La defensa de las víctimas acusa violencia institucional después de que una jueza rechazó vincular a proceso al servidor público, pese a testimonios y pruebas presentadas durante la audiencia.
Un caso que ha generado indignación en Coahuila mantiene bajo escrutinio al sistema de justicia estatal. Roberto N, funcionario del Registro Público de la Propiedad, fue señalado como presunto responsable de abusar sexualmente de al menos cuatro niñas de su entorno familiar; sin embargo, una jueza determinó no vincularlo a proceso, decisión que las víctimas consideran evidencia de una presunta protección institucional.
La resolución fue emitida por la jueza Sandra Ramona Juárez dentro de la causa penal 255/2026, en la que Roberto N enfrenta acusaciones por presuntos delitos sexuales contra dos menores. Durante la audiencia declaró una de las hijastras del imputado, hoy mayor de edad, quien aseguró que tanto ella como su hermana sufrieron agresiones similares cuando vivían con él. No obstante, su testimonio fue desestimado, pese a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que buscan garantizar la protección de víctimas de abuso sexual ocurrido durante la infancia.
El caso también involucra a una adolescente de 13 años, hermana de la expareja del funcionario, quien lo acusa de abuso sexual. Además, otra menor de 9 años denunció presuntos tocamientos, aunque su declaración tampoco fue considerada suficiente por las autoridades, al argumentar que no aportó detalles específicos de tiempo y lugar. La familia sostiene que dictámenes psicológicos y otros elementos de prueba también fueron descartados durante el proceso.
La expareja del acusado, Yoselin Guadalupe Contreras García, denunció haber enfrentado violencia institucional por parte de diversas autoridades, entre ellas personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y del Centro de Empoderamiento para las Mujeres. Asimismo, aseguró que el funcionario le repetía que “nadie lo iba a sancionar”, situación que hoy considera reflejada en las resoluciones judiciales y en el trato recibido por su familia.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, defendió la actuación de la jueza y afirmó que las víctimas cuentan con recursos legales para impugnar la decisión. Mientras tanto, la defensa ya presentó una apelación y las denunciantes insisten en que existen suficientes elementos para reabrir el caso y evitar que, aseguran, haya más víctimas. La Fiscalía de las Mujeres de Coahuila no ha emitido un posicionamiento sobre el fondo del asunto.
Con información de Camelia Muñoz para Proceso.
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