El gobierno de Perú impuso un estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao. La medida busca reducir la delincuencia, pero genera rechazo y preocupación por los derechos civiles.
El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció un estado de emergencia en Lima y Callao. La decisión, que dura 30 días, responde a un aumento en la violencia y los asesinatos en el país. La medida permite a las fuerzas de seguridad actuar con mayor libertad, restringiendo algunos derechos constitucionales.
Diversos sectores sociales y políticos criticaron la medida. El movimiento juvenil “Generación Z” acusó al gobierno de usar la emergencia para reprimir protestas y proteger a un gobierno “dictatorial”. Además, el expresidente Pedro Castillo llamó a movilizarse contra lo que calificó como “usurpación del poder del pueblo”.
El decreto establece restricciones como el control en zonas de venta de drogas, armas y celulares robados. También incluye operativos nocturnos y patrullajes constantes. Aunque las autoridades aseguran que buscan devolver la paz, muchos temen que estas acciones puedan derivar en abusos de poder.
El gobierno también informó sobre medidas como el apagón eléctrico en prisiones y la destrucción de antenas de comunicaciones ilícitas. Estas acciones buscan desmantelar redes criminales, pero algunos expertos advierten sobre los riesgos de limitar derechos fundamentales.
El presidente colombiano Gustavo Petro expresó su apoyo a la medida, calificándola como una “inyección de paz”. Sin embargo, defensores de derechos humanos alertan que la falta de detalles puede abrir la puerta a abusos y violaciones de derechos.
El debate en Perú continúa. Mientras algunos ven en la medida una forma de recuperar el orden, otros temen que la militarización pueda afectar la democracia y los derechos civiles. La población espera que las acciones sean responsables y que se respete la dignidad de todos.
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