El gobierno de Costa Rica abrió una investigación contra 116 agentes policiales señalados en un informe de inteligencia por presuntos nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico, la trata de migrantes y el contrabando de alcohol.
El gobierno de Costa Rica anunció la apertura de una investigación contra 116 policías luego de que se filtrara un informe de inteligencia que los relaciona con bandas dedicadas al narcotráfico, la trata de migrantes y el contrabando de alcohol. El documento, elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, fue divulgado por el diario La Nación y motivó el inicio de las pesquisas.
Durante una conferencia de prensa, la presidenta Laura Fernández afirmó que “no vamos a tolerar ninguna corrupción en los cuerpos policiales”, al tiempo que el ministro de Seguridad, Gerald Campos, anunció que el expediente será remitido a la Fiscalía para que investigue tanto a los agentes presuntamente implicados como a los funcionarios que recibieron el informe meses atrás y no iniciaron ninguna acción.
De acuerdo con el reporte, algunos de los policías señalados habrían brindado protección a grupos criminales, fungido como escoltas y coordinado aterrizajes clandestinos de aeronaves presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas. Campos aseguró que, tras revisar el caso, se comprobó que durante la administración anterior no se ordenó ninguna investigación pese a contar con el documento.
La mandataria sostuvo que los agentes que sean encontrados culpables enfrentarán penas de prisión en centros de máxima seguridad y subrayó que su gobierno mantendrá una política de mano dura contra el crimen organizado, al que atribuye el incremento de la violencia y la criminalidad en un país que durante décadas fue considerado uno de los más seguros de Centroamérica.
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