El gobierno federal y el estatal amplían la oferta educativa para jóvenes en 31 municipios chiapanecos, con obras que superan los 586 millones de pesos.
El gobierno de México destina 586.4 millones de pesos para construir, ampliar y reconvertir 31 bachilleratos en Chiapas. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer la cifra durante la Conferencia del Pueblo.
La funcionaria explicó que el proyecto responde al trabajo de las Mesas de Paz y a las acciones de Atención a las Causas. Estas iniciativas operan en coordinación con el gobierno estatal y los municipios. Buscan acercar programas, trámites y servicios a la población chiapaneca.
Los nuevos planteles llegarán a 25 municipios: Acala, Berriozábal, Chalchihuitán, Chanal, Chilón, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y La Concordia. También beneficiarán a La Independencia, Larráinzar, Las Margaritas, Mazatán, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Sabanilla, Salto de Agua, San Juan Cancuc y Suchiapa. Además abarcan Tenejapa, Tila, Tonalá, Villaflores y Yajalón.
Rodríguez señaló que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum coloca a las personas y las comunidades en el centro de sus decisiones. Por eso, dijo, actúa con humanismo y sensibilidad hacia las familias.
Además de la infraestructura educativa, Chiapas registra otros avances sociales. La entidad ha realizado 267 Jornadas por la Paz y entregado Cartillas de Derechos de las Mujeres. También organiza pláticas sobre prevención de la violencia, jornadas de danza típica y actividades deportivas para niñas, niños y jóvenes.
El gobierno estatal, por su parte, impulsa inversión en carreteras, salud y alfabetización. Asimismo amplía servicios básicos y apoyos productivos en las zonas más vulnerables. Ahí se refuerzan trámites del Registro Civil, becas, créditos y fertilizantes.
La estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz” complementa estas acciones. Su objetivo es evitar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a armas de fuego en sus casas. Desde octubre de 2024 hasta el 8 de septiembre de 2026, habitantes de 19 municipios entregaron 158 armas de forma voluntaria y anónima. A cambio recibieron dinero en efectivo, y las armas fueron destruidas en el sitio.
A la conferencia asistieron el gobernador Eduardo Ramírez, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales. También participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño. Cerraron la lista la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.
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