El traslado aéreo desde el penal del Altiplano forma parte de la cooperación bilateral en seguridad y combate al crimen organizado, en medio de un fuerte operativo federal.
El Gobierno de México concretó este martes el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales de alto impacto a Estados Unidos, como parte de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La movilización se realizó desde el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, mediante un despliegue aéreo de alta seguridad que incluyó siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, con destino a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. El operativo inició durante la madrugada y fue percibido por habitantes de municipios cercanos debido a los sobrevuelos continuos.
De acuerdo con García Harfuch, los 37 internos representaban una amenaza real para la seguridad nacional y su traslado se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional, bajo mecanismos de cooperación bilateral y pleno respeto a la soberanía mexicana. La entrega se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el compromiso explícito de no solicitar la pena de muerte para ninguno de los trasladados.
Con esta acción, suman ya 92 criminales de alto impacto enviados a EUA durante la presente administración, quienes enfrentan procesos penales por delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y violencia transnacional. Autoridades federales subrayaron que estas entregas buscan reducir la capacidad operativa de los cárteles, evitar que sigan generando violencia desde territorio nacional y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.
El traslado se suma a las entregas masivas realizadas en 2025, consideradas entre las más relevantes de las últimas décadas, y ocurre en un contexto de presión bilateral por resultados concretos en seguridad fronteriza, sin que ello implique concesiones fuera del marco legal mexicano.
El Gabinete de Seguridad reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral contra el crimen organizado, enfocada en la protección de la población y la estabilidad del país.
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