Legisladores de la 4T aseguran que la separación del cargo fortalece la transparencia y permite investigaciones sin interferencias.
Senadores y diputados de Morena respaldaron la decisión de Rubén Rocha Moya de solicitar licencia como gobernador de Sinaloa, al considerar que se trata de un acto de responsabilidad política que permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo investigaciones con plena independencia ante los señalamientos en su contra desde Estados Unidos.
El coordinador morenista en el Senado, Ignacio Mier, subrayó que “en política, la forma es fondo”, al calificar la licencia como una acción de “consistencia política formidable” que conecta con los principios de verdad y justicia. Añadió que esta postura refleja que “el que nada debe, nada teme”, en contraste con actores que —dijo— optan por evadir responsabilidades.
En ese sentido, legisladores del oficialismo contrastaron el caso con el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien acusaron de no rendir cuentas tras los señalamientos por la presunta injerencia de la CIA en operativos en territorio mexicano. Para Morena, la diferencia radica en la disposición a enfrentar los procesos legales.
La diputada Dolores Padierna sostuvo que la decisión de Rocha Moya envía una señal clara de compromiso institucional, al priorizar el trabajo de las autoridades y evitar desgaste político al movimiento. “Gobernar implica responder, no encubrir”, coincidió el senador Manuel Huerta, quien calificó la medida como un mensaje de transparencia dentro de la Cuarta Transformación.
En la oposición, la senadora priista Paloma Sánchez celebró la salida de Rocha, mientras que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, arremetió contra legisladores de Movimiento Ciudadano y del PAN por no participar en la designación de la gubernatura interina en Sinaloa, acusándolos de actuar como “cómplices”.
El caso abre un nuevo frente político en medio de tensiones por seguridad, soberanía y rendición de cuentas, donde la narrativa entre oficialismo y oposición vuelve a chocar sobre el papel de las instituciones y la transparencia en el ejercicio del poder.
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