Los Reporteros Mx

Categoría: Carlos Castillo

  • México se transforma: ¿Quién está contando la historia?

    México se transforma: ¿Quién está contando la historia?

    Entre detenciones, liderazgos, programas sociales y obras públicas, el verdadero debate es si estamos evaluando al país con datos o con prejuicios políticos.

    México vive una etapa de reacomodo político. Las lealtades se ponen a prueba, los liderazgos se redefinen y los acontecimientos revelan que el poder no es estático. El caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, detenido en medio de las investigaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antinarcóticos, es un ejemplo de ello.

    La gobernadora Maru Campos respaldó que se investiguen los hechos, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la legalidad y la soberanía nacional. La Fiscalía acusa al exfuncionario de presuntas irregularidades, incluida la participación no autorizada de agentes extranjeros en operaciones de seguridad. El proceso debe esclarecer responsabilidades sin confundir una acusación con una sentencia.

    Pero hay algo más que observar: la política mexicana también se define por la capacidad de los gobernantes para responder a las crisis, respetar las instituciones y asumir las consecuencias de sus decisiones.

    Los resultados más allá de los partidos

    En medio de la discusión política, escucho con frecuencia que México está retrocediendo, que no se construye nada y que los recursos públicos se desperdician en programas sociales.

    ¿Es realmente así?

    El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, presentado en septiembre de 2025, reportó avances en hospitales, educación media superior, vivienda, carreteras y proyectos ferroviarios. También informó sobre la expansión de los programas sociales. Son datos oficiales que deben contrastarse con presupuestos ejercidos, obras terminadas y resultados medibles.

    Y hay que decirlo con claridad: no todo avance en México es mérito exclusivo de la Cuarta Transformación.

    Gobernadores como Pablo Lemus, en Jalisco; Samuel García, en Nuevo León; y Maru Campos, en Chihuahua, también han impulsado proyectos de infraestructura y servicios públicos que deben evaluarse por sus propios resultados.

    Reconocer sus acciones no significa respaldar todas sus decisiones. Significa entender que México es una federación y que el desarrollo nacional depende de la participación de gobiernos federales, estatales y municipales.

    La crítica debe ser pareja. Si una administración construye carreteras, mejora el transporte o amplía los servicios públicos, corresponde examinar sus resultados. Si incumple, también debe rendir cuentas.

    No se trata de repartir flores por simpatías partidistas, sino de reconocer resultados donde los haya.

    Los programas sociales no son exclusivos de México

    Otro argumento recurrente es que apoyar económicamente a las familias de menores ingresos equivale a premiar la falta de trabajo.

    La realidad es más compleja.

    Estados Unidos mantiene programas como Medicaid, que facilita el acceso a servicios médicos, y SNAP, destinado a la asistencia alimentaria. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental estadounidense, publicado en 2026, estimó que millones de adultos beneficiarios de estos programas también trabajaron durante 2024; aproximadamente dos tercios de los adultos trabajadores analizados habían laborado a tiempo completo durante algún periodo relevante.

    Esto demuestra que recibir asistencia pública no significa necesariamente negarse a trabajar.

    Por supuesto, los programas sociales deben fiscalizarse y evaluarse. No basta con entregar dinero: hay que conocer sus efectos sobre la pobreza, la educación, la salud y las oportunidades laborales.

    La protección social puede aliviar necesidades inmediatas, pero debe acompañarse de servicios públicos eficientes y una economía que genere empleos dignos.

    El periodismo: investigar, no descalificar

    Aquí llegamos al punto central.

    Me preocupa que parte del debate público se reduzca a dos extremos: quienes consideran que todo lo que hace el gobierno está mal y quienes creen que cualquier crítica constituye un ataque político.

    El periodismo tiene la obligación de cuestionar al poder, cualquiera que sea su partido. Pero también tiene la responsabilidad de verificar sus afirmaciones, contrastar fuentes y distinguir entre una denuncia, una investigación y un hecho probado.

    La publicidad oficial merece un escrutinio especial porque puede convertirse en un instrumento de presión o de recompensa editorial. Sin embargo, recibir recursos públicos no demuestra automáticamente que un medio haya perdido su independencia, del mismo modo que criticar al gobierno no garantiza rigor periodístico.

    La credibilidad se construye con documentos, investigación, transparencia y disposición para cuestionar a todos los actores políticos.

    Si un gobierno anuncia una obra, debemos preguntar cuánto costó, si terminó y a quién beneficia. Si un medio denuncia corrupción, debe presentar pruebas. Y si una administración consigue resultados positivos, esos resultados también deben informarse.

    Criticar al poder es indispensable; informar con rigor es innegociable.

    México necesita menos consignas y más resultados

    La inseguridad, los rezagos en salud, las desigualdades educativas y las dificultades para acceder a una vivienda digna siguen siendo desafíos reales. Al mismo tiempo, existen programas, inversiones y proyectos de infraestructura que merecen una evaluación seria.

    Ambas realidades pueden coexistir.

    La Cuarta Transformación debe responder por sus logros y sus pendientes. Los gobiernos estatales deben someterse al mismo escrutinio. Y los medios tienen que demostrar que su compromiso es con la información, no con una corriente política.

    México no necesita que todos aplaudan al gobierno, ni que todos lo condenen. Necesita ciudadanos capaces de distinguir entre propaganda y evidencia.

    Porque las obras no pertenecen a un partido, los recursos públicos no son propiedad de los gobernantes y la crítica no es patrimonio exclusivo de la oposición.

    Al final, la pregunta no es quién se lleva las flores.

    La verdadera pregunta es quién está dando resultados, quién está fallando y quién tiene la honestidad periodística de contarlo con pruebas.

    Esa es la discusión que México merece. Y esa es la responsabilidad que el periodismo no debe abandonar.

  • México: los resultados de la transformación, la dignidad social y la responsabilidad de informar

    México: los resultados de la transformación, la dignidad social y la responsabilidad de informar

    México ha vivido durante los últimos años una transformación económica, política y social que merece analizarse con seriedad, más allá de las simpatías partidistas y de las confrontaciones que diariamente ocupan buena parte de los espacios informativos. La llegada de la llamada Cuarta Transformación al gobierno federal, primero con Andrés Manuel López Obrador y posteriormente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abrió una discusión que considero fundamental: ¿qué clase de país queremos construir y para quién debe trabajar el desarrollo económico?

    Durante décadas, México fue presentado ante el mundo como una nación atractiva para la inversión extranjera por su ubicación geográfica, sus recursos naturales y, particularmente, por el bajo costo de su mano de obra. Muchas empresas encontraron condiciones favorables para instalarse, producir y exportar. Sin embargo, esa competitividad no siempre se tradujo en mejores condiciones de vida para millones de trabajadores mexicanos. Crecimos industrialmente, pero permanecieron profundas desigualdades económicas y sociales.

    La política económica de los últimos años ha intentado modificar parte de esa relación, colocando el ingreso de los trabajadores y el bienestar de las familias de menores recursos entre las prioridades nacionales. Los resultados pueden observarse en las estadísticas oficiales. De acuerdo con el INEGI, la pobreza multidimensional pasó del 41.9 por ciento de la población en 2018 al 29.6 por ciento en 2024, una disminución equivalente a aproximadamente 13.4 millones de personas. No estamos hablando de una simple declaración política, sino de una variación significativa en las condiciones económicas y sociales del país.

    A ello se suma la recuperación del salario mínimo, que durante muchos años permaneció rezagado frente al costo de la vida. Para 2026, el salario mínimo general alcanzó los 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte llegó a 440.87 pesos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estima que la recuperación de su poder adquisitivo desde 2018 supera el 150 por ciento. Son resultados que merecen reconocerse y estudiarse, particularmente porque durante décadas se sostuvo que incrementar considerablemente los salarios pondría en peligro la competitividad nacional.

    Desde luego, sería incorrecto atribuir toda la reducción de la pobreza exclusivamente a los programas sociales. También han influido el empleo, los ingresos laborales, las remesas y otros factores económicos. Pero sería igualmente incorrecto ignorar que la política salarial y las transferencias sociales han formado parte de una estrategia deliberada para mejorar los ingresos de los hogares.

    Y aquí quisiera detenerme en un asunto que considero esencial. En México se ha pretendido identificar cualquier política de apoyo a los pobres como una expresión de izquierda radical. Sin embargo, Estados Unidos, una de las mayores economías capitalistas del mundo, mantiene programas de asistencia alimentaria, servicios médicos para población de bajos ingresos, pensiones, créditos fiscales y apoyos habitacionales. La existencia de una red de protección social no convierte automáticamente a una nación en socialista. Lo verdaderamente importante es analizar cómo se financian esos programas, a quién benefician y cuáles son sus resultados.

    Tampoco debemos confundir austeridad gubernamental con abandono de las responsabilidades del Estado. En un país donde millones de personas han enfrentado pobreza, resulta difícil justificar que los servidores públicos disfruten de privilegios extraordinarios financiados con recursos de todos. La reducción de determinados lujos, prestaciones especiales y gastos superfluos puede representar una decisión administrativa y también un mensaje de responsabilidad pública. Eso no significa que todo el gasto gubernamental haya disminuido ni que la corrupción haya desaparecido; significa que debemos distinguir entre los recursos necesarios para gobernar y aquellos destinados a privilegios injustificables.

    Pero la transformación que México necesita va mucho más allá de los presupuestos y de las estadísticas. Durante generaciones hemos permitido que el clasismo y la discriminación formen parte de nuestras relaciones sociales. En determinados sectores se llegó a considerar símbolo de éxito económico contar con trabajadores domésticos a quienes se pagaban salarios muy bajos, frecuentemente sin seguridad social ni prestaciones. ¿Cómo podemos exigir mejores salarios para nosotros mientras pretendemos que las personas que limpian nuestras casas, preparan nuestros alimentos o cuidan a nuestras familias continúen trabajando en condiciones precarias?

    Una sociedad más justa no significa que todos debamos tener la misma riqueza. Significa que cualquier persona, independientemente de su origen, apellido, color de piel o actividad laboral, tenga la oportunidad de vivir dignamente, educar a sus hijos, recibir atención médica y aspirar a un patrimonio propio. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar representan un avance en esa dirección, aunque su cumplimiento efectivo continúa siendo una tarea pendiente.

    También debemos preguntarnos qué entendemos por desarrollo. México no necesita convertirse en una reproducción de las grandes ciudades estadounidenses, donde en muchas regiones la expansión urbana ha producido largas distancias, dependencia del automóvil y horas perdidas diariamente entre carreteras y centros de trabajo. Nuestro país puede construir infraestructura moderna, desarrollar tecnología, atraer industrias y mejorar su productividad sin renunciar a sus plazas, mercados, barrios, centros históricos, tradiciones y espacios naturales.

    La riqueza de México no está solamente en sus fábricas, sus exportaciones o sus grandes inversiones. Está también en sus pueblos, en las comunidades indígenas, en la extraordinaria diversidad de sus regiones, en su gastronomía, su historia, su arquitectura y sus recursos naturales. No debemos confundir modernización con la desaparición de nuestra identidad. Un país verdaderamente próspero debería permitir que sus habitantes vivan mejor sin tener que sacrificar aquello que los identifica.

    Por supuesto, la transformación social no está concluida. Persisten problemas de informalidad laboral, acceso a servicios médicos, inseguridad, productividad, corrupción y desigualdad regional. Reconocer los avances no exige guardar silencio sobre los pendientes. Por el contrario, una evaluación responsable del gobierno debe permitir identificar lo que funciona, corregir lo que falla y exigir resultados verificables.

    Y precisamente hablando de responsabilidad, quisiera hacer una pausa para referirme a un tema que considero indispensable para la vida democrática de nuestro país: el ejercicio del periodismo.

    Siempre he considerado que un buen periodista se distingue por la profundidad de sus investigaciones, la calidad de sus fuentes, la veracidad de su información y, sobre todo, por el respeto que demuestra hacia su público. El periodismo no adquiere mayor valor porque un comunicador insulte, humille o ridiculice a un hombre o a una mujer. La crítica puede ser firme, incómoda y contundente sin necesidad de convertirse en una agresión personal.

    Me preocupa observar cómo ciertos espacios de comunicación han sustituido la investigación por el enfrentamiento, la argumentación por el insulto y el análisis por expresiones que solamente alimentan el resentimiento social. La ofensa reiterada no demuestra necesariamente conocimiento ni valentía; con frecuencia empobrece la discusión pública y transmite hostilidad a una sociedad que necesita información confiable.

    Quiero ser absolutamente claro: estoy en contra de la censura. La libertad de expresión constituye una garantía indispensable y debe proteger incluso las opiniones más críticas hacia el poder. Pero libertad de expresión no significa ausencia de responsabilidad profesional. Considero necesario fortalecer los mecanismos de autorregulación periodística, los códigos de ética, los derechos de las audiencias y las vías legales para responder a la difusión de información falsa o a posibles afectaciones al honor, siempre mediante procedimientos independientes, transparentes y respetuosos de las garantías constitucionales.

    La Secretaría de Gobernación y las instituciones competentes deberían prestar atención a la calidad del debate público y promover condiciones para un periodismo responsable, sin convertirse jamás en autoridades encargadas de decidir qué opiniones pueden publicarse. La diferencia es fundamental: regular dentro de los límites constitucionales no es censurar, y proteger a las audiencias no debe convertirse en un pretexto para silenciar a los periodistas.

    En otro orden de ideas, la reciente detención de Iván Cazarín Molina, conocido como El Tanque, abre un capítulo de especial interés para las investigaciones sobre las estructuras del crimen organizado en México. Su captura en Zapopan, Jalisco, fue informada por las autoridades federales, que lo identifican como un presunto operador relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

    El caso adquiere particular importancia porque no se limita a las acusaciones relacionadas con actividades violentas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había impuesto sanciones a Cazarín Molina y a una red empresarial vinculada con él, lo que coloca sobre la mesa la dimensión financiera de las organizaciones criminales. El narcotráfico, el robo de combustibles, las operaciones comerciales y el posible lavado de dinero obligan a mirar más allá de quienes ejecutan materialmente los delitos.

    Por sus antecedentes y por las regiones en las que presuntamente operaba, entre ellas Veracruz y Jalisco, resulta pertinente preguntarse hasta dónde llegaron sus relaciones económicas, quiénes participaron conscientemente en operaciones ilícitas y qué información podrán obtener las autoridades mexicanas y estadounidenses. Pero debemos ser responsables: la existencia de relaciones comerciales o personales, por sí sola, no demuestra participación delictiva. Corresponderá a las investigaciones identificar responsabilidades concretas y presentarlas ante los tribunales.

    La cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses resulta especialmente relevante en este caso. Si las investigaciones logran reconstruir rutas financieras, operaciones comerciales y posibles redes de protección, podrían abrirse nuevas líneas de investigación. No sería responsable anticipar detenciones ni atribuir delitos a personas que no han sido formalmente señaladas por las autoridades.

    La operación encabezada por las instituciones federales de seguridad, bajo la coordinación del secretario Omar García Harfuch, representa un resultado operativo concreto que merece atención. Pero el verdadero alcance de una detención de esta naturaleza se conocerá cuando las investigaciones permitan determinar responsabilidades, obtener sentencias y, en su caso, desarticular las estructuras económicas que sostienen a estas organizaciones.

    México necesita combatir la delincuencia no solamente con detenciones, sino también con inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, instituciones confiables y procedimientos judiciales sólidos. Una organización criminal no se sostiene únicamente por quienes portan armas; también necesita recursos, operaciones económicas y mecanismos para introducir dinero ilícito en actividades aparentemente legales. Investigar esas estructuras, respetando la presunción de inocencia, es indispensable para enfrentar el problema de fondo.

    Regresando al tema central, considero que México atraviesa una etapa en la que vale la pena evaluar con objetividad sus cambios económicos y sociales. Los resultados en reducción de pobreza y recuperación salarial son relevantes, pero no representan el final del camino. La verdadera transformación deberá medirse también por la calidad de los servicios públicos, la seguridad de las familias, la fortaleza de las instituciones, la protección del medio ambiente y las oportunidades que encuentren las nuevas generaciones.

    México no necesita renunciar a su identidad para convertirse en una nación más próspera. Tampoco necesita mantener a millones de personas con salarios bajos para atraer inversión, ni conservar privilegios sociales para demostrar éxito económico.

    Necesitamos un país donde trabajar permita vivir, donde emprender permita prosperar, donde gobernar signifique servir y donde informar implique investigar antes de acusar.

    Porque al final, el progreso de una nación no debería medirse únicamente por la riqueza que produce, sino también por la dignidad con la que viven sus habitantes, la justicia de sus instituciones y la capacidad de conservar aquello que la hace única.

    Y México tiene mucho que conservar, pero también mucho que transformar.

  • LA HACE DE EMOCIÓN

    LA HACE DE EMOCIÓN

    La reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo temblar los huesitos de más de uno. Y es que no está de más decirlo: se le ve muy bien, incluso, a mi parecer, mejor conservado que cuando era Presidente de México. Y no sería extraño; el estrés que implica gobernar un país termina pasando factura a cualquiera. López Obrador reapareció desde Palenque, Chiapas, para presentar su nuevo libro, Pueblo, y aprovechó para hablar nuevamente de algunos de los temas que marcaron su gobierno: la honestidad, la corrupción, la austeridad y lo que él considera las bases de la Cuarta Transformación. En su mensaje sostuvo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y reconoció también que la corrupción todavía existe porque, según explicó, se encontraba profundamente arraigada en la vida pública del país.

    Más allá de estar o no de acuerdo con él, hay algo que resulta interesante: López Obrador sigue teniendo la capacidad de mover la conversación pública prácticamente con una sola aparición. Después de un periodo alejado de la exposición cotidiana que implica la Presidencia, reaparece, habla durante más de una hora y nuevamente buena parte de la conversación política gira alrededor de él. No es poca cosa.

    Hay además un asunto particularmente delicado. Durante mucho tiempo se han realizado señalamientos públicos alrededor de sus hijos y, como ocurre con cualquier persona, esos señalamientos deben demostrarse con pruebas y no simplemente repetirse hasta convertirlos en una supuesta verdad. Yo tengo conocimiento directo de una declaración que considero sumamente interesante, proveniente de un personaje cuyo nombre ha aparecido recientemente relacionado públicamente con investigaciones sobre contrabando de combustibles y que hizo referencia a los hijos del expresidente. Por ahora no voy a revelar su contenido ni presentar esa versión como un hecho comprobado. Cuando exista el momento, el contexto y los elementos suficientes para documentarla responsablemente, se podrá contar la historia completa. En asuntos de esta naturaleza, una cosa es tener información y otra muy diferente poder probarla.

    Pero mientras López Obrador reaparecía en Palenque, ocurrió una coincidencia política imposible de ignorar: otro expresidente mexicano que durante años ha mantenido un perfil público considerablemente bajo volvió a aparecer. Carlos Salinas de Gortari participó el 28 de septiembre en el conversatorio “Hablemos de México”, organizado por estudiantes mexicanos de Harvard, una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Las fotografías comenzaron a circular y la presencia de Salinas volvió inmediatamente a generar conversación.

    ¿Coincidencia? Puede ser. Afirmar algo distinto sin evidencia sería especular. Pero periodísticamente resulta inevitable observar el contraste: López Obrador reaparece desde Palenque hablando de pueblo, honestidad, corrupción y transformación, mientras Salinas reaparece desde Harvard hablando sobre México. Dos expresidentes separados por décadas, proyectos políticos y visiones radicalmente distintas del país regresando prácticamente al mismo tiempo al escenario público. Veremos qué sucede. Esto apenas comienza a ponerse interesante y no hace falta recurrir a la ciencia ficción: basta observar los movimientos y documentar los hechos.

    Y precisamente uno de los asuntos sobre los que habló López Obrador merece una discusión mucho más profunda: la corrupción. Si la honestidad pretende continuar siendo uno de los pilares de la llamada Cuarta Transformación, ese principio necesariamente tiene que aplicarse a todos. No puede depender del partido político, del cargo ni de la cercanía con el poder.

    Los acontecimientos recientes demuestran que el problema sigue existiendo. La denominada Operación Enjambre había dejado, hasta el 8 de septiembre de 2026, 111 personas detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado y 14 presidentes o expresidentes municipales vinculados a proceso o encarcelados. Y existe un dato que vale la pena destacar: entre ellos aparecen personajes pertenecientes tanto a partidos de la coalición gobernante como a partidos de oposición. La corrupción y la infiltración criminal no reconocen colores partidistas. En Morelos, investigaciones federales también han derivado en detenciones de servidores públicos, exservidores públicos, empresarios y particulares presuntamente relacionados con redes de protección a organizaciones criminales. La propia Presidencia informó en julio sobre investigaciones que identificaron una red integrada por actores políticos, funcionarios, particulares y empresas, además del bloqueo financiero de 22 personas físicas y 10 personas morales.

    Por eso la discusión no debería consistir únicamente en repetir que somos honestos. La honestidad pública necesita instituciones capaces de investigar, demostrar responsabilidades y sancionar, respetando siempre el debido proceso. Cuando un funcionario utiliza el dinero público para enriquecerse, cuando recibe sobornos o cuando pone una institución al servicio de intereses criminales, no solamente roba dinero: destruye carreteras que pudieron construirse, hospitales que pudieron equiparse, escuelas que pudieron mejorarse y servicios que pudieron llegar a millones de ciudadanos.

    Personalmente considero que México debería endurecer sustancialmente el combate institucional contra la corrupción grave, particularmente cuando exista asociación con organizaciones criminales, siempre dentro del marco constitucional y con debido proceso. Incluso debería discutirse si determinados delitos graves de corrupción requieren mecanismos penitenciarios especializados. No como instrumento de persecución política, sino como parte de una política integral que haga extraordinariamente costoso utilizar un cargo público para delinquir.

    Y aquí aparece otra discusión que pocas veces se aborda con suficiente profundidad: la relación entre la justicia estadounidense y los integrantes del crimen organizado que deciden convertirse en colaboradores. Estados Unidos utiliza desde hace décadas acuerdos de cooperación mediante los cuales personas involucradas en delitos extremadamente graves proporcionan información o testifican contra otros acusados a cambio de que esa colaboración pueda ser considerada al momento de dictar sentencia. Esto no significa automáticamente impunidad, pero sí puede producir reducciones importantes de las penas.

    El caso de Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, está perfectamente documentado por el Departamento de Justicia estadounidense. Integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable y aceptó colaborar con las autoridades. El propio gobierno estadounidense informó que su acuerdo contemplaba solicitar una pena inferior a la prevista si su cooperación era completa y verdadera. Finalmente fue condenado a 15 años de prisión y las autoridades reconocieron públicamente su cooperación. El juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán constituye otro ejemplo de la importancia de estos colaboradores: el Departamento de Justicia informó que la evidencia presentada incluyó el testimonio de 14 testigos cooperantes, entre ellos Rey y Vicente Zambada, Dámaso López y otros antiguos integrantes del narcotráfico.

    Ese mecanismo puede resultar eficaz para desmantelar organizaciones criminales, descubrir estructuras financieras y llegar a personajes que de otra manera serían prácticamente intocables. Pero también abre una discusión ética perfectamente válida: ¿hasta dónde debe llegar el beneficio otorgado a alguien que participó durante años en organizaciones responsables de enormes cantidades de droga, corrupción y violencia a cambio de entregar información sobre otros?

    No es una pregunta sencilla. La justicia estadounidense sostiene ese sistema porque la cooperación puede permitir perseguir estructuras superiores. Pero para las sociedades que padecieron directamente las consecuencias de esas organizaciones resulta comprensible preguntarse cómo personas que participaron en delitos gravísimos pueden eventualmente recuperar su libertad después de colaborar con las autoridades.

    México también debería observar con atención lo que esos procesos judiciales han revelado sobre algo todavía más preocupante: la profundidad con la que el narcotráfico puede penetrar las instituciones. El caso de Genaro García Luna terminó en Estados Unidos con una condena superior a 38 años de prisión. El Departamento de Justicia sostuvo, después del juicio, que utilizó sus cargos públicos para beneficiar al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos. Independientemente de partidos o administraciones, ese antecedente debería ser suficiente para entender la dimensión del problema.

    Por eso coincido con una parte fundamental del mensaje que López Obrador volvió a poner sobre la mesa: la corrupción debe combatirse. Pero ese principio tiene que trascender nombres, sexenios y partidos. Si la Cuarta Transformación construyó buena parte de su legitimidad alrededor de la honestidad, quienes hoy representan ese movimiento tienen una responsabilidad todavía mayor de demostrarla. Cuando existan elementos contra un alcalde, gobernador, funcionario o empresario, que se investigue. Si existen pruebas suficientes, que un juez determine responsabilidades. Y si no existen, que tampoco se utilice la sospecha como instrumento para destruir reputaciones.

    México necesita instituciones que no pregunten primero de qué partido es el acusado antes de decidir si investigan.

    La reaparición de Andrés Manuel López Obrador vuelve a recordarnos algo: el expresidente podrá haberse retirado de Palacio Nacional, pero evidentemente no ha desaparecido de la conversación política mexicana. Y mientras él habla desde Palenque de honestidad, corrupción y transformación, Carlos Salinas reaparece en Harvard. Al mismo tiempo avanzan investigaciones contra funcionarios y alcaldes y continúan conociéndose en Estados Unidos expedientes que muestran hasta dónde pueden llegar las redes del narcotráfico, la corrupción y los acuerdos con quienes deciden colaborar con la justicia.

    Hay demasiadas piezas moviéndose sobre el tablero como para no observarlas.

    Por ahora, la hace de emoción.

  • Trump en la ONU: cárteles, soberanía y el reto de México

    Trump en la ONU: cárteles, soberanía y el reto de México

    Una vez más, desde uno de los escenarios políticos más importantes del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso sobre la mesa un tema que México no puede simplemente ignorar. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este 22 de septiembre, Trump afirmó que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles” y sostuvo que nuestro país debe recuperar el control de aquellas partes de su territorio que se encuentran bajo influencia de las organizaciones criminales. Al mismo tiempo, y esto también debe decirse para poner sus palabras en su contexto completo, aseguró mantener una muy buena relación con el gobierno mexicano y reconoció avances en la cooperación entre ambos países.

    Las palabras son fuertes. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que Trump aborda el problema, especialmente cuando desde Washington se habla de utilizar el poder militar estadounidense contra organizaciones criminales en nuestra región. México es una nación soberana y la defensa de esa soberanía no puede estar sujeta a discusión. Pero defender nuestra soberanía tampoco debería significar cerrar los ojos ante un problema que existe dentro de nuestras fronteras.

    Y aquí quiero hacer una precisión importante: sinceramente, no creo que toda la responsabilidad pueda depositarse simplemente sobre un gobierno, sobre un partido político o sobre una administración determinada. El problema del crimen organizado en México lleva décadas desarrollándose y ha adquirido dimensiones económicas, financieras, políticas y sociales que trascienden un sexenio.

    Pensemos por un momento qué ocurriría si mañana el Estado mexicano decidiera combatir simultáneamente no solamente a quienes portan las armas, sino también a todos aquellos que administran dinero, lavan recursos, prestan nombres, constituyen empresas, adquieren propiedades, realizan operaciones financieras o protegen los intereses económicos de las organizaciones criminales. No existe una base seria que permita afirmar cuántas prisiones serían necesarias y sería irresponsable inventar una cifra. Lo que sí existe es evidencia suficiente para entender la enorme dimensión de esas redes.

    En julio de este año, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y entidades relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las investigaciones describieron estructuras integradas por operadores, familiares, prestanombres, abogados, contadores, funcionarios señalados por corrupción y redes de lavado de dinero. Entre las empresas vinculadas históricamente por las autoridades estadounidenses con estas estructuras aparecen desarrollos turísticos, centros comerciales, compañías inmobiliarias, restaurantes, negocios agrícolas y empresas fachada.

    Pero no tenemos que depender exclusivamente de lo que diga Estados Unidos. La propia Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México informó recientemente que, después de analizar estructuras presuntamente vinculadas al CJNG, identificó indicadores relacionados con operaciones en efectivo, vehículos de alta gama, joyas, inmuebles, transferencias internacionales, tarjetas y activos virtuales.

    Ahí encontramos una parte del verdadero problema. El crimen organizado no vive solamente en la sierra, en una camioneta blindada o detrás de un arma larga. El dinero necesita circular. Necesita convertirse en propiedades, negocios, vehículos, inversiones y patrimonio. Necesita operadores y, en determinadas circunstancias, necesita corrupción y protección.

    Por eso combatir únicamente al hombre armado es combatir solamente la parte visible del problema.

    Existe además otra dimensión que pocas veces queremos discutir abiertamente: la normalización social del dinero proveniente de actividades criminales.

    Durante muchos años hemos visto en México cómo personas relacionadas con personajes del crimen organizado terminan conviviendo dentro de círculos empresariales, sociales e incluso familiares. Aparece entonces una pregunta incómoda: ¿en qué momento dejamos de preguntarnos de dónde salió el dinero?

    No estoy diciendo que un hijo deba responder penal o moralmente por los delitos de su padre. Evidentemente no. Cada persona responde por sus propios actos. Tampoco puede condenarse a alguien simplemente por un parentesco o una amistad. Eso sería profundamente injusto.

    Pero existe una diferencia enorme entre no responsabilizar a los hijos por los delitos de sus padres y convertir la riqueza de origen criminal en algo socialmente aceptable.

    Porque detrás de determinados patrimonios pueden existir víctimas que nunca aparecen en las fotografías de las fiestas, las bodas o las reuniones familiares. Puede haber familias extorsionadas, empresarios despojados, jóvenes atrapados por las drogas, comunidades aterrorizadas y personas asesinadas. Cuando una sociedad termina admirando el automóvil, la casa, el rancho o la fiesta y deja de preguntarse de dónde salió el dinero, el crimen organizado ha ganado algo posiblemente más peligroso que territorio: ha ganado normalidad.

    Por eso pienso que el principal motor para transformar esta situación tiene que ser la propia sociedad mexicana.

    El gobierno tiene una responsabilidad enorme, por supuesto. Las fiscalías tienen una responsabilidad. Los jueces, las policías, las Fuerzas Armadas, las instituciones financieras y las autoridades fiscales también. Pero nosotros, como sociedad, tenemos otra: dejar de normalizar aquello que sabemos que destruye nuestras propias comunidades.

    La evidencia internacional muestra además que el fenómeno ha dejado de limitarse desde hace mucho tiempo al narcotráfico. Organizaciones criminales mexicanas participan también en extorsión, tráfico de personas, robo de combustibles y otras economías ilícitas. El crimen organizado contemporáneo funciona cada vez más como una estructura empresarial diversificada.

    En este escenario también debemos tener mucho cuidado con otro fenómeno: la guerra política y mediática.

    En días recientes hemos observado una intensa discusión alrededor del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, particularmente respecto de su salario y su patrimonio. Romero rechazó públicamente esas acusaciones y afirmó que existe una campaña de difamación en su contra; sostuvo que sus propiedades fueron adquiridas desde hace décadas y negó que su salario sea superior al de la presidenta de la República.

    ¿Existe detrás de todos los ataques una operación política destinada a golpear a uno de los personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador? Es una posibilidad que algunos pueden interpretar políticamente, pero mientras no existan pruebas suficientes sería incorrecto presentarla como un hecho.

    Lo que sí podemos decir es que Octavio Romero fue uno de los colaboradores importantes del gobierno de López Obrador y continúa ocupando una posición relevante dentro de la actual administración. En política existe una máxima antiquísima: divide y vencerás. Por eso tanto quienes gobiernan como quienes informan tienen una enorme responsabilidad. Las investigaciones periodísticas deben realizarse y los funcionarios deben rendir cuentas, independientemente del partido al que pertenezcan; pero las acusaciones también deben sustentarse con documentos y hechos verificables.

    México necesita crítica, investigación y periodismo. Lo que no necesita es que cada acusación se convierta automáticamente en sentencia dependiendo de quién la publique o contra quién vaya dirigida.

    Y llegamos entonces al otro gran concepto mencionado constantemente en la relación México-Estados Unidos: la soberanía.

    La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido reiteradamente una relación de cooperación con Estados Unidos sin subordinación. Esa posición cobra especial importancia cuando el presidente estadounidense habla abiertamente de organizaciones criminales mexicanas como enemigos que deben ser combatidos con una estrategia mucho más agresiva. Trump llegó incluso a comparar a los cárteles con ISIS durante su discurso ante Naciones Unidas.

    México debe defender su soberanía. En eso no debería existir duda. Pero la mejor defensa de nuestra soberanía no consiste únicamente en pronunciar discursos: consiste en construir un Estado suficientemente fuerte para que ninguna potencia extranjera pueda argumentar que tiene que resolver dentro de nuestro territorio aquello que nosotros no hemos podido resolver.

    Soberanía significa territorio, pero también significa instituciones.

    Significa policías confiables, fiscalías capaces, inteligencia financiera, tribunales funcionales, gobiernos municipales fuertes y autoridades que puedan ejercer el poder del Estado en cada rincón del país.

    Precisamente por eso me parece interesante otra discusión reciente impulsada por la presidenta Sheinbaum: la propuesta de reforma constitucional relacionada con la doble nacionalidad de quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

    La iniciativa enviada al Congreso propone que quien aspire a esos cargos y posea otra nacionalidad tenga que renunciar a ella antes de registrarse como candidato. La explicación de la presidenta fue que el interés de México debe estar por encima del interés de cualquier otro Estado.

    En este punto sí quiero expresar claramente mi opinión personal.

    Yo soy mexicano y también conozco perfectamente lo que significa tener vínculos, derechos y responsabilidades con más de un país. Respeto profundamente a los millones de mexicanos que poseen doble nacionalidad y considero que eso no disminuye en absolutamente nada su amor por México.

    Pero la Presidencia de la República es diferente.

    Si un mexicano con doble nacionalidad tuviera algún día el enorme honor de convertirse en candidato a presidente de México, considero razonable que en ese momento tome una decisión definitiva. Quien aspira a convertirse en jefe del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y representante máximo de nuestra nación debería asumir que su responsabilidad institucional está exclusivamente con México.

    No porque poseer dos nacionalidades convierta a alguien en menos mexicano. No es eso.

    Es porque la Presidencia representa algo excepcional.

    Cuando alguien jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y defender los intereses de la nación, me parece congruente que no exista jurídicamente una segunda ciudadanía a la cual pueda recurrir mientras ejerce la máxima responsabilidad del Estado mexicano. Esa es mi posición y, naturalmente, habrá mexicanos que piensen diferente. Precisamente para eso existe el debate democrático.

    Todo termina conectándose.

    Trump habla desde Naciones Unidas sobre los cárteles. México responde defendiendo su soberanía. Nosotros discutimos hasta dónde puede llegar Estados Unidos y dónde debe comenzar nuestra propia responsabilidad. Pero quizá la pregunta verdaderamente importante no sea qué piensa Donald Trump de México.

    La pregunta es qué vamos a hacer nosotros con México.

    Porque ningún presidente estadounidense resolverá nuestros problemas. Ningún discurso en Naciones Unidas sustituirá a nuestras instituciones. Ninguna reforma por sí sola acabará con el crimen organizado.

    México necesita recuperar espacios, instituciones y, sobre todo, valores sociales que durante décadas hemos permitido que se deterioren.

    No podemos admirar el dinero y después sorprendernos por su origen. No podemos exigir gobiernos honestos mientras socialmente toleramos al que se enriqueció ilegalmente porque es amigo, vecino, conocido o familiar de alguien. No podemos exigir soberanía hacia afuera si toleramos impunidad hacia adentro.

    Donald Trump lanzó desde la ONU una acusación severa contra México. Podemos rechazar su forma de expresarla, cuestionar su estrategia e incluso defendernos políticamente de cualquier intento de intervención. Pero sería un error desperdiciar la oportunidad de mirarnos también nosotros mismos.

    México puede salir de esto.

    Tenemos instituciones, empresarios, trabajadores, jóvenes, profesionistas, Fuerzas Armadas, servidores públicos y millones de ciudadanos que todos los días trabajan honestamente. Son infinitamente más los mexicanos que quieren vivir en paz que quienes viven del crimen.

    Pero el cambio no llegará solamente desde Palacio Nacional, desde el Congreso, desde Washington ni desde Naciones Unidas.

    Tiene que comenzar también en nuestra casa, en nuestras empresas, en nuestras comunidades y en nuestra manera de decidir qué conductas estamos dispuestos a aceptar.

    Ánimo, mi querido México. Sí se puede salir de esto.

    Pero el principal motor tiene que ser la sociedad.

  • EL YOUTUBER QUE NADIE VE

    EL YOUTUBER QUE NADIE VE

    Me da risa, pero también me llama profundamente la atención, la manera en que algunos medios manejaron en los últimos días la polémica surgida a partir de una fotografía tomada durante el arranque del proceso electoral rumbo a 2027 en el Instituto Nacional Electoral. En la imagen, captada por el fotoperiodista Miguel Martínez Corona, se observa a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, intercambiando mensajes con Manuel Pedrero y enviándole una fotografía de Alejandro “Alito” Moreno junto a un termo con la leyenda “Vota PRI”. Algunos medios interpretaron inmediatamente aquel intercambio como una instrucción para “atacar” al dirigente priista. Lo que sí puede leerse, de acuerdo con las publicaciones que reprodujeron la conversación, es que Montiel señaló que iniciaba el proceso electoral y que Alito ya estaba realizando lo que ella consideraba actos anticipados de campaña; Pedrero respondió: “Woow”, “Lo llevamos” y “Todo el material que vaya saliendo”.

    Y de ahí surgió toda una narrativa. Para unos era simplemente información compartida entre una dirigente partidista y un comunicador; para otros, la fotografía demostraba que Morena “daba línea” a periodistas y youtubers. Alejandro Moreno aprovechó la controversia y el asunto terminó convertido en otro episodio de la batalla política y mediática que ya comienza a sentirse alrededor de las elecciones de 2027. El propio origen de la discusión resulta hasta curioso: un termo rojo con la frase “Vota PRI” llevado por Moreno terminó generando acusaciones, respuestas partidistas y una discusión mucho más amplia sobre la relación entre políticos, periodistas y medios digitales.

    Pero hubo una reacción que particularmente me llamó la atención y, debo decirlo, hasta me causó gracia. En un espacio periodístico escuché una expresión despectiva hacia Pedrero que, palabras más, palabras menos, preguntaba: “¿Y ese p…jo quién es?”. No voy a atribuir la frase a una persona específica mientras no tenga plenamente identificado el video y su autor, porque una cosa es escribir una columna de opinión y otra muy diferente adjudicarle a alguien palabras que no podemos documentar correctamente.

    Pero precisamente de ahí nace el título de esta columna: el youtuber que nadie ve.

    Porque resulta curioso pretender presentar como irrelevante a Manuel Pedrero cuando hoy es director de Los Reporteros MX, conductor de Sin Máscaras y ha construido una audiencia digital considerable. Más importante todavía, en marzo de 2026 recibió del Club de Periodistas de México un reconocimiento nacional en la categoría de Periodismo Digital, categoría que se entregó por primera vez. Pedrero tenía apenas 23 años cuando recibió el galardón y públicamente atribuyó buena parte de ese logro a las audiencias que han acompañado tanto a Sin Máscaras como a Los Reporteros MX.

    Entonces quizá la pregunta no debería ser “¿quién es ese youtuber?”, sino qué está ocurriendo con el periodismo mexicano para que comunicadores surgidos de YouTube y de las redes sociales puedan construir audiencias que antes estaban prácticamente reservadas para las grandes televisoras, los periódicos y las estaciones de radio.

    Ese fenómeno merece analizarse independientemente de nuestras simpatías políticas.

    Yo sí tengo una posición respecto a Manuel Pedrero y no pretendo esconderla: reconozco su trabajo y expreso mi apoyo total a nuestro director. Considero que ha construido una audiencia precisamente porque existe un sector importante del público que confía en su manera de comunicar y que encuentra en su trabajo una alternativa a los medios tradicionales. Sus detractores podrán cuestionar su cercanía ideológica con la llamada Cuarta Transformación y, a partir de episodios como el intercambio con Montiel, discutir qué tan independiente consideran su ejercicio periodístico. Esa discusión es legítima. Pero una discusión seria tendría que hacerse con argumentos y evidencia, no simplemente preguntando despectivamente quién es alguien cuya presencia digital es perfectamente verificable.

    También quienes escribimos o participamos en medios identificados con una visión favorable a la transformación del país debemos aceptar algo elemental: apoyar las acciones de un gobierno que consideramos positivas no significa renunciar a la crítica. Nosotros tratamos de informar al pueblo de México sobre las obras y decisiones que consideramos benéficas para el país, pero eso no significa que debamos guardar silencio cuando alguien se equivoca. Manuel Pedrero también informa y critica a quienes considera que lo merecen. Esa independencia de criterio será todavía más importante conforme avance el proceso electoral.

    Porque ahí está, desde mi punto de vista, el verdadero tema de fondo.

    México ya entró en la dinámica política rumbo a 2027. Y la batalla no solamente se disputará en las urnas. Se disputará en televisión, periódicos, radio, YouTube, TikTok, Facebook, X y cualquier plataforma capaz de colocar una narrativa frente a millones de mexicanos. Una fotografía, un mensaje de WhatsApp, un video de treinta segundos o una declaración fuera de contexto pueden dominar durante días la conversación pública.

    Por eso Morena deberá tener muchísimo cuidado con toda la operación política y electoral que viene. Y la oposición también tendrá que estar sometida exactamente al mismo escrutinio.

    Los dinosaurios de la política no desaparecieron; simplemente aprendieron a sobrevivir.

    Muchos de quienes durante décadas aprendieron a operar elecciones, construir alianzas, movilizar estructuras y controlar narrativas continúan presentes en la política mexicana. Algunos cambiaron de partido, otros cambiaron de aliados y otros simplemente cambiaron de estrategia. Conforme pasan los años, la oposición que durante décadas tuvo enormes espacios de poder observa un escenario político completamente diferente. Morena controla hoy espacios institucionales que antes pertenecieron al PRI y al PAN, mientras esos partidos buscan reconstruir estructuras, recuperar electores y encontrar una narrativa capaz de competir nuevamente por el poder.

    Eso es política. Y precisamente por eso hay que observar a todos.

    Cuando desde la oposición se anuncia que habrá una vigilancia especial para impedir un supuesto robo electoral por parte de Morena, esa afirmación debe analizarse con cuidado. Una cosa es vigilar las elecciones, algo absolutamente legítimo y necesario para cualquier fuerza política, y otra anticipar como hecho algo que todavía no ha ocurrido. Si existen irregularidades deberán documentarse, denunciarse ante las autoridades correspondientes y probarse. De la misma manera, Morena tampoco debería utilizar su posición dominante para descalificar automáticamente cualquier señalamiento de la oposición.

    Yo tengo mi propia lectura política: creo que veremos una operación muy fuerte de las estructuras opositoras y de sus aliados para recuperar espacios y reconstruir parte del poder perdido durante los últimos años. Pero esa es precisamente mi interpretación y será el desarrollo del proceso electoral el que permita comprobar hasta dónde llega cada estrategia.

    Los intereses económicos también forman parte inevitable de esta recomposición. Durante décadas existieron empresarios estrechamente vinculados con determinadas estructuras políticas y hoy el mapa empresarial mexicano es mucho más complejo. Hay empresarios que mantienen posiciones críticas frente al gobierno, otros que colaboran con él y muchos que simplemente toman decisiones de acuerdo con las condiciones económicas de cada momento. Sería demasiado simplista decir que todos están de un lado o del otro. Lo que sí resulta evidente es que la relación entre poder político, poder económico y medios de comunicación continúa siendo uno de los grandes temas de México.

    Y mientras todo esto ocurre, otro episodio de estos días retrató perfectamente el nivel de confrontación política que vive nuestro país.

    Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, fue increpado en un aeropuerto por un ciudadano que lo llamó “traidor” y “sinvergüenza”. El video muestra que Yunes, en lugar de continuar caminando, regresó hacia quien lo estaba increpando y respondió directamente: “No traicioné a nadie”. El intercambio subió de tono y terminó con Yunes dejando claro que, si el hombre quería continuar la discusión, podían hacerlo en otro lugar.

    Sinceramente, a mí esa reacción me llamó mucho la atención.

    Independientemente de las diferencias políticas que cualquiera pueda tener con Miguel Ángel Yunes Linares, regresar y enfrentar verbalmente a quien te está insultando requiere carácter. Don Miguel regresó, dio la cara, respondió que él no había traicionado a nadie y sostuvo su posición frente a quien lo estaba increpando. Cada lector podrá estar de acuerdo o no con él, pero el episodio dice mucho del carácter político que ha construido durante décadas.

    Por supuesto, el reclamo que recibió tampoco apareció de la nada. Tiene un antecedente político muy concreto. En septiembre de 2024, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador y entonces senador electo por el PAN, votó a favor de la reforma constitucional al Poder Judicial impulsada por Morena y sus aliados. Aquel voto adquirió enorme relevancia dentro de la aritmética legislativa necesaria para alcanzar la mayoría calificada en el Senado. Miguel Ángel Yunes Linares, como suplente, incluso ocupó temporalmente el escaño durante aquella jornada. Desde entonces, sectores de la oposición han calificado aquella decisión como una traición; los Yunes han rechazado esa interpretación y han defendido públicamente su actuación.

    Y precisamente ahí encuentro el hilo que conecta ambos acontecimientos.

    Estamos entrando en una etapa en la que todos van a ser observados: dirigentes, candidatos, periodistas, youtubers, empresarios, exgobernadores y operadores políticos.

    Ya prácticamente no existen los espacios públicos sin cámaras.

    Una cámara puede descubrir el mensaje que aparece en el teléfono de una dirigente partidista durante un evento político y otra puede registrar, días después, la discusión de un exgobernador con un ciudadano dentro de un aeropuerto. En cuestión de minutos las imágenes pueden recorrer todo México y cada grupo político intentará utilizarlas para fortalecer su propia narrativa.

    La política mexicana cambió.

    Pero también cambió el periodismo.

    Antes, para tener influencia nacional prácticamente había que tener detrás una televisora, una cadena de radio o un gran periódico. Hoy un joven con una cámara, un micrófono y una conexión a internet puede construir una audiencia gigantesca. Y eso está sacudiendo a una industria que durante décadas decidió quién tenía voz y quién no.

    Eso tampoco convierte automáticamente a ningún youtuber en buen periodista, del mismo modo que trabajar para una gran televisora tampoco garantiza independencia, objetividad o rigor. La audiencia tendrá que juzgar a cada comunicador por la calidad de la información que presenta, por la evidencia con la que sostiene sus afirmaciones, por su transparencia y, sobre todo, por su capacidad de mantener credibilidad con el paso del tiempo.

    Por eso me resulta tan divertida aquella pregunta:

    “¿Y ese p…jo quién es?”

    Pues ese es Manuel Pedrero.

    El joven periodista que recibió en 2026 un reconocimiento nacional en Periodismo Digital. El director de Los Reporteros MX. El conductor de Sin Máscaras. Un comunicador que despierta respaldo entre unos y críticas muy fuertes entre otros, pero que evidentemente ya forma parte de la conversación política nacional.

    El supuesto “youtuber que nadie ve”.

    Quizá algunos todavía no entienden el tamaño del cambio que ocurrió frente a sus ojos. Mientras una parte del viejo ecosistema mediático continúa midiendo la importancia de un periodista por el nombre de la televisora, el periódico o la estación de radio que aparece detrás de él, millones de mexicanos ya consumen información de otra manera.

    Hoy la credencial para entrar a la conversación pública ya no la entrega solamente una televisora.

    La entrega también la audiencia.

    Y esto apenas comienza.

    Se acerca una operación política y electoral intensa. Habrá acusaciones, filtraciones, videos, fotografías, encuestas, campañas digitales y seguramente intentos de manipulación de la conversación desde distintos frentes. Morena tendrá que cuidar sus formas y demostrar con hechos aquello que afirma defender; la oposición tendrá que sustentar sus denuncias con evidencia; las autoridades electorales tendrán que hacer valer las reglas; y nosotros, desde los medios, tendremos una responsabilidad todavía mayor: informar, documentar, investigar y también criticar cuando corresponda.

    Porque ningún partido debería recibir un cheque en blanco de los periodistas.

    Y ningún periodista debería necesitar el permiso de los viejos medios para existir.

    Así que, como dice aquella canción, ahora sí:

    Cuidado. Mucho cuidado.

  • Gobierno vs. algunos medios: la otra guerra por México

    Gobierno vs. algunos medios: la otra guerra por México

    Recientemente hemos visto y escuchado a periodistas de medios verdaderamente importantes lanzar críticas prácticamente todos los días contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, contra integrantes de su equipo político, contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra sus hijos y contra personajes identificados con el movimiento que hoy gobierna México. Y entonces surge una pregunta que me parece legítima: ¿por qué tanta insistencia?, ¿estamos viendo simplemente el ejercicio normal y necesario de un periodismo crítico frente al poder o, en algunos casos, estamos observando una confrontación política disfrazada de ejercicio periodístico?

    Aclaro algo desde ahora: no quiero periodistas paleros del gobierno. Nunca. El periodismo debe investigar, cuestionar, denunciar y señalar al poder; esa es precisamente una de sus funciones fundamentales dentro de una democracia. Pero una cosa es fiscalizar al gobierno y otra muy distinta convertir cada error, cada rumor, cada declaración y cada sospecha en una bomba política, mientras los resultados positivos reciben apenas unos segundos de cobertura. Y es ahí donde empieza mi preocupación, porque pareciera que en algunos espacios informativos ya no existe únicamente una línea editorial, sino una posición política perfectamente identificable.

    El problema tampoco es exclusivo de quienes critican al gobierno. También existen comunicadores, medios y creadores de contenido cuya simpatía por Morena y la llamada Cuarta Transformación resulta evidente. Precisamente por eso debemos exigir lo mismo para todos: ni periodismo subordinado al gobierno ni periodismo subordinado a la oposición. Periodismo.

    México vive hoy una verdadera batalla por el control de la narrativa pública y esa batalla importa mucho porque durante décadas se habló de la prensa como el “cuarto poder”. Hoy ese poder continúa existiendo, pero ya no está solo. Frente a él apareció otro monstruo comunicativo: las redes sociales. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram y otras plataformas cambiaron completamente la manera en que millones de mexicanos reciben información. El Reuters Institute documentó en su Digital News Report 2026 que el 66 por ciento de los mexicanos consume noticias semanalmente mediante redes sociales, mientras que el alcance semanal de la televisión para informarse cayó al 34 por ciento. Hay otro dato todavía más revelador: solamente el 31 por ciento dice confiar en las noticias en general.

    Algo está pasando. La gente sigue consumiendo información, pero cada vez confía menos en quienes tradicionalmente se la proporcionaban, y eso representa un cambio político monumental. Antes, unos cuantos noticieros, periódicos y conductores tenían una capacidad enorme para decidir qué asunto dominaría la conversación nacional al día siguiente. Hoy cualquier ciudadano trae prácticamente una televisora en el bolsillo: puede grabar, transmitir, comparar, buscar otra versión o regresar diez años y encontrar un video donde un político decía exactamente lo contrario de lo que sostiene actualmente.

    Eso tampoco significa que las redes sociales hayan acabado con la manipulación. Simplemente la democratizaron. Hoy ya no solamente un gran medio puede construir una narrativa; también puede hacerlo un influencer, un político, un empresario, un partido, un creador de contenido o cualquier persona capaz de lograr que un video se vuelva viral. La tecnología no terminó con la mentira, la hizo más rápida, pero también hizo mucho más difícil monopolizar la verdad.

    Y ahí está una de las grandes diferencias entre el México actual y aquel México que conocimos hace algunas décadas. Recuerdo perfectamente la llegada de Vicente Fox. Nos vendieron “el cambio”. Fox se presentaba como un hombre diferente a los políticos tradicionales: las botas, la hebilla, el rancho, el lenguaje coloquial y la imagen de un hombre aparentemente alejado de los protocolos del viejo sistema. Millones de mexicanos de buena fe creyeron en aquello. Yo no. Nunca simpaticé particularmente con su proyecto político, aunque respeto a quienes sí lo hicieron.

    Lo cuento también desde mi propia historia. Nosotros veníamos de una formación esencialmente priista, no necesariamente por una cuestión doctrinaria, sino por la cercanía que durante muchos años tuvimos con funcionarios y personajes políticos del estado y de distintos municipios. Después llegaron los cambios, el PRI comenzó a hacerse pequeño, muchos amigos terminaron en el PAN y hoy muchos de ellos están en Morena. Así es la política mexicana. Algún día les contaré esas historias porque precisamente fue durante aquellos años, por ahí de los noventa y siendo yo todavía muy joven, cuando empecé a interesarme verdaderamente por la política.

    Pero volvamos al presente. Hoy vemos cosas que hace veinte o treinta años habrían parecido imposibles: Vicente Fox coincidiendo políticamente con el PRI y con personajes como Alejandro Moreno frente a un adversario común llamado Morena. La política mexicana tiene esas ironías. El hombre que llegó a Los Pinos representando la derrota histórica del PRI aparece décadas después compartiendo causas políticas con ese mismo partido. Hasta dónde hemos llegado en la política mexicana que aquello que antes parecía un chiste hoy aparece frente a nosotros como una fotografía perfectamente posible.

    Y no es solamente una anécdota. La oposición enfrenta una realidad electoral complicada y necesita encontrar discursos, personajes y estrategias capaces de disputar la conversación pública. Por eso considero que la verdadera elección de 2027 ya comenzó, y una parte fundamental de esa elección no se está disputando todavía en las urnas, sino en las pantallas, en los teléfonos, en las mañaneras, en los noticieros, en las columnas, en TikTok, Facebook, YouTube y X.

    Cada escándalo cuenta, cada error cuenta, cada fotografía cuenta, cada viaje cuenta, cada propiedad cuenta, cada declaración cuenta y también cada silencio cuenta. Por supuesto que resulta legítimo investigar el huachicol, la corrupción, la inseguridad, los contratos públicos, los posibles conflictos de interés y cualquier señalamiento contra funcionarios o familiares de políticos. Eso no solamente es válido, es indispensable. Pero el mismo rigor debería existir para contar lo que sí funciona.

    Cuando se inaugura un hospital, una carretera, un puente o una obra importante, cuando existe un resultado verificable en salud, infraestructura, empleo o seguridad, también es noticia. No porque deba hacerse propaganda al gobierno, sino porque informar significa presentar la realidad completa. Si un noticiero dedica diez minutos a un escándalo y apenas unos segundos a una obra pública importante está ejerciendo, por supuesto, su libertad editorial, pero también está construyendo una jerarquía informativa y las audiencias tienen derecho a preguntarse por qué.

    Del otro lado, el gobierno tampoco puede caer en la tentación de considerar enemigo a todo periodista que publique algo incómodo. Una democracia necesita prensa crítica y México, además, continúa enfrentando una realidad particularmente grave respecto a la seguridad de quienes ejercen el periodismo. Eso obliga a defender la libertad de expresión incluso cuando lo publicado nos moleste, porque una cosa es cuestionar la línea editorial de un medio y otra completamente distinta intimidar al periodista.

    Y aquí llegamos a la parte política. Presidenta Claudia Sheinbaum: creo que a su gobierno le hace falta fortalecer todavía más la operación política. No estoy hablando de comunicación social, estoy hablando de política. De aquella política que permite sentarse con adversarios, negociar sin rendirse, construir acuerdos, apagar incendios, abrir canales de comunicación y hacer respetar las instituciones aun frente a quienes piensan completamente distinto.

    México necesita en la Secretaría de Gobernación un enorme peso político. Lo digo sin demeritar la capacidad de la actual secretaria ni de quienes desempeñan responsabilidades dentro de su administración, pero considero que el momento exige operadores de muchísimo oficio, personajes capaces de hablar con aliados y adversarios y que conozcan perfectamente las entrañas del sistema político mexicano.

    Y voy a mencionar un nombre que seguramente provocará inmediatamente reacciones: Miguel Ángel Yunes Linares.

    Sí, Yunes.

    Sé perfectamente lo que representa ese apellido en Veracruz, conozco las controversias que lo han acompañado y sé que una propuesta de esta naturaleza recibiría ataques desde distintos frentes. Pero también conozco su trayectoria y una cosa no cancela la otra. Yunes Linares ha sido secretario general de Gobierno de Veracruz, funcionario de la Secretaría de Gobernación, director general de Prevención y Readaptación Social, subsecretario federal, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, director general del ISSSTE y gobernador de Veracruz.

    Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero difícilmente puede argumentarse que desconoce cómo funciona el poder político mexicano. Conoce al PRI, conoce al PAN, conoce al gobierno federal, conoce al Congreso, conoce Veracruz, conoce los temas de seguridad y conoce personalmente a muchos de quienes hoy participan en la confrontación política contra el gobierno.

    ¿Sería necesariamente la persona indicada? Eso solamente podría decidirlo la presidenta. Yo simplemente lo planteo como una reflexión y una sugerencia política. Quizá ha llegado el momento de recuperar aquellos perfiles capaces de sentarse frente al adversario y decirle que podemos pensar diferente, podemos enfrentarnos electoralmente y podemos cuestionar al gobierno todos los días, pero existen instituciones e investiduras que deben respetarse.

    Criticar a Claudia Sheinbaum es absolutamente legítimo. Cuestionar sus políticas es democracia. Pero el insulto y la descalificación personal no mejoran a la oposición ni fortalecen al país. Cuando personajes como Alejandro Moreno o el propio Vicente Fox elevan el tono hasta convertir la discusión política en espectáculo, terminamos empobreciendo un debate nacional que debería estar concentrado en problemas muchísimo más importantes.

    He visto antes momentos políticamente complicados y regreso inevitablemente a Veracruz. Recuerdo perfectamente cuando Miguel Ángel Yunes Linares dejó las filas del PRI en medio del proceso político que llevaría a Fidel Herrera Beltrán hacia la candidatura al gobierno de Veracruz. Recuerdo incluso una conversación personal con él en el Hotel Fiesta Americana. Me dijo algo que nunca olvidé: “Vienen cosas difíciles para Veracruz”.

    Lo recuerdo bien.

    Pasaron los años y Veracruz efectivamente atravesó tiempos muy difíciles. Particularmente durante el gobierno de Javier Duarte, el estado vivió una profunda crisis de inseguridad, corrupción y violencia, incluyendo una etapa especialmente dolorosa para el periodismo veracruzano. Son heridas que todavía forman parte de nuestra historia reciente y que tampoco debemos olvidar cuando hablamos de la relación entre medios y poder.

    Por eso esta confrontación entre gobierno, oposición y algunos medios debe observarse con muchísimo cuidado. México está políticamente polarizado. La oposición necesita reconstruirse, Morena necesita evitar la soberbia que históricamente termina acompañando a los partidos dominantes, el gobierno necesita aceptar la crítica y los medios necesitan distinguir investigación de militancia. Y nosotros, los ciudadanos, necesitamos aprender a distinguir información de propaganda, venga de donde venga.

    Porque en esta nueva época existe algo quizá todavía más poderoso que el llamado cuarto poder: la capacidad individual de decidir qué creemos.

    Hoy millones de mexicanos tienen acceso inmediato a distintas versiones de una misma historia y, aunque algunos piensen lo contrario, eso cambia completamente las reglas del juego. Nuestros dedos índices quizá ya estén desarrollando musculatura de tanto mover Facebook, TikTok e Instagram de arriba hacia abajo, pero ojalá también estemos desarrollando algo muchísimo más importante: criterio.

    La democracia no consiste en creerle siempre al gobierno, pero tampoco consiste en creerle siempre al periodista que más grita. Consiste en escuchar, comparar, investigar, pensar y después decidir.

    La guerra política rumbo a 2027 ya comenzó y esta vez quizá la batalla más importante no se libre solamente entre Morena, PAN, PRI o Movimiento Ciudadano. Se librará por algo muchísimo más valioso: la credibilidad.

    Y ahí, señoras y señores, absolutamente todos tendrán que demostrar de qué lado están.

    No del gobierno ni de la oposición.

    De México y de la verdad.

  • Veracruz: luto, política y preguntas sin respuesta

    Veracruz: luto, política y preguntas sin respuesta

    Un fin de semana muy agitado y particularmente triste para Veracruz nos deja pérdidas, preguntas todavía sin respuesta y movimientos políticos que vale la pena observar con mucha atención.

    La noticia que sacudió primero al estado y después al ámbito político nacional fue la muerte del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García, quien fue localizado sin vida el viernes 4 de septiembre en el municipio de Puente Nacional, Veracruz. Escobar era diputado federal de Morena por el Distrito 16, con cabecera en Córdoba, y antes había sido diputado local y secretario de Educación de Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

    Su muerte, por supuesto, no puede ni debe prestarse a conclusiones anticipadas.

    La Fiscalía General de la República atrajo la investigación debido precisamente al carácter federal del legislador, y hasta este momento será esa institución la que tendrá que establecer, mediante peritajes, necropsia y demás diligencias ministeriales, qué ocurrió y si estamos frente a un hecho criminal, un suicidio o cualquier otra hipótesis que pueda surgir de las investigaciones.

    La propia presidenta Claudia Sheinbaum pidió que sea la FGR la que informe sobre el caso, mientras que la gobernadora Rocío Nahle ha insistido en que existen distintas líneas de investigación y que hay que esperar los resultados oficiales.

    Y eso es precisamente lo que debemos hacer.

    Pero esperar no significa dejar de preguntar.

    Porque si las investigaciones llegaran a determinar que Zenyazen Escobar fue víctima de un crimen, estaríamos ante un hecho particularmente grave. Primero, y antes que cualquier cargo público, porque estamos hablando de la pérdida de una vida humana; pero además porque se trataba de un diputado federal en funciones, un personaje con una trayectoria importante dentro del grupo político que ha gobernado Veracruz durante los últimos años y alguien que conocía perfectamente la operación territorial y electoral de Morena.

    Zenyazen no era un desconocido dentro de ese movimiento. Había transitado del magisterio y la lucha sindical al Congreso local, posteriormente a la Secretaría de Educación y finalmente a la Cámara de Diputados. El Sistema de Información Legislativa lo registraba como diputado de mayoría relativa por el Distrito 16 de Veracruz desde agosto de 2024.

    Por eso la FGR tiene frente a sí una responsabilidad enorme: investigar sin especulaciones, pero también sin dejar ningún cabo suelto.

    La gobernadora Rocío Nahle acudió a despedir al legislador y expresó personalmente sus condolencias a la familia. En las exequias también apareció el exgobernador Cuitláhuac García, quien evidentemente se mostró afectado por la pérdida de quien durante años fue uno de sus colaboradores más cercanos.

    Y con mucha razón.

    Más allá de cargos y diferencias políticas, existía entre ambos una relación personal y política construida durante años. Fueron compañeros de proyecto, participaron en la consolidación de Morena en Veracruz y Zenyazen formó parte del primer círculo político del gobierno de Cuitláhuac.

    Aquí es donde entra esa mente conspirativa que de vez en cuando aparece en esta columna, pero precisamente por eso debemos marcar claramente la diferencia entre una pregunta y una acusación.

    Si algo debería preocupar en este momento es la seguridad de quienes han sido operadores políticos importantes, no solamente de Morena sino de cualquier partido. Los operadores territoriales, sociales y financieros conocen estructuras, campañas, recursos, acuerdos y personajes. En cualquier escenario de confrontación política o criminal son figuras particularmente sensibles.

    No estoy afirmando que la muerte de Zenyazen tenga relación con ello. Hasta hoy no existe información oficial que permita sostenerlo.

    Pero sí digo algo: hay que tener cuidado.

    Mucho cuidado.

    México no puede normalizar que un diputado federal aparezca muerto y que después simplemente pasemos a la siguiente noticia. Si fue un delito, queremos saber quién lo cometió y por qué. Si la investigación determina otra causa, también queremos conocerla. Lo importante es que exista una explicación técnica, transparente y convincente.

    Porque mientras no exista, las preguntas van a seguir ahí.

    Y mientras Morena enfrenta este momento doloroso, del otro lado del tablero político comenzaron también movimientos interesantes.

    En Veracruz se produjo una peculiar aproximación entre personajes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para hablar de la posibilidad de construir un frente opositor rumbo a 2027. Alejandro Moreno ha planteado públicamente la posibilidad de una alianza amplia y en los últimos días se han producido encuentros entre personajes de estos partidos.

    El problema es que todavía no terminaban de sentarse cuando comenzaron a aparecer las diferencias.

    Movimiento Ciudadano tiene razones para sentirse en una posición distinta a la de hace algunos años. No puede afirmarse que sea ya la segunda fuerza política nacional, porque los números no dicen eso, pero tampoco puede tratarársele como un partido testimonial.

    En la elección presidencial de 2024, Jorge Álvarez Máynez consiguió para MC más de 6.2 millones de votos, equivalentes a poco más del 10 por ciento de la votación. En la elección de diputados federales, Movimiento Ciudadano alcanzó aproximadamente 10.9 por ciento de los votos emitidos para las listas de representación proporcional, quedando muy cerca del PRI y consolidando una base electoral propia.

    Eso cambia las negociaciones.

    MC gobierna además dos entidades económicamente importantes, Nuevo León y Jalisco, y ha construido una identidad política que busca diferenciarse tanto de Morena como de la vieja alianza PRI-PAN. Por eso resulta lógico que Dante Delgado y los dirigentes naranjas no quieran llegar a una eventual coalición simplemente para ocupar el tercer asiento de una mesa.

    Hay votos que negociar, candidaturas que repartir y, sobre todo, una elección intermedia de 2027 que será determinante para medir el verdadero desgaste o fortaleza del movimiento encabezado por Morena.

    En Nuevo León existe además un ingrediente que ningún estratega político debería despreciar: las redes sociales.

    Mariana Rodríguez ha demostrado una capacidad extraordinaria para generar exposición pública y conectar con segmentos de población que la política tradicional difícilmente alcanza. Se podrá estar de acuerdo o no con Samuel García y con su administración, pero negar el peso político y comunicacional de Mariana sería simplemente no entender cómo funcionan hoy las campañas.

    Y precisamente por eso hay que tener cuidado con la forma en que se desarrolla la competencia política.

    La confrontación es parte de la democracia. La crítica también. Se vale cuestionar gobiernos, candidatos, decisiones y resultados. Lo que no debería normalizarse es convertir la discusión política en insultos personales, y mucho menos cuando éstos se dirigen contra una mujer.

    Hay muchas maneras de defender una posición política sin perder el respeto.

    Las elecciones de 2027 todavía parecen lejanas, pero en política año y medio pasa volando. Los partidos ya están moviendo sus piezas y Morena sabe perfectamente que conservar la mayoría legislativa será una de sus grandes prioridades. PRI, PAN y MC, por su parte, tendrán que decidir si juntos realmente suman o si sus diferencias terminan convirtiendo cualquier alianza en una fotografía de ocasión.

    Y cuando parecía que Veracruz ya había recibido suficientes noticias tristes durante el fin de semana, este domingo 6 de septiembre partió también una verdadera referencia de la radiodifusión veracruzana: don Félix Malpica Valverde.

    Su fallecimiento ocurrió durante la madrugada después de permanecer hospitalizado en un delicado estado de salud.

    Hablar de Félix Malpica es hablar de una época fundamental de la radio en Veracruz.

    Durante más de cinco décadas estuvo vinculado a la industria radiofónica y fue una de las figuras fundamentales de Grupo FM Multimedios, empresa que participó en el desarrollo y expansión de la frecuencia modulada en nuestro estado. Su trayectoria estuvo ligada no solamente a la administración de estaciones, sino a la transformación de la forma de hacer radio en Veracruz.

    Fue empresario, comunicador, innovador y, sobre todo, un enamorado de su puerto.

    Bohemio, jarocho y orgulloso de Veracruz, Félix disfrutaba su ciudad y formó parte de una generación de empresarios que entendieron que los medios de comunicación también podían convertirse en instituciones de la vida cotidiana de una comunidad.

    Durante décadas, políticos, empresarios, periodistas y personajes de la sociedad veracruzana pasaron frente a los micrófonos de los proyectos radiofónicos en los que participó.

    Pero quienes lo conocieron saben que detrás del empresario existía también el hombre que disfrutaba Veracruz, sus amigos, su música, su conversación y esa forma tan particular que tenemos los jarochos de sentirnos orgullosos de nuestro puerto.

    Desde esta columna enviamos nuestro más sentido pésame a toda la familia Malpica y muy especialmente a sus hijos, familiares, amigos y colaboradores.

    Descanse en paz don Félix Malpica Valverde.

    Se nos fue un personaje importante de la radio veracruzana.

    Y así termina un fin de semana extraño: uno que nos deja dos despedidas, muchas preguntas y un tablero político que comienza a moverse rumbo a 2027.

    Sobre Zenyazen, que investigue la FGR y que informe.

    Sobre la oposición, que se ponga de acuerdo si realmente pretende competir.

    Y sobre quienes hoy participan activamente en la política nacional y veracruzana, sean del color que sean, que se cuiden.

    Porque la competencia política debe darse en las urnas, en las ideas y en el debate.

    Nunca en la violencia.

  • México tiene memoria

    México tiene memoria

    No demerito el esfuerzo, la consistencia ni la determinación que ha mostrado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, hoy senador de la República y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, por recuperar votos y tratar de colocar nuevamente al PRI en una posición relevante dentro de la política mexicana. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero sería injusto negar que está dando una batalla frontal. Ha documentado señalamientos de corrupción, ha llevado acusaciones contra el gobierno mexicano a instancias internacionales y ha elevado considerablemente el tono de su confrontación política. En agosto de 2026 informó que acudió ante la Organización de las Naciones Unidas para denunciar lo que considera violaciones de derechos y libertades en México, además de otras acciones emprendidas en Estados Unidos. Alejandro Moreno parece haberse decidido a jugar políticamente el todo por el todo y, cuando declara que incluso su propia seguridad está en riesgo, pretende dejar claro que no piensa retroceder. Como dirigente de oposición podrá ser cuestionado por muchas cosas, pero difícilmente puede decirse que esté escondido o que haya bajado la guardia.

    El problema para Alejandro Moreno es que su adversario más difícil quizá no sea Claudia Sheinbaum, Morena o el gobierno federal. Su adversario más complicado es algo que ningún dirigente puede derrotar desde una tribuna: la memoria de los mexicanos. Porque México tiene memoria, y ése es probablemente el mayor problema que enfrenta el PRI cuando intenta convencer a la sociedad de que representa nuevamente una alternativa de gobierno. Durante décadas el PRI no solamente gobernó México: prácticamente se confundió con el propio Estado. Controló la Presidencia de la República, la inmensa mayoría de las gubernaturas, congresos, organizaciones sindicales y buena parte de la estructura institucional del país. Por eso resulta imposible pedirle hoy al ciudadano que juzgue al partido únicamente por lo que dice su actual dirigente. Cuando el PRI pide otra oportunidad, inevitablemente aparecen los recuerdos de lo que ocurrió cuando tuvo prácticamente todo el poder.

    Las generaciones más jóvenes quizá conozcan las grandes crisis económicas mexicanas solamente por lo que les cuentan sus padres o sus abuelos, pero millones de mexicanos todavía recuerdan perfectamente lo ocurrido. En agosto de 1982 México informó a sus acreedores que ya no podía cumplir plenamente con el servicio de su deuda externa, episodio que el Fondo Monetario Internacional identifica como el comienzo de la gran crisis latinoamericana de deuda. José López Portillo terminó su gobierno en medio de devaluaciones, inflación, fuga de capitales y una economía profundamente deteriorada, y Miguel de la Madrid recibió un país que durante años padecería las consecuencias. Después vendrían nuevas turbulencias hasta llegar a diciembre de 1994 y la crisis de 1995, cuando el PIB mexicano se contrajo alrededor de 6.2%. Para quienes vivieron aquellos años no se trata de una gráfica económica: hubo familias que perdieron casas, negocios, automóviles, ahorros y patrimonios construidos durante décadas; las tasas de interés se dispararon, el poder adquisitivo se desplomó y miles de hogares quedaron atrapados en deudas que parecían imposibles de pagar. Esa generación difícilmente puede escuchar hablar del antiguo modelo mexicano sin recordar lo que le costó sobrevivirlo.

    Después llegó otro capítulo todavía más doloroso: la violencia. Y aquí debemos ser históricamente justos, porque sería absurdo responsabilizar exclusivamente al PRI de toda la violencia mexicana. La llamada guerra contra el narcotráfico se intensificó durante el gobierno de Felipe Calderón, del PAN, y fue precisamente durante esos años cuando organizaciones como Los Zetas alcanzaron niveles aterradores de poder en distintas regiones del país. Los mexicanos conocimos palabras que nunca debieron normalizarse: levantones, cuotas, casas de seguridad, decapitados, fosas clandestinas. Comerciantes que pagaban extorsiones para poder abrir sus negocios, familias que evitaban viajar de noche, balaceras en plena ciudad y ciudadanos que simplemente desaparecían. Morena ni siquiera existía todavía como partido político nacional; obtuvo su registro hasta 2014. Por eso resulta poco serio pretender que la violencia mexicana nació en 2018. Lo que hoy padecemos tiene raíces mucho más antiguas, construidas durante décadas de impunidad, corrupción institucional, expansión del crimen organizado y complicidades políticas de distintos colores.

    Los veracruzanos sabemos perfectamente de qué estoy hablando. Quienes vivimos aquellos años recordamos lo que significaba escuchar historias de secuestros, extorsiones, desapariciones y enfrentamientos. Y después llegó uno de los símbolos nacionales de la corrupción política: Javier Duarte de Ochoa, gobernador priista de Veracruz entre 2010 y 2016. Duarte terminó declarándose culpable en un proceso federal y en 2018 fue condenado a nueve años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Su nombre dejó de representar únicamente a un exgobernador para convertirse en un símbolo de una época. ¿Cómo pedirle entonces a un veracruzano que simplemente olvide? Veracruz también recuerda los años de Fidel Herrera y la transformación que sufrió la seguridad del estado durante aquella época. Podemos discutir responsabilidades específicas y debemos evitar adjudicar delitos sin sentencia, pero lo que nadie puede borrar es la percepción y la experiencia de una sociedad que vio deteriorarse dramáticamente su entorno.

    Y Veracruz ofrece además otro ejemplo de las decisiones que durante años fueron presentadas bajo el lenguaje de la modernización. En 2015 se entregó por treinta años la operación del sistema de agua de Veracruz y Medellín a una empresa mixta en la que participaron capitales privados, entre ellos Odebrecht Ambiental y Aguas de Barcelona. La documentación del propio ORFIS acredita aquella estructura. Se nos dijo durante décadas que privatizar significaba modernizar, invertir y hacer más eficientes los servicios. La pregunta, después de años de controversias por tarifas, servicio e infraestructura, sigue siendo válida: ¿realmente mejoró la vida del ciudadano? Porque privatizar por sí mismo nunca fue garantía de eficiencia; cuando una concesión pública carece de suficiente competencia, vigilancia y rendición de cuentas, lo único que puede cambiar es quién cobra la factura.

    Lo mismo puede preguntarse sobre el modelo energético que durante años privilegió la participación de grandes compañías extranjeras. Iberdrola llegó a convertirse en uno de los actores privados más importantes del sector eléctrico mexicano y desarrolló numerosas centrales, particularmente de ciclo combinado. Sus defensores argumentarán, con razón, que la inversión privada aportó capacidad de generación, capital y tecnología. Pero el ciudadano común tiene derecho a hacer una pregunta mucho más sencilla: ¿esa transformación se reflejó proporcionalmente en tarifas eléctricas más bajas para las familias? Si el argumento era que abrir sectores estratégicos al capital privado necesariamente produciría mejores servicios y menores costos, entonces los resultados también deben evaluarse desde el recibo que llega a la casa y no solamente desde los estados financieros de las empresas.

    Pero el problema histórico del PRI es todavía más profundo porque la memoria mexicana tiene nombres y apellidos: Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Mario Marín, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y otros personajes que, con situaciones jurídicas diferentes que deben distinguirse con rigor, terminaron asociados públicamente con escándalos, investigaciones o procesos que dañaron profundamente la imagen del partido. Tomás Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas, fue condenado en Estados Unidos en 2023 a nueve años de prisión después de declararse culpable de aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizar parte de esos recursos para adquirir propiedades en Estados Unidos. César Duarte fue extraditado desde Estados Unidos a México en 2022 para enfrentar acusaciones relacionadas con peculado y asociación delictuosa. Mario Marín continúa vinculado judicialmente al caso de la periodista Lydia Cacho. Roberto Borge pasó años privado de la libertad y, aunque en 2026 fue absuelto del cargo de delincuencia organizada dato que también debe decirse continuó enfrentando otro proceso bajo prisión domiciliaria. Humberto Moreira fue durante años objeto de fuertes cuestionamientos relacionados con la deuda de Coahuila, aunque sería irresponsable convertir acusaciones políticas en condenas que jurídicamente no existen.

    Ésa es precisamente la diferencia entre memoria y propaganda. No necesitamos inventarle nada al pasado para entender por qué el PRI tiene dificultades para reconstruirse. Los tamaulipecos recuerdan a Yarrington; los chihuahuenses, a César Duarte; los poblanos, a Mario Marín; los quintanarroenses, a Roberto Borge; los veracruzanos, a Javier Duarte. Cada entidad conserva sus propias historias, y ésas pesan mucho más que cualquier espectacular de campaña. Alejandro Moreno puede recorrer el país denunciando los errores de Morena y seguramente encontrará muchos que señalar, pero antes de pedirle al ciudadano que vuelva a confiar en el PRI necesita responder una pregunta muchísimo más complicada: ¿qué hizo el PRI para garantizar que aquello no vuelva a ocurrir?

    Ahora bien, tampoco podemos convertir esta reflexión en propaganda para Morena. México no se transformó mágicamente en un país perfecto en diciembre de 2018. Sigue existiendo corrupción, siguen existiendo homicidios, extorsiones y desapariciones, existen regiones donde el crimen organizado conserva un poder intolerable, hay deficiencias graves en servicios de salud y existen decisiones del gobierno que merecen ser cuestionadas. La oposición tiene no solamente el derecho, sino la obligación de investigar y denunciar. México necesita contrapesos, instituciones fuertes, periodistas incómodos y partidos capaces de fiscalizar al poder. Si Alejandro Moreno presenta pruebas de corrupción, deben investigarse independientemente de quién resulte involucrado. Y si funcionarios de Morena cometen delitos, deberán responder exactamente igual que los funcionarios del PRI o del PAN. La memoria no puede ser selectiva.

    Pero tampoco puede ignorarse que el México actual presenta indicadores sociales que ayudan a explicar por qué una parte importante de la población continúa respaldando el proyecto político iniciado en 2018. El salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte llegó a 440.87 pesos diarios. La CONASAMI calcula una recuperación acumulada muy importante del poder adquisitivo durante ese periodo. Asimismo, la medición de pobreza multidimensional reportó una reducción de 41.9% de la población en 2018 a 29.6% en 2024, equivalente a aproximadamente 13.4 millones de personas menos en condición de pobreza. Habrá quienes atribuyan esa reducción a los programas sociales, quienes destaquen el aumento salarial y quienes señalen otros factores económicos; probablemente exista una combinación de todos ellos. Lo importante es reconocer que para millones de mexicanos esos cambios son tangibles y tienen un peso político enorme.

    También existe una apuesta evidente por la infraestructura pública. El país ha vuelto a hablar de trenes de pasajeros, carreteras, hospitales, puertos, energía y grandes proyectos de inversión gubernamental. La administración de Claudia Sheinbaum anunció un programa de infraestructura pública y mixta de varios billones de pesos hacia 2030, así como decenas de proyectos hospitalarios y más de dos mil kilómetros de infraestructura ferroviaria proyectada. Naturalmente habrá que evaluar cuánto cuestan esas obras, si se terminan a tiempo, si funcionan, si los contratos fueron transparentes y si producen el beneficio prometido. Ésa es precisamente la tarea de una oposición responsable. Pero políticamente existe una diferencia importante: mientras durante décadas se dijo que el Estado debía retirarse de numerosos espacios económicos, hoy existe nuevamente una visión donde el Estado pretende ser un participante activo en infraestructura y desarrollo.

    Por eso, sinceramente, cuando observo al gobierno actual no veo aquella caricatura simplista que durante años algunos sectores han intentado vender de un México convertido inevitablemente en una economía socialista. Veo un país donde continúan operando bancos privados, constructoras privadas, industrias, comercios, desarrolladores inmobiliarios, inversión extranjera y grandes corporaciones, pero al mismo tiempo existe una política de incremento salarial, programas sociales y mayor participación gubernamental en determinados sectores estratégicos. Se puede estar de acuerdo o no con ese modelo, pero reducir toda discusión a “comunismo contra democracia” empobrece enormemente el debate.

    Y aquí es donde PRI y PAN enfrentan posiblemente su mayor problema hacia el futuro. No basta con decirle a México que Morena está equivocado. Tienen que explicar qué ofrecen ellos que sea mejor y, sobre todo, por qué el ciudadano debería creerles. El PRI obtuvo aproximadamente 11% de la votación en la elección federal de diputados de 2024, mientras Morena superó el 40%. Es una diferencia brutal para un partido que alguna vez gobernó prácticamente todo el territorio nacional. Ese resultado demuestra que la crisis del PRI no existe únicamente en las encuestas o en los comentarios de redes sociales: está escrita en las urnas.

    Alejandro Moreno puede denunciar, confrontar, viajar a Washington, acudir ante organismos internacionales y levantar la voz desde el Senado. Puede reconstruir estructuras territoriales y buscar candidatos competitivos. Puede incluso lograr que el PRI recupere algunos espacios. Pero su verdadera batalla no es contra Claudia Sheinbaum. Su batalla es contra las imágenes que aparecen en la mente de millones de mexicanos cuando escuchan las tres letras de su partido. Contra el padre que perdió un negocio durante una crisis, contra la familia que vio multiplicarse una deuda hipotecaria, contra el comerciante que pagó derecho de piso, contra el ciudadano que vivió los años más violentos de Tamaulipas o Veracruz, contra quienes vieron gobernadores salir de sus palacios de gobierno para terminar enfrentando tribunales y prisiones.

    Eso no significa que Morena tenga garantizado eternamente el respaldo popular. Sería un enorme error que sus dirigentes lo creyeran. Morena también está construyendo desde ahora la memoria con la que será juzgado mañana. Cada caso de corrupción que no investigue, cada acto de impunidad que tolere, cada familia víctima de violencia que no pueda proteger, cada hospital que no funcione, cada obra que desperdicie recursos públicos y cada abuso de poder que permita terminarán algún día formando parte de su propio expediente histórico. Ningún partido tiene derecho de propiedad sobre México y ningún gobierno puede escapar indefinidamente del juicio de sus ciudadanos.

    Por eso reconozco el esfuerzo de Alejandro Moreno. México necesita oposición y necesita dirigentes dispuestos a enfrentar al poder. Pero una cosa es reconocer su batalla y otra muy distinta pensar que los mexicanos están dispuestos a regresar automáticamente a lo que existía antes. El PRI y el PAN necesitan ofrecer algo más profundo que nostalgia, alianzas electorales o rechazo a Morena. Necesitan construir una propuesta para el México que viene y demostrar, con hechos y no únicamente con discursos, que entendieron las razones por las que millones de ciudadanos les dieron la espalda.

    Porque los gobiernos cambian, los presidentes terminan sus sexenios, los gobernadores dejan los palacios, los dirigentes nacionales eventualmente entregan sus cargos y hasta los partidos que parecían eternos pueden desaparecer. Lo que permanece es lo vivido por la gente. Alejandro Moreno puede librar muchas batallas políticas y quizá ganar algunas de ellas, pero la más difícil no se libra en el Senado, en Washington, en Nueva York ni frente a Claudia Sheinbaum. Se libra dentro de la memoria colectiva de un país que ha vivido demasiado como para olvidar fácilmente.

    Y México tiene memoria.

  • ¿Y si la historia así fue?

    ¿Y si la historia así fue?

    En mi columna anterior escribí una historia sobre cómo pudieron haberse movido durante años aquellos cargamentos de petróleo, gasolina y diésel en la llamada época dorada del huachicol fiscal, o, para decirlo sin darle tantas vueltas, durante uno de los grandes robos a la nación. Aquel texto no pretendía acusar a nadie ni presentar como hechos cosas que yo no podía probar; era un ejercicio para tratar de entender cómo una operación de semejante tamaño podía atravesar carreteras, puertos, aduanas y retenes sin que necesariamente cada persona que encontraba en el camino conociera lo que realmente estaba ocurriendo. Ahí escribí sobre la famosa charola, esa vieja institución informal mexicana que durante décadas abrió puertas, detuvo investigaciones y provocó que más de uno prefiriera no hacer demasiadas preguntas. Pero también escribí algo que hoy me parece todavía más interesante: la charola ni siquiera tiene que existir. Puede ser invisible. A veces basta utilizar un nombre, decir que se conoce a determinada persona o pronunciar aquella frase que durante tantos años tuvo un significado muy particular en México: “traemos línea de México”.

    Y ahora, conforme uno conoce fragmentos de investigaciones, declaraciones, conversaciones y expedientes relacionados con el huachicol fiscal, aquella historia ficticia empieza por momentos a parecer menos disparatada de lo que parecía cuando la escribí. No estoy diciendo que ocurrió exactamente como lo imaginé ni que existió aquella llamada desde una carretera o que determinado operador pronunciara esas palabras. Estoy hablando del mecanismo. De la posibilidad de utilizar una cercanía real o inventada con el poder para hacer creer a quien está enfrente que detener un camión, revisar un pedimento o hacer demasiadas preguntas puede significar meterse en un problema mayor. Porque ésa es otra característica muy mexicana del poder: no solamente importa tenerlo, también puede ser suficiente convencer a los demás de que uno lo tiene. Y aquí es precisamente donde comienzan mis dudas, porque entre más leo sobre este asunto más preguntas encuentro y menos dispuesto estoy a aceptar algunas conclusiones que se presentan como si ya estuvieran demostradas.

    La primera es por qué parece existir una necesidad casi desesperada de que Andrés Manuel López Obrador o alguno de sus hijos tenga que aparecer forzosamente involucrado en la operación. Si existen pruebas, que se presenten. Si hay transferencias bancarias, instrucciones, llamadas, sociedades, cuentas, testimonios corroborados o documentos que acrediten una participación delictiva, que la Fiscalía investigue y que los responsables respondan, se llamen como se llamen. Pero existe una diferencia enorme entre que un presunto delincuente diga conocer a alguien y que efectivamente lo conozca; otra todavía mayor entre conocerlo y que esa persona participe en un delito. Cualquiera que haya vivido alrededor de la política mexicana sabe cuántas veces alguien asegura: “yo conozco al gobernador”, “yo hablo con el secretario”, “eso ya está autorizado arriba”, cuando quizá el gobernador ni sabe quién es. Precisamente ésa era la idea de la charola invisible: utilizar el poder de otro, muchas veces sin que ese otro siquiera se entere.

    La segunda pregunta es por qué se repite que una operación de semejante tamaño necesariamente tenía que ser conocida por todo el Gobierno federal. Puede haber funcionarios involucrados y precisamente eso debe investigarse, puede haber corrupción en aduanas, autoridades que voltearon hacia otro lado, empresarios que compraron voluntades, militares, agentes, intermediarios y redes completas. Pero de ahí a concluir que por existir una operación criminal grande necesariamente el presidente de la República tenía conocimiento existe una distancia considerable. Si aceptáramos ese razonamiento tendríamos que aplicarlo también a Estados Unidos: ¿cómo es posible que el país con algunas de las agencias de inteligencia y seguridad más poderosas del mundo no haya podido impedir durante años la entrada de toneladas de drogas y, particularmente, el crecimiento del fentanilo? ¿Debemos concluir entonces que el Gobierno estadounidense participa en el tráfico? Evidentemente no. Los Estados no son omniscientes. Dentro de ellos existen instituciones, burocracias, corrupción, fallas de inteligencia, información fragmentada y funcionarios que pueden actuar por su cuenta. La pregunta periodística interesante no es “¿cómo no iba a saber el Gobierno?”, sino algo mucho más concreto: ¿quién sabía?, ¿desde cuándo?, ¿qué información tenía?, ¿qué hizo con ella? y, sobre todo, ¿hasta dónde llegaron realmente las complicidades?

    Y hay una tercera pregunta que para mí puede ser todavía más importante: ¿desde cuándo sucede todo esto? Porque pareciera que descubrimos el huachicol fiscal ayer y que necesariamente debemos colocarlo dentro de un solo sexenio, cuando existen antecedentes de contrabando, subvaluación, evasión fiscal y comercio ilegal de combustibles desde mucho antes. Si queremos entender verdaderamente el fenómeno habrá que reconstruirlo hacia atrás y revisar cuándo comenzó a crecer, qué cambios regulatorios lo facilitaron, qué empresas participaron, quién vendía el combustible en Estados Unidos, quién lo transportaba, quién hacía los pedimentos, quién lo recibía en México, quién facturaba y dónde terminaba el dinero. Porque el combustible no aparece mágicamente en la frontera. Para que exista huachicol fiscal de esta naturaleza tiene que existir una cadena completa a ambos lados. Reducir todo ese entramado a encontrar un apellido políticamente atractivo puede servir para ganar audiencia, pero difícilmente sirve para entender uno de los negocios ilícitos más grandes que ha enfrentado México.

    Y mientras tratamos de resolver ese rompecabezas, la política mexicana nos regala otro capítulo de esa relación tan peculiar entre Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña. Yo ya no sé si son adversarios o admiradores profesionales el uno del otro; quizá deberían ir un día a comer y platicar tranquilamente de sus vidas, porque no dudo que ambas sean interesantes, pero ¡híjole!, cuando se encuentran se dan con todo. Esta vez el motivo volvió a ser una visa estadounidense y, más allá del espectáculo político, hubo algo en la respuesta de Noroña que me pareció bastante lógico: no todos los mexicanos tienen visa, millones no la necesitan y muchos probablemente jamás han pensado viajar a Estados Unidos. Una visa es una autorización administrativa que otro país concede o retira conforme a sus propias reglas; no es certificado de buena conducta expedido por Dios. Sin embargo, hemos llegado al extremo de interpretar que si Estados Unidos cancela una visa entonces el afectado automáticamente debe ser delincuente. No funciona así. Una visa cancelada no es una orden de aprehensión, no es una sentencia y ni siquiera necesariamente implica la existencia de un proceso penal.

    Y ahí aparece otra de esas contradicciones maravillosas de nuestra conversación pública. Mi compañero y director de este medio, Manuel Pedrero, publicó esta semana una lista pequeña pequeñísima si uno piensa en la dimensión histórica del fenómeno de personajes relacionados con organizaciones criminales que terminaron en Estados Unidos cooperando con sus autoridades. El sistema estadounidense lleva décadas utilizando testigos colaboradores, informantes y antiguos integrantes de organizaciones criminales para construir casos contra otros delincuentes. Algunos reciben reducciones de sentencia; otros pueden entrar en esquemas de protección o reubicación. Eso no significa, como a veces se cuenta coloquialmente, que tengan permiso para violar las leyes estadounidenses o que puedan cometer cualquier infracción y solamente llamar a su agente federal. Jurídicamente no funciona así. Pero sí demuestra una realidad incómoda: una persona puede haber pertenecido realmente a una organización criminal y posteriormente recibir beneficios por cooperar con la justicia estadounidense, mientras en México somos capaces de considerar culpable a alguien simplemente porque perdió una visa. Algo no cuadra en nuestra escala de valores probatorios.

    Pensaba precisamente en todo esto mientras manejaba por una carretera de Texas y entonces se me ocurrió otra pregunta: ¿por qué buena parte de nuestros medios dedica tanto tiempo a las visas, a Alito, a la siguiente pelea de Noroña, a lo que prepara la oposición grande o pequeña para las elecciones que vienen, pero dedica mucho menos tiempo a investigar los hospitales que se están construyendo, las viviendas del Bienestar, las carreteras que se amplían, los puentes, las escuelas nuevas o las que están siendo rehabilitadas? Y quiero ser muy preciso porque reconocer una obra pública no significa convertirse en propagandista del Gobierno. Al contrario: hay que ir a verla, revisar cuánto costó, quién obtuvo el contrato, cuándo debía terminarse y si verdaderamente funciona. Eso también es periodismo. Si un hospital fue anunciado, vayamos a comprobar si tiene médicos y medicamentos; si se prometieron viviendas, contemos cuántas se construyeron y cuántas se entregaron; si se anuncia una carretera, recorrámosla. Pero ignorar deliberadamente todo aquello que funciona porque no coincide con la línea editorial de que México está permanentemente al borde del desastre tampoco es periodismo.

    Yo veo un esfuerzo importante del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en infraestructura, vivienda, salud y educación. Eso no significa que no existan errores ni que debamos dejar de investigar corrupción, inseguridad o cualquier posible irregularidad. Al contrario, precisamente porque se manejan recursos públicos hay que vigilar todavía más. Pero una cosa es fiscalizar al poder y otra muy distinta construir todos los días una narrativa donde absolutamente nada puede salir bien. Hay noticieros que uno termina de ver y siente que México dejó de existir mientras estaba uno cenando. En esos casos casi entiendo aquella recomendación de “no vean TV Azteca”, aunque yo propondría algo menos radical: si un noticiero solamente le produce coraje, cambie de canal y vea una caricatura o una película vieja. Pedro Infante, Cantinflas, Tin Tan, lo que encuentre. Seguramente terminará de mejor humor. Hay periodistas que parecen expresarse con el intestino y uno imagina que después de terminar el programa deben apagar el micrófono y tomarse un omeprazol.

    A mí me sucede cuando me dicen que vea Latinus porque “hay que escuchar todas las versiones”. Lo intento, de verdad que lo intento, pero termino afligido y convencido de que en mi México no quedó piedra sobre piedra. Después busco otros medios, comparo versiones, reviso documentos y cifras y generalmente encuentro un país bastante más complejo: México tiene problemas enormes, pero también tiene cosas funcionando; tiene corrupción que investigar y obras que reconocer; tiene delincuentes y servidores públicos honestos; tiene huachicol y tiene carreteras; tiene políticos peleándose por visas y millones de mexicanos que mañana se levantarán a trabajar sin visa, sin pensar en una visa y sin necesitar una visa estadounidense para absolutamente nada.

    Quizá ése sea finalmente el problema de fondo. Hemos confundido información con militancia, sospecha con prueba y crítica con destrucción. Si mañana aparece evidencia sólida de que Andrés Manuel López Obrador, uno de sus hijos, un secretario, un almirante, un empresario o cualquier otra persona participó en el huachicol fiscal, que se investigue y se publique. Pero exactamente el mismo estándar debe aplicarse cuando la evidencia no existe. No podemos rellenar los espacios vacíos de una investigación con aquello que políticamente nos gustaría que hubiera ocurrido.

    Y por eso regreso a aquella carretera imaginaria de mi columna anterior. Quizá aquella pipa sí pasó un retén. Quizá hubo una llamada. Quizá alguien dijo que traía línea de México. Quizá el agente creyó que la orden venía desde arriba y decidió dejarla pasar. O quizá no ocurrió absolutamente nada de eso. Eso tendrán que establecerlo las investigaciones. Lo que sí sabemos por experiencia es que en México existe el poder real y existe también algo mucho más barato y a veces igual de efectivo: hacer creer a los demás que uno tiene poder.

    La charola pudo haber existido.

    O pudo haber sido invisible.

    O quizá nunca hubo charola.

    Tal vez solamente hubo un nombre.

    Y precisamente por eso, antes de condenar a cualquiera, sigo prefiriendo una costumbre bastante antigua del periodismo: preguntar, buscar, contrastar, documentar y después publicar. Porque una visa puede desaparecer, un político puede mentir, un delincuente puede presumir relaciones que nunca tuvo, un gobierno puede equivocarse y hasta un periodista puede acertar por casualidad.

    Pero para acusar a alguien de un delito hace falta algo bastante más importante que todo eso.

    Hacen falta pruebas.

  • Traemos línea de México

    Traemos línea de México

    Hace algunos años, cuando todavía existían la Procuraduría General de la República y aquella famosa y también temida Policía Judicial Federal, había dos palabras que podían cambiar inmediatamente el ambiente de cualquier lugar: “somos federales”. Quienes vivimos aquellos años seguramente recordamos la imagen. Las credenciales, las placas las famosas charolas, los radios, las armas y aquellos vehículos grandes que uno aprendía a relacionar con agentes federales: Grand Marquis, Suburban y otros automóviles que, al aparecer acompañados de determinados personajes, provocaban pocas preguntas y muchas puertas abiertas.

    Yo particularmente recuerdo aquellos años en Veracruz, cuando llegaron personajes procedentes del norte del país que durante mucho tiempo se movieron por la zona presentándose como agentes o personas relacionadas con autoridades federales. Enseñaban credenciales, charolas, portaban radios, armas y utilizaban vehículos similares a los que todos asociábamos con las corporaciones federales. Ése es mi recuerdo personal y no pretendo afirmar hoy quiénes eran realmente aquellas personas. Lo importante es recordar el efecto que producía la sola apariencia de autoridad. Cuando alguien decía que era de la Judicial Federal, pocos tenían interés en averiguar demasiado.

    Y precisamente ahí está el origen de esta reflexión. Porque han cambiado las instituciones, desaparecieron corporaciones, aparecieron otras y México es un país muy diferente al de aquellos años, pero hay algo que probablemente no ha desaparecido: el poder de un nombre, de una recomendación o de una supuesta autorización superior.

    La famosa “charola” no siempre necesita ser física.

    A veces puede ser invisible.

    Pensemos en una historia completamente ficticia. No estoy afirmando que sucedió de esta manera ni atribuyendo esta conversación a funcionario, político, empresario, militar o institución alguna. Es solamente un ejercicio para entender cómo funciona la percepción del poder dentro de una estructura jerárquica.

    Imaginemos una carretera mexicana. Un tractocamión con una pipa cargada de combustible avanza desde el sureste hacia otra parte del país. Una patrulla federal le marca el alto. El oficial solicita la documentación y comienza a hacer preguntas. El conductor responde: “Jefe, yo solamente manejo. Hable con mi patrón”. Marca un número y entrega el teléfono.

    Del otro lado alguien responde tranquilamente:

    “Comandante, estamos trabajando con autorización. Traemos línea de México. Vienen más unidades detrás. Cualquier problema me habla directamente”.

    PUM.

    ¿Qué hace el oficial?

    En el México institucional que debería existir, la respuesta es sencilla: verifica documentos, consulta bases de datos, confirma permisos, determina la procedencia del combustible y, si encuentra alguna irregularidad, actúa conforme a la ley.

    Pero también existe el factor humano.

    El oficial puede preguntarse: ¿y si realmente viene autorizado desde arriba? ¿A quién tengo que llamar para verificarlo? ¿Qué sucede si termino metiéndome en un asunto que está por encima de mi nivel? ¿Voy a arriesgar mi puesto por detener un cargamento cuya apariencia es legal y cuyo responsable asegura contar con autorización superior?

    Y entonces puede ocurrir algo extraordinariamente sencillo:

    “Pásele. Buen viaje”.

    La charola nunca apareció.

    Por eso resulta interesante observar lo que las propias autoridades mexicanas han descubierto alrededor del llamado huachicol fiscal. Aquí dejamos la ficción y entramos en hechos públicamente documentados.

    El 31 de marzo de 2025, autoridades federales informaron del aseguramiento de aproximadamente 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas. En aquel operativo también fueron asegurados 192 contenedores y 23 tractocamiones con remolque. Posteriormente, en Coahuila, las autoridades aseguraron 129 carrotanques ferroviarios con aproximadamente 15 millones 480 mil litros de hidrocarburo cuya legal procedencia y traslado, de acuerdo con la información oficial, no pudieron acreditarse. Para julio de ese mismo año, el Gobierno federal informaba que desde octubre de 2024 se habían asegurado casi 70 millones de litros de combustible en diferentes acciones contra este mercado ilícito.

    Pero quizá el dato que mejor demuestra la complejidad del fenómeno apareció cuando las investigaciones comenzaron a alcanzar estructuras que iban mucho más allá de los conductores de las unidades. En septiembre de 2025, el Gabinete de Seguridad informó sobre 14 detenciones relacionadas con el mercado ilícito de combustibles: tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas. La información oficial señaló la utilización de documentación apócrifa y la participación dentro de la logística investigada de empresas transportistas, agencias aduanales y servidores públicos.

    Eso es lo que verdaderamente debería hacernos pensar.

    Ya no estamos hablando solamente de la imagen tradicional del huachicolero perforando clandestinamente un ducto durante la madrugada. Estamos hablando de barcos, puertos, aduanas, trenes, carrotanques, pipas, empresas, documentos, patios de almacenamiento y millones de litros desplazándose físicamente de un lugar a otro.

    Una operación de semejante magnitud necesita logística.

    Necesita conductores, rutas, documentos, almacenamiento, compradores, vendedores y una enorme cadena de personas que, directa o indirectamente, hacen posible que el producto llegue desde su punto de origen hasta su destino.

    Entonces aparece inevitablemente una pregunta:

    ¿Cómo puede moverse algo tan grande sin que alguien lo detenga?

    Y aquí regreso a aquella llamada telefónica ficticia.

    Tendemos a imaginar que para que una operación ilegal de enormes dimensiones funcione es necesario comprar a cada policía, cada funcionario, cada inspector y cada persona que aparece en el camino.

    Tal vez no.

    Quizá ésa sea precisamente una de las claves para comprender determinados fenómenos de corrupción: no todos necesitan estar involucrados.

    Algunos pueden recibir dinero. Otros pueden recibir instrucciones. Algunos pueden tener miedo. Otros pueden cometer errores. Otros simplemente pueden creer que alguien con mayor autoridad ya revisó aquello y lo autorizó.

    Incluso podría ocurrir algo todavía más sencillo: que la famosa “línea” ni siquiera exista.

    Ésa es quizá la parte más fascinante del fenómeno.

    Una vez que una persona descubre que mencionar una supuesta autorización superior funciona, otros pueden comenzar a utilizar exactamente la misma historia. Pasó una pipa. Después cinco. Luego veinte. Después cien. Los primeros descubrieron que nadie preguntaba demasiado y los siguientes simplemente repitieron la fórmula.

    Con el tiempo podría llegar un momento en el que nadie sepa dónde comenzó realmente aquella supuesta autorización.

    Unos pagan.

    Otros cobran.

    Otros protegen.

    Otros simplemente voltean hacia otro lado.

    Y eventualmente aparece otro actor inevitable cuando un negocio ilegal comienza a mover cantidades extraordinarias de dinero en determinados territorios: el crimen organizado.

    No necesariamente porque haya creado originalmente el negocio, sino porque descubre algo demasiado grande y demasiado rentable moviéndose dentro de una zona donde ejerce influencia. Entonces también puede reclamar una cuota, una participación o simplemente imponer sus propias condiciones.

    Y ahí la situación se vuelve todavía más complicada.

    Porque el funcionario que encuentra una operación semejante podría enfrentarse a dos percepciones simultáneas: por un lado, alguien asegurándole que existe autorización superior; por el otro, el conocimiento de que detrás de determinados movimientos económicos puede existir también una organización criminal.

    ¿Quién quiere hacer esa llamada?

    Siempre he pensado que algunos grandes negocios ilegales se parecen a dejar un billete de 500 pesos tirado en medio de una banqueta transitada.

    Podemos discutir durante horas quién debería recogerlo.

    Pero sabemos que alguien terminará haciéndolo.

    Ahora imaginemos que en lugar de 500 pesos hablamos de millones o incluso miles de millones.

    Entonces ya no habrá solamente una persona intentando levantar el billete.

    Aparecerán empresarios, intermediarios, funcionarios corruptos, prestanombres, transportistas, organizaciones criminales y cualquiera que descubra una manera de obtener una parte.

    Mientras el dinero continúe apareciendo, la estructura seguirá creciendo.

    Y quizá eso explique por qué determinadas redes criminales o de corrupción terminan adquiriendo dimensiones que años después parecen imposibles de comprender.

    No necesariamente nacieron gigantes.

    Se volvieron gigantes porque durante demasiado tiempo funcionaron.

    Por eso, cuando finalmente aparecen millones de litros de combustible, decenas de vehículos, barcos, trenes, empresas y servidores públicos investigados, solemos formular una pregunta aparentemente lógica:

    ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta?

    Tal vez ésa no sea la pregunta correcta.

    Quizá deberíamos preguntar cuántos sí se dieron cuenta pero pensaron que alguien más ya había autorizado aquello. Cuántos escucharon una supuesta recomendación y decidieron no preguntar. Cuántos recibieron una llamada. Cuántos pensaron que verificar podía meterlos en problemas. Cuántos asumieron que, si una operación podía moverse con semejante tranquilidad, necesariamente alguien había revisado antes los documentos.

    Y también, por supuesto, cuántos simplemente cobraron para dejarla pasar.

    No conocemos todas esas respuestas y sería irresponsable inventarlas. Las investigaciones deberán establecer responsabilidades individuales y cualquier persona acusada tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario.

    Pero los hechos oficialmente reconocidos sí permiten una conclusión mucho más sencilla: el mercado ilícito de combustibles alcanzó una escala logística suficientemente grande para involucrar transporte terrestre, ferroviario y marítimo, instalaciones, documentación, empresas y servidores públicos investigados.

    Y eso debería interesarnos mucho más que cualquier nombre.

    Porque los gobiernos cambian.

    Los presidentes cambian.

    Los partidos cambian.

    Los funcionarios cambian.

    Pero si una estructura institucional permite que la sola percepción de una orden superior sustituya a la obligación de verificar, el problema puede sobrevivir a todos ellos.

    Por eso regresé mentalmente a Veracruz y a aquellos años de los judiciales federales.

    No porque ambas historias sean iguales.

    Sino porque entendí que existe algo que puede atravesar distintas épocas de México: el poder que nosotros mismos otorgamos a la apariencia de tener poder.

    Antes había que enseñar la charola.

    Después quizá bastaba con traer el radio, el arma, el vehículo correcto y conocer a la persona indicada.

    Hoy quizá ni siquiera haga falta eso.

    Puede bastar un teléfono.

    Un nombre que nadie conoce.

    Una llamada.

    Y cinco palabras:

    “Traemos línea de México, comandante”.

    El verdadero problema comienza cuando nadie se atreve a hacer la pregunta más sencilla de todas:

    ¿Quién lo autorizó?