

    La prensa no debe convertirse en una oficina de propaganda gubernamental, pero tampoco en una maquinaria de desgaste permanente en la que todo avance se niega y toda versión negativa se publica sin comprobarse.

    Defender un proyecto de gobierno no debe significar cerrar los ojos ante la corrupción. Criticarlo tampoco debe significar desear que México fracase.

    Las viviendas mexicanas frente al calor extremo

    Existe otro asunto que necesita atención urgente: la forma en que estamos construyendo viviendas en las regiones de altas temperaturas.

    Los periodos de calor son cada vez más prolongados e intensos. Sin embargo, una parte importante de la vivienda nueva continúa edificándose con muros, losas, ventanas y materiales que permiten una enorme transferencia de calor hacia el interior.

    México ya cuenta con disposiciones técnicas. La NOM-020-ENER-2011 tiene como objetivo limitar la ganancia de calor a través de la envolvente de los edificios habitacionales, mientras que la NOM-018-ENER-2011 establece características y métodos de prueba para los aislantes térmicos empleados en edificaciones.

    El problema, por tanto, no consiste solamente en crear nuevas normas. También es necesario revisar su aplicación, actualización, vigilancia y coordinación con los reglamentos estatales y municipales de construcción.

    Se deberían exigir, según la región climática:

    • Valores mínimos de resistencia térmica en muros y techos.
    • Aislamiento continuo en azoteas y fachadas expuestas.
    • Ventanas con propiedades adecuadas para disminuir la ganancia solar.
    • Sombreamiento exterior, aleros y orientación bioclimática.
    • Techos reflectivos o sistemas de cubierta ventilada.
    • Pruebas de hermeticidad y eficiencia antes de entregar las viviendas.
    • Preparación eléctrica y estructural para equipos eficientes y sistemas solares.
    • Certificación del cumplimiento térmico como requisito para obtener la autorización de ocupación.

    Actualmente, demasiadas familias terminan resolviendo con aire acondicionado lo que debió resolverse desde el diseño arquitectónico y el sistema constructivo.

    El resultado es un círculo absurdo: se construye una vivienda barata pero térmicamente deficiente; la familia instala uno o varios equipos de aire acondicionado; aumenta el consumo eléctrico; la red de distribución se satura, y la Comisión Federal de Electricidad debe invertir en transformadores, subestaciones y capacidad adicional.

    No puede afirmarse, sin una comparación homogénea, que una vivienda promedio en México consume más electricidad que una vivienda promedio en Estados Unidos. Los tamaños, climas, tarifas, aparatos y hábitos de consumo son diferentes. Lo que sí puede sostenerse es que una vivienda mal aislada requiere más energía de la necesaria para conservar condiciones aceptables de temperatura.

    La eficiencia energética más económica es la energía que nunca fue necesario consumir.

    Por ello, más que una reforma aislada a la Ley de Obras Públicas, se necesita una revisión integral de las normas de eficiencia energética, los reglamentos de construcción, los programas estatales de desarrollo urbano y los criterios utilizados para autorizar nuevos fraccionamientos.

    ¿Cómo se construye una refinería clandestina sin que nadie la vea?

    El reciente aseguramiento de instalaciones clandestinas para almacenar, mezclar o procesar hidrocarburos abre preguntas mucho más profundas.

    En Reynosa, Tamaulipas, las autoridades federales aseguraron dos instalaciones, entre ellas una refinería y una minirrefinería, junto con aproximadamente 3.7 millones de litros de hidrocarburos, tanques, tractocamiones, motobombas, generadores, tuberías y sistemas de videovigilancia.

    Reportes posteriores señalaron que una de estas instalaciones habría operado durante varios años y contaba con una infraestructura de escala industrial. Hasta el momento de esos reportes no se habían informado detenciones directamente vinculadas con el aseguramiento, y continuaban las investigaciones sobre el origen del crudo, la propiedad de los predios y las redes que abastecían la operación.

    La pregunta es elemental: ¿cómo se construye una instalación de esa magnitud sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal detecte movimientos de tierra, estructuras, tanques, tuberías, transporte pesado, consumo eléctrico, emisiones, residuos y circulación constante de pipas?

    Una operación de refinación o procesamiento de hidrocarburos requiere conocimientos técnicos, controles de temperatura, sistemas de bombeo, almacenamiento, separación, mezclado y manejo de sustancias altamente inflamables. También necesita operadores, mecánicos, soldadores, transportistas, proveedores y compradores.

    No estamos hablando de una toma clandestina escondida entre la maleza. Estamos hablando de infraestructura industrial.

    También debe aclararse qué productos generaban realmente estas instalaciones. Refinar petróleo crudo hasta obtener gasolina, diésel o turbosina que cumplan especificaciones comerciales es un proceso distinto y mucho más complejo que mezclar combustibles, alterar componentes, recuperar hidrocarburos o acondicionar producto robado.

    Por eso es indispensable que las autoridades expliquen:

    • ¿Quién diseñó y construyó las plantas?
    • ¿De dónde salió el equipo?
    • ¿Quién suministró el crudo?
    • ¿A quién se vendía el producto?
    • ¿Contaban con energía eléctrica contratada?
    • ¿Utilizaban pozos o descargas clandestinas?
    • ¿Existieron inspecciones ambientales, municipales o de protección civil?
    • ¿Quiénes eran los propietarios reales de los predios y las empresas relacionadas?
    • ¿Participaron técnicos o antiguos trabajadores de compañías petroleras?
    • ¿Hubo omisiones, corrupción o protección institucional?

    Si una planta operó durante años, no basta con decomisar el combustible y publicar fotografías del operativo. Se debe reconstruir toda la cadena: financiamiento, ingeniería, construcción, abastecimiento, transformación, transporte, facturación, distribución y lavado de ganancias.

    ¿Plan con maña?

    La sofisticación y duración de algunas de estas operaciones permite considerar varias hipótesis, pero no autoriza a presentar ninguna como verdad sin pruebas.

    Pudo existir corrupción de autoridades locales. Pudo haber complicidad dentro de dependencias federales. Pudo tratarse de empresas aparentemente legales que ocultaban actividades ilícitas. También es posible que investigaciones de inteligencia se hayan mantenido abiertas durante meses o años para identificar a toda la red antes de intervenir.

    Lo que todavía no puede afirmarse es que todo haya sido deliberadamente permitido como una trampa política para hacer caer a determinados personajes.

    Esa interpretación un “plan con maña”, preparado desde hace tiempo para que alguien mordiera el anzuelo y el caso estallara en el momento políticamente conveniente— es atractiva como hipótesis narrativa, pero requiere evidencias: documentos, órdenes, comunicaciones, seguimientos financieros o testimonios corroborados.

    Precisamente esa es la diferencia entre una columna de opinión responsable y las historias que aquí estamos cuestionando.

    Podemos preguntar. Podemos sospechar. Podemos señalar contradicciones. Pero no debemos condenar sin pruebas.

    El país necesita respuestas, no sobrenombres

    México no se va a arreglar llamando “narcopartido” al adversario, ni calificando de traidor a todo crítico, ni inventando fuentes en Washington, ni anunciando detenciones imaginarias.

    Se arreglará con expedientes bien integrados, investigaciones financieras, auditorías aduanales, controles en puertos, vigilancia sobre el transporte de combustibles, normas de construcción modernas, mejores viviendas y autoridades que rindan cuentas.

    Alejandro Moreno tiene derecho a criticar al gobierno y a impugnar la decisión del INE. Morena también debe aceptar el escrutinio y responder con transparencia ante cualquier señalamiento sustentado. Pero ninguno de los dos lados debería sustituir los argumentos por apodos.

    Porque cuando la política se convierte en una guerra de sobrenombres, el debate público se empobrece.

    Y mientras los partidos discuten cómo llamarse unos a otros, quedan sin respuesta las preguntas verdaderamente importantes:

    • ¿Quién protegió el contrabando de combustibles?
    • ¿Cómo operaron instalaciones industriales clandestinas durante años?
    • ¿Dónde están los responsables?
    • ¿Por qué seguimos construyendo viviendas inadecuadas para el clima?
    • ¿Y cuándo recuperará el periodismo el compromiso de informar antes de sentenciar?

    Eso es lo que el pueblo de México merece conocer.