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Etiqueta: Abelardo de la Espriella

  • De la Espriella pasa de la justicia a la ‘cacería’ en caso Miguel Uribe

    De la Espriella pasa de la justicia a la ‘cacería’ en caso Miguel Uribe

    El presidente colombiano Abelardo de la Espriella prometió perseguir hasta encontrar a todos los responsables del asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero recurrió a un lenguaje de “cacería” que resulta cuestionable para un jefe de Estado, quien debería defender la investigación y la justicia con seriedad, institucionalidad y profesionalismo.

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que “cazará” uno a uno a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido hace más de un año. Durante un acto en el Centro de Liderazgo Valiente, dedicado al político asesinado, calificó el crimen como un “crimen de Estado” y aseguró que no quedará impune.

    La determinación de esclarecer el asesinato y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables es una obligación elemental de cualquier gobierno. El problema es que un presidente no debería convertir esa responsabilidad institucional en una amenaza expresada con términos propios de una persecución personal. Hablar de “cazar” enemigos transmite una imagen de revancha y confrontación que poco tiene que ver con la seriedad que debería acompañar una investigación de esta magnitud.

    De la Espriella también insinuó la posible responsabilidad de sectores de la izquierda y afirmó que las críticas que el expresidente Gustavo Petro dirigió contra Uribe Turbay constituyeron “la orden”. Sin embargo, una acusación de semejante gravedad requiere pruebas, investigación y decisiones judiciales, no declaraciones presidenciales que parezcan anticipar culpables. Determinar quién ordenó un asesinato corresponde a las autoridades competentes mediante un proceso sustentado en evidencias.

    El asesinato de Miguel Uribe Turbay merece una investigación exhaustiva y que todos los responsables respondan ante la justicia, pero la lucha contra la violencia política no puede hacerse desde el lenguaje de la venganza. Un presidente debería ser precisamente quien marque la diferencia entre la persecución de un criminal y el funcionamiento de un Estado de derecho: menos retórica de “cacería”, más instituciones, pruebas y justicia.

  • De la Espriella amenaza al rector de la Universidad de Córdoba 

    De la Espriella amenaza al rector de la Universidad de Córdoba 

    El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ordenó una inspección a la Universidad de Córdoba y pidió priorizar denuncias contra su rector, Jairo Torres Oviedo, pero su lenguaje contra el académico ha generado cuestionamientos por el tono de confrontación utilizado desde el poder presidencial.

    Durante su visita a Montería, Abelardo de la Espriella amenazó al rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, y ordenó al Ministerio de Educación realizar una inspección sobre la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos. El mandatario también pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía priorizar actuaciones y denuncias relacionadas con el funcionario.

    Más allá de que las autoridades tienen facultades para investigar posibles irregularidades, el tono empleado por el presidente resulta cuestionable. De la Espriella no se limitó a anunciar una revisión institucional: acusó públicamente al rector de querer “atornillarse” al cargo y le advirtió que “se le acabó su tiempo”, llegando a decirle que “va a saber lo duro que muerde el tigre”. Ese tipo de lenguaje convierte una investigación administrativa en un enfrentamiento personal desde la máxima instancia del poder Ejecutivo.

    El episodio adquiere mayor relevancia porque la elección de Torres para el periodo 2026-2031 fue declarada legal por el Consejo de Estado en julio de 2026, de acuerdo con información publicada sobre el caso. Por ello, una inspección gubernamental no equivale a la anulación de su elección ni demuestra por sí misma que haya cometido actos de corrupción. Las investigaciones correspondientes deberán determinar si existen responsabilidades, en lugar de que el presidente dicte públicamente una sentencia política anticipada.

    La confrontación escaló cuando el expresidente Gustavo Petro salió en defensa de Torres y cuestionó las acusaciones de De la Espriella, en una disputa que rápidamente adquirió un evidente componente político. Una universidad pública no debería convertirse en el escenario de amenazas, descalificaciones o demostraciones de fuerza presidencial: si existen irregularidades, corresponde investigarlas y sancionarlas con pruebas y debido proceso. La exigencia de transparencia puede ser legítima; lo preocupante es que el presidente parezca querer sustituir ese procedimiento por la intimidación pública y el discurso de “voy por él”.

  • Nicolás Gómez, cercano a De la Espriella es nombrado alcalde ad hoc de Cali

    Nicolás Gómez, cercano a De la Espriella es nombrado alcalde ad hoc de Cali

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó a Nicolás Gómez Arenas, jefe de Despacho y cercano suyo, como alcalde ad hoc de Cali para intervenir en los asuntos relacionados con el POT, una decisión que vuelve a poner bajo escrutinio el peso de las cercanías políticas y familiares en la distribución de cargos públicos.

    La Presidencia de la República designó, mediante el Decreto 1479 del 30 de septiembre de 2026, a Nicolás Gómez Arenas como alcalde ad hoc de Cali para los asuntos relacionados exclusivamente con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La medida responde al impedimento del alcalde Alejandro Eder, aceptado por la Procuraduría en 2024, debido a posibles conflictos de interés relacionados con inversiones de familiares en sectores como construcción, finca raíz, hotelería e inmobiliario.

    El nombramiento, sin embargo, coloca sobre la mesa una pregunta inevitable sobre la distancia entre el mérito institucional y las cercanías políticas. Gómez Arenas no es un funcionario ajeno al círculo presidencial: es jefe de Despacho de De la Espriella, participó activamente en su campaña y pertenece a Salvación Nacional, partido que coavaló la candidatura presidencial. Es decir, el encargado de asumir temporalmente competencias sensibles sobre el desarrollo urbano de Cali es, al mismo tiempo, un hombre integrado al núcleo político del Gobierno.

    El asunto adquiere todavía mayor relevancia por el entorno familiar del funcionario. Gómez Arenas es hijo del senador Enrique Gómez Martínez y sobrino de Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado por De la Espriella, una circunstancia que ya había generado cuestionamientos públicos cuando fue anunciado para la jefatura de Despacho. Sectores de la oposición calificaron entonces la concentración de familiares en posiciones relevantes como nepotismo, mientras el entorno del Gobierno defendió los nombramientos con argumentos relacionados con experiencia y confianza.

    Y aunque la figura del alcalde ad hoc tiene una finalidad jurídica concreta y Gómez no reemplazará a Eder en el gobierno de Cali ni asumirá todas las funciones de la Alcaldía, resulta inevitable que el nombramiento vuelva a alimentar el debate sobre cómo se distribuye el poder público. El POT define cuestiones fundamentales sobre usos del suelo, expansión urbana y desarrollo territorial; por eso, cuando una responsabilidad de esa naturaleza recae nuevamente en alguien perteneciente al círculo político más estrecho del Presidente, la exigencia de transparencia, criterios objetivos y plena independencia en cada decisión debería ser especialmente alta.

  • De la Espriella llevó a Washington una lista de adversarios y ahora celebra sus visas revocadas

    De la Espriella llevó a Washington una lista de adversarios y ahora celebra sus visas revocadas

    Durante su campaña, Abelardo de la Espriella pidió públicamente a Washington poner bajo la lupa a decenas de políticos colombianos, entre ellos Marta Peralta y Euclides Torres, cuyas visas fueron revocadas este lunes. La coincidencia vuelve a poner bajo cuestionamiento el uso de Estados Unidos como instrumento de presión contra adversarios políticos.

    El entonces candidato Abelardo de la Espriella pidió en junio a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, que tuviera “en el radar” a una lista de políticos y empresarios colombianos a los que vinculó con presuntos casos de corrupción y compra de votos. Entre los nombres estaban Euclides Torres y Marta Peralta, quienes ahora aparecen entre los sancionados por Washington.

    La coincidencia resulta políticamente incómoda: De la Espriella señaló a sus adversarios ante una autoridad extranjera durante una campaña electoral y ahora, desde la Presidencia, celebra que dos de ellos hayan perdido sus visas. Sin embargo, el Departamento de Estado no ha afirmado públicamente que las revocaciones estén relacionadas con aquella lista, por lo que atribuirle directamente la decisión a la gestión del mandatario sería ir más allá de la evidencia disponible.

    La lista incluía a figuras como Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Rafael Martínez, Eduardo Pulgar, Agmeth Escaf, Euclides Torres, Marta Peralta, Musa Besaile y otros dirigentes, a quienes De la Espriella acusó públicamente en el contexto de sus denuncias sobre una presunta red de compra de votos. Algunos de los señalados rechazaron las acusaciones y cuestionaron que el candidato los perfilara sin presentar pruebas públicas durante aquella transmisión.

    Ahora, lejos de guardar distancia institucional, De la Espriella celebró las sanciones y advirtió que la ofensiva podría ampliarse, incluso con nuevas medidas administrativas y financieras. “La lucha apenas empieza”, declaró. El episodio deja una imagen particularmente dura de su estrategia política: convertir las sanciones migratorias y financieras de una potencia extranjera en un arma retórica contra adversarios internos, mientras Washington mantiene la potestad soberana de decidir a quién restringe el ingreso y por qué motivos.

    El caso también evidencia la diferencia entre una denuncia política y una sanción oficial: que dos nombres de aquella lista hayan terminado perdiendo sus visas no demuestra por sí mismo que De la Espriella haya ordenado o provocado la decisión estadounidense. Lo que sí está documentado es que el hoy presidente pidió durante la campaña que Washington vigilara a esos dirigentes y que, después de conocerse las revocaciones, salió públicamente a respaldarlas y anunció que podrían venir más.

  • Colombia entrega a Estados Unidos al jefe narco alias “Araña”

    Colombia entrega a Estados Unidos al jefe narco alias “Araña”

    El gobierno de Abelardo De La Espriella marcó un hito con esta extradición, la primera de un comandante armado de alto perfil bajo su mandato.

    Colombia extraditó este viernes a Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, líder de los Comandos de Frontera. Estados Unidos lo reclama por delitos de narcotráfico.

    La entrega ocurrió en una base militar de Barranquilla. Agentes estadounidenses recibieron al capturado bajo un fuerte dispositivo de seguridad, según confirmó la policía nacional colombiana.

    Las autoridades trasladaron primero a Rojas desde una cárcel al sur de Bogotá. Después, un avión policial lo llevó hasta Barranquilla, donde el propio presidente De La Espriella supervisó la entrega.

    El mandatario calificó al narcotráfico como el peor mal de la sociedad. Aseguró que su gobierno trabaja, con apoyo divino y esfuerzo patriótico, para erradicarlo por completo.

    De La Espriella también destacó el sentido de esta alianza con Washington. Explicó que busca cerrar rutas de cocaína y desmantelar los laboratorios que operan cerca de la frontera.

    Además, prometió romper las redes criminales que envían droga hacia Centroamérica y México. Su objetivo final apunta también hacia el mercado de Norteamérica.

    Rojas tiene 45 años y fue capturado en febrero de 2025 en un hotel bogotano. En ese momento participaba en diálogos de paz impulsados por el expresidente Gustavo Petro.

    Ahora una corte del Distrito Sur de California lo requiere formalmente. Lo acusan de tráfico de estupefacientes y de concierto para delinquir desde 2017.

    En su propio país, Rojas enfrenta además cargos graves. La Fiscalía lo vincula con 16 homicidios cometidos entre 2020 y 2024, incluidos líderes sociales de Caquetá.

    De La Espriella llegó al poder tras vencer al izquierdista Iván Cepeda en junio pasado. Desde entonces canceló los diálogos de paz y ordenó una ofensiva militar total.

    El presidente colombiano clasifica a todos los grupos armados como organizaciones terroristas. Por eso unió a su país al Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Donald Trump.

    También insiste en retomar la fumigación aérea con químicos sobre plantíos de coca. Esto pese a fallos judiciales que suspendieron el plan piloto en Putumayo.

    Desde su llegada al poder el pasado 7 de agosto, el mandatario ya autorizó 94 extradiciones. La entrega de “Araña” se suma a esa ofensiva contra el narcotráfico.

  • De La Espriella sigue apostando por violencia a pesar de muertes de civiles en Colombia

    De La Espriella sigue apostando por violencia a pesar de muertes de civiles en Colombia

    La muerte de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, joven de 18 años, durante un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada abrió una exigencia de justicia de su familia, que sostiene que era un campesino y no pertenecía a ningún grupo armado. El caso contrasta con la exhibición de fuerza del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien en su afán de apostar por la violencia recorrió Santa Marta con chaleco antibalas y una pistola.

    Ricardo Andrés Rodríguez Martínez tenía apenas 18 años cuando murió durante el operativo militar del 21 de septiembre contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su familia sostiene que era campesino y agricultor, que se encontraba realizando labores del campo y que no pertenecía a ninguna estructura criminal. El Ministerio de Defensa confirmó su identidad y señaló que corresponde a la Fiscalía y Medicina Legal esclarecer las circunstancias de su muerte.

    La madre de Ricardo ha exigido justicia y rechazado las versiones que pretendían vincularlo con las estructuras armadas de la región. “Solo era un obrero”, afirmó la mujer, quien también sostuvo que su hijo estaba vestido de civil y no portaba armas. La propia cartera de Defensa aclaró que ninguna fuente oficial había afirmado que Ricardo fuera hijo de alias “Pinocho”, por lo que esa versión carece de sustento oficial.

    El reclamo familiar adquiere mayor peso porque, mientras se investiga la muerte del joven, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha respondido a la crisis de seguridad con una fuerte exhibición de poder militar. Tras el paro armado atribuido a las ACSN, el mandatario recorrió las calles de Santa Marta con chaleco antibalas, escolta y una pistola que medios especializados identificaron como una probable Glock 19 Gen5 de 9 milímetros.

    Mientras algunos sectores la presentan como una señal de autoridad frente a los grupos criminales, otros han cuestionado que un jefe de Estado recurra a una puesta en escena armada para comunicar firmeza, particularmente cuando dispone de un amplio esquema de seguridad. La controversia se suma a la decisión del gobierno de reforzar la militarización de Santa Marta y mantener una política de confrontación directa contra las estructuras ilegales.

    En una sociedad golpeada por la violencia, la seguridad no puede reducirse a quién exhibe más armas: también implica garantizar verdad, debido proceso y justicia para las víctimas y sus familias.

  • De la Espriella recorre Santa Marta portando pistola para intimidar

    De la Espriella recorre Santa Marta portando pistola para intimidar

    El presidente colombiano Abelardo de la Espriella apareció portando una pistola durante su recorrido por Santa Marta, en medio del paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La imagen generó fuertes cuestionamientos sobre la manera en que el mandatario enfrenta una crisis de seguridad.

    En medio de la crisis provocada por el paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Abelardo de la Espriella recorrió el martes 22 de septiembre distintos sectores de Santa Marta acompañado por policías, militares y su esquema de seguridad. Sin embargo, las imágenes difundidas por el propio mandatario dejaron una escena difícil de ignorar: el presidente apareció con una pistola al cinto y chaleco antibalas mientras recorría las calles de una ciudad bajo fuerte despliegue militar.

    De la Espriella no estaba solo ni desprotegido: caminaba acompañado por un amplio dispositivo de seguridad, con integrantes de la Policía y del Ejército. Aun así, decidió exhibirse armado durante un recorrido que el Gobierno presentó como una demostración de autoridad frente a los grupos criminales. El mensaje político es evidente pero, ¿se trata de una necesidad de seguridad o de una puesta en escena para proyectar una imagen de presidente intimidante?

    De acuerdo con información publicada por Cambio, el arma sería una Glock 19 Gen5 de uso personal, aunque esa identificación se ha presentado como información de fuentes y no como una confirmación oficial del Gobierno. La legislación colombiana permite el porte de armas cuando existe un permiso vigente; de hecho, el Decreto 1368 de 2026, firmado por el propio De la Espriella el 8 de septiembre, levantó la suspensión general de esos permisos, aunque mantuvo los requisitos y controles correspondientes.

    Colombia necesita instituciones capaces de enfrentar a las organizaciones criminales, no convertir la imagen presidencial en la de un hombre armado patrullando con música épica y escoltas detrás. La seguridad pública no debería ser vista como una exhibición personal de fuerza, y mucho menos utilizarse como escenario para alimentar una imagen de dureza mientras una ciudad entera enfrenta el miedo provocado por grupos armados.

  • “Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”: De la Espriella endurece discurso anti derechos humanos

    “Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”: De la Espriella endurece discurso anti derechos humanos

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, amenazó a los integrantes de organizaciones criminales tras un operativo en Santa Marta: “Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”.Sus declaraciones generan cuestionamientos por el posible atropello a los derechos humanos y por el tono empleado desde la Presidencia frente a la violencia criminal.

    El presidente colombiano Abelardo de la Espriella elevó el tono de su discurso contra las organizaciones criminales tras la muerte de siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre ellos alias Cholo, señalado como segundo cabecilla del grupo. “Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos”, declaró el mandatario, en una expresión que coloca la amenaza y la muerte como el centro de su mensaje de seguridad.

    De la Espriella aseguró que se trasladaría a Santa Marta para encabezar personalmente las operaciones contra el grupo y afirmó que utilizará todas las capacidades de la Fuerza Pública. Según las autoridades, durante el operativo fueron capturadas tres personas y se decomisaron 10 fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas, mientras que alias Cholo era señalado de participar en rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y de tener más de 15 años de trayectoria delictiva.

    La dureza del mensaje ocurre mientras la violencia se extiende en distintos puntos del país. Tras el operativo, dos autobuses fueron incendiados y hombres armados bloquearon La Troncal, una de las principales vías de conexión de Santa Marta con el norte del departamento, en hechos atribuidos a la respuesta de grupos criminales ante las acciones de la Fuerza Pública. El propio presidente sostuvo que estas organizaciones pretenden intimidar a la población mediante un paro armado y aseguró: “No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror”.

    La situación también ha dejado bajas entre las fuerzas de seguridad: al menos tres militares murieron en el Meta por la activación de un campo minado, ataque atribuido por las autoridades a una disidencia de las FARC. En este contexto, la advertencia presidencial —“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”— representa una retórica particularmente extrema para un jefe de Estado, al convertir la eliminación física de los adversarios criminales en el mensaje principal de su política de seguridad, mientras la violencia continúa afectando a militares y población civil.

  • ¡Abelardo destruye la economía! Peso colombiano encadena seis jornadas de pérdidas

    ¡Abelardo destruye la economía! Peso colombiano encadena seis jornadas de pérdidas

    El peso colombiano comenzó la semana con su sexta jornada consecutiva de pérdidas frente al dólar, en un nuevo episodio de presión sobre la moneda durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Aunque el comportamiento responde también a factores internacionales, el retroceso ocurre mientras la nueva administración enfrenta un elevado déficit fiscal y un creciente déficit comercial.

    El peso colombiano comenzó la semana nuevamente a la baja y sumó seis jornadas consecutivas de pérdidas frente al dólar. El USD/COP pasó de un mínimo intradía de 3.166 a un máximo de 3.195 y, tras la apertura estadounidense, se ubicaba alrededor de 3.189, con un avance de 0.15%. El viernes, además, el dólar había alcanzado los 3.223 pesos, su nivel más alto desde el pasado 1 de septiembre.

    El golpe llega en un momento incómodo para Abelardo de la Espriella, quien llegó a la Presidencia prometiendo austeridad, recuperación económica y un país “seguro y rentable” para los inversionistas. Sin embargo, el panorama fiscal que enfrenta su administración es complicado: el Congreso aprobó un presupuesto para 2027 de 634.9 billones de pesos, con un déficit fiscal proyectado de 9.4% del PIB, mientras el Gobierno prepara una reforma para intentar reducir el desequilibrio.

    A este escenario se suma el frente comercial. Colombia registró en junio un déficit de 2 mil 161 millones de dólares, prácticamente el doble del registrado un año antes, debido principalmente al fuerte crecimiento de las importaciones; durante el primer semestre, el déficit acumulado alcanzó 8 mil 198.7 millones de dólares. El dato de la balanza comercial de julio será divulgado este lunes y podría ofrecer nuevas señales sobre la situación externa de la economía colombiana.

    Pero tampoco sería correcto cargar toda la depreciación del peso sobre la Casa de Nariño: el dólar también está fortalecido por las expectativas de una Reserva Federal estadounidense restrictiva y por las tensiones en Oriente Medio. El problema para De la Espriella es otro: después de presentar su llegada al poder como el inicio de una nueva etapa de disciplina fiscal y confianza económica, su administración debe demostrar que esas promesas pueden traducirse en resultados concretos. 

    Por ahora, el peso vuelve a recordarle al Gobierno que los discursos de austeridad no bastan para convencer a los mercados.

  • Colombia abandona coalición internacional de derechos LGTBI 

    Colombia abandona coalición internacional de derechos LGTBI 

    El Gobierno de Abelardo de la Espriella retiró a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), organismo internacional dedicado a la promoción y protección de los derechos de las personas LGTBI, cuando el país todavía ejercía la copresidencia junto con España. La decisión provocó cuestionamientos de organizaciones como Caribe Afirmativo, que exigieron explicaciones públicas.

    El Gobierno de Colombia decidió retirar al país de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), integrada por 45 países, una alianza internacional en la que Colombia compartía la copresidencia con España para el periodo 2025-2027. La decisión fue comunicada el 17 de septiembre por la Cancillería y tuvo efectos inmediatos, por lo que Bogotá abandonó la responsabilidad internacional antes de concluir el mandato que había asumido.

    El episodio resulta especialmente cuestionable por tratarse de una retirada anticipada de una responsabilidad que el propio Estado colombiano había asumido. La organización Caribe Afirmativo reclamó explicaciones públicas y sostuvo que los derechos de las personas LGBTIQ+ deben entenderse como compromisos de Estado y no como políticas que puedan desecharse cada vez que cambia el Gobierno. Según la organización, fuentes oficiales le señalaron que la participación era considerada un legado de la administración anterior, versión que no aparece explicada en la comunicación diplomática difundida por la Cancillería.

    La Cancillería, por su parte, intentó presentar el retiro como una decisión administrativa y de prioridades gubernamentales. El viceministro Pedro Agustín Roa afirmó que, después de un análisis, se determinó que la participación en la coalición “no era prioritaria” y aseguró que abandonar el mecanismo no implica afectar los derechos de las minorías protegidos por la Constitución, las leyes y las sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo, el Gobierno no ha explicado públicamente por qué una instancia internacional dedicada a diplomacia, legislación, políticas públicas, cooperación y protección humanitaria dejó de ser considerada relevante mientras Colombia ejercía precisamente su copresidencia.

    La decisión además ocurre bajo un Gobierno cuyo presidente, Abelardo de la Espriella, manifestó durante la campaña su oposición a la adopción de menores por parejas del mismo sexo, postura que forma parte de su discurso sobre la familia y que organizaciones LGBTIQ+ han señalado como motivo de preocupación frente al rumbo de las políticas de igualdad. Caribe Afirmativo pidió también conocer qué ocurrirá con la agenda de igualdad de la política exterior y con los recursos previstos para la Política Exterior Feminista en 2027. Así, aunque el Ejecutivo insiste en que no existe afectación de derechos, la salida anticipada de una coalición que Colombia copresidía deja abiertas preguntas sobre qué lugar ocuparán los derechos LGBTIQ+ en la política exterior del nuevo Gobierno.