Los Reporteros Mx

Categoría: Opinión

  • La papa caliente

    La papa caliente

    México vuelve a estar en el centro de una tensión internacional que, lejos de ser nueva, hoy simplemente ha sido expuesta con mayor intensidad. Las recientes acusaciones provenientes de agencias del gobierno de los Estados Unidos en materia de narcotráfico y seguridad no descubren un problema reciente: ponen sobre la mesa una realidad que por años ha existido y que distintos gobiernos enfrentaron con resultados diversos.

    Medios nacionales como Reforma, El Universal y Milenio han documentado durante décadas la evolución de la violencia en México, evidenciando que se trata de un fenómeno estructural, no coyuntural. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan incrementos importantes en distintos periodos, particularmente desde años previos a la actual administración, lo que confirma que el problema tiene raíces profundas.

    Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se adoptó una estrategia distinta: priorizar la vida, contener la violencia y evitar confrontaciones que pudieran escalar en tragedias mayores. Esta visión partió de una premisa clara: ningún gobierno puede construir paz sobre montañas de muertos. Más allá del debate político, esta postura representó un cambio de paradigma frente a modelos anteriores centrados en la confrontación directa.

    Hoy, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se enfrenta una etapa particularmente compleja: contener una inercia acumulada por años, estabilizar regiones con alta presión criminal y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio político en un entorno nacional e internacional altamente sensible. No es un escenario sencillo. Sin embargo, es claro que se está haciendo el mayor esfuerzo posible por contener esta ola de violencia y el desajuste político que la rodea, apostando por la coordinación institucional, la inteligencia y la continuidad de una estrategia que privilegia la estabilidad social.

    Sería simplista atribuir la seguridad del país a una sola administración. México es una federación compleja, donde la responsabilidad recae también en gobiernos estatales y municipales, con realidades, capacidades y, en muchos casos, visiones políticas distintas. Esta fragmentación institucional ha sido señalada por organismos como México Evalúa como uno de los principales retos para lograr resultados homogéneos en seguridad.

    A esto se suma un fenómeno recurrente: el incremento de la violencia en periodos electorales. Estudios de Integralia Consultores han identificado patrones donde la disputa territorial y política coincide con repuntes en homicidios y agresiones, lo que abre cuestionamientos sobre intereses que van más allá de lo estrictamente criminal.

    Hoy, además, enfrentamos una realidad social compleja: en diversas regiones del país, actores vinculados al crimen han logrado infiltrarse en dinámicas económicas y sociales, normalizando su presencia en espacios públicos y actividades empresariales. Reportajes de medios como Proceso han documentado este fenómeno, que refleja no solo un problema de seguridad, sino también un desafío cultural.

    En este contexto, los señalamientos recientes incluido el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya deben analizarse con responsabilidad. México es un país de instituciones, y cualquier acusación, nacional o internacional, debe resolverse conforme a derecho, con pruebas, procesos claros y respeto absoluto al debido proceso.

    Es fundamental entender que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es necesaria, pero también lo es el respeto a la soberanía. Las decisiones internas no pueden responder a presiones externas, sino a la aplicación firme de la ley.

    México no parte de cero. Se han sentado bases importantes para una transformación en materia social, económica y de seguridad. Pero el reto sigue siendo enorme y exige continuidad, coordinación y responsabilidad compartida.

    La “papa caliente” no es de un solo actor. Es de todos: de las instituciones, de los distintos niveles de gobierno y de una sociedad que debe rechazar la normalización de la violencia.

    Porque la paz no es solo la ausencia de guerra. Es la presencia de justicia.

  • Extraños enemigos

    Extraños enemigos

    Desde los primeros días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien tomó el poder en diciembre de 2018, se han venido dando distintas protestas contra el nuevo régimen, utilizando casi como si de un manual prediseñado se tratara, los mismos argumentos que se llegaron a utilizar contra distintos líderes de izquierda a lo largo de la historia reciente.

    Me tocó vivir muy de cerca el movimiento FRENAAA, que dentro de su enrevesado acrónimo decía ser un “movimiento anti AMLO”.

    Era sumamente difícil tomarlos en serio, empezando por su histriónico líder, el manipulador y contradictorio empresario regio Gilberto Lozano, quien ya llevaba desde 2015 haciendo videos contra Peña Nieto y enarbolaba las banderas del poder de los ciudadanos y que los políticos “son nuestros empleados”. Las traiciones a sus propios adeptos hicieron que su movimiento se diluyera. Aunque el odio hacia el régimen de la 4T no ha hecho más que crecer y volverse más rancio dentro de los sectores reaccionarios.

    En uno de los fallos de marketing más caros y ridículos de la historia, postularon a Xóchitl Gálvez en 2024 y a ella misma la hicieron creer que su personalidad disruptiva sería suficiente para embaucar al grueso del electorado para volver a votar por la derecha. Durante su campaña, prometía la privatización de las paraestatales y se burlaba del concepto de soberanía, que fue cultivado y reacuñado durante el mandato de AMLO.

    La actual consigna de la derecha, y que se nota más descarada en facciones como el PAN o Salinas Pliego (de las cuales Lilly Téllez es el vértice), es recurrir a llamar la atención del gobierno estadounidense para buscar una intervención que deponga al gobierno de Morena, legítimamente elegido por el pueblo.

    En 2023, la politóloga española Arantxa Tirado publicó su libro El lawfare: Golpes de Estado en nombre de la ley. Ya desde entonces daba cuenta de cómo los poderes fácticos, encabezados por el gobierno estadounidense, sin importar si era demócrata o republicano, retorcían la ley a su gusto para golpear a los gobiernos de izquierda. Explicaba también cómo, cuando las redes hicieron ya inoperantes las campañas negras de propaganda contra gobiernos como el de Hugo Chávez, de la nada aparecían acusaciones de nexos con el narcotráfico, lo cual, en el imaginario colectivo suele surtir efecto para lograr el repudio generalizado de cualquier figura pública.

    Otro título clave para entender la dinámica que se vive actualmente es Los cárteles no existen. Se trata de un profundo trabajo de investigación publicado en 2018 por el periodista mexicano Osvaldo Zavala. Con base en testimonios de agentes estadounidenses antinarcóticos, así como de muchos otros informantes y pesquisas en documentos, Zavala prueba su hipótesis de que los cárteles, así como muchos movimientos terroristas o contrainsurgentes alrededor del mundo, son una creación del propio EEUU, el Estado corruptor por excelencia, que, sin embargo, goza de inmunidad ante el mundo en general, por todos los intereses involucrados, así como en el imaginario colectivo, gracias a su perenne inversión en propaganda para asentar como verdad histórica la versión de que ellos son los buenos.

    La derecha mexicana actual no supera el hecho de que uno de sus integrantes, antes promocionado como una especie de prócer combatiente del crimen, esté refundido precisamente por narcotráfico en una cárcel gringa. Y, aprovechando la coyuntura actual, es decir; la presencia de uno de los seres humanos más aberrantes que han ocupado la oficina oval, no paran de hacer cabildeos de todo tipo, incluyendo las ridículas entrevistas de Fox News, para clamar por la tan anhelada intervención.

    Maru Campos ya dio cínicamente un paso que los tiene muy orgullosos. Y los más sensatos esperamos que enfrente la ley, por el bien de nuestra soberanía y para sentar precedente. Y si Rocha Moya debe algo, que se dirima en las investigaciones, primero de la fiscalía mexicana. El que nada debe, nada teme.

    El “extraño enemigo” contra el cual nos arengaba el himno nacional, tal vez no sea tan extraño. Los vendepatrias están a la orden del día, y a lo mejor saben que tienen hasta las intermedias de noviembre para lograr algo. Sigamos muy atentos.

  • La CIA en México: brazo armado del Imperio disfrazado de socio

    La CIA en México: brazo armado del Imperio disfrazado de socio

    La historia de la Agencia Central de Inteligencia no puede leerse con ingenuidad diplomática. Quienes la conciben como una simple agencia de recopilación de datos ignoran o eluden décadas de evidencia documentada, en gran parte por la propia agencia, sobre sus métodos reales de operación. La CIA no es un organismo de inteligencia en el sentido convencional del término; es el instrumento preferido de la política exterior estadounidense cuando la diplomacia no basta y la guerra abierta resultaría demasiado costosa en términos políticos. Su verdadera función ha sido, sistemáticamente, la desestabilización de gobiernos que no se alinean con los intereses de Washington, la manufactura de consensos a través de la desinformación, y la orquestación de golpes de Estado envueltos en retórica democrática.

    Los registros desclasificados no dejan espacio para la especulación: la CIA participó activamente en el derrocamiento de Mohammad Mosaddegh en Irán en 1953, de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, apoyó la dictadura de Pinochet en Chile tras el golpe de 1973 contra Salvador Allende, presidente electo por su pueblo, y estuvo involucrada en múltiples operaciones de desestabilización en América Latina, África y Asia. En cada caso, el patrón es idéntico: primero la infiltración, luego la desestabilización económica y mediática, después el golpe o la crisis política, y finalmente la imposición de un gobierno funcional a los intereses corporativos y geopolíticos estadounidenses. La retórica cambia según la época, pero el método permanece.

    La narrativa de la “guerra contra el narcotráfico” merece un análisis particularmente riguroso, especialmente desde la perspectiva mexicana. Durante décadas, la CIA utilizó redes de narcotráfico como mecanismo de financiamiento para sus operaciones encubiertas, como quedó documentado en el escándalo Irán-Contra durante los años ochenta. El caso del piloto Barry Seal, las conexiones entre la Contra nicaragüense y el cartel de Medellín, y los testimonios de múltiples agentes desclasificados revelan que la agencia no solo toleró el tráfico de drogas sino que en ocasiones lo gestionó activamente cuando convenía a sus objetivos estratégicos. Afirmar que la CIA combate el narcotráfico en México es, en el mejor de los casos, una ingenuidad; en el peor, una mentira funcional diseñada para justificar presencia operativa en territorio soberano.

    Y aquí el debate toca el corazón del asunto para México. La soberanía no es un concepto decorativo ni una cláusula de retórica nacionalista. Es el principio fundamental que distingue a una nación libre de un protectorado. Cuando funcionarios públicos permiten la operación de agentes de inteligencia extranjeros en suelo nacional sin aprobación del Congreso federal, están violando no solo la letra de la Constitución, sino el espíritu de una nación que pagó con sangre su independencia y que enfrentó múltiples intervenciones extranjeras a lo largo de su historia. México tiene memoria: recuerda la intervención francesa, recuerda la invasión norteamericana de 1846, recuerda la Embajada Pactista. No puede permitir que esa memoria se borre con el barniz de la “cooperación bilateral”.

    La posición de México debe ser clara e inquebrantable: ninguna agencia de inteligencia extranjera puede operar en territorio nacional sin el conocimiento, la aprobación y la supervisión de los órganos legislativos correspondientes. Esta no es una postura de confrontación; es una afirmación elemental de lo que significa ser un Estado soberano en el sistema internacional. La colaboración en materia de seguridad es legítima y posible, pero debe ser horizontal, transparente y subordinada a los intereses nacionales mexicanos, no a los cálculos geopolíticos de Washington.

    El imperialismo del siglo XXI no llega con barcos de guerra en todos los casos. Llega con agencias de inteligencia, con condicionalidades financieras, con acuerdos de “cooperación” que encubren subordinación, con narrativas mediáticas que criminalizan a los gobiernos que se niegan a ceder. México ha demostrado, a lo largo de su historia, capacidad para resistir esa presión cuando existe voluntad política y respaldo popular. La doctrina Estrada, que durante décadas orientó la política exterior mexicana con el principio de no intervención, sigue siendo un faro vigente en un mundo donde las grandes potencias continúan pretendiendo que su interés particular es el orden global.

    Quienes facilitan la operación de la CIA en México, sean funcionarios electos o no, deben responder ante las instituciones del país. La impunidad en estos casos no es un asunto administrativo menor; es una herida a la soberanía que, si no se cierra con consecuencias jurídicas reales, envía el mensaje de que México es un territorio abierto a la intromisión extranjera. La patria no se administra; se defiende.

  • VERDAD, JUSTICIA Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA

    VERDAD, JUSTICIA Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA

    Estas 3 palabras fueron la parte más importante del comunicado leído por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera del 30 de abril; estas palabras encierran un mensaje poderoso dentro y fuera de México.

    VERDAD.

    Después del comunicado emitido el día de ayer por el Departamento de Justicia de EU, México exige que se compruebe con evidencias contundentes los señalamientos hacia sus funcionarios; dicha exigencia es totalmente justificada debido a que Estados Unidos tiene como costumbre señalar sin evidencia contundente, caso del presidente de Venezuela secuestrado y en juicio activo por un cartel que ni siquiera existe, razón más que válida para solicitar evidencia que sustente los dichos.

    JUSTICIA.

    De existir pruebas claras, el gobierno está obligado a realizar las diligencias judiciales para castigar a los señalados de estas imputaciones; sin embargo, en caso de que se demuestre la inocencia de los presuntos implicados, se tendrá que solicitar al Departamento de Justicia que se retracte de la misma manera como lo dio a conocer, por escrito y acompañado de una disculpa.

    DEFENSA DE LA SOBERANÍA.

    Esto aplica para Estados Unidos, que con su línea injerencista pretende desestabilizar a México al intentar desestabilizar a la 4ta Transformación solo por el hecho de no poder controlarnos como cuando gobernaba la oposición y está perdiendo control político sobre nuestro país; sin embargo, este punto también debe aplicar para los parias vende patrias como Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Maru Campos y todos esos lastres que han estado apoyando a Estados Unidos en su intento de dar un golpe de Estado en nuestro país; estas lacras deben ser enjuiciadas por ser traidores a la Constitución mexicana.

    La diferencia entre Estados Unidos y México actualmente es abismal; mientras Trump apenas alcanza un 25% de aprobación, nuestra presidenta Sheinbaum goza de un 70%; la situación de consumo de estupefacientes en EU alcanza a más del 50% de la población menor de 12 años en el consumo de drogas, alcohol y tabaco; en México no llega al 14% de la población del mismo grupo de edad, por lo que nuestro país implementa políticas mucho más efectivas atendiendo las causas, mientras nuestros vecinos están más ocupados tratando de invadir otros países, mientras sus ciudadanos se hunden en una cotidianidad de adicciones, descontento ante la inoperancia de su gobierno, quien solicita billones para fines bélicos, pero deja de lado la salud pública como si le estorbara.

    El comunicado del Departamento de Justicia fue solo una vil herramienta de presión política y mediática; muchos expertos hablan de que Trump está usando este recurso para no firmar el tratado de libre comercio, ya que formalizar la revisión del mismo fortalecería aún más a nuestro país, pues, por la cercanía, inversiones y proyectos, México lleva una gran ventaja que redituaría en un crecimiento político y financiero que nos situaría en los primeros planos mundiales.

    Las palabras de nuestra presidenta en su mensaje son contundentes: actuar con claridad y eficacia, sin linchamientos jurídicos ni políticos para los implicados ni para el país, así como que todo procedimiento legal debe ser realizado en nuestro país, sin ceder a presiones ni chantajes por parte de un país que está desesperado por retomar el control que por décadas ejerció en nuestro país y que, con la llegada del humanismo mexicano, no ha podido conservar.

    Es hora de cerrar filas con nuestra presidenta.
    ¡A México se le respeta!

    “La rebeldía es la vida: la sumisión es la muerte”
    Ricardo Flores Magón

  • México: presión interna, tensión externa y una narrativa que se desborda

    México: presión interna, tensión externa y una narrativa que se desborda

    México está que hierve. No es una percepción aislada ni un exceso retórico: es el reflejo de una acumulación de eventos que, en cuestión de días, han elevado la tensión política, institucional y social a niveles delicados.

    En el centro de la conversación se encuentra un tema particularmente sensible: la presunta presencia de agentes vinculados a la Central Intelligence Agency en territorio nacional, quienes habrían fallecido en un accidente que, lejos de cerrar el capítulo, ha abierto múltiples interrogantes.

    • Las preguntas son inevitables:
    • ¿Quién autorizó su ingreso?
    • ¿Bajo qué marco de cooperación operaban?
    • ¿Existía conocimiento pleno por parte del gobierno mexicano?
    • ¿O estamos frente a una operación que desbordó los canales diplomáticos tradicionales?

    En materia de seguridad e inteligencia, la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos no es nueva. Sin embargo, históricamente ha estado sujeta a protocolos estrictos, acuerdos formales y mecanismos de supervisión. Cualquier desviación de ese esquema genera no solo dudas, sino implicaciones profundas en términos de soberanía.

    Y en ese mismo contexto de tensión, emerge otro elemento que intensifica el ambiente: los señalamientos y versiones sobre una posible solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

    Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más compleja. Por un lado, existe una dinámica creciente en la que actores políticos, empresariales y sociales han acudido a instancias en Estados Unidos cortes y agencias para denunciar presuntas actividades ilícitas vinculadas a México. Por otro, está el principio fundamental del derecho: no hay culpabilidad sin pruebas.

    Estados Unidos opera bajo un sistema donde el delito de conspiración permite construir casos robustos a partir de redes de colaboración, testimonios protegidos y evidencia financiera. México, por su parte, exige procesos distintos, con estándares probatorios y garantías procesales propias. Esa diferencia jurídica es clave para entender por qué muchas acusaciones mediáticas no necesariamente se traducen en acciones inmediatas.

    Pero más allá del terreno legal, lo que realmente está en juego es la percepción de control del Estado.

    Es evidente que México enfrenta retos serios en materia de seguridad. También es cierto que el fenómeno no es reciente. Desde el inicio de la estrategia de confrontación directa contra el crimen organizado una etapa que todos identifican sin necesidad de nombrarla la violencia y la capacidad operativa de los grupos criminales han evolucionado. En ese proceso, la infiltración en estructuras de poder ha sido una constante señalada por distintos análisis.

    Hoy, el gobierno actual sostiene que existe un esfuerzo real por recuperar el control. Y aunque los resultados pueden ser debatidos, hay una realidad innegable: el problema es estructural, acumulado y profundamente complejo.

    Mientras tanto, la presión social también se manifiesta en otros frentes. La vida urbana, particularmente en la Ciudad de México, refleja síntomas de desorden: crecimiento del comercio informal, deterioro visual en ciertas zonas, aumento del uso de motocicletas sin regulación efectiva y una sensación generalizada de falta de control en espacios públicos.

    Esto no es menor. La imagen urbana también es gobernabilidad.

    A ello se suma el derecho legítimo a la protesta. México es un país donde la manifestación social ha sido históricamente un motor de cambio. Sin embargo, el límite siempre ha sido claro: la protesta no debe convertirse en destrucción del patrimonio colectivo. La línea entre expresión y vandalismo no solo es legal, sino moral.

    En este entorno, el país se aproxima a un momento de exposición global con la cercanía del Mundial. Y eso introduce una variable adicional: la necesidad de proyectar estabilidad, orden y capacidad institucional.

    México vive una etapa de alta presión.

    • Interna, por los desafíos estructurales.
    • Externa, por la vigilancia y acciones de otros países.
    • Y mediática, por una narrativa que muchas veces mezcla hechos, versiones y especulación.

    Como diría Don Joaquín López Doriga en una frase que hoy resuena con fuerza: esto es una bomba.

    La diferencia es que, en este caso, no se trata de si explotará o no, sino de cómo se administrará la presión antes de que lo haga.

  • Soberanía en Riesgo: Agentes de la CIA y la Crisis en México

    Soberanía en Riesgo: Agentes de la CIA y la Crisis en México

    La reciente muerte de dos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua ha encendido un debate profundo sobre la legalidad de su presencia en territorio mexicano, así como sobre las implicaciones que este hecho tiene para el Estado de derecho y la soberanía nacional de México. Más allá del impacto inmediato del incidente, el caso obliga a revisar los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y los límites que deben respetarse en un país que, constitucionalmente, es libre y soberano.

    De acuerdo con los primeros reportes, los agentes se encontraban operando en una zona estratégica vinculada a actividades del crimen organizado. Sin embargo, uno de los elementos más controvertidos es que no se ha esclarecido plenamente bajo qué marco legal realizaban dichas actividades. Si bien existe cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de inteligencia y combate al narcotráfico, esta debe regirse por acuerdos formales, protocolos diplomáticos y, sobre todo, por el respeto irrestricto a la jurisdicción nacional.

    La posible actuación de agentes extranjeros sin supervisión directa de las autoridades mexicanas constituye una violación al principio básico del Estado de derecho: nadie puede estar por encima de la ley. En este sentido, la presencia de elementos de la CIA operando de manera opaca o fuera de los canales institucionales pone en entredicho la capacidad del Estado mexicano para ejercer control efectivo sobre su territorio. Además, genera un precedente peligroso, ya que podría normalizar la intervención extranjera bajo el argumento de la cooperación en seguridad.

    Desde una perspectiva jurídica, la soberanía nacional implica la facultad exclusiva del Estado para tomar decisiones dentro de su territorio sin injerencias externas. La Constitución mexicana establece claramente que ninguna autoridad extranjera puede ejercer funciones públicas en el país sin autorización expresa. Si se confirma que los agentes actuaban sin un marco legal sólido o con un nivel de autonomía indebido, estaríamos ante una vulneración directa de este principio.

    Por otro lado, este caso también revela tensiones estructurales en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico ha sido, durante décadas, un terreno de cooperación, pero también de fricción. Mientras Estados Unidos busca frenar el flujo de drogas hacia su territorio, México enfrenta las consecuencias internas de la violencia generada por los cárteles. En este contexto, la participación de agencias como la CIA ha sido históricamente delicada, precisamente por el riesgo de cruzar líneas que comprometan la soberanía mexicana.

    La muerte de los agentes, además, abre interrogantes sobre la estrategia de seguridad en la región. ¿Hasta qué punto la presencia de actores extranjeros contribuye realmente a mejorar las condiciones de seguridad? ¿O, por el contrario, incrementa los riesgos al generar dinámicas paralelas de operación que escapan al control institucional? Estas preguntas son clave para replantear el modelo de cooperación vigente.

    Asimismo, el incidente pone en evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades internas del Estado mexicano. La dependencia de inteligencia extranjera puede ser útil en ciertos contextos, pero no debe sustituir el desarrollo de instituciones nacionales sólidas, capaces de enfrentar por sí mismas los desafíos de seguridad. La construcción de un Estado fuerte pasa necesariamente por garantizar que todas las acciones dentro de su territorio estén sujetas a su marco legal.

    En el plano político, este suceso podría tener repercusiones importantes. La opinión pública suele reaccionar con sensibilidad ante cualquier indicio de intervención extranjera, especialmente en un país con una historia marcada por conflictos de soberanía. Por ello, la respuesta del gobierno mexicano será crucial: deberá esclarecer los hechos con transparencia, definir responsabilidades y, en su caso, ajustar los mecanismos de cooperación para evitar que situaciones similares se repitan.

    En conclusión, la muerte de los agentes de la CIA en Chihuahua no es un hecho aislado, sino un síntoma de tensiones más profundas entre seguridad, legalidad y soberanía. Este caso debe servir como punto de inflexión para reforzar el Estado de derecho en México, establecer límites claros a la actuación de actores extranjeros y reafirmar el principio fundamental de que la soberanía nacional no es negociable.

  • Acceso y derecho a la justicia I

    Acceso y derecho a la justicia I

    La primera parte del décimo punto en la Cartilla de Derechos de las Mujeres habla de las mujeres y nuestro derecho a acceder a la justicia. Dice textualmente: “¿Sabías que las mujeres tenemos derecho a acceder a la justicia con perspectiva de género, es decir, que se considere nuestras necesidades y experiencias propias?

    La justicia implica que las autoridades cumplan con las obligaciones que las leyes establecen para que las mujeres podamos acceder a la justicia en condiciones de igualdad. 

    Los servicios que prestan las autoridades siempre deben ser gratuitos, seguros, fáciles de encontrar, estar cerca de tu hogar y los procedimientos para acceder a tus derechos, deben ser sencillos y rápidos.

    Las autoridades que te brindan los servicios para acceder a la justicia deben ser personas capacitadas para atenderte, conocer las leyes aplicables y buscar en todo momento que tus derechos se cumplan. Queremos recordarte que es importante que en todo momento te sientas respetada y no te hagan sentir mal, ni culpable o vulnerable.

    El acceso a la justicia es un derecho que debe garantizarse cuando somos víctimas de un delito, pero también es el mecanismo para que se nos garanticen todos nuestros derechos. 

    Por ejemplo, si fuiste víctima de un delito, la policía y los ministerios públicos deben actuar oportunamente, brindarte protección, atenderte de forma respetuosa y en condiciones dignas; que tu denuncia sea investigada por las autoridades y que el o los responsables sean llevados ante los tribunales, para que así, las personas juzgadoras te garanticen el acceso a la justicia”.

  • Entregar hasta lo que no se pueda entregar

    Entregar hasta lo que no se pueda entregar

    Ya lo decía Don Enrique Peña Nieto; “no hay chile que les embone”. Resulta que es entreguista y condenable —porque viola algunas leyes como la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional— que Maru Campos, estoica y patriótica gobernadora PANista del Estado de Chihuahua, deje la seguridad de su estado en manos de la CIA y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, reconociendo, como reconocidamente se reconoce, su incapacidad para garantizar la seguridad de los chihuahuenses, ¿que van a decir después? ¿Qué está mal querer vivir en un mejor lugar, en el estado 52 de los Estados Unidos?

    El Gobierno de Chihuahua, liderado por la falta de liderazgo de Maru Campos, quien ha decidido gobernar entregando el gobierno a autoridades extranjeras, combate al crimen organizado, le moleste a quien le moleste, sólo que no es el Gobierno de Chihuahua quien lo combate, es la CIA.

    Y eso debería ser motivo suficiente para que estemos orgullosos, como lo está Ricky Riquín Canallín, del entreguismo de su no entreguista gobernadora. Si su actuar viola la ley, modifiquemos la ley, ¿qué digo modifiquemos? Deroguemos la ley. Habrá quienes cuestionen que se destine un piso completo de la Torre Centinela, el centro de seguridad más moderno de Chihuahua, a personal de la DEA, FBI y CIA para que opere en Chihuahua. No entienden que no hay mayor seguridad que doblar las manos, claudicar y ponerse de pechito para que hagan con uno lo que se les antoje, no entienden que sin sumisión no hay seguridad, que soberanía y libertad caminan de la mano con incertidumbre e inseguridad, no entienden que no tiene caso aferrarnos a ser una nación independiente cuando podemos, de la noche a la mañana, ¡pertenecer al primer mundo! El sueño de todo mexicano de bien que sueña con preservar sus privilegios sacrificando al resto del país.

    Entrados en gastos

    Lamentablemente, no todo es aplaudible en el actuar del Gobierno de Chihuahua que simula que es gobierno. Resulta condenable que Maru y compañía vistieran, con uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, a los agentes de la CIA y les pidieran que se cubrieran el rostro para parecer autoridades locales, ¿de qué se trata? ¿Cuál era la necesidad de humillar a los héroes intervencionistas y hacerlos pasar por policías mexicanos? ¿Queremos ser primer mundo o no? ¿Somos súbditos orgullosos del imperio o payasos? Estamos buenos para pedir al gobierno de Estados Unidos que intervenga en asuntos nacionales, dejando a Trump —con cuatro agentes menos— a la merced de un psicópata que destrozó dos juegos de vajillas y cinco servilletas, en la cena de Corresponsales de la Casa Blanca, pero no estamos buenos para presumir abiertamente que la CIA opera en territorio nacional, así no se puede, ¿por qué avergonzarse de ser una vergüenza?

    • Carlos Bortoni es escritor. Su última novela es Historia mínima del desempleo.
  • La frontera porosa de Chihuahua

    La frontera porosa de Chihuahua

    Ricardo Anaya, y el líder nacional Jorge Romero, implica al PAN en el proyecto de los agentes de la CIA, cualquiera que éste sea, e involucra a todos los panistas en un golpe de estado.

    Enrique Alfaro, (Jalisco), Samuel García, (Nuevo León), Francisco García Cabeza de Vaca, (Tamaulipas), Miguel Riquelme, (Coahuila), crearon un grupo de rebeldía para dejar de enviar dinero a la federación. Era la alfombra roja para la llegada de la CIA.

    La CIA pudo tener algo que ver con el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, el 20 de junio de 2022, a 10 meses de haber tomado posesión de la gubernatura Maru Campos.

    Asesinar sacerdotes católicos es un impacto mediático con una cobertura nacional al 100 por ciento.

    Nadie en la región podría atentar contra los sacerdotes. Todavía la comunidad, la región, los chihuahueños, el país y la iglesia católica exigen todavía el esclarecimiento del asesinato, donde pudieron estar implicados la CIA, del FBI, el ICE, la DEA.

    Lo que intentaba ser la balcanización fiscal en el norte, se convierte en el desprendimiento policial del gobierno mexicano en materia de seguridad, en Chihuahua.

    Si la CIA invadió la entidad, desde que llega Maru Campos al gobierno, intensificó la delincuencia, no la combatió. La CIA llega a operar no a conocer o calcular, ni a trazar o planificar llega a trabajar sobre un proyecto concreto.

    La agencia de espionaje promueve la violencia para que Estados Unidos tenga pretexto para invadir o invalidar el gobierno, declarando llamarlo gobierno fallido a causa del “crecimiento exponencial de la inseguridad” e instaurar otro.

    Samuel García no desaprovecha la oportunidad para considerarse gringo. Tampoco desperdicia espacios para mostrar su desprecio a México y los mexicanos, de tal suerte que pugna porque la balcanización lo acerque cada vez más al vecino del norte aunque esto le cueste la candidatura de su partido a la Presidencia de la República. Es decir, prefiere ser un gringo más que un Presidente de México.

    Mientras Chihuahua, Coahuila y Nuevo León tengan la tutela policiaca de la DEA y el dominio político de la CIA, la frontera se borrará poco a poco. Los espías de la CIA estaban adscritos a una oficina en Nuevo León, pero como es más porosa la frontera de Chihuahua, gracias a Maru Campos, actuaron desde ahí.

    Es muy ingenuo creer que la CIA localiza y destruye laboratorios de drogas, su función es eminentemente política y obsesiva en cuestiones de desestabilizar gobiernos que no coinciden con las administraciones de Estados Unidos.

    Mientras los californianos quieren unirse a México, los gobiernos de la oposición, de Chihuahua a Nuevo León, quieren convertirse en una estrella más de la bandera imperialista. Los medios para lograrlo pueden ser infinitos y uno de los caminos es abrir la puerta a la CIA, para que desestabilice al gobierno de México, en la balcanización de la investigación y persecución de delincuentes, para luego colocar nuevas fronteras.

    La estrategia de la CIA en México es intensificar la percepción de violencia, de esa manera se crean puentes para una intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

  • El tercer atentado contra Trump no es un hecho aislado, es una advertencia

    El tercer atentado contra Trump no es un hecho aislado, es una advertencia

    Tres atentados en menos de dos años no son coincidencia. Son un mensaje. El 25 de abril, en Washington D. C., un incidente armado obligó a evacuar de emergencia a Donald Trump durante la cena anual de corresponsales, uno de los eventos más vigilados del país. Podría pensarse que se trató de una falla puntual en seguridad. No lo es. Es la evidencia más reciente de un cambio que ya está en marcha: la violencia política dejó de ser excepcional y comienza a instalarse como parte del entorno.

    Cuando un mismo liderazgo ha sido blanco de tres atentados en tan poco tiempo, el análisis ya no puede centrarse en el episodio, sino en el sistema que lo hace posible.

    La secuencia es clara. En 2024, un disparo en Pensilvania dejó a Trump herido. Meses después, un hombre armado fue detectado en un campo de golf. En 2026, un evento institucional de alto nivel tuvo que ser evacuado. Tres escenarios distintos, una constante: la posibilidad real de que la violencia irrumpa en el corazón del poder político.

    Pero el fenómeno no se agota ahí. El asesinato del activista conservador Charlie Kirk durante un acto universitario y el ataque contra la familia de Nancy Pelosi en su domicilio confirman algo aún más preocupante: la violencia política ya no distingue entre cargos, espacios ni niveles de exposición. Puede ocurrir en una plaza pública, en una universidad o en una casa privada. Ese es el verdadero cambio.

    Lo que estamos viendo no es una suma de hechos aislados, sino la formación de un patrón. Y todo patrón responde a condiciones. La primera es la normalización social de la violencia. Cuando una parte de la población comienza a justificar el uso de la fuerza bajo ciertas circunstancias, el límite moral que antes contenía estos actos empieza a diluirse. No hace falta que todos aprueben la violencia. Basta con que deje de escandalizar.

    La segunda condición es la radicalización ideológica. En contextos de alta polarización, el adversario deja de ser un competidor y se convierte en una amenaza. Cada agresión refuerza esa percepción en el lado opuesto. Se instala entonces una lógica de escalada: acción y reacción. Un círculo que se alimenta solo. En ese terreno, la política ya no se disputa, se confronta.

    La tercera es la vulnerabilidad institucional frente a actores individuales. Hoy no se requieren estructuras complejas para generar un impacto político profundo. Un individuo con motivación ideológica, acceso a un arma y un objetivo visible puede alterar la estabilidad de todo un sistema. Las instituciones pueden reaccionar, pero cada vez les resulta más difícil anticipar. Ese es el nuevo desafío.

    Si miramos el fenómeno con enfoque de ingeniería política, lo que emerge es un sistema donde varias variables se potencian entre sí. La repetición de ataques reduce la sorpresa. La polarización legitima la confrontación. La acción individual multiplica los riesgos. Y las instituciones, diseñadas para amenazas organizadas, enfrentan un entorno cada vez más difuso. No es un problema de un evento. Es un problema de diseño del sistema.

    Para mexicanas y mexicanos, este análisis no es ajeno. Observar lo que ocurre en Estados Unidos debería servirnos como advertencia, no como espectáculo. Las democracias no se deterioran de un día para otro. Se desgastan cuando comienzan a tolerar aquello que antes rechazaban. En nuestro país, donde se ha apostado por fortalecer la vida pública desde la participación y el diálogo, el reto sería claro: no permitir que la polarización cruce el umbral de la violencia.

    El problema no es que ocurra otro atentado. El problema es que deje de sorprendernos. Porque cuando eso sucede, la violencia ya no es una ruptura del orden, sino parte de él. Y cuando la política se acostumbra a convivir con la violencia, la amenaza deja de ser coyuntural y se convierte en estructural.

    [email protected]

    X: @a_snpedro

    Instagram: aldospm

    Facebook: Aldo San Pedro