La huelga nacional en Francia reunió a 270 mil manifestantes contra el encarecimiento de la vida, los bajos salarios y el deterioro de los servicios públicos. Mientras los trabajadores exigen soluciones, el gobierno de Emmanuel Macron respondió con un despliegue de 70 mil policías y gendarmes, mostrando cómo la represión parece tener prioridad sobre las causas del descontento.
Francia volvió a convertirse en escenario de una jornada de protestas masivas. Miles de trabajadores y estudiantes salieron a las calles para denunciar el aumento del costo de la vida, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos. Hasta las 13:00 horas, las autoridades contabilizaban 270 mil manifestantes en alrededor de 180 movilizaciones, mientras se esperaba que la cifra alcanzara entre 500 mil y 700 mil personas al finalizar la jornada.
Los sindicatos exigen aumentar el salario mínimo y los sueldos en general, mayor justicia fiscal y la protección de los servicios públicos. También respaldan a estudiantes que desde septiembre reclaman mejores condiciones educativas. El malestar se agrava por el encarecimiento de productos y combustibles, mientras el gobierno prepara un ajuste fiscal para 2027 que podría profundizar las dificultades de la población.
Sin embargo, la respuesta del gobierno de Emmanuel Macron volvió a poner el énfasis en el control de las calles: alrededor de 70 mil policías y gendarmes fueron desplegados en todo el país ante el temor de nuevos enfrentamientos, saqueos y actos vandálicos. La Torre Eiffel cerró sus puertas y algunos espacios del Louvre también suspendieron actividades por la huelga. La movilización ocurre en los últimos meses de la presidencia de Macron, quien dejará el poder en mayo.
El despliegue policial puede justificarse como una medida preventiva ante posibles actos de violencia, pero no resuelve el problema que llevó a cientos de miles de personas a protestar. Los trabajadores no salieron a las calles para pedir más policías, sino salarios que alcancen, mejores servicios públicos y condiciones de vida dignas. Cuando la respuesta del poder se concentra en contener las manifestaciones y no en atender las demandas sociales, el mensaje es preocupante: parece más importante controlar el descontento que corregir las causas que lo provocan.
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