Dos soldados murieron y cinco resultaron heridos en un ataque con drones explosivos en Chocó, atribuido por las autoridades al ELN. En medio de una nueva ola de atentados, la estrategia de seguridad de Abelardo de la Espriella enfrenta cuestionamientos: la apuesta por la fuerza no ha frenado la violencia y deja a militares y civiles pagando las consecuencias.
Dos soldados colombianos, Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan de la Cruz Méndez Ortiz, murieron y otros cinco resultaron heridos tras un ataque con drones cargados de explosivos en San José del Palmar, departamento del Chocó. El Ejército atribuyó el atentado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras la Fuerza Aeroespacial mantuvo sobrevuelos para facilitar la evacuación de los militares heridos.
El ataque se produjo en medio de una escalada de violencia que también golpeó a otras regiones del país. En Planadas, Tolima, una explosión dejó cuatro personas muertas, incluida una bebé de dos meses, y al menos 15 heridas, además de afectar servicios de salud. En Algeciras, Huila, otro atentado con una motocicleta cargada de explosivos causó la muerte del policía Julián Esmith Castaño López.
La sucesión de ataques exhibe la gravedad de la crisis de seguridad y la capacidad de los grupos armados para seguir utilizando explosivos y drones contra sus objetivos. Aunque las autoridades atribuyen los atentados a organizaciones insurgentes, los hechos también plantean preguntas sobre la eficacia de las medidas gubernamentales para proteger a la población y prevenir nuevos ataques.
La estrategia de seguridad de Abelardo de la Espriella, centrada en la fuerza y la respuesta militar, no puede presentarse como una solución mientras continúan los atentados y se acumulan las víctimas. La mano dura, por sí sola, no garantiza paz ni seguridad: si no logra contener a los grupos armados ni proteger a la población, el resultado es más violencia, más muertes y comunidades expuestas a un conflicto que sigue cobrándose vidas.
Deja un comentario