El magnate insiste en que “darse la mano vale más que un papel firmado” mientras el SAT espera su pago.
Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, decidió llevar su controversia fiscal hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de los señalamientos sobre adeudos pendientes con el SAT. La empresa sostiene que los acuerdos previos con la administración de Andrés Manuel López Obrador se hicieron “de buena fe” y que un apretón de manos vale más que cualquier documento firmado.
En un comunicado, Grupo Salinas reiteró su disposición a pagar conforme a las resoluciones del SAT y sentencias judiciales, argumentando que no procede el doble cobro y que buscan que las autoridades ajusten los créditos fiscales y abran un espacio de diálogo. “Más aún que instruyan al SAT a negarnos el derecho constitucional de petición”, señaló la empresa.
La polémica surge tras los comentarios de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, y de Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, durante la Mañanera del Pueblo, quienes cuestionaron la legalidad de los convenios alcanzados por Grupo Salinas.
Con un toque de ironía, la firma recordó que busca “dar vuelta a la página” y continuar construyendo valor y prosperidad incluyente, destacando su red de más de 180 mil colaboradores y 35 millones de clientes en México.
La historia refleja, una vez más, cómo el magnate del entretenimiento y la televisión convierte cada controversia fiscal en un acto de diplomacia, pero ahora hasta internacional.
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