El Caso Thomas Crown

Si alguien tuvo la oportunidad de ver la película El Caso Thomas Crown, recordará la historia de un hombre inmensamente rico que no necesitaba robar. Lo hacía por el desafío, por el placer de demostrar que podía hacerlo, por la satisfacción de ejecutar una operación perfecta aun cuando no existía necesidad alguna. Guardando toda proporción, algo parecido me vino a la mente al observar lo ocurrido en Coahuila.

Estamos hablando de un estado que durante años ha destacado por mantener niveles de seguridad superiores al promedio nacional, atraer inversión, desarrollar infraestructura y conservar una estabilidad política que pocos pueden negar. Independientemente de las preferencias partidistas de cada quien, resulta difícil ignorar que Coahuila ha mantenido indicadores positivos en distintos rubros y que buena parte de la ciudadanía reconoce avances importantes en la entidad.

Por eso llama la atención el debate que surgió después de la reciente jornada electoral. Diversos actores políticos denunciaron presuntas irregularidades, compra de votos y operaciones electorales indebidas. Las acusaciones existen y forman parte de la discusión pública. Sin embargo, también es importante recordar que en un Estado de derecho las responsabilidades no se determinan desde las redes sociales, los medios de comunicación o las tribunas políticas. Corresponde a las autoridades electorales, a las fiscalías especializadas y a los tribunales hacer su trabajo y determinar si existieron o no conductas ilegales.

Personalmente me cuesta trabajo creer que una operación de esa naturaleza haya surgido directamente de Manolo Jiménez. Un político que llega con niveles importantes de aceptación ciudadana, resultados visibles de gobierno y una estructura política consolidada simplemente no necesitaba recurrir a prácticas que pudieran poner en duda una victoria que parecía estar ampliamente encaminada.

Si existió alguna irregularidad, si alguien decidió cruzar líneas que no debían cruzarse o si hubo operadores que actuaron fuera de la legalidad, serán las autoridades quienes deban determinarlo. Pero tampoco sería la primera vez en la historia política de México que dirigentes partidistas, operadores electorales o personajes que buscan demostrar lealtad a sus liderazgos terminan tomando decisiones por cuenta propia, generando más problemas de los que pretenden resolver.

Porque muchas veces el problema no está en quien aparece en la boleta o en quien gobierna un estado. El problema suele estar en quienes desde las estructuras políticas creen que ganar no es suficiente y buscan obtener resultados aplastantes para fortalecer proyectos personales o partidistas. Son esas conductas las que, de comprobarse, terminan dañando la credibilidad de procesos que pudieron haber sido perfectamente legítimos.

Y ahí es donde aparece la analogía con Thomas Crown. Cuando alguien tiene la victoria prácticamente asegurada, cuando tiene reconocimiento público, resultados de gobierno y respaldo ciudadano, el exceso deja de ser una necesidad y se convierte en un riesgo. La diferencia entre una victoria histórica y una victoria cuestionada muchas veces depende de quienes rodean al poder y de las decisiones que toman creyendo que le hacen un favor a sus líderes.

Por eso resulta indispensable que las instituciones hagan su trabajo. Si no hubo irregularidades, que se aclare y se cierre el debate. Y si las hubo, que se sancione a los responsables sin importar su cargo, partido político o nivel de influencia. Lo que México necesita no son especulaciones permanentes, sino certeza jurídica y confianza en sus procesos democráticos.

Mientras tanto, en otro frente, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó uno de los proyectos tecnológicos más interesantes de los últimos meses: el desarrollo de un automóvil eléctrico mexicano. Más allá de simpatías o diferencias políticas, resulta positivo que México busque participar en una industria que marcará buena parte de la economía mundial durante las próximas décadas. La transición energética ya no es una discusión del futuro; es una realidad que está transformando mercados, industrias y formas de movilidad en todo el planeta.

Sin embargo, también existen desafíos cotidianos que requieren atención. Basta recorrer la Ciudad de México para observar el crecimiento acelerado del uso de motocicletas. Son prácticas, económicas y representan una alternativa de transporte para millones de personas, pero también han traído nuevos retos en materia de seguridad vial.

No es raro observar motocicletas transportando tres o incluso cuatro personas, incluidos menores de edad. Muchas familias lo hacen por necesidad y sería injusto ignorar esa realidad. Cuando el ingreso apenas alcanza para cubrir los gastos básicos, cualquier ahorro en transporte representa una diferencia importante. Pero la necesidad tampoco elimina los riesgos.

Probablemente uno de los empresarios que mejor entendió este fenómeno fue Ricardo Salinas Pliego. Durante años, las motocicletas comercializadas a través de sistemas de financiamiento accesibles encontraron un mercado enorme en México. Seguramente alguien observó lo que ocurría en países como India y entendió que existía una oportunidad comercial importante. Los resultados están a la vista.

Lo interesante es que buena parte de esas motocicletas forman hoy parte de la economía cotidiana de miles de familias trabajadoras. Muchas veces los pagos salen de hogares donde también llegan becas, apoyos sociales o pensiones para adultos mayores. Las abuelas ayudan a los nietos, los padres apoyan a los hijos y las familias hacen lo posible por salir adelante. Esa es la realidad del México popular.

Sin embargo, también es frecuente escuchar críticas sobre los métodos de cobranza y las altas tasas de interés asociadas a ciertos productos financieros. Es un tema que aparece constantemente cuando uno conversa con taxistas, comerciantes o trabajadores. Las opiniones son diversas, pero existe una percepción recurrente de que algunas prácticas de cobranza pueden resultar excesivamente agresivas para sectores económicamente vulnerables.

Gobernar un país es muy distinto a dirigir una empresa. Una empresa tiene como prioridad generar utilidades. Un gobierno tiene la obligación de equilibrar crecimiento económico con bienestar social. Son responsabilidades distintas y requieren sensibilidades distintas.

Y es precisamente ahí donde muchas veces se marca la diferencia entre quienes conocen el país desde una oficina y quienes lo recorren caminando. México no se entiende desde un helicóptero. México se entiende recorriendo calles, visitando colonias, escuchando a las personas y comprendiendo las dificultades que enfrentan diariamente millones de familias.

Recientemente también llamó la atención una reunión organizada por la American Society en la que participaron empresarios, figuras políticas de oposición y representantes de distintos sectores económicos. El encuentro generó debate porque evidenció algo que ya resulta evidente: existe una parte importante de la élite económica y política mexicana que no comparte la visión de gobierno impulsada por la actual administración.

Eso no significa necesariamente conspiraciones ni acuerdos ocultos. Significa simplemente que existen intereses distintos y visiones diferentes sobre cómo debe administrarse el país. Algunos consideran que el modelo actual fortalece a los sectores históricamente olvidados. Otros sostienen que genera incertidumbre para ciertos sectores económicos.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿Qué país queremos construir? ¿Uno donde el crecimiento económico beneficie únicamente a quienes ya tienen ventajas o uno donde el desarrollo alcance también a quienes durante décadas permanecieron excluidos de muchas oportunidades?

Lo cierto es que México de 2026 es muy diferente al México de hace veinte o treinta años. El viejo sistema político que dominó durante décadas ya no existe en la misma forma. Los actores cambiaron, las reglas cambiaron y la ciudadanía cambió. Hoy existe una sociedad mucho más informada, más participativa y más crítica.

Eso no significa que los problemas hayan desaparecido. La corrupción sigue existiendo. Los abusos de poder siguen apareciendo. Los intereses económicos siguen presionando. Y los partidos políticos continúan cometiendo errores. Pero también es cierto que hoy existen más herramientas para fiscalizar, denunciar y exigir rendición de cuentas.

Por eso resulta indispensable fortalecer auditorías, órganos de fiscalización, unidades de investigación financiera y todas aquellas instituciones capaces de detectar irregularidades antes de que se conviertan en escándalos mayores. La transparencia no debe depender de la buena voluntad de los funcionarios, sino de instituciones sólidas capaces de supervisar el ejercicio del poder.

Nos queda un largo camino por recorrer. Todavía existen enormes desafíos en materia de seguridad, salud, educación y desarrollo económico. Pero también es cierto que México continúa avanzando y aprendiendo de sus propios errores.

Los tiempos cambian. La política cambia. Las generaciones cambian. Y la obligación de vigilar al poder, sin importar quién lo ejerza, debe seguir siendo exactamente la misma.

Porque al final, como en la historia de Thomas Crown, la verdadera pregunta nunca es quién ganó. La verdadera pregunta es si alguien creyó que demostrar poder era más importante que preservar la confianza de los ciudadanos. Y esa es una pregunta que solamente las instituciones, la ley y el tiempo podrán responder.