El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó al Ministerio de Cultura hacer “lo que sea menester” para recuperar la Catedral de Manizales, severamente dañada por el terremoto del 10 de agosto. Usuarios en redes cuestionan, ¿por qué el Estado parece mostrar tanta urgencia por restaurar un edificio mientras que atender a las personas afectadas debería ser prioridad?
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que el Ministerio de Cultura hará “lo que sea menester” para recuperar la Catedral de Manizales, cuya estructura resultó seriamente dañada por el terremoto del 10 de agosto. La intervención busca preservar un inmueble declarado monumento nacional y reconocido como bien de interés cultural. Sin embargo, el anuncio resulta difícil de separar de una cuestión mucho más urgente: en una emergencia, el patrimonio puede y debe protegerse, pero nunca debería ocupar el lugar de las personas que sufrieron las consecuencias del desastre.
La Catedral es, sin duda, un símbolo arquitectónico e histórico de Manizales, pero detrás de cada desastre hay familias que pierden viviendas, trabajadores que pierden ingresos y comunidades que necesitan atención inmediata. Por eso, resulta cuestionable que desde el Gobierno se utilice un lenguaje de máxima prioridad para recuperar una construcción mientras miles de colombianos afectados por el sismo requieren recursos, seguridad y asistencia. Un edificio puede reconstruirse; las necesidades humanas no pueden esperar a que terminen las obras de restauración.
La restauración del patrimonio no es negativa y, de hecho, puede ser necesaria para preservar la historia de una ciudad. El problema aparece cuando el discurso oficial transmite la impresión de que una catedral merece una respuesta extraordinaria antes que quienes padecieron directamente el terremoto. Incluso la donación anunciada por Acerías PazdelRío, que cubrirá el acero necesario para la reconstrucción, muestra que existen vías para recuperar el inmueble sin que ello se convierta en el centro de la respuesta gubernamental. La prioridad debería ser inequívoca: primero las personas, después los edificios.
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