La iniciativa presidencial busca unificar el tipo penal, permitir denuncias anónimas y sancionar también a cómplices, funcionarios y redes que faciliten el delito.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para tipificar la extorsión como delito grave y unificar su persecución en todo el país. La propuesta plantea reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de que este ilícito se persiga de oficio y las víctimas puedan denunciar de forma anónima, protegiendo así su seguridad.
El proyecto incluye también castigos más severos contra quienes cometan contrabando o emitan comprobantes fiscales falsos, prácticas que han crecido junto con el tráfico de combustibles, mercancías y precursores químicos.
De aprobarse, la pena por extorsión iría de 6 a 15 años de prisión, con hasta 43 agravantes que endurecerían las sentencias según la modalidad del delito. Entre ellas se contempla el cobro de piso, la imposición de precios, el uso del sistema financiero para extorsionar o los ataques dirigidos a candidatos, migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas y personas adultas mayores.
La iniciativa también agrava las penas cuando se amenace la integridad física o emocional de la víctima, se utilice violencia o menores de edad, o cuando el responsable sea funcionario o exfuncionario público. Además, incluye sanciones para quienes encubran o colaboren logísticamente con los extorsionadores, obligando a una reparación integral del daño.
En la exposición de motivos, Sheinbaum advierte que la extorsión es un delito en expansión gracias al uso de tecnologías telefónicas y electrónicas, lo que ha permitido su sofisticación y operación a distancia. Por ello, propone también fortalecer los centros penitenciarios con bloqueadores de señal de voz, datos e imagen, para impedir que desde las cárceles se sigan cometiendo estos actos.
“La lucha contra la extorsión será integral y no habrá tolerancia frente a la complicidad, corrupción ni negligencia”, enfatizó la Presidenta en el documento enviado al Congreso. Con esta reforma, el Gobierno federal busca cerrar el círculo de impunidad y combatir no solo a los autores materiales, sino a toda la red que sostiene este delito.
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