La Cámara de Diputados aprobó una comisión especial para revisar el uso de bots, desinformación, trolls e inteligencia artificial en procesos electorales desde 2020.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención la creación de una comisión especial que investigará posibles mecanismos de manipulación de la opinión pública durante las elecciones presidenciales de 2025 y los plebiscitos constitucionales de 2022 y 2023.
La investigación surge ante la posible participación del argentino Fernando Cerimedo, señalado por sus vínculos con sectores de la derecha radical chilena y por una presunta intervención en distintos procesos electorales, incluida la campaña que llevó a José Antonio Kast a la Presidencia. El mandatario reconoció haberlo conocido, pero negó que participara en su campaña o que tuviera vínculos con sus colaboradores cercanos.
La comisión buscará determinar si existieron bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, campañas de desinformación, manipulación de algoritmos y herramientas de inteligencia artificial para influir en la ciudadanía. También revisará qué acciones tomó el gobierno para prevenir, detectar y fiscalizar este tipo de prácticas.
El diputado socialista Daniel Manouchehri advirtió que el Congreso citará a integrantes del equipo de Kast relacionados con estas redes y solicitará respuestas al mandatario. “Chile merece toda la verdad”, afirmó al cuestionar las explicaciones ofrecidas hasta ahora sobre los presuntos vínculos.
Cerimedo también ha sido objeto de investigaciones en otros países. Actualmente se encuentra preso en Bolivia, donde enfrenta indagatorias por diversos hechos, mientras que durante un allanamiento se le habría localizado una “mini granja de bots”. Su actividad en Chile incluyó participación en campañas por el Rechazo durante el primer proceso constitucional.
De acuerdo con reportes citados en Chile, Cerimedo colaboró con Casa Común, organización vinculada a la campaña por el Rechazo, junto con el actual director de la Secretaría de Comunicaciones, Felipe Costabal. La comisión parlamentaria deberá esclarecer el alcance de esas relaciones y determinar si existieron operaciones coordinadas para influir en procesos democráticos.
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