Categoría: Carlos Castillo

En México hemos llegado a un punto donde la realidad política parece escrita como guion de película: declaraciones públicas, acusaciones cruzadas, expedientes en cortes de Estados Unidos, nombres que se repiten, personajes que se victimizan y una sociedad que, por momentos, finge sorpresa ante lo que todos han sabido durante años.

Si algo tiene el sistema americano es que cree en la palabra rendida ante una autoridad. Cuando un político, un testigo, un acusado o un operador declara ante fiscales, agencias o tribunales, esas palabras no se quedan en el aire. Se integran a carpetas, investigaciones, acuerdos de cooperación, acusaciones formales y procesos judiciales. Por eso no es casualidad que muchos casos de narcotráfico terminen revelando no solamente rutas, cargamentos y capos, sino también redes de protección, omisión y complicidad política.

El problema no nació ayer. Tampoco se puede reducir a Trump, a López Obrador, a Claudia Sheinbaum o a cualquier figura del momento. La raíz viene de más atrás: de los años en que se permitió que el crimen organizado creciera hasta volverse una estructura social, económica y política. México no solo enfrenta narcotráfico; enfrenta una permeabilidad criminal que entró por los negocios, las policías, los gobiernos locales, las campañas, los restaurantes, los conciertos, los permisos, las aduanas, los puertos y hasta las fiestas familiares.

Seamos realistas: cualquier autoridad policiaca en México sabe dónde comen, dónde duermen, dónde se pasean, qué negocios tienen, con quién conviven y quiénes son los amigos visibles de muchos operadores criminales. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. La diferencia es que allá, muchas veces, esperan el momento procesal para detenerlos; en México, demasiadas veces, parece que se espera el momento político para no tocarlos.

No hace falta ser agente del FBI, de la DEA o de la FGR para entender ciertas señales. En Culiacán, en Veracruz, en Cancún o en cualquier ciudad donde el dinero ilícito se exhibe sin pudor, la sociedad ve lo que la autoridad dice no ver: deportivos imposibles de justificar, fiestas de cientos de miles de pesos, grupos musicales carísimos, invitados sospechosos, consumo abierto de drogas, escoltas improvisados, ropa de firma usada como uniforme de poder y una cultura que romantiza al delincuente como si fuera personaje de corrido.

Entonces la pregunta no es si se sabe. La pregunta es: ¿por qué los dejan?

¿Por qué siguen viviendo con impunidad? ¿Por qué siguen operando negocios? ¿Por qué siguen apareciendo en eventos públicos? ¿Por qué un político no teme tomarse una fotografía con alguien de reputación criminal, sabiendo que esa imagen puede terminar mañana en manos de sus opositores, de periodistas o de agencias estadounidenses?

Ahí está la falla central: México no necesita más diagnósticos; necesita voluntad real. Porque cuando una gobernadora declara públicamente que antes había gobiernos que se coludían con el narco pero “lo controlaban”, el país debería detenerse a pensar en la gravedad de esa frase. ¿Desde cuándo aceptar una colusión “controlada” puede presentarse como orden? ¿Dónde quedó la autoridad? ¿Dónde quedó el respeto a la ley? ¿Dónde quedó la frontera entre gobernar y administrar criminales?

Estados Unidos tampoco actúa siempre de la forma correcta. Su presión, sus intereses y sus tiempos no siempre coinciden con la soberanía ni con la justicia mexicana. Pero México tampoco puede esconderse detrás del discurso nacionalista para no limpiar su propia casa. Si las cortes estadounidenses han logrado sentencias contra exfuncionarios mexicanos de altísimo nivel, el mensaje es brutal: lo que México no quiso, no pudo o no se atrevió a procesar, terminó procesándose afuera.

El caso de Genaro García Luna es el símbolo más duro de esa contradicción. Un hombre que fue presentado como arquitecto de la seguridad mexicana terminó condenado en Estados Unidos por proteger al Cártel de Sinaloa. No se trató de un rumor de sobremesa, sino de un juicio, una condena y una sentencia superior a 38 años. Ese caso no solo mancha a una persona; obliga a revisar una época completa, una estrategia completa y una clase política que hoy prefiere mirar hacia otro lado.

Y mientras tanto, la vida cotidiana sigue atrapada entre miedo e impunidad. La extorsión crece, los homicidios no se castigan en su mayoría, los desaparecidos se acumulan y los periodistas siguen pagando con amenazas o con la vida el costo de contar lo que muchos prefieren ocultar.

La ficción está en pretender que nadie sabe. La realidad está en que todos saben demasiado.

Sinaloa, por ejemplo, no puede explicarse solamente como un problema de seguridad. Es una cultura de tolerancia construida durante décadas. Un estado marcado por vínculos históricos con el narcotráfico, donde ciertos usos, fiestas, lenguajes, símbolos y formas de presumir riqueza funcionan como señales sociales. No todos son criminales, por supuesto, y sería injusto generalizar. Pero tampoco se puede negar que hay códigos visibles que han normalizado la cercanía con el dinero sucio.

Lo mismo ocurre en muchas regiones de México. El crimen no crece solo porque haya delincuentes; crece porque encuentra quien le venda, quien le rente, quien le cante, quien le lave, quien le avise, quien le cobre, quien le perdone, quien lo invite y quien lo salude de abrazo en un evento público.

Ahí empieza la verdadera permeabilidad: en el mexicano que permite, tolera, presume, calla o se beneficia. En el empresario que acepta dinero sin preguntar. En el político que busca estructura electoral. En el policía que cobra cuota. En el funcionario que firma permisos. En el ciudadano que admira al delincuente porque “le fue bien”.

Por eso esta historia no es de un solo partido ni de un solo sexenio. Es una película larga, con demasiados capítulos, demasiados actores y demasiados silencios. Una película donde todos acusan a todos, pero pocos aceptan que el problema se volvió nacional porque durante años se le permitió entrar a la vida pública, privada y cultural del país.

México no necesita otra temporada de Pulp Ficción política. Necesita dejar de actuar sorprendido y empezar a desmontar, desde la raíz, la estructura social que protege al crimen.

Porque el narco no solamente se combate con operativos.

Se combate dejando de admirarlo.

Se combate dejando de invitarlo.

Se combate dejando de justificarlo.

Se combate cuando la autoridad deja de fingir que no ve lo que todos vemos.

México vive una especie de guerra fría política. No hay tanques recorriendo las calles ni misiles apuntando hacia el horizonte, pero sí existe una confrontación permanente entre narrativas, ideologías, medios de comunicación, grupos de interés y actores políticos que parecen haber convertido la discusión pública en una batalla sin tregua.

Hoy cualquiera puede convertirse en analista político. Las redes sociales están llenas de expertos, comentaristas, influencers y comunicadores que diariamente construyen argumentos para demostrar que el país vive la peor crisis de su historia. El problema no es la crítica. La crítica es necesaria en cualquier democracia. El problema surge cuando la crítica se convierte en una industria y el fracaso nacional se vuelve un negocio rentable.

Conversando con un amigo hace algunos días, me decía algo que llamó mi atención. “Cuando platico con algunas personas parece que el actual gobierno acabó con sus vidas”. Escuchas que México está destruido, que el narcotráfico controla todo, que vivimos bajo un narcogobierno, que la corrupción está fuera de control, que la gente ya no quiere trabajar porque recibe apoyos sociales y que el país se encuentra al borde del colapso.

Después aparecen los videos, los expedientes, los análisis políticos y las investigaciones que circulan diariamente en plataformas digitales. Todo parece perfectamente documentado y sustentado. Sin embargo, pocas veces se escucha la pregunta más importante: ¿de dónde venimos como país?

Porque para entender el presente es necesario recordar el pasado.

Quienes vivimos los años más violentos de la llamada guerra contra el narcotráfico recordamos perfectamente lo que ocurría en las calles mexicanas. Durante el sexenio de Felipe Calderón muchas ciudades parecían vivir bajo un toque de queda no declarado. Familias enteras evitaban salir por las noches. Los secuestros, las extorsiones y los enfrentamientos armados eran parte de las conversaciones cotidianas.

Las imágenes de cuerpos abandonados en avenidas, personas decapitadas, restos humanos encontrados en espacios públicos y convoyes armados circulando con absoluta impunidad quedaron grabadas en la memoria colectiva de millones de mexicanos. Hubo una generación completa que creció viendo escenas que nunca debieron normalizarse. Muchos se hicieron más fuertes. Otros quedaron profundamente marcados por aquellas imágenes que aparecían diariamente en periódicos y noticieros.

Yo mismo recuerdo recibir una llamada de mi madre completamente alterada diciéndome: “Hijo, ven por mí, acaban de matar a un niño frente a mí”. Son recuerdos imposibles de borrar y que hacen difícil aceptar que algunos hablen como si la violencia hubiera nacido apenas hace unos años.

Y si retrocedemos aún más, tampoco podemos olvidar la crisis económica de 1994. Miles de familias perdieron sus viviendas, negocios y ahorros. Padres de familia vieron desaparecer el patrimonio construido durante décadas. Algunos jamás lograron recuperarse económicamente. Otros quedaron atrapados en deudas que marcaron el resto de sus vidas.

Por eso resulta sorprendente observar cómo ciertos sectores políticos parecen sufrir de amnesia selectiva.

Porque sí, México enfrenta problemas graves. Sería absurdo negarlo. Existen regiones donde la delincuencia continúa siendo una amenaza. Persisten prácticas de corrupción. Hay instituciones que requieren fortalecerse. Existen desafíos enormes en materia de seguridad, salud, educación e impartición de justicia.

Pero también es cierto que México no es el único país donde políticos han sido señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. A lo largo de la historia moderna han existido funcionarios de distintos partidos acusados de permitir la operación de grupos delictivos, de utilizar estructuras criminales para fines electorales o de construir redes de protección política. Los expedientes judiciales, las investigaciones periodísticas y los procesos legales abiertos tanto en México como en el extranjero han demostrado que el problema no pertenece a una sola fuerza política ni a una sola época. Es un fenómeno complejo que se ha desarrollado durante décadas y que exige instituciones más fuertes, no solamente discursos más agresivos.

Lo preocupante es cuando algunos actores parecen apostar al fracaso nacional como estrategia política.

Porque existe una diferencia enorme entre señalar errores para corregirlos y desear que el país fracase para obtener beneficios electorales.

A veces pareciera que ciertos grupos políticos, económicos y mediáticos necesitan que México esté mal para justificar su propia existencia. Como si la tragedia nacional fuera la única plataforma desde la cual pudieran construir una narrativa de rescate.

De pronto aparecen empresarios que aseguran tener todas las respuestas para salvar al país. Líderes de opinión que prometen soluciones inmediatas. Políticos que se presentan como los únicos capaces de corregir el rumbo nacional. Pero la realidad es mucho más sencilla.

México no necesita salvadores.

México necesita servidores públicos eficientes.

Necesita mejores escuelas.

Necesita mejores hospitales.

Necesita universidades modernas.

Necesita carreteras seguras.

Necesita oportunidades para quienes menos tienen.

Necesita que los recursos públicos lleguen a donde verdaderamente se necesitan.

Necesita que el estudiante sea la prioridad del sistema educativo.

Que el paciente sea la prioridad del sistema de salud.

Que el contribuyente sea respetado.

Que el ciudadano reciba atención digna sin importar su condición económica.

Ese debería ser el verdadero debate nacional.

No quién gana la próxima elección.

No quién obtiene más seguidores en redes sociales.

No quién produce el video más viral.

La discusión debería centrarse en cómo construir un país donde cada generación viva mejor que la anterior.

Y en medio de esta confrontación permanente hemos llegado a un punto donde incluso los espacios que antes servían para unir a los mexicanos se han convertido en motivo de disputa política.

Hoy vemos a los mismos mexicanos que diariamente hablan de patriotismo, identidad nacional y amor por el país, cuestionar y hasta promover el boicot de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, un evento que debería traer alegría, inspiración y motivación a millones de niños y jóvenes.

Recuerdo perfectamente la emoción que se vivía cuando se acercaba un Mundial. Las calles se llenaban de balones. Los parques se convertían en estadios improvisados. Miles de niños soñaban con representar algún día a México. Las familias se reunían frente a la televisión y durante noventa minutos desaparecían las diferencias políticas, económicas y sociales.

Aquellos eventos despertaban disciplina, compañerismo, trabajo en equipo y esperanza.

Por eso resulta difícil entender que hoy algunos sectores parezcan más interesados en encontrar razones para desacreditar un acontecimiento internacional que en aprovechar la oportunidad para fortalecer el turismo, la economía y, sobre todo, la ilusión de las nuevas generaciones.

El Mundial no pertenece a un partido político.

No pertenece a un gobierno.

No pertenece a una ideología.

Pertenece a los niños que sueñan con jugar fútbol.

Pertenece a los jóvenes que encuentran en el deporte una alternativa de vida.

Pertenece a las familias mexicanas que merecen momentos de alegría y orgullo nacional.

Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de celebrar sus propios logros y convertir sus éxitos en motivos de unidad, corre el riesgo de quedarse atrapada en una confrontación permanente donde todo es motivo de enojo, de crítica y de división.

Hace poco alguien me preguntó si yo apoyaba a Morena. Mi respuesta fue simple. No se trata de apoyar partidos políticos.

Se trata de reconocer cuando existen avances y señalar cuando existen errores.

Considero que la presidenta Claudia Sheinbaum está realizando un trabajo importante y que el proyecto de nación impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador transformó aspectos fundamentales de la vida pública mexicana. Eso no significa que todo esté resuelto ni que no existan problemas pendientes.

Ningún gobierno posee una varita mágica.

Ningún presidente puede corregir en unos cuantos años problemas acumulados durante generaciones.

Lo que sí podemos hacer como sociedad es abandonar la guerra permanente de narrativas y concentrarnos en aquello que verdaderamente importa.

Porque mientras unos pelean por el poder y otros por el micrófono, millones de mexicanos simplemente siguen esperando mejores oportunidades para vivir, estudiar, trabajar y salir adelante.

Y al final del día, ese es el México que la mayoría queremos construir: un país donde las diferencias políticas no sean más grandes que nuestro deseo de vivir mejor, donde la crítica sirva para mejorar y no para destruir, y donde el bienestar de las personas esté siempre por encima de cualquier interés partidista.

Ese debería ser el verdadero proyecto de nación.

Este fin de semana estuvo cargado de mítines, posicionamientos políticos y declaraciones que reflejan el clima que comienza a sentirse rumbo a los próximos procesos electorales en México. La llamada pequeña oposición salió nuevamente a escena buscando reflectores, organizando un evento de respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, donde el Partido Acción Nacional reunió a dos figuras que marcaron una etapa importante de la historia política reciente del país: los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Ambos subieron al escenario para expresar su respaldo político, aunque para muchos mexicanos su presencia inevitablemente abre la puerta a la memoria histórica y al balance de los años en los que gobernaron México.

Vicente Fox llegó al poder en el año 2000 impulsado por una enorme expectativa ciudadana. Después de más de siete décadas de gobiernos priistas, millones de mexicanos depositaron su confianza en aquel candidato que prometía el famoso “cambio”. Aquella palabra se convirtió prácticamente en un lema nacional. La ciudadanía quería un nuevo rumbo después de años de desgaste institucional y después de una de las crisis económicas más severas que vivió el país durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Y hay que reconocerlo: Fox logró convencer al electorado y consiguió una victoria histórica. Sin embargo, con el paso de los años, muchos ciudadanos terminaron cuestionando si aquel cambio realmente llegó. Su administración estuvo marcada por constantes confrontaciones políticas, por acusaciones de corrupción alrededor de personajes cercanos a su círculo familiar y por problemas estructurales que permanecieron prácticamente intactos. El país cambió de partido en el poder, pero para una parte importante de la población los resultados no representaron la transformación prometida.

Posteriormente llegó Felipe Calderón. Y es precisamente durante su gobierno cuando se abre uno de los capítulos más polémicos y dolorosos de la historia contemporánea de México.

La llamada guerra contra el narcotráfico transformó completamente el panorama nacional. Las imágenes de enfrentamientos armados, ejecuciones, retenes militares, desapariciones y balaceras comenzaron a convertirse en parte del día a día de millones de mexicanos. Diversos especialistas, organismos internacionales y analistas han debatido durante años los efectos de aquella estrategia de seguridad. Mientras algunos sostienen que era necesario enfrentar frontalmente a las organizaciones criminales, otros argumentan que la militarización detonó una escalada de violencia sin precedentes.

Lo cierto es que México vivió años de enorme tensión social y de un incremento considerable en los índices de violencia.

Una generación completa de mexicanos creció viendo escenas que antes parecían impensables. Las portadas de los periódicos, los noticieros de televisión y posteriormente las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes de ejecuciones, fosas clandestinas, enfrentamientos armados y actos de extrema violencia que impactaron profundamente a la sociedad. Durante aquellos años se normalizaron noticias sobre cuerpos abandonados en carreteras, personas desaparecidas, comunidades enteras desplazadas por la inseguridad y hechos que marcaron psicológicamente a millones de ciudadanos.

Muchos mexicanos se hicieron más fuertes ante la adversidad y aprendieron a vivir con una realidad que parecía no tener fin. Otros quedaron profundamente marcados por el miedo, la incertidumbre y el trauma colectivo que dejó aquella época. El país desarrolló una especie de resistencia social frente a la violencia, pero esa fortaleza tuvo un costo humano enorme que aún hoy sigue siendo objeto de análisis y reflexión.

Las cicatrices de aquellos años continúan presentes en muchas regiones del país. Familias enteras siguen buscando a seres queridos desaparecidos, comunidades recuerdan episodios de violencia que cambiaron para siempre su forma de vivir y una parte importante de la población todavía identifica ese periodo como uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de México.

También quedaron para la memoria pública proyectos que simbolizaron el gasto gubernamental de aquella época. Uno de los más recordados es la llamada Estela de Luz, un monumento cuya construcción terminó costando cientos de millones de pesos y que fue señalado durante años como ejemplo de sobrecostos y mala planeación administrativa.

Recuerdo perfectamente haber visitado la Ciudad de México y observar aquella estructura. La reflexión era inevitable: ¿cuántas escuelas podrían haberse construido con esos recursos?, ¿cuántas camas hospitalarias adicionales habrían podido atender a pacientes?, ¿cuántas clínicas rurales habrían encontrado financiamiento?

Pero la historia no se construye solamente mirando hacia atrás.

México vive hoy otra etapa política, con un proyecto completamente distinto que cuenta con el respaldo de millones de ciudadanos y que tiene como principal figura a la presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Y este domingo quedó demostrado.

Mientras la oposición intentaba mostrar músculo político recurriendo a figuras del pasado, la presidenta reunió a miles de personas en el Monumento a la Revolución para presentar un informe de resultados que por momentos parecía una auditoría pública de su administración. Entre banderas, consignas y muestras de apoyo, Sheinbaum hizo un recuento de los avances que considera fundamentales para la consolidación de la llamada Cuarta Transformación.

Ante la multitud destacó la continuidad de los Programas para el Bienestar, que benefician a decenas de millones de mexicanos; habló de la expansión de la infraestructura carretera, ferroviaria y energética; de la construcción y rehabilitación de hospitales; del fortalecimiento de los programas educativos; de las inversiones destinadas a salud pública; del crecimiento de proyectos estratégicos como los trenes de pasajeros y de la consolidación de un modelo de desarrollo que busca reducir las desigualdades sociales.

No está de más decirlo porque es algo que personalmente me llena de orgullo y lo seguiré mencionando cuantas veces sea necesario. La construcción de un sistema de cobertura universal de salud para todos los mexicanos mediante el IMSS Bienestar representa uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido nuestro país en décadas. Si logra consolidarse plenamente, millones de personas que durante años enfrentaron barreras económicas para recibir atención médica tendrán acceso a servicios de salud sin importar su condición económica.

Los avances en mantenimiento carretero, la construcción de nueva infraestructura hospitalaria, los programas sociales, los apoyos al campo, los programas educativos y las inversiones estratégicas fueron parte central de un discurso que buscó demostrar que el gobierno federal no solamente administra, sino que pretende transformar.

Y aquí es donde aparece una diferencia importante en la narrativa política actual.

Mientras algunos siguen apostando por recordar constantemente los errores del adversario, la presidenta decidió centrar buena parte de su mensaje en los resultados que asegura haber alcanzado y en los proyectos que aún faltan por concluir.

Porque como decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es el pueblo quien decide.

También resultó significativa la presencia y el respaldo de los gobernadores emanados de Morena en prácticamente todo el país. Más allá de las diferencias naturales que puedan existir dentro de cualquier movimiento político, el mensaje fue claro: existe una voluntad de mantener una agenda común en torno al proyecto encabezado por la presidenta.

En particular llamó la atención la participación del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien pronunció un discurso firme en defensa de la soberanía nacional. Sus palabras resonaron entre los asistentes cuando señaló que México pertenece a los mexicanos y que ninguna presión externa debe definir el rumbo del país.

Por otro lado, mientras se desarrollaban estos eventos políticos, también circularon declaraciones de personajes del sector empresarial y mediático que plantean reducir drásticamente el tamaño del gobierno, despedir miles de servidores públicos, disminuir impuestos y adelgazar el aparato estatal como fórmula para resolver los problemas económicos del país.

Suena bien en un discurso.

Suena atractivo en una entrevista.

Pero gobernar una nación de más de 130 millones de habitantes es mucho más complejo que administrar una empresa privada.

Si la solución fuera tan sencilla, probablemente cualquier gobierno del mundo la habría implementado hace décadas. Sin embargo, los propios especialistas en economía advierten que una reducción abrupta del gasto público sin una estrategia integral podría generar consecuencias importantes en servicios esenciales, infraestructura, salud, educación y programas sociales.

Porque recortar es fácil.

Lo difícil es garantizar que la población siga recibiendo los servicios que necesita.

México enfrenta desafíos enormes. La inseguridad sigue siendo una preocupación legítima para millones de ciudadanos. Existen rezagos históricos en diversas regiones del país. Persisten problemas económicos y sociales que requieren atención inmediata.

Pero también es cierto que existen avances que merecen ser reconocidos y discutidos con objetividad.

La crítica es necesaria en cualquier democracia.

La oposición también.

Pero la memoria histórica igualmente es indispensable.

Por eso resulta interesante observar cómo algunos actores políticos regresan al escenario para hablar del futuro cuando inevitablemente representan capítulos del pasado que los mexicanos aún recuerdan.

Al final de cuentas serán los ciudadanos quienes evalúen resultados, comparen gobiernos, revisen cifras, analicen propuestas y decidan qué rumbo quieren para el país.

Porque las campañas pasarán.

Los discursos también.

Los políticos irán y vendrán.

Pero México seguirá aquí.

Un país extraordinario, lleno de gente trabajadora, empresarios que arriesgan su patrimonio, campesinos que producen alimentos, médicos que salvan vidas, maestros que forman generaciones y familias que todos los días luchan por salir adelante.

Y como siempre ha ocurrido en los momentos importantes de nuestra historia, será el pueblo de México quien tenga la última palabra.

Cada día se acerca más la época electoral y los golpes políticos vienen más duros. La pequeña oposición no quiere dejar escapar ningún detalle, ninguna acusación y, muchas veces, ni siquiera distingue entre hechos y versiones, con tal de intentar dañar la imagen de quienes hoy gobiernan México y mantienen la mayoría política en el país.

Y es ahí donde vale la pena detenerse un momento y hacer algo que pocas veces hacen quienes viven del escándalo mediático: revisar números, revisar obras, revisar resultados y preguntarnos con honestidad qué país queremos construir.

Porque más allá del ruido político, la realidad es que México vive una etapa de transformación social profunda que no puede negarse únicamente desde la narrativa del ataque permanente.

Hoy los Programas del Bienestar alcanzan a decenas de millones de mexicanos. Tan solo la Pensión para Adultos Mayores continúa creciendo como uno de los programas sociales más grandes del continente, mientras el Gobierno federal proyecta superar los 42 millones de beneficiarios de programas sociales en 2026.

Eso significa algo muy simple: millones de familias que antes no recibían absolutamente nada del gobierno hoy tienen un apoyo directo que les ayuda a pagar comida, medicamentos, consultas médicas, útiles escolares o simplemente sobrevivir en tiempos económicamente difíciles.

Y aunque algunos sectores se burlen de ello desde estudios de televisión o redes sociales, para una madre soltera, un adulto mayor o una familia de escasos recursos, ese apoyo puede representar la diferencia entre comer o no comer.

Mientras tanto, el sistema de salud mexicano también atraviesa una de las transformaciones más ambiciosas de las últimas décadas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente la creación del Servicio Universal de Salud, que integrará al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para permitir que cualquier mexicano pueda recibir atención médica independientemente de su afiliación.

Y sinceramente, eso no es poca cosa

La idea de que cualquier ciudadano pueda acudir a un hospital y ser atendido sin la angustia de “¿tengo seguro o no tengo seguro?” es una visión que históricamente solamente se veía en países desarrollados.

Claro, faltan medicamentos, faltan especialistas, faltan muchas cosas todavía. Nadie serio puede negar que el sistema de salud mexicano tiene enormes retos acumulados durante décadas. Pero también sería injusto negar que existe una inversión histórica en infraestructura hospitalaria.

Tan solo para este año se anunció la construcción de 24 nuevos hospitales en el país, además de miles de millones de pesos destinados a equipamiento médico de alta tecnología.

El propio IMSS informó que durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación se duplicará la creación de camas hospitalarias en comparación con los últimos seis sexenios anteriores: más de 10 mil nuevas camas frente a apenas 4 mil 300 construidas durante 36 años previos.

También se encuentran en proceso nuevas clínicas, hospitales regionales y programas como “La Clínica es Nuestra”, enfocados en mejorar unidades médicas rurales y urbanas marginadas.

Pero curiosamente, muchos de los comunicadores que todos los días hablan de tragedias, escándalos y ataques políticos, rara vez presentan estas noticias con el mismo entusiasmo.

¿Por qué no vemos grandes mesas de análisis celebrando que millones de personas podrían acceder a atención médica universal?

¿Por qué no escuchamos a ciertos periodistas de oposición hablar con bombo y platillo sobre nuevos hospitales, carreteras, programas sociales o inversiones industriales?

Porque la crítica muchas veces dejó de ser una herramienta democrática para convertirse en una industria política.

Y no, no se trata de decir que todo está perfecto. México sigue enfrentando enormes desafíos: inseguridad, corrupción, burocracia, violencia y desigualdad. Pero también debemos reconocer que el país no puede seguir viviendo atrapado en la nostalgia de los gobiernos del pasado.

¿De verdad queremos regresar a aquellos tiempos donde el presidencialismo se medía por el tamaño del avión presidencial, los lujos del poder y las giras internacionales millonarias?

¿Queremos volver a la época donde mientras el gobierno viajaba en medio del exceso, millones de mexicanos no tenían acceso a una clínica, una beca o una pensión?

Porque esa también es memoria histórica

Hubo años donde los viajes presidenciales costaban lo equivalente a construir escuelas, clínicas y carreteras. Años donde el poder político parecía vivir completamente separado de la realidad cotidiana del pueblo.

Hoy México vive otro momento político. Uno imperfecto, sí. Pero también uno donde los sectores históricamente olvidados finalmente aparecen en la conversación nacional.

Y mientras la oposición concentra buena parte de su estrategia en destruir narrativas, millones de mexicanos siguen recibiendo apoyos, siguen viendo obras públicas, siguen observando nuevos hospitales y siguen esperando que las cosas continúen mejorando.

México es un gran país

Un país que ha sobrevivido a errores históricos, crisis económicas, corrupción, violencia y gobiernos de todos los colores.

Y quizás precisamente por eso hoy muchos mexicanos prefieren apostar por seguir avanzando, aun con dificultades, antes que regresar a modelos que durante décadas prometieron modernidad mientras millones permanecían abandonados.

Las campañas seguirán subiendo de tono. Las acusaciones seguirán creciendo. Las redes sociales seguirán incendiándose todos los días.

Pero al final, como siempre sucede en democracia, será la propia gente quien decida qué camino quiere tomar para el futuro del país.