No demerito el esfuerzo, la consistencia ni la determinación que ha mostrado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, hoy senador de la República y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, por recuperar votos y tratar de colocar nuevamente al PRI en una posición relevante dentro de la política mexicana. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero sería injusto negar que está dando una batalla frontal. Ha documentado señalamientos de corrupción, ha llevado acusaciones contra el gobierno mexicano a instancias internacionales y ha elevado considerablemente el tono de su confrontación política. En agosto de 2026 informó que acudió ante la Organización de las Naciones Unidas para denunciar lo que considera violaciones de derechos y libertades en México, además de otras acciones emprendidas en Estados Unidos. Alejandro Moreno parece haberse decidido a jugar políticamente el todo por el todo y, cuando declara que incluso su propia seguridad está en riesgo, pretende dejar claro que no piensa retroceder. Como dirigente de oposición podrá ser cuestionado por muchas cosas, pero difícilmente puede decirse que esté escondido o que haya bajado la guardia.
El problema para Alejandro Moreno es que su adversario más difícil quizá no sea Claudia Sheinbaum, Morena o el gobierno federal. Su adversario más complicado es algo que ningún dirigente puede derrotar desde una tribuna: la memoria de los mexicanos. Porque México tiene memoria, y ése es probablemente el mayor problema que enfrenta el PRI cuando intenta convencer a la sociedad de que representa nuevamente una alternativa de gobierno. Durante décadas el PRI no solamente gobernó México: prácticamente se confundió con el propio Estado. Controló la Presidencia de la República, la inmensa mayoría de las gubernaturas, congresos, organizaciones sindicales y buena parte de la estructura institucional del país. Por eso resulta imposible pedirle hoy al ciudadano que juzgue al partido únicamente por lo que dice su actual dirigente. Cuando el PRI pide otra oportunidad, inevitablemente aparecen los recuerdos de lo que ocurrió cuando tuvo prácticamente todo el poder.
Las generaciones más jóvenes quizá conozcan las grandes crisis económicas mexicanas solamente por lo que les cuentan sus padres o sus abuelos, pero millones de mexicanos todavía recuerdan perfectamente lo ocurrido. En agosto de 1982 México informó a sus acreedores que ya no podía cumplir plenamente con el servicio de su deuda externa, episodio que el Fondo Monetario Internacional identifica como el comienzo de la gran crisis latinoamericana de deuda. José López Portillo terminó su gobierno en medio de devaluaciones, inflación, fuga de capitales y una economía profundamente deteriorada, y Miguel de la Madrid recibió un país que durante años padecería las consecuencias. Después vendrían nuevas turbulencias hasta llegar a diciembre de 1994 y la crisis de 1995, cuando el PIB mexicano se contrajo alrededor de 6.2%. Para quienes vivieron aquellos años no se trata de una gráfica económica: hubo familias que perdieron casas, negocios, automóviles, ahorros y patrimonios construidos durante décadas; las tasas de interés se dispararon, el poder adquisitivo se desplomó y miles de hogares quedaron atrapados en deudas que parecían imposibles de pagar. Esa generación difícilmente puede escuchar hablar del antiguo modelo mexicano sin recordar lo que le costó sobrevivirlo.
Después llegó otro capítulo todavía más doloroso: la violencia. Y aquí debemos ser históricamente justos, porque sería absurdo responsabilizar exclusivamente al PRI de toda la violencia mexicana. La llamada guerra contra el narcotráfico se intensificó durante el gobierno de Felipe Calderón, del PAN, y fue precisamente durante esos años cuando organizaciones como Los Zetas alcanzaron niveles aterradores de poder en distintas regiones del país. Los mexicanos conocimos palabras que nunca debieron normalizarse: levantones, cuotas, casas de seguridad, decapitados, fosas clandestinas. Comerciantes que pagaban extorsiones para poder abrir sus negocios, familias que evitaban viajar de noche, balaceras en plena ciudad y ciudadanos que simplemente desaparecían. Morena ni siquiera existía todavía como partido político nacional; obtuvo su registro hasta 2014. Por eso resulta poco serio pretender que la violencia mexicana nació en 2018. Lo que hoy padecemos tiene raíces mucho más antiguas, construidas durante décadas de impunidad, corrupción institucional, expansión del crimen organizado y complicidades políticas de distintos colores.
Los veracruzanos sabemos perfectamente de qué estoy hablando. Quienes vivimos aquellos años recordamos lo que significaba escuchar historias de secuestros, extorsiones, desapariciones y enfrentamientos. Y después llegó uno de los símbolos nacionales de la corrupción política: Javier Duarte de Ochoa, gobernador priista de Veracruz entre 2010 y 2016. Duarte terminó declarándose culpable en un proceso federal y en 2018 fue condenado a nueve años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Su nombre dejó de representar únicamente a un exgobernador para convertirse en un símbolo de una época. ¿Cómo pedirle entonces a un veracruzano que simplemente olvide? Veracruz también recuerda los años de Fidel Herrera y la transformación que sufrió la seguridad del estado durante aquella época. Podemos discutir responsabilidades específicas y debemos evitar adjudicar delitos sin sentencia, pero lo que nadie puede borrar es la percepción y la experiencia de una sociedad que vio deteriorarse dramáticamente su entorno.
Y Veracruz ofrece además otro ejemplo de las decisiones que durante años fueron presentadas bajo el lenguaje de la modernización. En 2015 se entregó por treinta años la operación del sistema de agua de Veracruz y Medellín a una empresa mixta en la que participaron capitales privados, entre ellos Odebrecht Ambiental y Aguas de Barcelona. La documentación del propio ORFIS acredita aquella estructura. Se nos dijo durante décadas que privatizar significaba modernizar, invertir y hacer más eficientes los servicios. La pregunta, después de años de controversias por tarifas, servicio e infraestructura, sigue siendo válida: ¿realmente mejoró la vida del ciudadano? Porque privatizar por sí mismo nunca fue garantía de eficiencia; cuando una concesión pública carece de suficiente competencia, vigilancia y rendición de cuentas, lo único que puede cambiar es quién cobra la factura.
Lo mismo puede preguntarse sobre el modelo energético que durante años privilegió la participación de grandes compañías extranjeras. Iberdrola llegó a convertirse en uno de los actores privados más importantes del sector eléctrico mexicano y desarrolló numerosas centrales, particularmente de ciclo combinado. Sus defensores argumentarán, con razón, que la inversión privada aportó capacidad de generación, capital y tecnología. Pero el ciudadano común tiene derecho a hacer una pregunta mucho más sencilla: ¿esa transformación se reflejó proporcionalmente en tarifas eléctricas más bajas para las familias? Si el argumento era que abrir sectores estratégicos al capital privado necesariamente produciría mejores servicios y menores costos, entonces los resultados también deben evaluarse desde el recibo que llega a la casa y no solamente desde los estados financieros de las empresas.
Pero el problema histórico del PRI es todavía más profundo porque la memoria mexicana tiene nombres y apellidos: Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Mario Marín, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y otros personajes que, con situaciones jurídicas diferentes que deben distinguirse con rigor, terminaron asociados públicamente con escándalos, investigaciones o procesos que dañaron profundamente la imagen del partido. Tomás Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas, fue condenado en Estados Unidos en 2023 a nueve años de prisión después de declararse culpable de aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizar parte de esos recursos para adquirir propiedades en Estados Unidos. César Duarte fue extraditado desde Estados Unidos a México en 2022 para enfrentar acusaciones relacionadas con peculado y asociación delictuosa. Mario Marín continúa vinculado judicialmente al caso de la periodista Lydia Cacho. Roberto Borge pasó años privado de la libertad y, aunque en 2026 fue absuelto del cargo de delincuencia organizada dato que también debe decirse continuó enfrentando otro proceso bajo prisión domiciliaria. Humberto Moreira fue durante años objeto de fuertes cuestionamientos relacionados con la deuda de Coahuila, aunque sería irresponsable convertir acusaciones políticas en condenas que jurídicamente no existen.
Ésa es precisamente la diferencia entre memoria y propaganda. No necesitamos inventarle nada al pasado para entender por qué el PRI tiene dificultades para reconstruirse. Los tamaulipecos recuerdan a Yarrington; los chihuahuenses, a César Duarte; los poblanos, a Mario Marín; los quintanarroenses, a Roberto Borge; los veracruzanos, a Javier Duarte. Cada entidad conserva sus propias historias, y ésas pesan mucho más que cualquier espectacular de campaña. Alejandro Moreno puede recorrer el país denunciando los errores de Morena y seguramente encontrará muchos que señalar, pero antes de pedirle al ciudadano que vuelva a confiar en el PRI necesita responder una pregunta muchísimo más complicada: ¿qué hizo el PRI para garantizar que aquello no vuelva a ocurrir?
Ahora bien, tampoco podemos convertir esta reflexión en propaganda para Morena. México no se transformó mágicamente en un país perfecto en diciembre de 2018. Sigue existiendo corrupción, siguen existiendo homicidios, extorsiones y desapariciones, existen regiones donde el crimen organizado conserva un poder intolerable, hay deficiencias graves en servicios de salud y existen decisiones del gobierno que merecen ser cuestionadas. La oposición tiene no solamente el derecho, sino la obligación de investigar y denunciar. México necesita contrapesos, instituciones fuertes, periodistas incómodos y partidos capaces de fiscalizar al poder. Si Alejandro Moreno presenta pruebas de corrupción, deben investigarse independientemente de quién resulte involucrado. Y si funcionarios de Morena cometen delitos, deberán responder exactamente igual que los funcionarios del PRI o del PAN. La memoria no puede ser selectiva.
Pero tampoco puede ignorarse que el México actual presenta indicadores sociales que ayudan a explicar por qué una parte importante de la población continúa respaldando el proyecto político iniciado en 2018. El salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte llegó a 440.87 pesos diarios. La CONASAMI calcula una recuperación acumulada muy importante del poder adquisitivo durante ese periodo. Asimismo, la medición de pobreza multidimensional reportó una reducción de 41.9% de la población en 2018 a 29.6% en 2024, equivalente a aproximadamente 13.4 millones de personas menos en condición de pobreza. Habrá quienes atribuyan esa reducción a los programas sociales, quienes destaquen el aumento salarial y quienes señalen otros factores económicos; probablemente exista una combinación de todos ellos. Lo importante es reconocer que para millones de mexicanos esos cambios son tangibles y tienen un peso político enorme.
También existe una apuesta evidente por la infraestructura pública. El país ha vuelto a hablar de trenes de pasajeros, carreteras, hospitales, puertos, energía y grandes proyectos de inversión gubernamental. La administración de Claudia Sheinbaum anunció un programa de infraestructura pública y mixta de varios billones de pesos hacia 2030, así como decenas de proyectos hospitalarios y más de dos mil kilómetros de infraestructura ferroviaria proyectada. Naturalmente habrá que evaluar cuánto cuestan esas obras, si se terminan a tiempo, si funcionan, si los contratos fueron transparentes y si producen el beneficio prometido. Ésa es precisamente la tarea de una oposición responsable. Pero políticamente existe una diferencia importante: mientras durante décadas se dijo que el Estado debía retirarse de numerosos espacios económicos, hoy existe nuevamente una visión donde el Estado pretende ser un participante activo en infraestructura y desarrollo.
Por eso, sinceramente, cuando observo al gobierno actual no veo aquella caricatura simplista que durante años algunos sectores han intentado vender de un México convertido inevitablemente en una economía socialista. Veo un país donde continúan operando bancos privados, constructoras privadas, industrias, comercios, desarrolladores inmobiliarios, inversión extranjera y grandes corporaciones, pero al mismo tiempo existe una política de incremento salarial, programas sociales y mayor participación gubernamental en determinados sectores estratégicos. Se puede estar de acuerdo o no con ese modelo, pero reducir toda discusión a “comunismo contra democracia” empobrece enormemente el debate.
Y aquí es donde PRI y PAN enfrentan posiblemente su mayor problema hacia el futuro. No basta con decirle a México que Morena está equivocado. Tienen que explicar qué ofrecen ellos que sea mejor y, sobre todo, por qué el ciudadano debería creerles. El PRI obtuvo aproximadamente 11% de la votación en la elección federal de diputados de 2024, mientras Morena superó el 40%. Es una diferencia brutal para un partido que alguna vez gobernó prácticamente todo el territorio nacional. Ese resultado demuestra que la crisis del PRI no existe únicamente en las encuestas o en los comentarios de redes sociales: está escrita en las urnas.
Alejandro Moreno puede denunciar, confrontar, viajar a Washington, acudir ante organismos internacionales y levantar la voz desde el Senado. Puede reconstruir estructuras territoriales y buscar candidatos competitivos. Puede incluso lograr que el PRI recupere algunos espacios. Pero su verdadera batalla no es contra Claudia Sheinbaum. Su batalla es contra las imágenes que aparecen en la mente de millones de mexicanos cuando escuchan las tres letras de su partido. Contra el padre que perdió un negocio durante una crisis, contra la familia que vio multiplicarse una deuda hipotecaria, contra el comerciante que pagó derecho de piso, contra el ciudadano que vivió los años más violentos de Tamaulipas o Veracruz, contra quienes vieron gobernadores salir de sus palacios de gobierno para terminar enfrentando tribunales y prisiones.
Eso no significa que Morena tenga garantizado eternamente el respaldo popular. Sería un enorme error que sus dirigentes lo creyeran. Morena también está construyendo desde ahora la memoria con la que será juzgado mañana. Cada caso de corrupción que no investigue, cada acto de impunidad que tolere, cada familia víctima de violencia que no pueda proteger, cada hospital que no funcione, cada obra que desperdicie recursos públicos y cada abuso de poder que permita terminarán algún día formando parte de su propio expediente histórico. Ningún partido tiene derecho de propiedad sobre México y ningún gobierno puede escapar indefinidamente del juicio de sus ciudadanos.
Por eso reconozco el esfuerzo de Alejandro Moreno. México necesita oposición y necesita dirigentes dispuestos a enfrentar al poder. Pero una cosa es reconocer su batalla y otra muy distinta pensar que los mexicanos están dispuestos a regresar automáticamente a lo que existía antes. El PRI y el PAN necesitan ofrecer algo más profundo que nostalgia, alianzas electorales o rechazo a Morena. Necesitan construir una propuesta para el México que viene y demostrar, con hechos y no únicamente con discursos, que entendieron las razones por las que millones de ciudadanos les dieron la espalda.
Porque los gobiernos cambian, los presidentes terminan sus sexenios, los gobernadores dejan los palacios, los dirigentes nacionales eventualmente entregan sus cargos y hasta los partidos que parecían eternos pueden desaparecer. Lo que permanece es lo vivido por la gente. Alejandro Moreno puede librar muchas batallas políticas y quizá ganar algunas de ellas, pero la más difícil no se libra en el Senado, en Washington, en Nueva York ni frente a Claudia Sheinbaum. Se libra dentro de la memoria colectiva de un país que ha vivido demasiado como para olvidar fácilmente.
Y México tiene memoria.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
