El dirigente del PRI volvió a ponerse la capa de perseguido político después de la captura de un contador investigado por un presunto desvío millonario en Campeche.
A Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, le faltó poco para convertir una investigación judicial en tráiler de película. Luego de la detención de Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de empresas vinculadas con su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, el priista lanzó una dramática advertencia: “Así me cueste la vida, a mí me van a tener que matar estos pinches cínicos y corruptos”.
La frase llegó después de que Espinosa Campos fuera detenido en Mixcoac, Ciudad de México, por una investigación relacionada con un presunto desvío de recursos públicos durante el gobierno de Alito en Campeche. De acuerdo con los señalamientos difundidos sobre el expediente, al contador se le relaciona con un supuesto desvío de 36 millones de pesos, mientras una empresa vinculada al caso habría recibido alrededor de 97 millones de pesos durante aquella administración. Todo ello deberá ser acreditado ante las autoridades.
Pero para Alito la explicación parece más sencilla: persecución política, complot y enemigos por todas partes. El dirigente priista rechazó los señalamientos y aseguró que continuará denunciando al Gobierno federal, incluso ante organismos internacionales. También anunció que buscará señalar a personas que, según él, estarían vinculadas con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La escena resulta peculiar: mientras las autoridades investigan a una persona relacionada empresarialmente con su entorno familiar, Alito responde como si estuvieran intentando derribar una dictadura de un solo hombre. De paso, presume sus denuncias en Estados Unidos y promete seguir dando la batalla internacional, como si el PRI hubiera descubierto que Washington es una extensión de su comité de quejas.
El caso, sin embargo, no se resuelve con discursos encendidos ni frases de telenovela. La Fiscalía de Campeche mantiene abierta la investigación y serán las autoridades judiciales las que determinen la situación jurídica de Espinosa Campos y, en su caso, la responsabilidad de otras personas.
Por ahora, Alito vuelve a ocupar el centro del escenario: denuncia persecución, acusa corrupción gubernamental y asegura que tendrán que matarlo para detenerlo. Todo mientras una investigación por presuntos desvíos vuelve a poner bajo la lupa su administración en Campeche y a personas de su círculo familiar. Mucha épica para un asunto que, al final, tendrá que resolverse con algo bastante menos espectacular: pruebas.

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