El coordinador del PRI en San Lázaro sostiene que el desafuero no prosperará, mientras el expediente mantiene bajo investigación presuntos desvíos de más de 83 millones de pesos durante el gobierno de Moreno en Campeche.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que Alejandro “Alito” Moreno no perderá el fuero y lanzó un mensaje desafiante a quienes esperan que avance el procedimiento: “Se van a quedar con las ganas”. El priista acusó además una supuesta persecución política contra integrantes de la oposición.
Moreira sostuvo que la solicitud de desafuero habría sido desechada por falta de pruebas y resoluciones judiciales, aunque el expediente permanece bajo análisis en San Lázaro y podría retomarse durante el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. En contraste, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, negó que exista un acuerdo para proteger al dirigente priista y aseguró que el caso deberá resolverse conforme a la ley.
La solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche está relacionada con hechos ocurridos durante el gobierno de Moreno, entre 2015 y 2019. El expediente contempla cuatro carpetas de investigación por presunto ejercicio indebido de funciones y desvío de recursos públicos por más de 83 millones de pesos. Entre las operaciones señaladas figuran contratos de publicidad, servicios presuntamente simulados y la construcción de la Plaza Colosio.
El caso cobró nuevamente fuerza tras la detención de excolaboradores de Moreno, entre ellos Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social, y Luis Antonio Espinosa Campos, señalado como contador y representante de empresas vinculadas con el entorno familiar del priista. Las autoridades investigan posibles operaciones relacionadas con contratos de publicidad y presunto desvío de recursos.
Mientras el PAN analiza el expediente antes de fijar postura, el proceso se mantiene como un nuevo frente de disputa entre Morena y el PRI. Por ahora, Moreira apuesta a que “Alito” conservará el fuero, aunque serán la Sección Instructora y, eventualmente, la Cámara de Diputados las que determinen si existen elementos suficientes para retirar la protección constitucional al dirigente tricolor.
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