La UIF y el Departamento del Tesoro bloquearon a empresas y operadores señalados de lavar dinero mediante el contrabando de combustible, una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En una acción coordinada contra las finanzas del crimen organizado, México y Estados Unidos sancionaron a una red de personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusadas de participar en operaciones de huachicol fiscal, lavado de dinero y contrabando de combustible entre ambos países.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a 11 entidades y personas, entre ellas dos individuos y nueve empresas, una con sede en Reino Unido. De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda analizó los casos, bloqueó a los señalados e incorporó a nueve personas adicionales a la lista de sujetos con restricciones financieras.
De acuerdo con las investigaciones, la red operaba mediante empresas dedicadas al transporte, logística y comercialización de hidrocarburos, las cuales habrían sido utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito. Las autoridades detectaron movimientos financieros sospechosos, transferencias internacionales, operaciones millonarias en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor como parte del esquema de lavado.
Entre los principales señalados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el gobierno estadounidense como un operador clave dentro de la estructura financiera del CJNG. Según las acusaciones, habría creado empresas fachada, falsificado documentación aduanera y facilitado mecanismos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Varias de las compañías sancionadas estarían relacionadas con sus actividades, incluyendo firmas de transporte y servicios financieros.
Otro de los involucrados es José Refugio Ruiz Villagómez, señalado por presuntamente participar en la introducción ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia territorio mexicano a través de empresas logísticas. Las investigaciones también vinculan a algunas de estas compañías con operaciones relacionadas con el narcotráfico y con transacciones por decenas de millones de dólares dentro del sistema financiero estadounidense.
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